La Oirescon vigila la contratación pública y alerta de “represalias” contra denunciantes de fraude.

 

El hecho de que los denunciantes de casos de corrupción sufran “represalias” es una “realidad existente”. La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la legalidad en la contratación pública, sugiere que se adopten las medidas de protección necesarias, puesto que un gran número de denunciantes son los propios funcionarios de la administración, así como proveedores o subcontratistas.

La Oirescon asevera que “resulta clave el reconocimiento de la realidad existente en el sector” en cuanto a los denunciantes que ponen en conocimiento de las autoridades los posibles casos de corrupción o ilegalidades en la contratación pública y que sufren represalias por su actuación. Por eso considera imprescindible que se adopten las “medidas de protección” necesarias sobre el denunciante para evitar una respuesta negativa por parte de las instituciones. La oficina que vigila la contratación pública se basa en la experiencia adquirida por la Red estatal de Oficinas y Agencias de Prevención y Lucha contra el Fraude para hacer la recomendación. En concreto, recomienda que se implemente a todos los efectos la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, un documento de 40 páginas que recoge las medidas más eficaces para evitar las represalias contra los denunciantes, conocidos en inglés y en términos coloquiales como whistleblowers.

De las 130 notificaciones que los denunciantes trasladaron a lo largo de 2020, 39 se centraron en irregularidades en la adjudicación del contrato, frente a las 28 que hubo por supuestos fraccionamientos indebidos y las 22 por incidencias en la ejecución del contrato. Las oficinas contra el fraude también recibieron alertas por supuestos sobrecostes, irregularidades en el pliego, ausencia de contratos, vulneración normativa, tratos a favor de empresas, conflictos de interés y tráfico de influencias.

El informe de la Oirescon recoge una serie de recomendaciones para la lucha contra la corrupción en la contratación pública. Entre otras, que se eviten las dilataciones “indebidas” y “desproporcionadas” en las investigaciones de las denuncias o que las agencias antifraude y las instituciones públicas establezcan un “contenido común mínimo” de formación a los funcionarios. Y que se dé un mayor protagonismo a las decisiones adoptadas por el Consejo Asesor de Lucha contra el Fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, que el Gobierno impulsó en marzo de 2019. Todas las consideraciones forman parte del módulo cuarto del Informe Anual de Supervisión 2021, centrado en “la prevención y lucha contra la corrupción en la contratación pública”. La Oirescon considera que para cumplir de forma eficaz sus objetivos asignados debería contar con una plantilla de 40 empleados, pero, de acuerdo a las últimas actualizaciones de su personal, apenas cuenta con 15 trabajadores entre sus filas.

La oficina que vigila la contratación pública alerta de "represalias" contra denunciantes de fraude