NEGRO SOBRE BLANCO: Un Tribunal Supremo plagado de franquistas y, en el Mediterráneo, “crímenes de lesa humanidad”.

El despacho de Abogados W & T comenta que considerar a Francisco Franco “Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936”, como aparece señalado en el auto del Tribunal Supremo, “ha provocado la reacción de algunos historiadores y comentarios en los chats porque esta afirmación da por bueno y legal el nombramiento de las Juntas de Defensa Nacional dos meses después del golpe, cuando el jefe del Estado español el 1 de octubre era Manuel Azaña y el régimen una república. Aquel 1 de octubre solo habían pasado dos meses desde el golpe de Estado del 18 de julio y quedaban más de dos años de Guerra Civil por lo que la referencia recogida en el auto del Tribunal Supremo sobre la exhumación del dictador parece que prescinde incluso del periodo del Gobierno de la República que acabó en 1939. En todo caso, los libros de historia, incluso en las páginas web de consulta general, precisan que el nombramiento de Franco, como ‘Jefe del Gobierno del Estado, tuvo lugar el 28 de septiembre de 1936 en una reunión de los altos mandos militares del sector del Ejército que se había sublevado y que una semana antes lo habían designado como ‘Generalísimo’. Los generales terroristas le nombraron ‘Jefe del Gobierno del Estado, mientras dure la Guerra Civil’, pero en el decreto de la Junta de Defensa Nacional publicado el día 30 de septiembre, se suprimió la acotación ‘mientras dure la guerra’ y se añadió ‘quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado’. Al día siguiente, 1 de octubre, en una ceremonia solemne celebrada en la sede de Capitanía General de Burgos, el fascista Franco fue investido con sus nuevos poderes como ‘Jefe del Estado’, que fue el título que ostentó durante su larga dictadura”.

Concentración de colectivos que forman la campaña NiValleNiAlmudena, tras la suspensión de la exhumación de Franco.

En un artículo publicado el pasado miércoles por Abogados Progresistas de España, se comenta: “Es muy triste comprobar que una parte del Tribunal Supremo está plagado de franquistas, y cómo muchos de ellos han llegado a lo cúspide del Poder Judicial. Poco les importa mentir para justificar una resolución que impide la exhumación de la momia de Franco del mausoleo del Valle de los caídos de una manera cautelar hasta que se dicte sentencia. La Sala del TS de lo contencioso alude a Franco como ‘Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento’; esta afirmación estaría violando la Ley de la Memoria Histórica que prohíbe la exaltación al franquismo, obviando que hubo un golpe de estado, una guerra civil abusiva que acabó con el gobierno legítimo republicano en 1936 y dirigido por Hitler y Mussolini”. La asociación Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) emitía el mismo día un comunicado en el que criticaba y calificaba de “insólito” el auto del Tribunal Supremo que paraliza la exhumación de los restos de Franco. Sobre la fecha y la referencia a jefe de Estado, la asociación progresista critica que el Supremo utilice el tratamiento de ‘jefe de Estado’ para el dictador “de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la Comunidad Internacional de su época”. Y añade: “Confirma la incapacidad de la justicia española para perseguir los crímenes de la dictadura y reparar a las víctimas de las atrocidades contra la vida y los derechos fundamentales que se cometieron”. Denuncia, además, que se equiparen los intereses de la familia del dictador con el interés público en el caso que la demanda interpuesta por los Franco se aceptase y hubiera que devolver los restos del dictador al Valle de los Caídos. Y afirma: “Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”. La asociación subraya que la exhumación de los restos de Franco no solo es una medida de “reparación moral y simbólica” para las víctimas, sino que también es “un requerimiento de la legalidad internacional en materia de derechos humanos”.

