domingo, 21 de septiembre de 2014

Crónica de siete días: La ONU da la razón a Garzón, Lorca y Machado mal explicados y la pugna entre Gallardón y Eduardo Torres.

 
 
Pablo de Greiff, relator de Naciones Unidas, critica que España no haya indemnizado aún a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura y pide la remoción o “resignificación” de los monumentos franquistas, en especial el del Valle de los Caídos. “España –señala Pablo Greiff, el relator de Naciones Unidas en El Foro por la Memoria– tiene espacio legal para abrir causas judiciales respecto a violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura”. Dicho relator presentó su informe sobre España ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que critica que el Estado no haya resarcido globalmente a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. La respuesta del Gobierno español la proporciona Ana María Menéndez, embajadora de España ante la ONU en Ginebra, quien hace especial hincapié en señalar que la ley de Amnistía, de 1977, fue votada con un amplio apoyo social y con absoluto consenso político.
 
Garzón durante su conferencia en Ginebra.

Pero el documento de la ONU sigue la línea defendida por Baltasar Garzón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, quien compareció en noviembre ante este Comité para defender que las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo son “delitos permanentes, que no prescriben”. En una rueda de prensa convocada la semana pasada, De Greiff asume que “es cierto que, en la sociedad española, hubo una movilización muy fuerte en la ley de amnistía”, aunque destaca el objetivo primigenio de la misma. “La ley fue primordialmente concebida para sacar de la cárcel a quienes fueron hechos prisioneros por el régimen. Leyendo las actas de los debates parlamentarios queda claro que la introducción de un artículo que le daba inmunidad legal a los oficiales franquistas fue una discusión tardía”. El relator asegura que “el debate no debería centrarse sobre los detalles históricos de la ley, sino sobre cuáles son las interpretaciones defendibles de esa ley en el momento actual en España. Y parte del punto que hago en el informe es que hay interpretaciones posibles que se ajustan a los requisitos del derecho y que permiten al sistema judicial ser accesible a las demandas de justicia de los ciudadanos. Estas no son ni interpretaciones estrambóticas ni desconocidas, sino que incluso las Cortes españolas las han aplicado, como queda perfectamente claro en los casos de [Adolfo] Scilingo y [Augusto] Pinochet. [Estos casos fueron] decididos por tribunales españoles, donde, aún enfrentando leyes de amnistía como las de Argentina y Chile, los jueces encontraron una forma perfectamente razonable y defendible de hacer compatible las vigencias de estas leyes y la posibilidad de iniciar investigaciones judiciales en contra de los acusados”.
 
Pablo de Greiff, relator de las Naciones Unidas.

Por otra parte, De Greiff también se refiere a la ley de Memoria Histórica de 2007, esgrimida por Menéndez para defender la política del Gobierno español en lo que se refiere al mandato del relator. El experto dice que para evitar debates estériles sobre si se está aplicando o no, y si es efectiva o no, lo que debería hacer el Estado español es redactar un informe sobre su implementación y lo que se ha conseguido desde que está vigente. De Greiff considera que “son especialmente dolorosos para las víctimas porque vanaglorian al régimen que violó sus derechos”. Y se muestra a favor de remover los restos del dictador Francisco Franco, enterrados en el Valle de los Caídos. Finalmente, responde a Menéndez respecto al comentario de la embajadora sobre que “la garantía de no repetición” se sustenta en la consolidación de la democracia española. Precisamente “porque no existe ningún riesgo de quiebra institucional por parte de las Fuerzas Armadas, creo que el Estado tiene muchísima más oportunidad para avanzar en el reconocimiento de los derechos de todos. Y la fortaleza de las instituciones democráticas  –concluye– queda mucho más reflejada en la forma en cómo abordan positivamente las peticiones de los ciudadanos que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la agenda pública”. En esta línea, la asociación “Jueces para la Democracia” denuncia que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y expresa su apoyo a las víctimas del franquismo, muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento. Su portavoz, Joaquim Bosch, reclama que se destine dinero público para exhumar e identificar a las víctimas de las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo: “Un Estado democrático –sentencia el portavoz de “Jueces para la Democracia”– no debe tolerar que sigan existiendo decenas miles de víctimas de una dictadura en fosas comunes junto a cunetas”.
 

Joaquim Bosch denunciaba el pasado viernes que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y expresaba su apoyo a las víctimas del franquismo, muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento. Bosch recordaba que Naciones Unidas acaban de declarar que el Estado español “está incumpliendo sus compromisos internacionales, dejando sin protección a las víctimas del franquismo”. Los informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra muestran, según Bosch, “el manifiesto incumplimiento del Gobierno tanto de la ley interna como de las normas internacionales. Expresan su preocupación por la indiferencia de las instituciones españolas hacia las víctimas y reprochan su falta de voluntad de reparar el daño sufrido por los familiares de los asesinados por el franquismo. Somos el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas sin identificar”. La asociación progresista denuncia en un comunicado la falta de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que establece una serie de obligaciones para el Gobierno, “entre las cuales se encuentra el deber de adoptar medidas para la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes, lo cual representa una situación inaceptable en una sociedad democrática”.
 
