“Reprimir y criminalizar” a activistas y ONGs de rescate como Open Arms es ilegal.

Equipo del Open Arms. 

En un último informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos el pasado julio, Obiora Chabíanedu Okafor, abogado canadiense y experto independiente de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional, considera que “la criminalización o la represión de la prestación de asistencia humanitaria” a refugiados y migrantes en situación irregular “menoscaba o vulnera, de manera considerable e injustificable, sus derechos humanos, siendo, por tanto, ilegal con arreglo a la normativa internacional”. A lo largo del documento, critica las “graves consecuencias” de los esfuerzos que han hecho “algunos Estados, organizaciones regionales y segmentos de la sociedad civil –[como grupos de ultraderecha] por reprimir la expresión de la solidaridad internacional hacia los migrantes” sin papeles.

Sin embargo, el hecho de que el rescate en el mar sea “una actividad sancionada” puede tener, alerta el experto, consecuencias en la conducta de quienes se encuentran en el mar ante vidas en peligro. “La detención temporal y los largos juicios que han soportado los acusados pueden disuadir a muchos posibles rescatadores de intentar ayudar a los migrantes o los refugiados que corren peligro en el mar”, lamenta. El riesgo, a su juicio, es claro: “Hará que se produzcan más muertes evitables de las que ya se producen”. En esta línea, Chabíanedu niega tajantemente que la disminución de la presencia de las ONG en la zona de búsqueda y rescate vaya a producir un descenso de las salidas desde Libia y de las muertes. Es decir, desmiente una de las principales acusaciones que pesan sobre las organizaciones humanitarias, la de incentivar con sus embarcaciones que los migrantes se echen al mar.

En lo que va de año, al menos 594 han muerto en la ruta migratoria más mortífera del mundo. La peor tragedia del año, que se cobró al menos cien vidas, se produjo cuando no había ONG de rescate en la zona. Desde el primer cierre de puertos, los obstáculos fuerzan a los barcos humanitarios a alejarse de la zona de rescate durante días, algunos bloqueados en puerto, otros obligados a abandonar sus actividades, desalentadas por el aumento las restricciones. Como resultado, en estos momentos, solo cuatro misiones humanitarias de rescate se mantienen operativas. La última en retomar su actividad y poner rumbo al mar ha sido la alemana Lifeline, que el lunes socorrió a cien personas. En mayo de 2017, poco después del acuerdo con Libia, había nueve organizaciones operando en aguas fronterizas.

En lo que se refiere a Europa, entre 2015 y mayo de 2019, al menos 158 personas han sido investigadas o procesadas en 49 casos por ofrecer asistencia humanitaria a migrantes y refugiados a lo largo de 11 países, con Grecia a la cabeza, según ha documentado la Plataforma Social de Investigación sobre Migración y Asilo. Entre ellas están la activista española Helena Maleno, cuya causa terminó siendo archivada por la Justicia marroquí o los tres bomberos andaluces de Proemaid que fueron finalmente declarados inocentes de un delito de tráfico por participar en tareas de rescate de refugiados.

La conclusión final del experto independiente es tajante. “Es imperativo que los Estados y otros interesados redoblen sus esfuerzos por abordar, de manera mucho más eficaz, las cuestiones y las dificultades” a las que se enfrentan quienes prestan asistencia humanitaria a las personas en situación administrativa irregular. Chabíanedu exige a los Gobiernos tomar medidas para poner fin a este fenómeno, como incluir “cláusulas” en las leyes de lucha contra el tráfico de personas “en las que se aclarara lo mejor posible que las personas y los grupos que prestan asistencia humanitaria a los migrantes no deben ser penalizadas ni reprimidas por dichas leyes”.

Para ello pone de ejemplo Francia y la resolución del Tribunal Constitucional, que concluyó que el agricultor Cedric Herrou no era culpable de haber introducido ilícitamente migrantes en el país, “ya que había obrado con arreglo a los principios de la fraternidad (es decir, de la solidaridad)”. “Esta resolución es sumamente instructiva y progresista”, asevera el letrado. El experto insta a los países de la Unión Europea modificar la Directiva 2002/90/CE, también conocida como “directiva de facilitación”, que define la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, “para que su cláusula humanitaria sea obligatoria para todas las partes sujetas a ella”.