“Juan Carlos de Borbón… un rey a la fuga”.

Mediante un comunicado remitido a la redacción de Canarias-semanal y publicado el pasado viernes, el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) se pronunciaba sobre la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de investigar el (presunto) cobro de una comisión ilegal de 100 millones de euros por parte del rey emérito, Juan Carlos Borbón, procedente de Arabia Saudí.

“Por fin –apuntaban– la Fiscalía del Tribunal Supremo empieza a enterarse de lo que es una convicción general en toda la opinión pública, nacional e internacional. Parece que, en esta ocasión, que no es la única, en la que Juan Carlos de Borbón ha metido la mano, el empuje de un fiscal Suizo, que tiene alguna documentación facilitada por alguna amiga del Rey Emérito, ha obligado al apresurado movimiento del Fiscal del Supremo, para tratar de evitar que una vez más quede en evidencia la complicidad de la Justicia española”. Desde el PCPE destacaban, igualmente, las publicaciones que apuntan que el ex monarca tendría todo dispuesto para trasladarse a vivir a una lujosa residencia en la República Dominicana. “Un Rey a la fuga –escribía A. Ramírez– sería como dar continuidad a una vieja tradición de la familia de los Borbones, y este parece ser un escenario cercano a día de hoy”.

Desde el PCPE denunciaban que la historia del rey emérito es “la de un Jefe de Estado que no solo se instaló en el poder bañado por la sangre de la represión del tirano Francisco Franco, sino que, en el ejercicio de sus funciones, protagonizó todo tipo de escándalos que los Servicios Secretos le tapaban una y otra vez. Juergas de todo tipo, amantes amenazadas por los aparatos del Estado cuando trataron de contar sus aventuras, golpes de Estado y un largo etcétera jalonan la historia de su Jefatura durante casi cuarenta años”. “Una actuación –añadía– en la que no ha hecho más que dar continuidad a la a las tradiciones más arraigadas de sus antecesores, con ejemplos tan representativos como Felipe V o Fernando VII, que manejaron este país como finca propia, en la que robar, asesinar o mantener a una corte de vividores, cortesanas y parásitos, era lo más normal en la vida”.

“Si este país fuera una democracia –afirmaba– y con la contundente evidencia de los hechos (no solo estos últimos, sino también todos los anteriores), ya habrían faltado minutos para dictar una orden de prisión preventiva ante el alto riesgo de fuga del ladrón. Pero este país no tiene un sistema democrático ……, ni de lejos. “Por eso –defienden desde la organización comunista– hay que seguir con la lucha y con la movilización social, para exigir el procesamiento y la prisión inmediata para Juan Carlos I, por este robo y por todos los anteriores. También para no dejar el trabajo a medias, lo mismo para su cómplice Felipe VI. Es el momento del pueblo organizado para exigir que se haga justicia y se le condene junto a todos los sicarios con apellidos nobiliarios que han actuado como sus tapaderas durante todos estos años. Pero también –concluía– para forzar el exilio de toda la familia Borbón y exigirles que devuelvan todo lo que nos han robado y para crear la condiciones que permitan llegar a proclamar la República Socialista que lleve a la clase obrera al poder y, sobre la base de un nuevo proyecto histórico de Estado,  resolver en la práctica el problema territorial de España al reconocer el derecho a la Autodeterminación de los pueblos”.

Pese a todo, el lunes se conocía un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que avalaba el rechazo en base a la “inviolabilidad” constitucional del monarca. Y el martes, el PSOE, PP y Vox tumbaron, una vez más (la tercera en esta legislatura), la investigación sobre las finanzas del rey emérito, Juan Carlos I con el único voto favorable de Unidas Podemos. Pese a ello, las supuestas irregularidades ya son objeto de investigación en los tribunales suizos.