UGT alerta ante el “desprestigio” del Supremo tras paralizar la exhumación de Franco

Por su parte, el sindicato UGT alerta del “nivel de desprestigio altamente preocupante” que está alcanzando, en su opinión, el Tribunal Supremo. En un acto de UGT Madrid sobre innovación, su secretario general, José María Álvarez, expresa la “decepción” y “desacuerdo” del sindicato con el fallo del Supremo y critica en particular que los jueces que firman el fallo sostengan que Franco accedió a la jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936, fecha en que el general fue investido como Jefe del Estado por el bando sublevado. Y denuncia “Situar que un dictador asume la jefatura del Estado cuando hay un presidente legítimo de la República y que lo haga el máximo tribunal del país es un desprecio a la democracia y a las víctimas del franquismo que aún están en las cunetas”.

El Tribunal Supremo asegura que “ni legitima a Franco ni hace juicios morales sobre su figura”.

Horas más tarde, el Tribunal Supremo aseguraba que “ni legitima a Franco ni hace juicios morales sobre su figura”. La afirmación de la controversia consta en el auto de paralización de la exhumación de los restos del dictador, a petición de la familia y de forma cautelar, hasta que haya una decisión firme. “La referencia en el auto de la sala de lo contencioso-administrativo al cargo de jefe de Estado se hace –aseguran fuentes del Tribunal Supremo– en el contexto de argumentar que, en este caso, prima el interés público sobre el interés particular de la familia Franco. De ahí la referencia a que la posibilidad de que prosperara el recurso comportaría un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, habida cuenta de la significación de Franco. Por este motivo también se alude a la necesidad de que la decisión de fondo se adopte a la mayor prontitud”. Sin embargo, el Supremo desoye las críticas y sigue defendiendo que su auto “no legitima” ese golpe de Estado “ni hace juicios morales” sobre la figura del dictador. Motivo por el cual el tribunal parece descartar modificar ese auto.

José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo.

“El perfil ultraconservador del magistrado Requero, uno de los que ha suspendido la exhumación de Franco” titula Alejandro Torrús, en Público. “La ARMH (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial en la que avisaba al Supremo de que el juez José Luis Requero, que participó en la decisión de suspender la exhumación del dictador, podría tener su imparcialidad comprometida por su estrecha relación con el abogado Santiago Milans del Bosch, colaborador de la Fundación Franco. José Luis Requero Ibáñez es miembro del Opus Dei, tiene diez hijos y, en sus tiempos en la Audiencia Nacional, declaró nula la campaña gubernamental ‘Póntelo, pónselo’ para fomentar el uso del preservativo porque esta era ‘inveraz y parcial’. Pero esta no sería su única polémica. Es igualmente conocida su férrea oposición al matrimonio igualitario. En 2014, su nombramiento al Supremo supuso una cascada de críticas…Pero allí ha permanecido hasta estos días, en los que ha tenido que decidir si paralizar o no la exhumación de Franco. De hecho, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentaba el lunes una queja ante el CGPJ en la que avisaba de que la imparcialidad del tribunal podría verse comprometida por la presencia de Requero en el grupo de magistrados…En esta ocasión, la denuncia de la ARMH estaba basada en los vínculos de amistad que unen a este juez con Santiago Milans del Bosch, sobrino del ex teniente general golpista, colaborador de la Fundación Francisco Franco y dueño de un bufete de abogados que ha representado a la familia del dictador en algunos casos como el de las esculturas del pórtico de la gloria de la catedral de Santiago de Compostela. La relación entre José Luis Requero y Santiago Milans del Bosch es larga y estrecha; fueron compañeros durante unos años en la Audiencia Nacional. El magistrado es el padrino de una hija del abogado, denuncia la ARMH, que considera que la cercanía de Requero y Milans del Bosch ‘plantea serias dudas acerca de su imparcialidad, algo que de ser así comprometería seriamente la decisión que pueda tomar la Sala’… También se conoce que Requero, en el año 2010, ya estaba preocupado por el futuro del Valle de los Caídos y no, precisamente, por albergar los restos del dictador ni por el hecho de que España desobedecería las recomendaciones de la ONU de exhumar al dictador. Lo que le preocupaba a Requero era, precisamente, el cierre del mismo: ‘Y que el monumento más visitado del Patrimonio Nacional –el Valle de los Caídos– lleve camino de convertirse poco a poco en el Valle que se Cae –o que se deja Caer– permitirá justificar su cierre. Lo secundario es su origen franquista; lo relevante es que en un monumento del futuro Estado laicista vive una muy sólida comunidad de Benedictinos’, escribía Requero en La Razón”.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

