El PP se opone a extraditar o a juzgar a 17 cargos del franquismo.

El Gobierno español se opone a que los exministros franquistas, José Utrera Molina y Rodolfo Martín Villa, sean extraditados.

María Servini, la juez argentina que pidió a través de la Interpol la extradición de altos funcionarios policiales para juzgar los crímenes del franquismo.

La Comisión de Justicia debatió ayer la proposición no de ley que insta al Gobierno español a someter a juicio o a extraditar a los 17 altos cargos del régimen franquista y la Transición, imputados por crímenes contra la humanidad por la Justicia de Argentina. Izquierda Plural, Amaiur, Compromís, BNG, ERC y Geroa Bai los reclamaba como imputados en la única causa abierta en el mundo que investiga los crímenes de la dictadura. Pero, la última Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de la legislatura pide a la oposición que “deje en paz a los muertos”. De esta manera, el Gobierno de Mariano Rajoy rechazó la petición de extradición de la Justicia de Argentina, al considerar que “los hechos investigados habrían prescrito” y que algunas de las supuestas infracciones penales “no eran delito en aquellos momentos”.

 

El abogado Jacinto Lara, integrante del equipo jurídico que impulsó la llamada “Querella Argentina y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España”, consideró que lo que está en juego en el Congreso de los Diputados  es que se reconozca el derecho de acceso a la Justicia de las víctimas. “Un derecho que el Estado español está incumpliendo sistemáticamente”. Por su parte, el Gobierno del PP justificó su rechazo a la extradición en una respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur Jon Iñarritu en la que señalaba que “de probarse que los ciudadanos españoles encausados en Argentina fueron culpables de los delitos de los que se les acusa, éstos no serían ni genocidio ni lesa humanidad y, por tanto, habrían prescrito”. El Gobierno español rechazó la petición de extradición y, al contrario de lo que marca el derecho internacional, tampoco remitió a los juzgados españoles el correspondiente informe-denuncia con copia del auto de extradición de la Justicia de Argentina a efectos de su estudio.

Rocío López, diputada del PP, cerró el debate que instaba al Gobierno a extraditar a Argentina a 17 exaltos cargos del franquismo y la Transición, entre los que se encuentra Martín Villa, 'Billy el Niño' y Utrera Molina (el suegro de Gallardón), por “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” o bien a ser juzgados en España. López  señaló que esta propuesta quería “reabrir heridas del pasado” y recordó que hay dos autos de la Audiencia Nacional que señalan que los delitos cometidos tanto por 'Billy el Niño' como por el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, están tipificados como “torturas”, que “distan mucho de ser considerados como de lesa humanidad o genocidio”. “El reino de España –advirtió– cumple las sentencias y es estrictamente riguroso con la leyes”. El texto incluía una enmienda del PSOE para conseguir su apoyo y recordaba que España está obligada por el Derecho Internacional a extraditar o juzgar a los 17 altos cargos reclamados por la Justicia de Argentina. 

Por su parte, Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, denunció que “el gerifalte franquista” Rodolfo Martín Villa es el “responsable de las masacres” ocurridas en Navarra y en Euskadi como la conocida como “matanza de Vitoria”. Ricardo Sixto, diputado de la Izquierda Plural, denunció como “injustificable” que el Gobierno rechace la extradición de los altos cargos del franquismo y que haga lo posible por evitar un juicio justo en España. Y recordó que un Estado no puede proteger ni amparar a personas que están acusadas de haber cometido “crímenes de lesa humanidad”. La Proposición No de Ley, con la enmienda transaccional del PSOE, fue apoyada por todos los grupos parlamentos a excepción de UPyD, que se abstuvo, y del Partido Popular, que votó en contra. El Gobierno, por su parte, ya había justificado su rechazo a la extradición, en una respuesta parlamentaria al diputado de Amaiur, Jon Iñarritu, en la que señalaba que “de probarse que los ciudadanos españoles encausados en Argentina fueran culpables de los delitos de los que se les acusa, éstos no serían ni genocidio ni lesa humanidad y, por tanto, habrían prescrito”.