El teniente Luis Gonzalo da un paso al frente.





 El teniente del Ejército, Luis Gonzalo Segura, preos por haber escrito una novela.

 

El teniente Luis Gonzalo, autor de “Un paso al frente” (un libro editado por Tropo Editores que ya va por la quinta edición, con más de 15.000 ejemplares, en el que denuncia la corrupción y el autoritarismo en las Fuerzas Armadas), entró en prisión hace más de una semana e inició el pasado 17 de julio una huelga de hambre como forma de protesta por lo que considera una condena injusta. Gonzalo no se arrepiente de sus denuncias y advirtió que le podían “encerrar donde quisieran”. Sabe que estará dos meses recluido en un centro de internamiento, pero el fiscal está valorando los cargos contra él ante la posibilidad de un delito militar, que conllevaría una condena de seis meses a seis años en una cárcel militar.    

                                                                                                                           
Luis Gonzalo revela en su libro que las Fuerzas Armadas permanecen ancladas en el siglo pasado y que están dirigidas con autoritarismo por una “casta” de altos oficiales que disfrutan de privilegios, amparados por una justicia militar dependiente. “Es muy duro perder la libertad en un procedimiento que vulnera el Tratado Europeo de los Derechos Humanos y, encima, por cumplir con mi obligación y denunciar lo que consideraba ilegal o irregular. Lo triste es que nadie lo investigue”, lamenta el militar. “No me queda más remedio que iniciar una huelga de hambre porque se maltrata a muchos militares, se les mantiene en estado de indefensión jurídica, con compromisos en lugar de contratos, como si fueran trabajadores de segunda. Y la cúpula militar se dedica a hacer lo que quiere sin respetar las normas…”. El teniente ha expresado su sorpresa porque “durante el juicio, nadie quiso saber lo que había en un disco duro”, que él aportó con presuntas pruebas de irregularidades y casos de corrupción cometidas, según afirma, por oficiales.

Gonzalo reivindica su lucha “por los derechos y la igualdad en el mundo militar”. Convencido de que intentarían buscar el último resquicio para expulsarle del Ejército, Gonzalo reprocha que, “hace poco, condenaron a un soldado a seis meses de cárcel por llamar franquista a un coronel”, mientras que “el teniente coronel Ayuso llamó bastarda a la Constitución, renegando del rey en Intereconomía, y quedó absuelto”. Y, el pasado mes de mayo, un juez ordenó la readmisión en la Guardia Civil de Antonio Tejero Díez, hijo de uno de los golpistas del 23-F, pese a haber celebrado en un cuartel una comida en la que se homenajeó a su padre y a varios de los golpistas. “El problema –se lamenta Luis Gonzalo– no es que celebrase una paella, sino saber cuántas paellas como esta se celebran en acuartelamientos dependientes del ministerio de Defensa, quién las paga, si hay militares ejerciendo de camareros, y si el dinero de la paella sale del bolsillo de los ciudadanos”.

El autor, que cuenta con el respaldo de las principales asociaciones militares (AUME, ASFASPRO, ATME y OATM), hace alusión en el libro a presuntas malversaciones, prevaricaciones, negligencias, comisiones de servicio falsas, estafas en combustible y comidas, venta de material en la Red, residencias de verano, clubes de golf, spas y salas VIP. También alude en su relato novelado a presiones dirigidas a la Justicia Militar y a órdenes que atentan contra la conciliación de la vida laboral y familiar. El teniente ha sido expedientado con dos faltas graves a raíz de la publicación. El Ministerio asegura que el militar ha cometido infracciones graves, y recuerda que las denuncias que presentó ante los tribunales se han resuelto sin sanciones a los denunciados. La pasada semana, antes de que comenzase a cumplir condena, Público.es tuvo acceso a la grabación de una conversación del teniente con un general que le hizo una clara advertencia (aunque a destiempo): “No te empeñes en sanear una empresa cuando a lo mejor todo el país está podrido. No intentes lavar la empresa, porque ésta reacciona contra ti y te mata”.