En “El Supremo y sus golpes de Estado”, Carlos Hernández escribe en Eldiario.es lo que una mayoría de españoles pensamos de este Tribunal: “El Tribunal Supremo retrocede 83 años en el tiempo no solo para legitimar a Francisco Franco, sino también para dar la razón a Adolf Hitler y a Benito Mussolini. Ellos fueron dos de los pocos líderes mundiales, y los únicos de relevancia, que dieron por buena la designación como jefe del Estado de un general gallego, bajito y con voz atiplada, llevada a cabo por una horda de militares golpistas en el otoño de 1936. El Führer y el Duce han dejado de ser los únicos, porque ahora esa elección ilegal ha sido avalada por nuestro Tribunal Supremo…. Una decisión que ahonda en la jurisprudencia filofranquista aplicada por el Alto Tribunal durante todo el periodo democrático. La lista de ejemplos es amplia y reveladora. El Supremo evitó condenar a varios alcaldes que habían incumplido la Ley de Memoria Histórica al negarse a retirar la simbología fascista de las calles. El Supremo, recientemente, ha rechazado que los familiares de las víctimas tengan el derecho a obtener ayudas económicas estatales para recuperar los restos de sus seres queridos, asesinados por defender la democracia y la libertad. El Supremo inhabilitó a Baltasar Garzón cuando osó investigar los crímenes del franquismo. Los magistrados buscaron la excusa para hacerlo en otro de los casos que instruía, pero la ‘coincidencia’ no pasó desapercibida para nadie. El primer juez en 40 años de democracia que osaba poner su foco en el tirano era conveniente y oportunamente defenestrado”.

“Es una evidencia –continúa Carlos Hernández– que, en la inmensa mayoría de sus decisiones, el Supremo se ha puesto siempre del lado de la dictadura, del lado de los verdugos y enfrente de sus víctimas. Es obvio también que parte del problema proviene de una Ley de Memoria Histórica descafeinada que encaja perfectamente en una legislación global amable con el franquismo. Una legislación que ni siquiera anula las sentencias dictadas en los juicios farsa que celebraban los tribunales militares y civiles durante la guerra y la posterior tiranía. Una legislación que, en el mejor de los casos, es tan equidistante y ambigua como para que cualquier magistrado con caspa pueda interpretarla a mayor gloria del ‘Caudillo’. Sin embargo, las leyes no son las únicas culpables. La judicatura sigue trufada de magistrados que esconden bajo sus togas la camisa azul heredada de sus padres y sus abuelos. Con este auto, el Tribunal Supremo ha terminado de dilapidar buena parte de la ya escasa credibilidad que atesoraba. Apenas han pasado seis meses desde aquel sonrojante día en el que su presidente corrió, más que nunca, para evitar que los bancos tuvieran que pagar el impuesto de las hipotecas. No le importó saltarse todos los procedimientos establecidos hasta ese momento… ni humillar a los miembros de la sala competente corrigiendo su decisión… ni embarrar la imagen de la institución que presidía. La banca mandaba y ganaba. Sin haberse recuperado de aquel desastre, el Supremo ha dado el penúltimo paso hacia el abismo. Y lo ha vuelto a hacer en el peor de los momentos. No hay que ser independentista para sorprenderse de que, en una sala del Alto Tribunal, se acuse de golpistas a los políticos catalanes, mientras en la otra se legitima a los golpistas que secuestraron nuestras libertades durante cuarenta años. No hay que ser independentista para dudar de la credibilidad e incluso de la legitimidad de esos magistrados para quemar en la hoguera a quienes se saltaron la Constitución el 1 de octubre de 2017 en una acción incruenta que apenas tuvo consecuencias reales, al mismo tiempo que avalan la proclamación ilegal de un dictador que acabó a bombazos con el orden constitucional vigente, provocó una guerra que arrasó el país y asesinó a decenas de miles de demócratas”.

