Almodóvar, Ana Belén, Serrat… piden la continuidad del Gobierno y reclaman medidas contra la corrupción.
Cien personalidades políticas
de izquierdas, la cultura, los medios de comunicación o el mundo jurídico han
firmado un manifiesto de apoyo a la continuidad del Gobierno. Reclaman la
puesta en marcha de un programa “actualizado” de medidas “contundentes y concretas”
contra la corrupción que, al mismo tiempo, ponga por delante los “avances
sociales” y “derechos civiles” para mejorar la vida de la ciudadanía.
Con el lema “Por los
avances en derechos sociales y políticos y contra los intentos de involución”,
el documento ha sido firmado por el cineasta Pedro Almodóvar, los cantantes Ana
Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel o Miguel Ríos, así como la actriz
Loles León, entre otros. En el listado aparece además el poeta Luis García
Montero o la escritora Rosa Montero, entre otros.
El texto reconoce que los
“supuestos delitos” asociados al 'caso Cerdán' de presunta corrupción, en el
que están implicados los exsecretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y
José Luis Ábalos son “graves” y “denotan crasos errores” en la elección de los
cargos y la vigilancia de sus labores. “Sin embargo -arguyen-, es inadmisible
que un Gobierno, democráticamente elegido, caiga por un informe de la Guardia
Civil, antes de celebrarse un juicio con todas las garantías en el que se
acreditase la responsabilidad de la presidencia o del partido afectado”.
Inciden en que la caída del Gobierno “sólo es posible
por el éxito de una moción de censura o la celebración de elecciones”, dos
supuestos que, hasta ahora, no se han dado. “Pretender acortar la legislatura
por otros métodos supondría un golpe inconstitucional. Aquellos que solicitan
que se celebren ya elecciones, sean de derechas o de izquierdas, lo único que
desean es que llegue un gobierno de las derechas PP-Vox”, agregan.
“El ataque, desde todos
los frentes conservadores y reaccionarios, al Gobierno de coalición progresista
y su presidente se asemeja más a una conspiración para derribar a un gobierno
legítimo que a la crítica política propia en un sistema democrático”, esgrime el
texto, que critica la “descalificación” de las “derechas” por haber “puesto en
cuestión el resultado electoral” como hicieron, en el pasado, los presidentes
Donald Trump y Jair Bolsonaro.
Observan, al mismo
tiempo, que “las incriminaciones y calumnias” han alcanzado “niveles
desconocidos en los parlamentos europeos”, con el uso de términos como
“gobierno criminal, mafioso, capo de la mafia o gobierno de corruptos”. “Los
ataques a las personas migrantes y la vandalización de las sedes de partidos de
izquierda recuerdan a las agresiones fascistas de épocas pasadas”, recriminan,
a la vez que afirman que el Senado se utiliza como “ariete” con comisiones de
investigación que “sólo pretenden incriminar al Gobierno”.
También ponen de
manifiesto las concentraciones y huelgas del poder judicial contra “leyes del
Congreso que no les gustan”, como la reforma de la justicia o la amnistía. Unas
protestas que, dicen, se enmarcan “fuera de la legalidad”. “Jueces y
magistrados abren prolongadas investigaciones, con endebles bases probatorias,
mientras la oposición deslegitima al Tribunal Constitucional porque no comparte
la sentencia sobre la amnistía. Una parte muy importante de los medios de
comunicación y redes sociales han desatado una orgía de falsas noticias o
medias verdades con el fin de crear un clima político irrespirable, que no se
corresponde con la situación del país”, añaden.
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