NEGRO SOBRE BLANCO: Vuelta al colegio con la pandemia al acecho: confusión, miedo e incertidumbre.

Los colegios se preparan para acoger en breve a sus alumnos.

Medio año después de que los alumnos abandonaran las aulas por la pandemia de la Covid-19, la semana pasada comenzaron los exhaustivos controles de seguridad e higiene, realizando, e incluso, en algunos casos, exigiendo el PCR a los alumnos y profesores. Gel hidroalcohólico en las entradas y salidas, mascarillas obligatorias y distancias de seguridad que obliga a disminuir el ratio de alumnos por aulas. Incluso las clases podrian seguirse por videoconferencia desde otras estancias de las facultas o directamente de forma online. Muchas medidas de seguridad que no han impedido las dudas y nervios de muchos padres y un descenso de hasta el 60 % de alumnos en algunos centros. “Lo peor que está pasando días antes del pretendido inicio del curso 2020-21 –comenta en Nuevatribuna.es Francisco Delgado, miembro del Consejo Escolar del Estado, presidente de CEAPA y coordinador del área de Educación de Europa Laica– , es haber sembrado la desconfianza, lo que está provocando cierto temor entre una gran parte de las familias, el alumnado y el profesorado. Ello es como consecuencia de informaciones contradictorias y falta de claridad, de no tener –de forma generalizada –los recursos adecuados para una apertura segura de los centros. Para que se tenga clara la enorme dimensión de este hecho es necesario indicar (de forma cuantitativa) que en España hay más de ocho millones de alumnas y alumnos en las enseñanzas no universitarias, de los cuales casi 5 millones están en las enseñanzas obligatorias (es decir en primaria y ESO). Alrededor del 65% asisten a centros de titularidad pública, el 30% están en la enseñanza privada concertada y el 5% en centros privados, no concertados. El alumnado de educación infantil de primer y segundo ciclo (enseñanza no obligatoria), son alrededor de 1,7 millones de niños y niñas de 0-3 y 3-6. De estos últimos, 1,3 millones –aproximadamente– asisten a centros de infantil y primaria, e, incluso, a centros privados, de enseñanzas completas. Aproximadamente, 1,5 millones representa el alumnado de bachillerato y de formación profesional. El número de centros escolares no universitarios es de unos 29.000, de los cuales algo más de 19.000, son de titularidad pública. Es decir que cerca de 10.000 son privados concertados y no concertados. Y en este caso que nos ocupa, más allá del debate enseñanza pública–privada, la atención sanitaria y la seguridad que ha de proporcionar el Estado se extiende a todo el alumnado, independientemente del centro al que asista.

Vuelta al cole y coronavirus al acecho.

Francisco Delgado nos aclara que la inversión y gasto total en educación es inferior al del año 2009, en casi 2.000 millones de euros. “Esa preocupante disminución global se ha cebado más con la enseñanza de titularidad pública, ya que ha habido trasvase de recursos de ésta a la enseñanza privada concertada. En términos PIB, la inversión global en enseñanza ha disminuido del 5% al 4’2% en estos últimos 10 años, es decir, cada vez estamos más lejos del 6% que se viene reclamando desde hace 4 décadas. Sin embargo, en ese periodo de tiempo, la financiación pública de la enseñanza privada ha crecido, pasando del 10’9% al 12’4% del gasto total. Lo que demuestra que ha habido un proceso progresivo de privatización de la enseñanza, que ha conllevado un aumento de la segregación, abriéndose, aún más, la brecha educativa y social. Con la pandemia aumentó la brecha, por falta de medios, perjudicando más a los sectores más desfavorecidos y, generalmente, al alumnado de los centros de titularidad pública, por ser a los centros donde –mayoritariamente– acuden estos alumnos y alumnas. En 2018 el abandono educativo temprano era el más alto de todos los países de la UE (casi un 18%), mientras que la media europea, se situaba en el 10,6%. Y, con una prolongada pandemia, la situación podría empeorar. Lo que habría que tratar de evitar, ya que recae sobre las familias más vulnerables”. Sobre el virus covid-19, Delgado ve algunas certezas, pero también muchas incertidumbres en cuanto a la transmisión comunitaria y su comportamiento junto a otros virus habituales, sobre todo en los niños y jóvenes. “Es cierto que la escuela no será el único foco de riesgo. Hay otros en el ámbito social y familiar. Pero la escuela será uno más y no están, a día de hoy, todavía muy claras las medidas higiénicas a tomar en cada situación. Incluso en algunos centros y casuísticas las dificultades van a ser extremas, sobre todo, porque los protocolos, estatal y autonómicos (con algunas excepciones) son imprecisos y no van acompañados de los medios necesarios a cada situación”.