“Nos roban la resistencia”, titula Antonio Maestre en El Muro. “El juez ponente del Tribunal Supremo ni siquiera esperó para dotar del insigne cargo al genocida a que ganara la guerra, hubiera tenido razón si le hubiera investido de ese cargo el 1 de abril de 1939 cuando se produjo su entrada triunfal en un Madrid arrasado por los bombardeos de los traidores... No es un error. Son ochenta años de relato. La frase perdida que legitima el golpe en un auto que protege a los victimarios, despojando de dignidad a las víctimas es la constatación plausible de la farsa. Un plan programado por el rencor del victorioso. La victoria de la ejecución programada del proyecto de perversión de nuestros recuerdos. Una memoria falsaria de España inyectada desde las más altas instituciones. Propaganda inculcada como verdad. Una operación masiva de amnesia colectiva que ha transformado a los villanos en héroes y a los golpistas en jefes de estado…”. Y el periodista y documentalista termina diciendo: “ ‘Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975’, aparece escrito en el auto del Tribunal Supremo que paraliza de manera cautelar la exhumación del dictador del Valle los Caídos’. Aún resuena la infamia. Porque dotar de legitimidad al dictador cuando el pueblo se hallaba en plena lucha contra el fascio es despojarle de la más épica historia de resistencia popular contra la barbarie que se ha dado en siglo XX. No se les ocurra robar la memoria a los hombres y mujeres que armados con escopetas de caza y conformados en milicias voluntarias pararon durante tres años a un ejército bien entrenado que destruyó nuestra patria, nuestra querida España, apoyado por las potencias nazis y fascistas de Alemania e Italia. Ganaron, claro que ganaron. Pero tuvieron que esperar al 1 de abril de 1939 para izar la bandera sobre la Telefónica. Hasta entonces la Constitución del 9 de diciembre de 1931 era la única ley soberana en el Estado español. Una Carta Magna heredera de la de Weimar ignorada y vilipendiada por esos constitucionalistas naranjas y azules, todos falsarios, que tienen que recurrir a la Pepa para enarbolar una ley suprema española. Los mismos que se consideran patriotas sin ser capaces de defender la Constitución más maltratada de nuestra historia mientras llaman golpistas a nacionalistas catalanes hiperventilados que duermen en Waterloo. Y todavía nos extrañamos cuando el más alto tribunal elige a Franco como Jefe del Estado en vez de a Manuel Azaña. Porque a España nunca llegó la paz, solo llegó la victoria”.

Francisco Franco y José Millán Astray abrazados mientras entonan cánticos legionarios, en instantánea realizada por Bartolomé Ros.

