Manifiesto contra el retroceso de las libertades.

Mayor Zaragoza, Évole, Wyoming y Gemma Nierga, entre los apoyos a un manifiesto contra el retroceso de las libertades. 

Un manifiesto impulsado por la federación de ONG de paz, derechos humanos y cooperación Lafede.cat, con respaldo de unos 200 periodistas (entre ellos, Évole, Wyoming y Gemma Nierga), personalidades del mundo de la cultura, sindicatos y movimientos sociales, exige la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza') y la “limitación” del uso de la prisión provisional. El texto fue presentado el pasado miércoles en Barcelona y, con el título 'Derechos y libertades', muestra la “preocupación por la escalada en el uso de instrumentos judiciales que, en el marco de un sistema político democrático, persiguen silenciar la crítica” tras la reforma del Código Penal. El manifiesto destaca que, pese a tener “opiniones diversas sobre muchos aspectos de la actualidad política”, comparten una inquietud ante hechos que cercenan derechos y libertades fundamentales, como la sentencia al rapero Valtonyc, el caso del libro 'Fariña', la retirada de una obra en la feria ARCO y la prisión preventiva de los jóvenes de Altsasu y de los dirigentes de entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En la presentación, Tere Palop, vicepresidenta de Lafede.cat, y Jordi Armadans, director de Fundipau, resaltaron el carácter unitario del manifiesto y que haya personalidades con sensibilidades políticas diferentes, así como un importante número de firmas de artistas del Estado.

Entre los firmantes del texto hay músicos como María del Mar Bonet, Paco Ibáñez, Raimond; editores como Jorge y Silvia Sesé; escritores como Rosa Regàs, Manuel Rivas, Elvira Lindo, Llucia Ramis; pintores e ilustradores como Frederic Amat, Javier Mariscal y Juanjo Sáez; periodistas como Ignacio Escolar, Gemma Nierga, Ana Pardo de Vera, Edu Galán, Toni Soler, Arturo Valls, Jorge Javier Vázquez; la deportista Natalia Via-Dufresne; los filósofos Xavier Antich, Jordi Amat, Marina Garcés, Pere Portabella; catedráticos en derecho Javier Pérez Royo y Joan J. Queralt y gente del cine y del teatro como Montxo Armendáriz, Ventura Pons, Antonio de la Torre, Leticia Dolera, Quim Masferrer, Juan Diego Botto… También se adhirieron sindicatos, ONG y movimientos sociales

La periodista y escritora, Llucia Ramis asegura que “cuantas más acciones se hagan, más gente se concienciará”, y considera que es imposible no firmar este manifiesto que pide la recuperación de derechos y libertades, huyendo de cualquier adscripción política. El músico Marc Parrot asegura que existe más gente a favor de la que firma, pero que hay miedo a ser colocados en un determinado saco, a lo que la cantante Marina Rossell añade que es verdad que “hay miedo, pero también indignación” por lo que está ocurriendo.  “Nos inquieta -dicen los firmantes- que, cada vez más, personas de todo tipo (periodistas, humoristas, tuiteros, sindicalistas, artistas, maestras, informáticos, activistas, raperos, mecánicos, etc.) estén siendo investigadas o condenadas por acciones u opiniones que constituyen un libre ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación. Vemos con preocupación la criminalización del activismo por los derechos humanos, como es el caso de la periodista Helena Maleno en su trabajo en la Frontera Sur, o otros casos ocurridos en Italia o Grecia, y todo ello en un contexto de políticas racistas con la población migrante y refugiada. Consideramos totalmente injustificadas e innecesarias, situaciones de prisión preventiva como las sufridas por los jóvenes de Altsasu o por Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y la de los representantes de las instituciones catalanas. Hemos visto con preocupación las sentencias de prisión para el rapero Valtonyc o el grupo de La Insurgencia, el secuestro del libro ‘Fariña’ o como ARCO retiraba una obra de arte por su contenido político. Este último ejemplo, por cierto, es un síntoma inquietante del clima de autocensura ‘preventiva’ que se puede generar si se continúa con esta dinámica general de represión.

“Nos alarma la facilidad con la que se pretende forzar la realidad, tipificando muchas acciones como delito de odio, de sedición, de rebelión o de terrorismo entre otros. Nos asusta que, además de la represión ejercida en cada caso, con todas estas situaciones se intente y consiga minar la capacidad de la ciudadanía para, organizada colectivamente, transformar realidades sociales por medios pacíficos. Consideramos que la libertad de opinión y expresión, la libertad de manifestación, el derecho a la protesta no-violenta, etcétera, son derechos humanos fundamentales que deben ser preservados para una buena salud democrática. Por consiguiente, manifestamos nuestra preocupación por esta escalada en el uso de instrumentos judiciales que, en el marco de un sistema político democrático, persiguen silenciar la crítica y exigimos la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la limitación del uso de la prisión provisional”.