Ese fue el número de personas mayores fallecidas en residencias por no haber sido trasladadas a un hospital.

RTVE estrenó ayer el controvertido documental titulado '7291'. Fue en junio de 2020, cuando se inició en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación sobre los fallecidos durante la primera ola de la pandemia en las residencias de mayores. Su director, Juanjo Castro, puso el foco en los testimonios de las familias de las víctimas para acercar al espectador a la incertidumbre y agonía que les rodeó durante la tragedia. El Gobierno madrileño fue invitado para que participara en él y diera su versión, pero declinó la oferta. Ahora, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, por medio de la propia presidenta, responde a la polémica con un vídeo-comunicado, denunciando que, en el mismo, se busca “retorcer el dolor de las víctimas. En un duro comunicado difundido un día antes, asegura que “todos los mayores de estos centros que requirieron ingreso fueron trasladados a hospitales; no hubo orden que indicara lo contrario”.  Además, denuncia que “el número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz”. Hace referencia así al consejero de Salud, Alberto Reyero, de Ciudadanos, socio del PP por entonces, y que dejó el Gobierno madrileño, denunciando un presunto protocolo que impedía el traslado de ancianos a hospitales para evitar la saturación de los centros. “La falsedad nació de él. Nunca hubo protocolos firmados por políticos. Ni discriminación. El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100, y nunca porque no se les ayudara”, sentencia el Ejecutivo de Ayuso. “Por más que se empeñen las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas”, termina diciendo en su nota emitida el miércoles. Familiares de las víctimas de los conocidos “protocolos de la vergüenza” aseguran que la presidenta de la Comunidad de Madrid “carece de valor” para afrontar la situación.