“Este martes 4 de junio, a la democracia española se le han abierto un par de descosidos por los que hemos podido verle el relleno. Y también oler cómo la borra bajo las costuras ha ido fermentando hasta empaparlo todo. Probablemente, la ingente podredumbre franquista que va saliéndosele a nuestra democracia lo hace sencillamente porque cuando tienes un muerto debajo del colchón, la purulencia acaba goteando veneno y hediondez. Cuando los muertos se cuentan por decenas de miles ya es albañal”. Así comienza Cristina Fallarás su artículo en Público titulado: “El día en que el Supremo se declaró franquista”. Y así prosigue: “De dos golpes de Estado se habló ayer en el Tribunal Supremo. Y de dos formas bien distintas. La Fiscalía defiende que lo sucedido en Catalunya ha sido un golpe de Estado, mientras el Supremo ha decidido legitimar el golpe de estado franquista. Cuando la democracia apesta, está enferma. Y, en este caso, la infección vierte su pus a través del Poder Judicial. Mal asunto, pero al fin evidente… Respeto y honras desde la Justicia al dictador que mandó reprimir, torturar y asesinar a sus madres, padres, abuelos, familiares, vecinos y vecinas. Respeto y honras desde la Justicia al criminal que fomentó el robo de las tierras y las propiedades y los hijos y las hijas de sus abuelos, de sus padres y madres. Que, por lo tanto, les condenó a la pobreza, al escarnio, la cárcel y el dolor, a la falta de estudios, a una vida peor para sus familias y sus descendientes, enriqueciendo a los criminales, enalteciendo el violación, destruyendo por décadas y décadas la idea de decencia como base social. Sin embargo, lo peor de lo dictado ayer por la Justicia no reside, con toda su vileza y brutalidad, en el aplazamiento de la exhumación de la bestia, sino en el hecho de que el Tribunal Supremo se reconociera franquista. Ah, las costuras. Ah, la sentina. Lo peor del escrito de ayer está en una sola línea. En ella se puede leer sobre Franco: ‘Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento’. Y no solo eso, sino que, preguntados por algún medio de comunicación, se ratificaron en tal infamia. Francisco Franco encabezó un golpe de Estado militar en julio de 1936 que provocó tres años de guerra civil y otros 40 de dictadura fascista. Los muertos se cuentan por centenares de miles. Más de 100.000 siguen en fosas comunes, para vergüenza de todos y cada uno de nosotros, de nosotras. Solo un puñado de golpistas malnacidos y asesinos reconocieron a Franco como Jefe de Estado en octubre de 1936. Ellos entonces y este martes, día 4 de junio de 2019, el Tribunal Supremo de España. Como escribí hace nada, Juan Carlos juró como sucesor en la Jefatura de Estado con la siguiente frase: ‘Quiero expresar en primer lugar, que recibo de su excelencia el jefe del Estado, el generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936’. Pues bien, dicha ‘legitimidad’ quedó ayer avalada nada menos que por el Tribunal Supremo de España. Mientras tanto, para mayor afrenta, la Fiscalía afirmaba que en Catalunya se acaba de dar, esta vez sí, un golpe de Estado. Lo dicho, por algún lado tenía que reventársele a esta democracia la purulencia. Y el hedor resulta insoportable”.

Migrantes descansan después de haber sido rescatadas por miembros de la ONG 'SOS Mediterráneo' a unos 50 kilómetros de la costa de Libia.

David Morales Urbaneja y Marta Borrás informan en euroefe.euractiv.es sobre un grupo de abogados de Global Legal Action Network que denunciaron el pasado lunes a la UE ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los operativos de rescates de inmigrantes en el Mediterráneo, cuya implementación ha derivado en “crímenes de lesa humanidad”, según el informe presentado por los letrados. “No solo demostramos que se cometieron crímenes, sino también que hubo unas políticas sistemáticas que tenían como objetivo a una población civil específica”, explica a Efe Omer Shaltz, uno de los abogados que entregó la denuncia. “Tenemos documentos que muestran que estimaron el número de víctimas que causarían y lo aceptaron”, según los abogados. El escrito, de más de 240 páginas, se basa en dos políticas de rescates de inmigrantes en el Mediterráneo: “Mare Nostrum”, impulsada por Italia hasta noviembre de 2014, y “Tritón”, puesta en marcha posteriormente por la Unión Europea a través de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costa (Frontex). Tanto Frontex como la Comisión Europea sabían que la transición de “Mare Nostrum a Tritón convertiría el Mediterráneo en un punto mortal” para los inmigrantes, dijo Shaltz, pues supuso la muerte de unos 14.500 inmigrantes entre enero de 2014 y finales de 2017, según la denuncia del grupo de abogados. “Tenían conocimiento de esto, tenemos documentos que muestran que estimaron el número de víctimas que causarían y lo aceptaron”, dijo el abogado, “con el objetivo de disuadir a otros de que cruzaran el Mediterráneo”.

Migrantes a bordo del Aquarius.

