Mientras los sanitarios protestan por los recortes, Ayuso asigna un cura para cada 100 camas de hospital.

Lejos de escuchar las peticiones de los profesionales de la salud, Isabel Díaz Ayuso, decide gastar los fondos públicos en otras “necesidades”: en la Iglesia y en sus representantes.

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En efecto, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del 22 de julio de 2020 regula el acompañamiento religioso católico en los hospitales de la región. Por medio del “servicio de asistencia religiosa católica” (SARC), la Iglesia Católica asegura un número de capellanes a tiempo completo y parcial, así como el presupuesto destinado a ello: 937.187,76 euros, más la cotización de la Seguridad Social aparte. De esta forma, se establece un número de capellanes para garantizar la citada asistencia religiosa: se trata de un religioso por cada 100 camas, donde habrá un capellán a tiempo completo. Cuando la capacidad sea de entre 100 y 250 camas, habrá un capellán a tiempo completo y otro a tiempo parcial; de 251 a 500 camas habrá 2 capellanes a tiempo completo y otro parcial; entre 501 y 800 camas habrá tres capellanes a tiempo completo y, si se supera ese número, entre tres y cinco capellanes a tiempo completo. Lo importante para Díaz Ayuso es que los enfermos no estén desprotegidos por la Iglesia.

El poder de la Iglesia no ha perdido un ápice de presencia ni de poder en el Estado, desde los acuerdos Iglesia-Estado, respaldados por la le del Gobierno de Felipe Gonzáles, en 1985. Años en que el entonces ministro de Justicia de Felipe González y el presidente de la Conferencia Episcopal firmaron el acuerdo que garantizaba “la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios” dependientes entonces del Gobierno.

La renovación del convenio de asistencia religiosa católica en hospitales, publicada el pasado miércoles, 22 de julio, y aireada por un diputado de Más Madrid, olvida que es un acuerdo de hace 34 años. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó ese miércoles el Convenio con la Provincia Eclesiástica para la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud. En él se recogen las condiciones de esa prestación, el número de capellanes a tiempo completo y parcial. Lo que llevó a un diputado regional de Más Madrid retuitear uno de los anexos bajo el título “Ayuso asigna un cura por cada 100 camas de hospital”. Y, desde 1986, el Estado, y desde 2001, las CCAA, vienen sufragando los gastos de los capellanes en los hospitales. No hay ninguna decisión nueva.

La ley de 1985, en su segundo anexo, establecía incluso la retribución de los capellanes: “Se fija por parte de la Administración Pública la cantidad de 1.190.000 pesetas anuales, distribuidas en 14 pagas o mensualidades de 85.000 pesetas. Dicha retribución se actualizará anualmente de acuerdo con los índices de subida salarial de los empleados de dichos centros hospitalarios”. Otra ley del Gobierno socialista de González, de 10 de noviembre, aprobaba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España en la que, en el punto 9.3, dejaba claro, al contrario que con los católicos, que “los gastos que origine el desarrollo de la asistencia religiosa serán sufragados en la forma que acuerden los representantes de la Comisión Islámica de España con la dirección de los centros y establecimientos públicos, sin perjuicio de la utilización de los locales que, a tal fin, existan en dichos centros o establecimientos”. Es decir, el Estado no asumía esos gastos. De hecho, en 2019, la Comisión Islámica firmó un acuerdo de colaboración con la Comunidad de Madrid para que sus imanes puedan asistir religiosamente a sus fieles ingresados, eso sí, sin recibir dinero público por ello. Por su parte, el Consejo Evangélico prorrogó el pasado 1 de junio el convenio de asistencia con la Comunidad de Madrid que mantiene desde julio de 2015. Los evangélicos, en 2011, ya contaban con 135 capellanes y asistentes voluntarios “especialmente formados” para dar servicios religiosos en los hospitales. Entonces suponían un gasto de 51.300 euros que corrían a cargo del Consejo Evangélico de Madrid.