Víctimas de la guerra civil, en las cunetas.

La ley también establece la obligación de los poderes públicos de financiar las exhumaciones y Bosch rechaza el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos: “Ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales. Existe por parte del Gobierno una evidente voluntad de no continuar con las exhumaciones. Y eso es contrario a nuestra legislación y a las obligaciones internacionales de nuestro país”. Esa “actitud obstruccionista” del Gobierno está “en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior”. “Jueces para la Democracia” recuerda que reparar a las víctimas y permitirles recuperar los restos de sus seres queridos “no supone una apuesta ideológica determinada, sino que representa el funcionamiento más básico de un Estado de Derecho, a través de principios que tienen carácter universal. Sin embargo, seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas, cuyos restos no han sido recuperados ni identificados”. Y reclama al Gobierno que no siga haciendo dejación de sus funciones, ni incumpliendo sus deberes legales. “Un Estado democrático no debe tolerar que sigan existiendo decenas miles de víctimas de una dictadura en fosas comunes junto a cunetas”.
 
Ana María Menéndez, embajadora de España ante la ONU en Ginebra.

Ante el duro informe del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Gobierno español intenta lavarse la cara ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra. La representante de España califica el informe de “erróneo”, “inexacto” y acusa al relator de la ONU de “olvidar” reunirse con otras asociaciones de víctimas de la dictadura que consideran que “el mayor triunfo de sus pretensiones” ya se ha logrado: “la consolidación de la democracia”. Y, al ser preguntada por parte de víctimas de la dictadura  que a qué asociaciones se refería, no ha sabido concretar. Ana María Menéndez lleva a cabo una encendida defensa de la Transición, de la Ley de Amnistía y del papel del Poder Judicial respecto a la impunidad de la dictadura franquista. Esgrime que las víctimas pueden acudir a los tribunales por la vía contencioso y menciona la Ley de Memoria Histórica como un conjunto de medidas de “reconocimiento y de carácter simbólico” para las víctimas, pese a que el Partido Popular la anulara de facto, dejándola sin fondos. De hecho, las exhumaciones se están realizando con voluntarios y con el dinero de los familiares de las víctimas. Para el Gobierno “el olvido y el perdón” son la única vía para “la reconciliación”. Y señala que “la Transición española es un caso especial porque constituye una reconciliación nacional sin justicia penal, de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa mayoría de fuerzas parlamentarias elegidas de manera libre y democrática”.  Ante la exposición de Menéndez, Pablo de Greiff señala que la asistencia y reparación de las víctimas “no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos. Y España puede hacer mucho más”. Ninguna víctima de la dictadura pudo participar en el debate.

Jacinto Lara, de la APDHE y otros miembros de CeAQUA recién llegados de Ginebra.

Jacinto Lara Bonilla, presidente de la APDHE (Asociación Pro Derechos Humanos en España) y promotor de la llamada Querella Argentina, destaca en unas declaraciones a Público que el relato de la representante española es “erróneo de raíz”. Dice que “está justificando el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por España en virtud de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre otras razones, por motivos de conveniencia política en un momento dado como fue la Transición”. Y explica que confrontar “razones jurídicas con razones políticas”, como  hizo la representante española, es “negar el Estado de Derecho”. Por su parte, Emilio Silva, presidente de la ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) califica en un comunicado como “lamentable” la intervención del Gobierno ante el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. “Resulta lamentable ver que, en una democracia como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver”.
 
García Lorca, fusilado por el bando sublevado durante la Guerra Civil.

El pasado mes de mayo saltaba a los medios la polémica sobre cómo se explicaba en un libro de texto de Primaria el final de los poetas Federico García Lorca y Antonio Machado. El primero, según el  libro de Lengua del primer ciclo de Primaria de la editorial Anaya, “murió cerca de su pueblo, durante la guerra en España”; el segundo se fue con su familia a Francia y “allí vivió hasta su muerte”. Luis Naranjo, el director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, criticó públicamente el contenido del libro, tras tener conocimiento del mismo por las quejas publicadas en redes sociales. “Hay que plantear los contenidos en un marco de comprensión adecuado al pensamiento concreto a los niños de esa etapa –destacó entonces Naranjo–, pero hay formas honestas de hacerlo sin simplificar el discurso” porque ellos “entienden muy bien qué es el bien y el mal y lo que significa muerte violenta”. Anaya retiró rápidamente el libro y publicó uno nuevo, corrigiendo los errores históricos que figuraban sobre la muerte de ambos poetas. Fuentes de esta editorial señalaron que el libro retirado había estado, desde 2011, en muchas aulas y cientos o miles de niños lo habían estudiado sin que hubiera habido polémica o queja desde docentes, asociaciones de padres y consejerías educativas. No obstante, recalcaban las mismas fuentes, la información que se daba sobre los poetas citados en el libro retirado era “sucinta y sin ánimo de censurar ni quitar nada” y, además, es habitualmente el profesor que ha optado por ese material el que “amplía la información si lo considera necesario” en clase, en este caso sobre la Guerra Civil o el exilio”. La nueva edición del libro que suscitó la polémica, editado por Anaya para el próximo curso, define a Machado como uno de los más importantes poetas de nuestro país y a Lorca como el poeta que se convirtió en el más popular de España. Pero, en la nueva edición sí se recuerda que “Federico García Lorca fue asesinado, víctima de la guerra civil española a comienzos de esta” y  que "Machado murió en el exilio, en Francia, a finales de la Guerra Civil”.
 
