miércoles, 1 de marzo de 2017

El Congreso suprime la casilla de la Iglesia Católica en el IRPF, pero el Gobierno…


La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, propuesta por En Comú Podem, por la que se insta al Gobierno a suprimir progresivamente la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF y revisar los beneficios fiscales de los que disfruta la institución, en particular lo que respecta a la exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). El texto, que fue pactado con el PSOE y contó con el voto en contra del PP y Ciudadanos, pide que se aplique a la Iglesia una fiscalidad de carácter general a aquellos bienes de las confesiones religiosas que no estén afectos a un uso social no lucrativo. Y sugiere el establecimiento de mecanismos que permitan que las distintas subvenciones que reciban las confesiones religiosas se doten de nitidez y transparencia en el gasto.

El diputado que ha defendido la iniciativa, Josep Vendrell, asegura que “lo que no paga la Iglesia lo acaban pagando los ciudadanos, fieles o no fieles” por lo que considera la actual situación “una anomalía que crea una situación de privilegio hacia una confesión en un Estado declarado por la Constitución como aconfesional”. El portavoz en la comisión de En Comú Podem recuerda que “los privilegios de la Iglesia Católica son heredados del franquismo” y que se trata de un problema “no resuelto durante la transición”.

Pese a esta proposición aprobada, según la cual se suprime el 0,7 para la Iglesia y la obliga a pagar el IBI, el Gobierno del PP no piensa revisar la situación fiscal de la Iglesia católica, justificando que las peticiones aceptadas por el Congreso chocan con los acuerdos adoptados entre el Gobierno español y la Santa Sede. Al tratarse de acuerdos entre dos estados, el Gobierno insiste en que tienen rango de ley “y, por tanto, no pueden ser modificados por una simple proposición no de ley. Según fuentes del Ejecutivo, la decisión adoptada por el Congreso tan solo es “un mandato para que el Gobierno analice esta situación”. La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes asegura que pasará la propuesta del Congreso a los dos ministerios afectados: Hacienda y Justicia. Pero ninguno de los dos departamentos ministeriales podrá hacer prácticamente nada con la orden recibida por el Parlamento y Moncloa no prevé cambios sustanciales sobre la fiscalidad de la Iglesia católica.

Las relaciones económicas entre el Gobierno y la Iglesia están fijadas en el Concordato firmado por el Gobierno de Franco con el Vaticano en 1953. Las normas de ese acuerdo sufrieron variaciones con la llegada de la democracia pero, en esencia, continúan siendo económicamente muy rentables para la Iglesia. El acuerdo atribuye a la Iglesia el disfrute de “la exención total y permanente de la contribución territorial urbana” para templos, capillas, conventos, residencias de obispos, canónigos y sacerdotes y aquellos locales destinados a oficinas de la curia diocesana y a oficinas parroquiales. Es la segunda vez en apenas unas semanas en la que el Congreso aborda cuestiones fundamentales, relacionadas con las cuentas de la Conferencia Episcopal. El pasado 9 de febrero el PP votó en contra de ordenar al Tribunal de Cuentas que incluya a la Iglesia en la lista de instituciones a fiscalizar. La ausencia durante el debate de la antigua CiU impidió que el Parlamento aprobara la orden que, en este caso, se tendría que haber asumido como una obligación.