Dichos documentos internos han sido recolectados a través de Wikileaks, aunque la denuncia también adjunta declaraciones públicas de la Comisión Europea y testimonios de testigos presenciales de los rescates. Según los denunciantes, Frontex dejó de patrullar las aguas cercanas a Libia tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) de 2012, que obligaba a los países europeos a trasladar a su territorio a los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y a respetar sus derechos fundamentales. Al alejarse de la costa libia, los barcos de Frontex evitaron tener que cumplir con la sentencia del TEDH y delegaron los rescates en los guardacostas libios, que han sido formados y financiados por la UE, para redirigirlos hacia el país africano y retenerlos en campos de detención. Dicha operación supondría la comisión de al menos dos crímenes de lesa humanidad: traslado forzoso de población y detención arbitraria, ambos estipulados en el Estatuto de Roma, carta fundacional de la CPI.

International Criminal Court.

La Corte Penal Internacional (llamada también Tribunal Penal Internacional) es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Es importante no confundirla con la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas, ya que la CPI tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Según indica Shaltz, que elaboró elaborado la denuncia junto a otros abogados internacionales, como Juan Branco “sin el apoyo material y estratégico de la UE, la guardia costera libia ni siquiera existiría. Su contribución es esencial para la comisión de los crímenes”. El Consejo de Seguridad de la ONU remitió el conflicto armado de Libia a la CPI en febrero de 2011 y desde entonces la Fiscalía ha emitido varias órdenes de arresto contra militares y jefes de milicias. “Lo que le pedimos a la Fiscalía es que no solo se fije en los traficantes de personas vinculados a las milicias, sino en los actores con la mayor responsabilidad”, concluye el letrado. La Comisión Europea (CE) responde a críticas de juristas y asegura que actúa para salvar vidas. El pasado lunes recordaba las acciones que impulsa desde 2015 para evitar la pérdida de vidas en el Mediterráneo e indicaba que, en lugar de acusar, todos los actores deberían “actuar juntos” contra las mafias que se dedican al tráfico irregular de inmigrantes.

Natasha Bertaud, portavoz de migración de la CE.

“La Unión Europea tiene una trayectoria en salvamento de vidas en el Mediterráneo que habla por sí sola”, declaró la portavoz comunitaria de Interior, Natasha Bertaud, preguntada por el informe que presentó un grupo de abogados internacionales ante la Corte Penal Internacional. La portavoz indicó que la Comisión Europea ha visto los informes y señaló que no tiene intención de comentar procedimientos que aún no han comenzado. Destacó que “no es la política europea la que causa estas tragedias”, sino los traficantes que “explotan la miseria humana”, y consideró que, “en lugar de culpar, hay que trabajar juntos” para terminar con el problema. La “máxima prioridad” de Bruselas desde hace años, subrayó, ha sido salvar vidas en el mar y a ello ha dedicado sus esfuerzos. En ese contexto, recordó que el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ha dicho en varias ocasiones que poner fin a la operación de salvamento en Italia Mare Nostrum de rescate de inmigrantes, impulsada por Roma hasta noviembre de 2014, “era un gran error”. Bertaud puntualizó que la UE ha multiplicado por tres su capacidad de salvamento desde 2015. “Desde entonces, ha habido cuatro operaciones en las que se ha salvado a 730.000 persona”. La portavoz dejó claro que el objetivo de formar a los guardacostas libios es aumentar el número de vidas salvadas y que, aparte de haber operaciones de búsqueda y salvamento, hay medidas contra el tráfico y para asegurar el respeto de los derechos humanos. Recordó que la UE hace todo lo posible ·para mejorar la situación de los inmigrantes en Libia” y que, en ese contexto, se enmarcan los trabajos para evacuar a la gente de ese país y reasentarla en la Unión Europea.

Fotomontajes e imágenes sorprendentes de esta última semana:

1 Mientras en una Sala del Supremo llamaban al golpe de Estado del 36º gobierno legítimo, en la Sala de al lado llamaban golpe de Estado a un legítimo derecho de decidir. El Tribunal Supremo reconoce a Franco como Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 porque no vivimos en el régimen del 78 sino en el del 18 de julio.

