El Gobierno cambia de política judicial en cuatro días.

El Juez Llarena.

Hace una semana, el Ministerio de Justicia no asumía la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena por la demanda civil presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y los ex consellers Meritxel Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig, en la que le acusaban de falta de imparcialidad por unas declaraciones realizadas en febrero, que consideraban ofensivas para su “honor” y su “integridad política y moral” y que vulneraban la presunción de inocencia. El departamento que dirige Dolores Delgado aseguraba que no asumiría “en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen”. No obstante, decía que se personaría ante la Justicia belga “si, en el momento de admitir a trámite la demanda” la autoridad judicial belga “menciona entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España” contra el expresident y los exconsellers o si se cuestionaba la instrucción seguida en España en relación al proceso soberanista catalán.

El Ministerio de Dolores Delgado anunció que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la justicia belga pero que “en ningún caso” ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por “actos privados que se le atribuyen” en la demanda promovida por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros. Sin embargo, todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), se adhirieron al comunicado en defensa del instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Un comunicado que fue igualmente firmado por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Sin embargo, el domingo por la tarde, en una nota de prensa, se hablaba ya de la contratación de un despacho de abogados belga para velar por los intereses de Pablo Llarena, quien había sido convocado a personarse el próximo día 4 ante el tribunal de Bruselas.  No hubo cambio de postura ni rectificación, explicó la ministra Dolores Delgado el lunes en RNE. “Hemos actuado con transparencia al margen de cualquier intoxicación interesada”, añadía. Delgado aseguró que el Ejecutivo le defendería “hasta las últimas consecuencias”. Delgado hizo hincapié en que solo había habido un estudio de cada una de las acciones para realizarlas “bien”, y entendió que las asociaciones de jueces y fiscales y los ciudadanos hubieran planteado sus dudas.

Pedro Sánchez zanjó el debate sobre la defensa de Llarena: “No es una cuestión privada, es una cuestión de Estado”. El Ejecutivo respondía así a la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales que pidieron que el Gobierno asumiera la defensa de Llarena, tras acusarle de “dejación de funciones”. Según destaca el diario 'El País', la presión de jueces, fiscales y oposición forzaron a La Moncloa a salir en defensa del juez Llarena. Los juristas pasaron a la ofensiva contra Bélgica al no fiarse del Gobierno en su defensa del juez Llarena. La mala traducción de las palabras del juez Pablo Llarena en la demanda civil de Carles Puigdemont será el primer argumento que utilice el ministerio.

Por su parte, el abogado, Enrique Santiago, secretario general del PCE, se mostró en Cuartopoder muy crítico con el Gobierno. “Que el Gobierno defienda a Llarena -dijo- cuestiona la independencia judicial belga”. Podemos criticó que el Estado pague la defensa de Llarena por declaraciones “de su ámbito privado” Y Pablo Echenique aseguró que “cuando uno renuncia a hacer política y se esconde detrás de jueces y fiscales” pasan “cosas tan absurdas como estas”.