(Y II) Jaume Matas, de Nueva York a una playa mallorquina.

Jaume Matas, el pasado domingo en Mallorca. Foto: B. Obrador.

Jaume Matas y Conde Pumpido, cuando llevaban corbatas del mismo color.

Los delegados de la Fiscalía Anticorrupción alegan contra la decisión del fiscal general del Estado quien se opone a renovar las diligencias informativas de Jaume Matas, ex presidente del Govern. Conde Pumpido rechaza los diez argumentos que los fiscales, Juan Carrau y Pedro Horrach, le exponen para seguir investigando al ex dirigente del PP, residente en Estados Unidos y actualmente de vacaciones en Mallorca. El Estatuto Fiscal permite a un subordinado discrepar por escrito de la decisión de un superior respecto a la estrategia a seguir en una investigación o causa judicial. Y fuentes de la Fiscalía superior de Baleares señalan que la decisión del Fiscal General todavía no es definitiva. IU critica que tal resolución es “un ataque a la lucha contra la corrupción y una clara desautorización a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares”. Los fiscales anticorrupción de las islas son partidarios de seguir las pesquisas. Cuentan, además, con “todo el apoyo” de la ciudadanía “en su excelente labor por dignificar la democracia”. Los ciudadanos consideran “una vergüenza” que Matas “venga de vez en cuando a Baleares para descansar, mientras hay casos judiciales abiertos no sólo por el extraño incremento de su patrimonio, sino por corrupción durante su gestión al frente del Govern”.

El PP, por el contrario, sale al paso de las informaciones publicadas y recuerda que la Fiscalía Anticorrupción ha archivado la investigación del ex presidente Matas ante “la escasa entidad de los datos recabados durante este tiempo”. El vicepresidente del partido, Pere Rotger, se queja del daño al honor de Matas y a la imagen del PP, provocado por las continuas filtraciones desde la Fiscalía. Lamenta que al ex presidente se le ha hecho un “juicio paralelo” en los medios de comunicación y que “mucha gente condenó a Matas antes de tiempo”. Y el secretario general, Guillem Estarellas, critica la “persecución brutal” que Matas ha sufrido y se pregunta “quién va a pedir disculpas ahora”.

Por otra parte, la Fundación Gadeso publica en su página web (www.gadeso.org) que más de 1000 isleños se han unido al manifiesto publicado para pedir la continuidad de la investigación judicial. Gadeso puso en marcha esta iniciativa la semana pasada, después de que Cándido Conde-Pumpido denegara la prórroga solicitada por los fiscales anticorrupción. En el texto firmado se señala que este tipo de decisiones “generan alarma social” y “minan la confianza de los ciudadanos en la justicia”. Asimismo indican que “la Justicia favorece a determinadas personas por motivos políticos o económicos”.

Felipe Ferré, el principal colaborador de la Fiscalía Anticorrupción, igualmente imputado en el caso Scala (Ver en estas mismas páginas de “Negro sobre Blanco”, lo publicado el 10 de octubre pasado: “Operación Scala”), declara ante la jueza, Piedad Marín, que José Juan Cardona, ex conseller de Comercio y actual diputado ibicenco del PP por Ibiza, se embolsó, junto con otros altos cargos, grandes cantidades de dinero. Cardona era el “socio oculto” de tres empresas tapaderas creadas por la trama. Según Ferré, el PP recibió en cuatro años un cuarto de millón de euros procedentes de la trama de corrupción empresarial urdida en torno al Consorci per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (consultar “Negro sobre blanco” del día 9 de octubre del 2008: “Mallorca, la corrupción de la isla”), con el conocimiento del ex presidente del Govern Jaume Matas. El imputado arrepentido en el caso Scala sostiene a la jueza que el anterior presidente del Govern, Jaume Matas, conocía al detalle cómo la supuesta trama de corrupción empresarial financió con fondos públicos al PP. Ferré, que está casado con una sobrina-ahijada de Jaume Matas, ha revelado que la supuesta trama dio, como mínimo, un cuarto de millón de euros al PP e hizo ganar a altos cargos del Govern, entre ellos, al ex conseller Cardona, cientos de miles de euros en negocios y comisiones ilegales. La también imputada-colaboradora, Antònia Ordinas, ratifica en gran parte la versión de Ferré, quien fuera edil de Lloseta por el PP desde 2003 hasta su detención.