Ninguno de los últimos 50 ministros de Franco fue degradado por la transición. La mitad fueron a parar a los consejos de administración de las grandes empresas, la otra mitad a la política. La transición la hicieron los franquistas; los que se la tragaron no fueron más que sus comparsas.

La prensa seria cada vez lo poniéndoselo más difícil a los medios satíricos. Este miércoles, varios medios de comunicación (El Mundo, La Vanguardia, El Independiente, La Cope, La Razón…) sorprendían a propios y extraños al informar sobre el cambio en la Secretaría de Organización de Podemos, titulando como si estuviesen en una conversación de barra de bar y refiriéndose a Alberto Rodríguez como “el Rastas”.

La mayoría de medios recogieron la noticia con rapidez, sí, pero con muy poca seriedad. Titulares supuestamente informativos defendieron al diputado con un mote referente a su aspecto físico. El diario El País también lo puso durante unos instantes, para después cambiarlo por “el currela canario”. Y, sin embargo, ninguno de ellos se ha atrevido a ponerle motes a otros diputados.

Celia Villalobos contra las rastras de Rodríguez.

Tan sólo un día después de convertirse en diputado, Rodríguez ya tuvo que enfrentarse al clasismo de algunos diputados. Celia Villalobos aseguró de él en TVE: “A mí me da igual que lleven rastas pero que las lleven limpias para no pegarme los piojos”. Posteriormente se arrepintió de sus palabras, pero demostró los prejuicios que muchos tienen interiorizados. Precisamente, Alberto Rodríguez dio un ejemplo durante la pasada legislatura de lo que debe ser no tener prejuicios, en uno de los momentos que más nos reconciliaron con la clase política. Despidió a un diputado del PP que abandonaba el Congreso con un elogio tan poco habitual entre rivales políticos como esperanzador: “Es usted una buena persona”, le dijo.

El diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, arrancó el aplauso del Congreso al subir al atril y dedicar unas palabras a Alfonso Candón, diputado del PP que se despidió de la Cámara Baja para tomar posesión como parlamentario andaluz. “Nunca pensé que iba a decir algo así en esta Cámara y menos a un diputado del PP, pero le echaremos de menos. Es usted una buena persona y le pone calidad humana a este sitio”.

El diputado del PP al que Alberto Rodríguez elogió devuelve ahora el gesto a su “amigo”.

Ese Ciudadano del que usted me habla...

El humor en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, J.R. Mora, B.Vergara, Manel Fontdevila, Pat, Atxe, Eneko, Javirroyo, J.M. Nieto…

Juan Carlos, jubilado

Microplásticos.

Supremo again.

Nada.

La ley del embudo.

Khalesi del Supremo

Donald Trump en Europa.

Por estas caricaturas de Franco publicadas hoy en Strambotic (Público) fueron fusilados el director y el dibujante de una revista satírica valenciana: Franco compartiendo yacija con un soldado moro de su batallón africano, Franco travestido, Franco convertido en un trasunto ridículo de Hitler, con su espadón sobre España… Caricaturas que fueron publicadas por la revista satírica ‘La traca’ durante su triunfal etapa final, durante la Segunda República y la Guerra Civil española.

Pep Roig, desde Mallorca: Renovación hacia lo mismo, Dos vías de medir, Franqueza judicial, Supremada, Inasequibles al aliento, La veleta gira, gira, Se compra-se vende…

Los vídeos de esta semana:

Tras décadas de democracia, supervivientes de la represión franquista y familiares de sus víctimas siguen exigiendo la verdad sobre los crímenes cometidos y reclamando una sepultura digna para los miles de enterrados en fosas comunes. Mientras, organismos internacionales critican la ausencia de una política de Estado en materia de memoria histórica. La corresponsal de RT Helena Villar examina el estado de una herida del pasado que, pese al tiempo transcurrido, no parece haber sanado del todo.

RT Reporta: España ante el franquismo (E41)