A propósito de las puertas giratorias (I)

La ley obliga a los altos cargos a abstenerse durante dos años de ocupar puestos en entidades del sector privado afectadas por decisiones en las que hayan participado.

El Artículo 15 de la ley del 30 de 2015 dispone que “Los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado. La prohibición se extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que pertenezcan al mismo grupo societario”. Además, en esos dos años, les obliga a informar a la Oficina de Conflictos de Intereses sobre las actividades que vayan a realizar. A cambio, los afectados reciben sustanciosas indemnizaciones al dejar su puesto de trabajo.

Pero, al contrario de lo que se pretendía,  el ejemplo de puertas giratorias no solo no se ha frenado sino que ha seguido aumentando en nuestro país con total impunidad. Jesús Sánchez Martos, por ejemplo, acaba de dejar la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Polémico en sus declaraciones, reprobado por el Parlamento autonómico y enfrentado a muchos de los sindicatos y a parte de su equipo, Sánchez Martos tenía el perfil menos político de todo el gabinete de la presidenta regional. Pues bien, el Gobierno del que acaba de salir también le ha encontrado un hueco en otra fundación, tal y como adelantó la Cadena SER. Será el nuevo director de la Fundación para el Conocimiento Madrid, cuyo objetivo tan loable es “contribuir a hacer de la calidad de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación un elemento clave de la competitividad y el bienestar de los ciudadanos”. Cobrará por ello 82.491 euros anuales. Muchas de estas fundaciones son unas grandes desconocidas para la ciudadanía, con unos objetivos confusos y rimbombantes. Como la fundación que ahora dirigirá Sánchez Martos. La Audiencia Nacional investiga, desde junio de 2016, dentro del marco del caso Púnica los trabajos que este ente público encargó a uno de los principales investigados, Alejandro de Pedro. El juez instructor pedía toda la documentación, ya que manejaba indicios de posibles irregularidades en los contratos desarrollados por Alejandro de Pedro y sus empresas Eico Online y Madiva Editorial para la Fundación para el Conocimiento Madrid+d.

Desde el Gobierno de Cifuentes, también recalcan que la Comunidad de Madrid ha hecho importantes esfuerzos para recortar la estructura de empresas públicas y fundaciones, buscando mayor eficacia y eficiencia. Ya no existen, por ejemplo, fundaciones tan variopintas como la Fundación Dos de Mayo (cerrada en julio de 2014), constituida en el año 2007 por Esperanza Aguirre para organizar los actos conmemorativos del bicentenario del 2 de mayo y la Guerra de la Independencia, y que también aparece ahora dentro del caso Púnica porque el juez investiga si se utilizó para financiar irregularmente al PP de Madrid. O la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social, que llegó a ser dirigida por Santiago Abascal (hoy líder del partido político VOX), una entidad sin ánimo de lucro de participación pública y privada que, en su último año de actividad, manejó un presupuesto de 252.000 euros (de los  que 183.000 procedían de la comunidad) y que solo tenía dos personas en plantilla, entre ellas el propio Abascal. Esta fundación, según se llegó a tratar en la Asamblea de Madrid, tuvo unas pérdidas de 440.000 euros en sus últimos cinco ejercicios contables (2008 a 2012).

Mañana (Y II) Las puertas giratorias son… sanísimas.