Una treintena de herederos del franquismo mantienen los títulos nobiliarios otorgados por el dictador.

Francisco Franco saluda al ministro de Marina, Adolfo Baturone. Detrás, el ministro del Ejército, Juan Castañón de Mena.

Con la promulgación en 1947 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, España vino a constituirse en Reino sin rey y, en consecuencia, el Jefe del Estado español, Francisco Franco, se arrogó el derecho de reconocer y conceder títulos nobiliarios. En la España democrática de hoy, sigue habiendo títulos nobiliarios dedicados a homenajear a quienes protagonizaron los peores crímenes de la guerra y la posterior dictadura. Son  distinciones que fueron otorgadas en su día, con carácter perpetuo y hereditario, gracias a una ley promulgada por el propio Franco en 1948, en la que anunciaba su intención de agradecer así las “acciones heroicas” desarrolladas durante “nuestra cruzada”. Un sobrino del fundador del partido fascista español ostenta el tratamiento de Duque de Primo de Rivera, un nieto del Carnicero de Sevilla posee el Marquesado de Queipo de Llano y un hijo del general que perpetró, entre otras, la masacre de Badajoz, mantiene el título de Marqués de San Leonardo de Yagüe. De los cuarenta Ducados, Condados y Marquesados otorgados graciosamente por Franco –algunos han decaído aunque podrían ser rehabilitados en cualquier momento–, unos treinta recayeron en algunos de sus compañeros de rebelión. La nobleza franquista tiene apellidos tan innobles como los de los generales golpistas Saliquet, Varela, Dávila o Vigón. 

“Muchos de estos títulos –escribe Carlos Hernández en Eldiario.es– quedaron vacantes por la muerte de sus titulares durante el actual periodo democrático. Sin embargo, desde el primer ejecutivo de Adolfo Suárez al último de Mariano Rajoy, pasando por los de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, todos los gobiernos autorizaron a los descendientes de los golpistas a heredar el ducado, marquesado o condado otorgado en su día por el 'Generalísimo'. Dos de los ministros de Justicia de Felipe González, Tomás de la Quadra-Salcedo y Enrique Múgica, no dudaron en estampar su firma para garantizar a los Primo de Rivera su ‘derecho’ a ostentar el Condado del Castillo de la Mota y para que un nieto del General Vigón pudiera mantener el Marquesado concedido a su abuelo en 1955 por su contribución ‘al triunfo de las Armas Nacionales (…) durante la Cruzada’. Más recientemente, el también socialista Mariano Fernández Bermejo bendijo la sucesión en dos marquesados, los de Mola y Somosierra, creados por el dictador en memoria del general Mola y de su mano derecha en la sublevación militar, el también general Francisco García Escámez.

Cuando el PP ganó las elecciones en 2011 y Alberto Ruiz Gallardón fue nombrado ministro de Justicia, las solicitudes volvieron a ponerse sobre la mesa para ser tramitadas con la mayor rapidez y diligencia. Hasta seis sucesiones de títulos nobiliarios franquistas fueron expedidos por Gallardón. Entre ellos, algunos tan simbólicos como los marquesados de Queipo de Llano, Varela o Dávila, siempre en contra de  Izquierda Unida y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) que llevan años alzando la voz contra la pervivencia de estas altas distinciones, contrarias al más mínimo espíritu democrático. Emilio Silva, presidente de la ARMH, cree que “el hecho de que todos los gobiernos de la democracia hayan aceptado renovar estos títulos concedidos a golpistas, criminales de guerra y violadores de los derechos humanos, es un síntoma de cómo la transición a la democracia fue una puerta giratoria por la que la élite franquista siguió siendo élite de la democracia”.