jueves, 6 de agosto de 2020

Error de España al enfocar su economía en el turismo y no en la producción de energía solar.



“España podría ser con diferencia la primera potencia del mundo en energía solar –lamenta el periodista Antonio Muator, colaborador en RNE3 y Nueva Revolución– ¿Os imagináis cuántos puestos de trabajos se podrían crear alrededor de esta industria? Pero no, preferimos abrir bares y hoteles”. La energía termosolar de concentración tuvo un notable crecimiento en España entre 2008 y 2013. Sin embargo, no se han construido nuevas centrales de ese tipo a partir de entonces.

Spanish Revolution recuerda que España es uno de los países de Europa con mayor cantidad de horas de sol, a lo que se unen los compromisos europeos en instalación de energías renovables, así como la conveniencia estratégica de disminuir la gran dependencia energética exterior y aumentar la autonomía energética. Pero no es un camino de rosas y ni el Partido Popular ni el PSOE han ayudado a convertir a nuestro país en puntero en el sector.

España fue en 2008 uno de los primeros países a nivel mundial en investigación, desarrollo y aprovechamiento de la energía solar gracias a una legislación favorable. Nuestro país fue ese año uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada del mundo, con 2708 MW instalados en un solo año.

Sin embargo, regulaciones legislativas posteriores de mano de PSOE y PP frenaron la implantación de esta tecnología. Estas modificaciones en la legislación del sector ralentizaron la construcción de nuevas plantas fotovoltaicas en años sucesivos, de tal forma que, en 2009, se instalaron tan solo 19 MW; en 2010 se instalaron 420 MW y en 2011, 354 MW. En enero de 2012 el PP aprobó el Real Decreto Ley 1/201224​ por el que se procedió a la suspensión de forma indefinida de los cupos del Régimen Especial de energía, es decir, los procedimientos de preasignación de retribución y de los incentivos económicos para nuevas instalaciones fotovoltaicas y demás energías renovables. En la práctica este RDL supuso que las nuevas plantas fotovoltaicas que no estuvieran inscritas en cupos no recibirán prima alguna, pero podrán vender la energía a precio de mercado.

Esta regulación supuso un freno al desarrollo de la energía fotovoltaica y agravó la crisis del sector renovable en España iniciada en el año 2010, cuando el anterior Gobierno socialista aprobó dos regulaciones: una que limitaba la percepción de primas hasta el límite del año 25 (RD 1565/2010, de 19 de noviembre) y la última, el 24 de diciembre de 2010, en la que se limitaba el número de horas susceptibles de pago, estableciéndose un recorte retroactivo de un 30% sobre lo garantizado anteriormente.

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