Una veintena de colectivos pide al Gobierno que haga público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia.

Basílica del Pilar de Zaragoza y Torre de la Seo.

 La mezquita catedral de Cordoba.

La coordinadora “Recuperando”, formada por colectivos ciudadanos de diez comunidades autónomas, exige al Gobierno que retire el recurso contra el Consejo de Transparencia y haga público el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia además de “revelar la magnitud del patrimonio expoliado por los obispos”. La entidad considera positivo que Pedro Sánchez incluyera en su discurso de investidura una referencia explícita a las inscripciones de la Iglesia, pero estima incompatible anunciar en el Congreso la recuperación de los bienes indebidamente inmatriculados y mantener “en la opacidad la identidad de los casi 35.000 inmuebles inscritos irregularmente por la Iglesia desde 1998”. Y recuerda que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una resolución “obligando al Ministerio de Justicia a hacer público el listado de inmatriculaciones eclesiásticas y que el Ejecutivo, de forma incomprensible, presentó un recurso para impedirlo”. Por ello, “Recuperando” exige “revelar la magnitud del patrimonio expoliado por los obispos al amparo de un subterfugio jurídico que les permitía inscribir bienes sin aportar títulos de propiedad”.

La organización patrimonialista considera positivo que el presidente del Gobierno haya incluido en su discurso de investidura una referencia explícita a las inscripciones de la Iglesia y su propósito de promover las “modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido indebidamente inmatriculados” por la jerarquía católica. La decisión de Pedro Sánchez representa un claro reconocimiento del intenso y largo trabajo impulsado por los colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público injustamente apropiado por los obispos.

“Recuperando” se muestra dispuesta a cooperar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones factibles sobre la base de dos premisas básicas: la nulidad de todas las inscripciones por ser notoriamente inconstitucionales y la consideración de que los bienes de dominio público no son negociables. Los obispos han registrado a su nombre decenas de miles de inmuebles y fincas, entre ellas plazas, cementerios, locales, ermitas y monumentos pertenecientes al legado cultural inmemorial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Seo de Zaragoza. Los colectivos patrimonialistas exigen que el listado incluya los bienes inmatriculados desde 1946, el año en que se promulgó la Ley Hipotecaria y su polémico artículo 206, y no únicamente desde 1998, como se ha efectuado. Además, estiman urgente limitar la capacidad eclesiástica para enajenar inmuebles inmatriculados hasta tanto no se resuelva el problema. La Iglesia está vendiendo, a terceros, decenas de bienes irregularmente inscritos, entre ellos muchas casas parroquiales de titularidad municipal, que ya difícilmente serán recuperables. En su opinión, la decisión de Pedro Sánchez representa “un claro reconocimiento del intenso y largo trabajo impulsado por los colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público injustamente apropiado por los obispos”.