viernes, 10 de agosto de 2012

El Gobierno amenaza y chantajea a Facua por sus críticas a los recortes.


El portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, durante la rueda de prensa en la que denunció el chantaje y las amenazas del Gobierno.




Una de las más antiguas y combativas asociaciones del país, denunciaba hace unas semanas una carta firmada por Pilar Farjas, presidenta del Instituto Nacional de Consumo y secretaria general de Sanidad, en la que le advertía que Facua, podía perder su condición de asociación si persistía en sus críticas a los recortes en sanidad y educación aprobados por el Gobierno del PP. Para Facua, la carta era “una grave amenaza” en la que el ministerio de Ana Mato amenazaba con tomar represalias contundentes. Y convocó de inmediato una junta directiva extraordinaria para el próximo lunes, 13 de agosto, ante el intento de “ilegalización” de la organización. “El Gobierno quiere ilegalizarnos por luchar contra los recortes –alega en un twitter–. Únete a nosotros”.

Pilar Farjas afirmaba: “Las campañas emprendidas por Facua no guardan relación directa con los fines que han de perseguir las asociaciones de consumidores y usuarios”. Desgranaba una serie de reproches por la campaña a “la huelga de consumo”, lo que constituía para ella “una extralimitación”. Otorgaba a Facua un plazo de quince días para que retirase de su página web las campañas mencionadas e instaba a la asociación a “abstenerse en el futuro de realizar cualquier otra actuación que no se corresponda con los fines que le son propios. En caso de incumplimiento –concluía la carta, se procederá a decretar la pérdida de condición de asociación de consumidores y usuarios y su exclusión del Registro Estatal”.

Facua denunciaba, bajo el epígrafe “lucha contra loa abusos”, los recortes en la enseñanza pública, la reciente subida del IVA, el medicamentazo o los engaños financieros... Y recordaba, en sus más de 30 años de historia, que ninguna empresa ni ningún gobierno ha sido capaz de callarnos. “Hemos recibido amenazas, hemos sufrido discriminación, incluso hay quien ha intentado comprarnos. Pero aquí seguimos, con nuestros valores intactos y más fuertes que nunca. Porque cerca de 100.000 socios y millones de ciudadanos que confían en nosotros nos arropan”. La crítica a los sucesivos gobiernos que ha tenido España, desde los de Felipe González, José María Aznas. J. L Rodríguez Zapatero y el de Mariano Rajoy provocó “que nos redujesen las subvenciones públicas a las que constitucionalmente tenemos derecho, en favor de otras organizaciones menos molestas, dóciles e incluso plegadas al poder. Es el precio de la independencia”.

Facua reconoce que al actual Gobierno no le gusta “que emprendamos esas acciones”. Pero advierte que, si es muy grave que un Gobierno deje de un lado a los ciudadanos, favoreciendo los intereses de empresas que abusan de ellos, mucho más grave resulta que intente silenciar a una de las organizaciones que los representa, por el hecho de ser crítica. Por eso insiste en que “ningún Gobierno va a prohibirnos que defendamos a los consumidores. Es nuestra obligación moral hacerlo”. La respuesta de FACUA no se ha hecho esperar y por boca de su portavoz, Rubén Sánchez, ha manifestado su intención de no cambiar “ni un ápice” su actuación en defensa de los usuarios de la sanidad, la educación pública, o en relación con el acceso a la justicia y la subida del IVA. Rubén Sánchez exige a Pilar Farjas, a la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, y al Gobierno en general una “rectificación” de la carta, que es un “insulto a la democracia, a la libertad de expresión y de asociación”, y asegura que no darán marcha atrás en esas campañas que “han escocido” al Gobierno. Reconoce que la exclusión de dicho registro le supondría dejar de percibir subvenciones del Ministerio de Sanidad, pero asegura que “no tienen ningún miedo” porque, aunque les hará daño, “no nos hundirá”, ya que la supervivencia de Facua “no depende de las subvenciones” sino que también se sostiene con las cuotas de sus socios. Y señala que es la primera vez que una organización ciudadana sufre “amenazas y chantajes” por criticar al Gobierno.