Defensa afirma que, en ninguna de las denuncias presentadas hasta la fecha por el teniente se ha encontrado ilícito penal alguno ni motivo de sanción disciplinaria contra los mandos denunciados por el oficial. Asegura que “está bien”, sin aclarar si sigue en huelga de hambre. Y se resiste a dar información sobre su estado de salud, tras ser hospitalizado este fin de semana. El Ministerio de Defensa considera que el teniente vulnera con sus revelaciones las Reales Ordenanzas y la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de la Fuerzas Armadas, que en su artículo 11 marca los límites de la libertad de expresión de los militares.  Y el fiscal estudia los cargos para ver si le puede acusarle de un delito militar, lo que le enfrentaría a una condena de seis meses a seis años en una cárcel militar. Este oficial de 36 años que ha vivido durante más de una década en los cuarteles, nos hace recordar los pasajes de La Forja de un rebelde en los que Arturo Barea describió a los ejércitos españoles en África a principio de siglo XX.

El “hipomóvil”: el carro de caballos que sustituye los camiones de basura.

 

La localidad alicantina de Monforte del Cid ha vuelto a los carros tirados por caballos como medio de transporte y de carga dentro del municipio. El proyecto 'Hipomóvil' sustituye los camiones de recogida de basura por un carromato tirado por un caballo. Al fin un consistorio que, frente a los abusivos costes del camión de la basura, ha tirado por el camino de en medio, eligiendo otros métodos más baratos y no menos eficaces. Y no me refiero a un simple abaratamiento de costes de personal, sino al cambio de vehículos y, consiguientemente, al del carburante utilizado, cosa que ningún cargo municipal había previsto.

Según un comunicado de prensa del Ayuntamiento, el coste de la recogida por los medios 'modernos' tenía un coste de 400.000 euros al año, pero, con el nuevo medio queda reducido a la mitad.  El proyecto enmarcado en el Plan Integral de Residuos pretende favorecer de ese modo la separación de los residuos en las casas y comercios y mejorar su recogida fomentando “la sostenibilidad medioambiental y la económica”. Y, tras “una fase de concienciación y de aprendizaje” para la correcta separación de los residuos, se ha llevado a la práctica este proyecto.

“Se trata de la recogida de residuos en un carro tirado por un caballo, un sistema pionero en España que ya se emplea con éxito en más de 80 municipios en países como Francia o Bélgica”. ¿Ventajas del “Hipomóvil”? En primer lugar, una importante reducción de los costes de recogida, la eliminación de gran número de contenedores antiestéticos, la mejora de la sensibilización medioambiental, la creación de puestos de trabajo en la localidad y la recuperación de las razas equinas de tiro. Todo queda reducido a “mantener un caballo que cuesta entre 900 y 1.200 euros anuales en lugar de un camión de basura diesel que supone un gasto de manutención  entre 5.000 y 7.000 euros al año. El precio de un camión de la basura para un consistorio es de 125.000 euros y su vida útil no sobrepasa los 10 años. Mientras que el coste de un “hipomóvil” (carro más caballo), no supera los 6.000 euros y su vida útil sobrepasa los 20 años. Por ello, “un adecuado enfoque –de la recogida de basuras–, puede transformarse en fuente de nuevas oportunidades para mejorar la calidad del Medio Ambiente; mejorar el servicio prestado a los vecinos; ahorrar en la gestión y generar nuevos puestos de trabajo en el municipio. Y, con el Plan Integral de Residuos de la población se espera reducir un 50 por ciento de los costes, con lo que la recogida y tratamiento de residuos se quedará en 200.000 euros”. Naturalmente, este plan contempla “el Proyecto Compost” para desarrollar “una planta de compostaje para el aprovechamiento de toda la materia orgánica y llegar a comercializar composta de calidad”.

