sábado, 5 de noviembre de 2016

Los recortes en violencia machista escondidos tras el minuto de silencio del Congreso.

Miembros del Grupo Parlamentario Popular durante el minuto de silencio.

El debate de investidura celebrado el pasado mes de octubre arrancó con un minuto de silencio por las 36 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. Horas antes de que Rajoy fuera investido presidente, el Congreso guardó un minuto en recuerdo de esas mujeres asesinadas. “La carga simbólica es importante –apunta Bárbara Tardón, consultora internacional y experta en violencia de género–, pero no podemos quedarnos ahí porque detrás debe haber una respuesta real”. Considerar el tema una prioridad y elevarlo a cuestión de Estado “debe especificarse en medidas concretas”. El pacto de investidura firmado en agosto por PP y Ciudadanos así lo contemplaba. En lo que no parecen estar muy de acuerdo es en el contenido del mismo.

La mayor parte de senadores de PSOE, Podemos y Ciudadanos no dieron el 'sí' a la iniciativa, que pretendía modificar el nombre por violencia machista –en vez de violencia de género–, crear un foro anual para mejorar la coordinación territorial, transferir recursos a las comunidades etcétera. El Grupo Socialista acusó entonces a los populares de “oportunismo político” y recordó que la formación conservadora fue la única que votó en contra de la moción presentada en el Senado por los socialistas en agosto de 2015 en los mismos términos. Los 146 votos en contra del PP sirvieron para tumbar la iniciativa.

El dinero que destina el Gobierno contra la violencia machista ha pasado en seis años de los 34,3 millones de ese año a los 25,2 que presupuestó para 2016. Lo mismo para el programa de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Los recursos destinados al programa de igualdad de oportunidades han disminuido, desde 2006, un 61%, al pasar de 50 millones de euros a los 19 presupuestados para el próximo ejercicio. Tardón señala el decreto 16/2012, que restringió el acceso a la salud a miles de personas sin residencia legal en España, como una de las grietas más pronunciadas de la lucha contra la violencia machista que sufren las mujeres migrantes. La normativa les retiró las tarjetas sanitarias, de modo que dejaron de tener derecho a la atención primaria, excepto los y las menores, las embarazadas y las urgencias. Con el paso del tiempo la mayoría de comunidades amplió la atención, pero las ONG denuncian la arbitrariedad del sistema y reflejan que muchas personas no acuden al médico por desconocimiento debido a que no se han hecho públicas unas directrices claras sobre el tema.

Ya en septiembre de 2015 el entonces ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, presentó como un logro el Convenio de Estambul en el balance que hizo en el Congreso sobre los diez años de la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, lo que no dijo el ministro es que, a pesar de que el Gobierno lo ratificara en junio de 2014, no ha sido todavía aplicado. Ha habido una declaración de intenciones por parte de todos los partidos políticos en aplicarlo. “Han tenido muchos años para hacerlo –denuncia Tardón–. Pero no ha habido una difusión real del convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer. Y el Gobierno ni lo nombra”. Entre las medidas de obligado cumplimiento que contempla incluye la ampliación de la ley de violencia de género a otras formas de violencia perpetradas contra las mujeres por el hecho de serlo. Y enumera: violencia sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzoso. En este sentido, lo mostrado por el Congreso en el minuto de silencio no son más que simples gestos para quedar bien.

Minuto de silencio contra el maltrato en el Congreso Europa Press