Francia tampoco quiere a más inmigrantes ilegales.

Las CRS.

Creadas en 1944, las CRS (Compagnies Républicaines de Sécurité) fuerzas antidisturbios y reserva general de la Policía Nacional Francesa, se encargan del restablecimiento del orden. Su papel represivo y el abuso de la fuerza provocan fuertes críticas. Las medidas propuestas por Xavier Darcos, ministro de Trabajo galo, contra la violencia en las escuelas permiten interpretar la escena de esta fotografía, según la cual el Director de la Seguridad Pública de Gironde, señor Doutre, detuvo el martes pasado a un niño de seis años y a su primo, de diez, sospechosos de haber robado una bici. Seis policías de la CRS condujeron a los “delincuentes” a la Comisaría, en donde fueron escuchados cada uno más de una hora. El razonamiento policial es sencillo: Qui vole un œuf vole un bœuf. Et qui emprunte un vélo à six ans, assassine son prochain à vingt-six. (Quien roba un huevo, roba un buey. Y quien quita una bici a los seis años, asesina a los veintiséis).

Con el Gobierno de Nicolas Sarkozy, la Francia líder de los derechos humanos se ha vuelto a convertir en un campo de concentración para inmigrantes. El anuncio de una ley que prevé el cierre de empresas que contraten o empleen a inmigrantes indocumentados ha dado el pistoletazo de salida. La iniciativa del ministro de Trabajo ha sido inmediatamente secundada por el ministro de Inmigración, el belicoso Eric Besson. El texto de la nueva ley, según ambos ministros, estará listo en pocas semanas y dará poder a los prefectos franceses (delegados del Gobierno) de cada provincia para clausurar establecimientos que se sirvan de este tipo de inmigrantes.

“Si se demuestra –precisa Darcos– que la empresa en cuestión basa su actividad en el empleo de trabajadores sin papeles o sin permiso de trabajo, se cerrará. Los trabajadores indocumentados serán indemnizados. Igualmente, los que, debido a su situación, deban ser repatriados”. La ley prevé sanciones y multas para las empresas que subcontratan a otras con trabajadores sin papeles, fenómeno corriente en el sector de la construcción en Francia. El Gobierno estima que el trabajo de los inmigrantes indocumentados constituye el 4% del producto interior bruto (PIB), esto es, 60.000 millones de euros, una cantidad equivalente al presupuesto anual de Educación.

Desde hace seis semanas, un grupo cada vez más numeroso de inmigrantes irregulares, que ya llega a 5.000, se ha declarado en huelga, plantándose y manifestándose en los restaurantes y obras de edificios donde trabajaban, a fin de reclamar su regularización. El Gobierno de Sarkozy ha tomado en los últimos meses algunas medidas de gran repercusión en la materia: desmantelamiento en septiembre de los campamentos improvisados de inmigrantes en Calais, expulsión posterior en avión de varios inmigrantes sin papeles y lanzamiento de un debate sobre la identidad nacional francesa, en el que tiene un papel predominante la integración de los extranjeros.

Los sindicatos desconfían de la medida y la califican de inservible. La oposición ha cargado contra ella. La primera secretaria del Partido Socialista francés, Martine Aubry, ha reclamado, en vez de esa ley, una regularización amplia de inmigrantes indocumentados, que en Francia, según cálculos del Gobierno, son más de 300.000. El eurodiputado socialista Vincent Peillon coincide con Aubry: “Para que Francia sea fiel a la imagen que tiene de luchadora por la libertad y de país que enarbola los derechos humanos, creo que hay que acoger a esa gente”. Pero Sarkozy está dispuesto a no aceptar “nunca” una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular pues sería un “error trágico” y además “contrario a los valores de la República” francesa.

Recomendamos la lectura del capítulo de hoy “Los sin papeles”, de la novela de Santiago Miró: El meteco, Ben Azibi. (Pinchar en Antología de Relatos)