El Defensor del Pueblo contra la polémica mina gallega de cobre.

Miles de personas claman en Santiago contra la mina de Touro-O Pino.

El proyecto de la mina de cobre de Touro, en las proximidades de Santiago, se enfrenta a un duro correctivo, el que le aplica el Defensor del Pueblo que, en un informe, revela los inconvenientes del plan liderado por la multinacional Atalaya Mining y denuncia las deficiencias de la actuación de la Xunta. El documento, según información de Pablo López en El Confidencial, señala que la mina se tramita con una evaluación ambiental incompleta y con expedientes sancionadores insuficientes, además de precisar la obligación de descontaminar los ríos de la zona antes de su eventual reapertura.

El informe, saludado por las organizaciones ecologistas y criticado por la Cámara Oficial Minera de Galicia, que lo ve “plagado de contradicciones”, fue realizado a instancias de una organización ecologista y con información de las 'consellerías' de Economía y Medio Ambiente de la Xunta. El Gobierno gallego interpreta el plan de Touro como una modificación de la concesión otorgada en 1958 para la extracción de pirita de hierro, aunque con un sustancial incremento de la afección superficial. Para el comisionado, en cambio, la modificación de la extensión supone necesariamente la modificación de la concesión, y no un simple cambio del proyecto. “No puede sostenerse”, como hace la Xunta, que es “una mera modificación” del proyecto, “con el fin de excluir la tramitación prevista” para concesiones mineras. Deberá asimismo impulsar un nuevo plan de actividades extractivas y someterlo a evaluación ambiental estratégica, antes de elevarlo al Consello de la Xunta. En cuanto a Medio Ambiente, sugiere una inspección de la calidad de las aguas de los ríos directamente afectados por la mina de Touro y se invita a esa 'consellería' a incluir como condicionantes las medidas que aseguren la calidad de las aguas antes de iniciar la actividad, así como a restaurar los espacios afectados por la actividad minera que hayan quedado sin restaurar y no estén afectados por el nuevo proyecto.

Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, firma el documento y tacha de “insuficiente” la información remitida por la Xunta sobre la inspección del yacimiento y tira de las orejas al departamento de Economía por no haber inspeccionado la actividad en cinco de los últimos diez años. Sobre las inspecciones realizadas el año pasado, el informe acusa al Ejecutivo autonómico de ocultar información, pues no aportó ni el informe del inspector de Minas, ni explicó de manera concluyente los nuevos procedimientos sancionadores. Y subraya que la explotación de áridos, que se realiza desde 2003, carece de un plan de restauración aprobado.

La empresa calcula que creará en la zona algo más de 400 empleos directos y unos 1.000 indirectos, con una inversión inicial de 200 millones de euros. Sus planes pasan por la recuperación de una vieja explotación en los municipios de Touro y Pino, abandonada en 1986. Pero, más de 140 asociaciones, 33 ayuntamientos, dos diputaciones (las de A Coruña y Pontevedra) y 26.000 ciudadanos han expresado su rechazo al proyecto, que abarca casi 700 hectáreas con posibilidad de ampliarse a 2.000. El proyecto de explotación y evaluación de impacto ambiental ha provocado una avalancha de alegaciones y ha sido objeto de críticas desde el ámbito científico, además de poner en peligro la consideración del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad. Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) alerta de que el proyecto supone “una clara violación de la normativa de protección” que no solo invade el entorno del Camino Francés, sino que conlleva “la destrucción material de parte de su trazado”. La Cámara Minera, en cambio, respalda el proyecto y censura el informe del Defensor del Pueblo. Su director, Diego López, afirma que el documento “contiene contradicciones desde el punto de vista legal”, en tanto que la actuación de la Xunta “es lo contrario a deficiente”. Sostiene que el estudio firmado por Marugán “mezcla varios proyectos como si se tratara de uno solo”. Y apunta que “la explotación actual tiene todos los permisos legales para operar y cumple los requisitos exigidos en el momento de su aprobación”.