Imagen de archivo del fiscal general del Estado junto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Por otra parte, y en la misma cúspide de la Justicia española, otra crisis en ciernes: Ruiz Gallardón, ministro del ramo, no se habla con Eduardo Torres Duce,  Fiscal General del Estado. “Gallardón –escribía Vozpópuli el jueves pasado– exhibió ayer en el Congreso su abrumadora soledad. Comparecía a preguntas del PSOE para hablar del proyecto de reforma de la ley del aborto. Sus compañeros diputados se mostraron huidizos. Algunos aplausos leves tras su intervención. Un saludo cortés de García-Margallo. Un comentario al presidente del Gobierno, de escaño a escaño, con la vicepresidenta por medio. Y un abrumador vacío en el momento en que circulan intensos rumores sobre su salida del Gobierno. El ministro de Justicia atraviesa el peor momento desde que abandonó sobre la marcha la alcaldía de Madrid para ser nombrado ministro. Se siente desautorizado por Moncloa y baraja abandonar el Gobierno. Se le amontonan los problemas y se le abren nuevos frentes. Uno de ellos es el deterioro de su relación con el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. Apenas se hablan. Su trato es distante, oficial y frío. Hace ya tiempo que esta circunstancia ha trascendido los límites del despacho. En la familia judicial, se da por hecho que esta ruptura no es de ahora y que tiene difícil solución”. Ante el fracaso de Ruiz-Gallardón en la reforma de la Justicia, el aumento de las tasas judiciales y las huelgas amenazantes de jueces y fiscales, se le cuentan los días al frente de su ministerio.
 
La apología del franquismo no es delito para el PP.

“El mismo Fiscal General no duda en lanzar dardos y críticas nada disimuladas hacia el titular de la cartera en cuanto tiene ocasión. La convivencia entre ambos está lastrada de discusiones y choques abiertos. Uno de los más recientes ha sobrevenido a causa de la investigación sobre la familia Pujol. Quería Gallardón que todas las causas referidas a la familia, dispersas ahora por diversos juzgados e instancias tanto de Madrid como de Barcelona, se centralizaran en la Audiencia Nacional. Pero sus instrucciones no han sido, hasta ahora, satisfechas. El fiscal Anticorrupción aseguró hace unos días que sería un error montar un 'macroproceso' con todos los asuntos de los Pujol ya que dificultaría las diversas investigaciones ahora en curso… La Fiscalía no atiende las sugerencias del ministro. Se ha erigido una barrera de comunicación que trasciende ya a las decisiones judiciales. Torres-Dulce ha criticado en los últimos tiempos tanto la dotación de medios de la Fiscalía como la iniciativa de retirar el aforamiento a jueces y fiscales y hasta la forma en que se conduce el Gobierno que legisla a golpe de alarma social. Un fiscal que va por libre y un ministro que amaga con buscar la puerta de salida. Esta es la situación cuando se observa con detenimiento la cúspide de la Justicia”.

 
Imágenes de la España Marianaen seis fotomontajes.
 





Imágenes de Erlich:
 






El humor semanal de Peridis, Forges, El Roto, M. Fontdevila, Pintu&Chinto, Pat, A. López, Danuto y Martingo…
 










Desde Mallorca, el humor de Pep Roig: Pendencia, Una de marionetas, Vamos a contar mentiras,  Los olvidados, Resignación, Inseguridad.


 



 
 
Terminamos con cuatro vídeos. En el primero, Pablo de Greiff –el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el fomento de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de crímenes y violaciones graves de los derechos humanos–, presenta en Ginebra (Suiza) un informe sobre la situación española, en el que critica la postura del Gobierno por no reparar a las víctimas del franquismo.



Esta es la Intervención de Ana María Menéndez, embajadora de España ante la ONU, representante del Gobierno español.



En el tercero, Jordi Évole le saca a Artur Mas las verdades que éste no cuenta en sus arengas independentistas.



En el último, el trompetista Luis “Perico” interpreta la clásica pieza de Carlos Gardel.