viernes, 17 de agosto de 2012

Mercadona y SAT: ¿Quiénes son los ladrones?


Juan Roig, presidente de Mercadona.




Coautora de “Supermercados, no gracias” (Icaria Editorial) y miembro del Centre d’Estudis sobre Moviments Socials (CEMS) de la UPF (Universitat Pompeu Fabra), Esther Viva publica en Público un interesante artículo titulado “Mercadota y SAT ¿Quiénes son los ladrones?”. Dice, entre otras cosas: “Sacar de un supermercado nueve carros de la compra con productos alimentarios de primera necesidad sin pasar por caja para dárselo a quienes más lo necesitan parece ser constitutivo de delito; vulnerar derechos laborales, pagar un precio de miseria a los productores agrícolas y acabar con el campesinado local… queda impune ante la Ley. Ésta es la conclusión que podemos sacar de la acción llevada a cabo por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, cuando el 7 de agosto entraron en dos supermercados, un Mercadona en Écija (Sevilla) y un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz), recogieron alimentos básicos, salieron del primero por la puerta sin pagar y se los entregaron a colectivos necesitados.

“Tras esta acción, el ministro de interior, Jorge Fernández Díaz, dio orden de ‘busca y captura’ para los sindicalistas que la llevaron a cabo, afirmando que ‘todos somos conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los medios’. Aunque para Fernández Díaz sí hay medios que son justificados por determinados fines. Los sindicalistas del SAT no pueden sacar alimentos de un supermercado para dárselos a quienes más lo necesitan, pero el gobierno del PP sí puede recortar la prestación de empleo, el salario de los funcionarios, subir el IVA… con el “hipotético” fin de “sacarnos de la crisis”. Está claro que lo que vale para unos, no vale para otros. Ahora, Mercadona ha presentado denuncia contra aquellos que llevaron a cabo dicha acción por, entre otros, ‘sustracción de comida’, pero es necesario preguntarnos aquí: ‘¿Quiénes son los ladrones?’.

“En el Estado español, tan solo siete cadenas de supermercados controlan el 75% de la distribución de comida: Carrefour, Mercadona, Eroski, Alcampo, El Corte Inglés y las dos principales centrales de compra mayoristas Euromadi. Nunca el mercado de la distribución de alimentos había estado en tan pocas manos que proporcionan un enorme poder a la hora de decidir qué comemos, qué precio pagamos, qué consumimos y cómo se produce. El monopolio ejercido por los supermercados y la presión a los agricultores ha conducido a una situación donde estos cada vez cobran menos por aquello que cultivan. Los precios en origen de los productos agrícolas han llegado a multiplicarse hasta por once en destino, según el sindicato agrario COAG. Y más del 60% del beneficio final del precio del producto se concentra en los supermercados.

“El modelo de distribución comercial de los supermercados conlleva también consecuencias negativas para quienes forman parte de su plantilla laboral. Los trabajadores de estos centros están sometidos a una estricta organización laboral neotaylorista, caracterizada por intensos ritmos de trabajo, tareas repetitivas y rutinarias, causantes de agotamiento, estrés y enfermedades laborales propias del sector. En lo que respecta a las condiciones contractuales, priman los bajos salarios y los horarios atípicos que generan en los trabajadores serias dificultades para conciliar su vida laboral con la social y familiar…

“Además Mercadona ha tenido varias sentencias contrarias, por despidos improcedentes y acoso en el trabajo durante los últimos años. Hoy, quien debería dar explicaciones frente a los jueces no son los sindicalistas del SAT con Juan Manuel Sánchez Gordillo a la cabeza, sino el propietario de Mercadona, Juan Roig, por las prácticas abusivas de Mercadona, que le han permitido amasar una de las principales fortunas del país, y, de paso, para dar explicaciones de los oscuros hilos que mueve tras las bambalinas de la política valenciana.

“La acción llevada a cabo por los sindicalistas del SAT puede ser ilegal, pero en el contexto de crisis aguda en el que nos encontramos es del todo legítima, mientras que precarizar las condiciones laborales puede ser, lamentablemente, legal pero no tiene nada de legítimo. Y cada vez son más las personas conscientes de ello. De aquí que, frente a la legitimidad y el apoyo a estas movilizaciones, la única opción del poder sea la represión y la criminalización. Solidaridad, pues, con aquellos que no se resignan y luchan”.