La iniciativa ha sorprendido a vecinos y visitantes. En palabras de la alcaldesa, Antonia Cervera (del PP), la iniciativa “surge de buscar alternativas a los caros servicios de recogida de basuras habituales”. Con una población que supera los 7.000 habitantes, este “nuevo” vehículo, dará servicio al casco histórico del municipio, en el que reside un 25% de sus vecinos. Tirado por Urtain, el caballo de tiro será el motor de este carro que tiene incorporados paneles solares que alimentan un sistema de luces, por si tiene que trabajar en horario nocturno, y hasta una conexión de USB destinada a cargar dispositivos móviles. Ah, y si Urtain se pone enfermo o tuviera un 'accidente laboral', se ha previsto a un suplente, Carretero. El “Hipomóvil” también cuenta con un depósito de agua y una cuña para que los residuos del animal no ensucien las calles del municipio. Su puesta en funcionamiento precisa de la colaboración ciudadana, ya que los vecinos –que han acudido a charlas previas de concienciación– deben depositar el plástico en bolsas amarillas y el resto de residuos en bolsas grises. No obstante, el consistorio mantiene en servicio los contenedores de cartón y vidrio.

Correos perjudica a las embarazadas.

El trato de Correos a dos empleadas que sufrieron un aborto mientras estaban en su puesto de trabajo ha sido denunciado al juzgado de Instrucción número 3 de Parla (Madrid). Según la denuncia, las dos carteras habían pedido a sus jefes cambiar temporalmente de puesto para evitar las tareas del reparto y la carga de peso, pero la empresa se lo denegó. El primer caso ocurría el 1de noviembre del 2011 y el segundo,    en el mismo mes de 2012. “Estas dos trabajadoras –dice la denuncia presentada por la CGT– salieron a repartir bajo la amenaza del jefe de unidad de que, de no ser así, informaría a sus superiores para que le aplicaran el régimen disciplinario por el incumplimiento de tales órdenes”.

Los problemas, según el sindicato CGT, que se ha encargado de presentar las denuncias, empezaron tras la entrada en vigor, a finales de 2011, de un protocolo que supuestamente se hizo para proteger a las mujeres embarazadas. Sin embargo, en opinión del sindicato y de las mujeres que han denunciado su caso, en la práctica, el protocolo tiene el efecto contrario: mientras que antes a las trabajadoras embarazadas que lo solicitaban les facilitaban siempre un puesto en un centro de clasificación o le adjudicaban tareas de oficina, las pautas fijadas ahora no contemplan ningún cambio antes de la semana 18 de gestación, tan solo la prohibición de hacer reparto en moto y de realizar carga y descarga en el muelle. A partir de la semana 18, las embarazadas quedan eximidas de algunas tareas, pero, según las afectadas, estas directrices son poco compatibles con el trabajo diario.

 

Los dos abortos de empleadas de la oficina de Parla que el diario “El País” publicaba el pasado domingo bajo el título “Un juez investiga a Correos por el trato a dos carteras embarazadas”, ocurrieron con un año de diferencia: el primero en noviembre de 2011 y el segundo, en el mismo mes de 2012. En el primer caso, la mujer era trabajadora eventual de Correos, estaba en las primeras semanas del embarazo y había presentado un informe médico que advertía de que su embarazo era de riesgo porque venía precedido de un aborto anterior. En el segundo, se trata de una empleada fija en avanzado estado de gestación que también había comunicado su estado por escrito.        

El juzgado ha centrado su investigación en un supuesto delito contra la seguridad en el trabajo, que castiga con penas de prisión de entre seis meses y tres años las infracciones en las normas de prevención de riesgos laborales que pongan en peligro la vida o la salud de los trabajadores. La denuncia señala a diez jefes de Correos, entre ellos, el director de Recursos Humanos, Luis Pérez Capitán; el director de la Subdirección de Promoción de la Salud, Antonio Díaz Ruiz; y el jefe de los Servicios Médicos, Manuel Alirangues Santos. A los dos casos que investiga el juez se suman al menos otras cuatro denuncias presentadas en los dos últimos años ante la Inspección de Trabajo por el trato de Correos a trabajadoras embarazadas. Todas ellas explican casos similares en los que los jefes les pusieron trabas o rechazaron cambiar a un puesto más sedentario a carteras embarazadas que habían pedido no salir a repartir en la calle.