miércoles, 4 de enero de 2017

El Ministerio de Defensa fue el “responsable” del accidente del 'Yak-42'.

El entonces ministro de Defensa, Federico Trillo y su homólogo turco, Vecdi Gonul, pisando los restos del Yak-42.

El Consejo de Estado responsabiliza en un informe al Ministerio de Defensa del accidente del avión Yakolev 42, cuando regresaba de Afganistán el 26 de mayo de 2003, en el que murieron 62 soldados españoles. La Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 exige que el Gobierno pida perdón y que se investigue a fondo. “Hubo negligencia –afirma el presidente de la Asociación, Miguel Sencianes–. La contratación del avión fue ilegal”. E insiste en que el Consejo de Estado ha confirmado lo que las familias de los militares fallecidos llevan exigiendo desde hace más de una década: “No queremos dinero, queremos que se haga justicia. Alguien tiene que asumir las responsabilidades políticas”. Los familiares de las víctimas del accidente reclaman el cese del exministro de Defensa, Federico Trillo de su cargo como embajador en Reino Unido. PSOE y Esquerra Republicana demandan que abandone la embajada española en Londres y exigen la “comparecencia urgente” de María Dolores de Cospedal, actual ministra de Defensa, y del ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, en sus correspondientes comisiones. Igualmente, el portavoz de Unidos Podemos en el Congreso reclama la comparecencia de Cospedal y la destitución del exministro. Trillo respondió señalando al entonces jefe del Mando Aéreo de Levante, Carlos Gómez Arruche, la responsabilidad por la tragedia, y alegó que el presidente del Gobierno en aquel momento, José María Aznar, rechazó su dimisión.

El informe, aprobado el 20 de octubre por unanimidad, coincide con los tribunales en que la causa del accidente del Yak-41 fue el agotamiento y el estrés de los pilotos y destaca que el informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército, en el que se advertía de “altos riesgos” de transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, era suficiente para desencadenar “una comprobación o verificación” de la denuncia. El dictamen reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en la catástrofe ocurrida, que provocó un largo enfrentamiento en los tribunales de justicia entre los familiares de las víctimas y Defensa que se dirimió en instancias civiles y penales.

Ante los oídos sordos de las instituciones, que se negaron incluso a hacer homenajes oficiales a los fallecidos, el dictamen advierte de que Defensa, dirigida entonces por el conservador Federico Trillo, pudo haber actuado para evitar la catástrofe. El Consejo de Estado responsabiliza por primera vez al departamento que ahora dirige Mª Dolores de Cospedal del accidente: “Pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, señala el texto. El vicepresidente de la asociación de víctimas, Paco Cardona, explica que “lo primero” que esperan los familiares es la petición de perdón por parte del Estado. Pero también advierte que la asociación estudiará la posibilidad de pedir la reapertura del caso, archivado por la Audiencia Nacional, para buscar a los responsables penales. “Trillo –añade– sabía lo que había. Fueron negligentes en la contratación del vuelo y ahora el Consejo de Estado lo reconoce. Pobres de los españoles que tengan que acudir ahora a él”, ironiza, en referencia al cargo de embajador en Londres que desempeña en la actualidad.

En este dictamen, sin consecuencias económicas, se reconoce por primera vez, la responsabilidad patrimonial del Estado en la mayor catástrofe de la historia moderna del Ejército español en tiempos de paz. El Consejo de Estado admite que la causa del accidente fue el agotamiento y el estrés de los pilotos del Yak-42 y su falta de formación para afrontar situaciones como las que vivieron. Y supone un severo varapalo para los responsables del Ministerio de Defensa de la época, al determinar que el accidente pudo haberse evitado si estos hubieran cumplido con su deber de velar por las condiciones en que viajaban los soldados. Los tres militares, condenados por la Audiencia Nacional, fueron indultados por Mariano Rajoy cuando llegó al Gobierno. José Bono, ministro de Defensa que sucedió a Trillo, ha declarado, tras conocer el informe: “Espero que Rajoy tome medidas con Trillo 14 años después”. Bono insiste en que tanto José María Aznar, a la sazón, presidente del Ejecutivo, como Trillo, trataron de impedir que se investigaran las causas del accidente. “Fue una chapuza –recalca abiertamente– y hasta quisieron engañarme y no darme información”. Para Rajoy todo es "agua pasada".