“Estoy convencido –confiesa Delgado– de que, en marzo, cuando se dieron las clases por cerradas, como consecuencia del confinamiento general: primero, las autoridades educativas (estatal y de las CCAA) apenas tenían idea de las enormes carencias del Sistema (?), y, en segundo lugar, pensaban que en septiembre podrían abrir los centros con cierta normalidad y seguridad, ya que la transmisión del virus se habría reducido. Me consta que, desde hace más de cuatro meses, diversidad de colectivos, desde las asociaciones de madres y padres, sindicatos del profesorado, las mareas, etcétera, le han ido trasladando al Ministerio de Educación y FP y a las diversas Consejería propuestas y posibles soluciones para el inicio del curso. Pero, salvo honrosas excepciones, muchas han caído, por ahora, en ‘saco roto’. Y, si el proceso se hubiera desarrollado de otra forma, no estaríamos en esta situación de confusión e incertidumbres. Me da la impresión que, desde el poder político, no han tenido en cuenta que cada centro (público o privado) es ‘un micro-mundo’, de tal forma que influye el claustro, como el equipo directivo, sociológicamente, el barrio o, si es zona rural o urbana, si son centros de alta densidad o de muy baja densidad escolar, el tamaño y ubicación de los espacios y las aulas, si es un centro común o están experimentando algún modelo de innovación educativa, si es de infantil y primaria o es de secundaria y hasta la climatología influye. Tener esto en cuenta por parte de las instituciones sanitarias y educativas, es crucial para hacer las cosas lo mejor posible. Por ello se necesitan los medios adecuados a cada casuística, flexibilidad en los protocolos, fomentar mucho el diálogo en el seno de la comunidad educativa y, sobre todo, puesto que ha habido –hasta ahora– una cierta inacción política, ir paso a paso, aunque cueste más tiempo y esfuerzo. Desde luego, y por este orden, donde más habría que centrarse y apoyar… es, inicialmente, en los centros de infantil y primaria, después en los ámbitos y barrios de familias de mayor vulnerabilidad, también en aquellos centros de mayor densidad de alumnado y, por último, en los centros que, por sus características arquitectónicas y de espacios inadecuados, generen mayores problemas, para tomar medidas higiénicas y de distanciamiento. Y ahí los servicios de inspección educativa deberían de ser vitales”.

Una enfermera en cada colegio de España “no es un lujo, es una necesidad”. El Consejo General de Enfermería pide una “implantación real”.

