El Consejo de Europa exige a España la libertad de los presos políticos, la vuelta de los exiliados y el fin de la represión.

El pasado 21 de junio la Asamblea del Consejo de Europa aprobaba por una aplastante mayoría el informe que emana de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. El informe salía adelante con 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones. Las enmiendas que habían sido presentadas tanto por el PSOE como por el PP, siguiendo la petición que hicieron tres de las cuatro asociaciones de jueces, fueron tumbadas con contundencia. Siguiendo la petición expresa que hicieron estas asociaciones de jueces, tanto el PSOE como el PP, habían planteado enmiendas que pretendían suavizar el texto del informe y, sin embargo, no consiguieron que ninguna saliese adelante.

El texto, según Beatriz Talegón, en Diario 16, es contundente: exige la modificación del Código Penal español, que no se judicialice la política, que no se persiga a nadie por sus ideas políticas, incluso aunque pueda haber un delito de desobediencia, que se ponga en libertad inmediatamente a los presos políticos catalanes, que se permita volver a los exiliados y que se aborde la cuestión catalana desde la dimensión política. La resolución reclama al Gobierno de Pedro Sánchez no solo que conceda el indulto o libere a los políticos condenados por organizar el referéndum “inconstitucional” del 1-O y las manifestaciones masivas posteriores, sino que “abandone el proceso de extradición” contra el expresident Carles Puigdemont y el resto de políticos catalanes, que “viven en el extranjero” y que son objeto de una orden europea de detención y entrega, y que reforme las disposiciones sobre el delito de sedición y rebelión.

Uno de los elementos que más han escocido a populares y socialistas, que han visto rechazadas todas las enmiendas votadas durante el pleno, incluidas aquellas en las que pedían eliminar la recomendación sobre las euroórdenes, es que el informe elaborado por el socialista letón, Boriss Cilevics —que lleva como título ¿Se debería perseguir a los políticos por las declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?— vincula la situación en Turquía y en España. Según el ponente, que ha calificado de desproporcionadas las largas penas de prisión contra los políticos del 'procés', la inclusión de ambos países en el documento se adoptó antes de su mandato.

La resolución reclama a las autoridades españolas “reformar las disposiciones penales sobre (los delitos de) rebelión y sedición” de forma que “no permitan reinterpretar la despenalización de la organización de un referéndum ilegal, pretendida por el legislativo cuando abolió este delito específico en 2005, o dar lugar a sanciones desproporcionadas para transgresiones no violentas”. El punto que más polémica ha generado, sin embargo, ha sido la petición al Gobierno de que considere “indultar o liberar” a los políticos encarcelados y abandonar los procedimientos de extradición.