viernes, 19 de septiembre de 2014

Otro ‘golpe’ del PP a la Justicia.


El magistrado Mauel Marchena Gómez.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afronta el nombramiento de la Presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ante la jubilación de su titular, Juan Saavedra Ruiz, que el pasado 11 de septiembre cumplió 70 años. Dicha sala puede juzgar, entre otras, las causas abiertas contra los aforados con más responsabilidad pública: el rey Felipe VI y su familia, el presidente del Gobierno, los ministros, los diputados y senadores... Dos magistrados conservadores, Manuel Marchena y Miguel Colmenero, y uno progresista, el exfiscal general Cándido Conde-Pumpido, aspiran a dirigir esta sala. Para Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, Manuel Marchena, igualmente fiscal de carrera, es el candidato favorito para presidir la sala que juzga los casos de corrupción relacionados con el PP o sus diputados y senadores, el caso Gürtel o el de Bárcenas.
   
 Marchena tomó parte de la operación contra Baltasar Garzón. Fue el magistrado que, en el 2010, intentó condenarle por presuntos delitos de prevaricación y cohecho, por los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I de España y la Universidad de Nueva York, patrocinados por el Banco de Santander, entre 2005 y 2007, caso que fue finalmente archivado. Era la segunda causa contra el entonces juez de la Audiencia Nacional, al que se intentaba juzgar, además, por investigar los crímenes del franquismo y por las escuchas durante la instrucción del caso Gürtel. Marchena también formó parte del tribunal y jugó un papel clave, consiguiendo inhabilitar a Garzón. El exfiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, denunció que el propio Marchena se habría saltado el estatuto especial que obliga a los magistrados del Tribunal Supremo a dedicarse en exclusiva a sus funciones, con la participación en múltiples cursos y eventos remunerados en “horario de oficina”. Por el contrario, los gobiernos de Aznar ascendieron a Marchena, convertido en el hombre de absoluta confianza del entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, militante del Opus Dei y ahora cuenta con el apoyo de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Un magistrado que se ganó a pulso el puesto con actuaciones como su dictamen para evitar que se procesara al ministro Josep Piqué, acusado de fraude en el caso Ertoil por sus actividades como presidente, en 1992, de la empresa ERCROS, dedicada a la fabricación de armas y explosivos.  
                                                                                                   
Su voto particular ha dejado en evidencia su alineamiento con Génova. En 2007, en contra de un recurso de tres policías condenados por la detención de dos militantes del PP que presuntamente habían participado durante una manifestación en Madrid. O con el avanzado sistema de escuchas de teléfonos móviles, llamado Sistema Integrado de Interceptación Ilegal de Telecomunicaciones (SITEL), adquirido bajo el mandato de Aznar, pero que, con el caso Gürtel, se volvió contra el PP. Marchena emitió un voto particular discrepante desde el Supremo, cuestionando el sistema. Lo hizo a pesar de que antes había participado en una sentencia de las nueve emitidas por ese Tribunal en 2009 que lo avalaban. El cambio de postura de Marchena sobre Sitel tuvo lugar después de que el PP cuestionara las escuchas telefónicas a los cabecillas de la Gürtel, ordenadas por Garzón, y que perjudicaban al partido.     
                                                                                                     
La decisión de Marchena más reciente fue su voto a favor de la absolución de Francisco Camps, en abril de 2013. El magistrado fue uno de los cuatro de la Sala del Tribunal Supremo que avaló el polémico veredicto del jurado popular en el juicio contra el expresidente valenciano, que le salvó a pesar de las numerosas pruebas contra él.