Más de 140 catedráticos y profesores de universidad protestan por la exclusión de mujeres en el Supremo.

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Un total de 142 catedráticos, profesores y líderes de asociaciones jurídicas europeas, pertenecientes a más de 30 universidades de toda España, entregaron el jueves una carta al Consejo General del Poder Judicial en la que protestan por la política de desigualdad en la que incurre este órgano constitucional al excluir en sus votaciones a candidatas juristas para las plazas de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo. El origen de la protesta comenzó cuando, en los últimos nombramientos del CGPJ entre los candidatos para las tres plazas se presentaron once mujeres, pero la Comisión Permanente eligió a ocho hombres y una sóla mujer para la votación final, aunque había candidatas con mayores o iguales méritos que los elegidos.

En la carta se denuncia que la Sala para la que esta catedrática optaba –la de lo Civil –está compuesta por ocho hombres y una mujer. Se dice en la misma que, de las cinco Salas del Supremo, sólo hay 15 mujeres de un total de 76 magistrados y ninguna de ellas preside una sala o sección. Los catedráticos y profesores recuerdan que la Ley de Igualdad de 2007 garantiza el principio de igualdad de trato y oportunidades en la promoción profesional, y establece que los poderes públicos están obligados a adoptar “medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad”. Reprochan asimismo que el CGPJ no haya tenido en cuenta el informe de Naciones Unidas de 2015 en el que destaca que, a pesar de que hay tantas juezas como jueces en España, “el número real de mujeres en los niveles más altos de la judicatura sigue siendo sumamente bajo”. Por ello, la ONU recomienda “que el Estado aplique medidas especiales de carácter temporal para lograr un equilibrio de género en la administración pública, en particular en los niveles más altos de la judicatura”.

En la carta, los catedráticos y profesiones consideran que los “incumplimientos” del CGPJ en materia de igualdad ponen de manifiesto “que una sociedad más justa e igualitaria, reclamada por nuestra sociedad y por el propio ordenamiento jurídico, sólo se logrará cuando entre los magistrados del Tribunal Supremo, así como otros muchos órganos jurisdiccionales, exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres, debiéndose adoptar –en su caso– las medidas de acción positiva que sean precisas en la configuración de las ternas propuestas al CGPJ”. España, recuerdan los firmantes, es el país con menos magistradas del Supremo en toda la UE.