Batet cede a la presión del Supremo y retira el escaño a Alberto Rodríguez.
Los letrados del Congreso
de los Diputados determinaron el pasado martes que el diputado Alberto
Rodríguez podía mantener su acta y seguir en su escaño a pesar de la extraña
condena que pesaba sobre él. El informe destacaba que “la pena de prisión ha
sido sustituida por la pena de multa” y que la clave era determinar si la
sustitución alteraba la naturaleza de la pena. El informe concluía que “de un
análisis de la normativa aplicable, no ha lugar” quitarle el acta a Alberto
Rodríguez porque “no cabe derivar consecuencia extrapenal”. Por lo tanto, concluía,
“no concurre ni la inelegibilidad sobrevenida” que estipula la Ley Electoral,
ni la aplicación más estricta del Reglamento del Congreso.
Pese a ello, la Sala
Segunda del Supremo, imponía una pena de prisión de un mes y quince días al diputado
de Unidas Podemos, como autor de un delito de atentado a agentes de la
autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Y la
presidenta del Congreso, Meritxell Batet y el resto de miembros de la Mesa
votaron a favor de la continuidad de Rodríguez, basándose en el informe de los
servicios jurídicos del Congreso. En contra, el PP exigió que la Cámara Baja
retirase con la máxima celeridad el escaño al parlamentario de Unidas Podemos,
condenado por el Tribunal Supremo “por atentado contra la autoridad”. Y Espinosa
de los Monteros, de Vox, señaló que Rodríguez era un “agresor” y un “pateador”
de policías. Para él, se trataba de un asunto de “máxima gravedad” y por ello
registró un escrito, “solicitando la retirada plena de la condición de diputado
de Rodríguez para lo que queda de legislatura”.
Ayer,
la presidenta del Congreso comunicó a Alberto Rodríguez la
pérdida de su condición de diputado. Y Batet trasladó al parlamentario el
oficio remitido por el Tribunal Supremo, en el cual el presidente de la Sala
Segunda del Alto Tribunal, Manuel Marchena, advertía de que la inhabilitación
de Rodríguez era “obligada”. Por su parte, Rodríguez denunció “que el voto
democrático de decenas de miles de canarios y canarias estaba siendo atacado
sin base jurídica alguna”. La formación morada denunció que la presidenta del
Congreso “tomó la decisión de manera unilateral, contra el criterio de los
letrados de la Cámara y de la Mesa”. Y Podemos anunció una querella contra
Batet por prevaricación.
El asunto ha dado varios
giros a lo largo de esta semana a cuenta de la brecha abierta entre los poderes
del Estado a la hora de interpretar la condena al diputado del espacio
confederal. Y todo ha desembocado en la decisión de retirar el
escaño de Rodríguez, una postura calificada de “prevaricación” por la
secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. “El
Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo, aunque ambos
saben que no es lo que dice la sentencia”, ha apostilló en un tuit. “Esta
decisión es muy grave. Porque no fue comunicada previamente. Porque daña la
posición institucional del Congreso”, declaró el secretario primero de la Mesa
y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello. El diputado del PSOE, Odón
Elorza consideró “desproporcionado” y “escandaloso” que se haya despojado de su
escaño a Alberto Rodríguez por una condena de mes y medio de cárcel sustituida
finalmente por una multa. E Íñigo Errejón mostró su desacuerdo con la, a su
juicio, “incomprensible” inhabilitación de Alberto Rodríguez. Con todo, el
diputado de Más País ha explicado que respeta siempre las decisiones judiciales
pero que ésta no la “comparte”.
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