Delgado nos advierte que se avecinan días muy difíciles, con cuarentenas, posible cierre de aulas y centros. Pide, por ello, paciencia y diálogo en el seno de la comunidad educativa y con las autoridades sanitarias y educativas. “Yo, personalmente, a la vista de las actuales circunstancias (a 31 de agosto), retrasaría la apertura presencial durante algunas semanas, allá donde sea necesario como ya están apuntando algunas CCAA y el comienzo de curso lo haría de forma muy escalonada. Comenzando, inicialmente, por los cursos más bajos, en los barrios de los sectores más desfavorecidos, en el ámbito rural y donde haya una baja densidad de alumnado. No pasa nada si se hace así, son circunstancias muy excepcionales. Así se va observando la evolución de las primeras aperturas y de la situación y extensión del virus, municipio a municipio, comarca a comarca. Hay que concienciarse de que va a ser un curso diferente y complejo. Todos los protocolos que, hasta ahora, se han hecho por parte del Ministerio y de las CCAA, tienen cosas válidas, pero también algunas lagunas y, en algunas cuestiones, muy poco realistas. Por ello habrá que implementarlos y adecuarlos a cada momento y circunstancia. Para ello habría que buscar la máxima complicidad posible de las instituciones sanitarias y de educación y de los servicios de inspección, con las organizaciones y sindicatos del profesorado, con los claustros, con las AMPAS y las familias y, en los ámbitos de secundaria y FP, también con las organizaciones estudiantiles. Es pertinente el acuerdo de que haya una persona (o equipo) de “referencia covid-19” en cada centro, siempre en consonancia y en cumplimento de la Ley de prevención de riesgos laborales y en permanente sintonía con las autoridades sanitarias y educativas. Por ello, sería muy necesario contar con personal especialista sanitario (de enfermería) en todos los centros. Cuestión que se venía exigiendo desde hacía años, por otros muchos motivos y que ya existe en algunas CCAA”.

Una profesora imparte una clase de matemáticas en el IES Simone Veil de Paracuellos del Jarama, Madrid.

Los protocolos sanitarios han obligado a los centros educativos a acometer cambios muy presentes en los claustros de profesores. Se trata de modificaciones que afectan a cuestiones más intangibles como el contenido de los temarios, las metodologías que se pueden ahora emplear y al papel de los docentes. Pau Rodríguez, en Eldiairo.es, cita los más importantes: “Más allá del acondicionamiento sanitario del centro, y del siempre problemático encaje de bolillos que supone la asignación de horarios, muchos centros adaptan estos días todo lo que envuelve sus programas pedagógicos. Y, en algunos casos, se le añade otro nivel de complejidad: debido a la falta de profesores para reducir ratios, los hay que han usado a docentes especialistas (los de Educación Física, de Música, de Inglés o de Arte) para asumir tutorías de nuevos grupos. Con lo que las horas impartidas de esa materia decaen o las pasa a asumir cada tutor. No ha ayudado nada a los equipos directivos que, tras elaborar cada comunidad autónoma su protocolo de vuelta a la escuela en julio, lo hayan endurecido a pocos días de la vuelta al colegio debido a los rebrotes. ‘Las medidas sanitarias –resume Paco García, secretario general de Educación de CCOO– están claras desde hace tiempo, y son incuestionables, pero las educativas están en el alero y vamos tarde. El ejemplo es que muchas escuelas, como las de Madrid, hoy no saben cuántos alumnos por clase tendrán’. Teresa Terradas, Coordinadora Pedagógica del centro educativo y profesora de Geografía e Historia, resume: ‘Son las que realmente necesitas para seguir progresando, las que, si no adquieres, te dejan cojo. Trataremos de poner énfasis en entender cuestiones como los ejes cronológicos o la comprensión lectora de textos históricos, más que en dar de forma exhaustiva contenidos sobre épocas concretas’. Han tomado esta decisión, conscientes de que hay que reforzar conceptos que los alumnos no pudieron aprender el curso pasado. También para que un posible confinamiento les coja con el temario adaptado”.

Xavier López. Escuela pública Octavio Paz

En un momento en que muchos colegios, pedagógicamente innovadores, defendían que las asignaturas no debían ser compartimentos cerrados, sino que debían mezclarse conocimientos, la epidemia obliga a impartir clase de nuevo en aulas burbuja. Pero nadie, según Pau Rodríguez en Eldiario.es, está dispuesto a renunciar a su proyecto educativo. “La mayoría los están repensando, y estoy convencido de que los centros van a encontrar la forma de seguir teniendo esa seña de identidad y ese sello educativo particular, aunque en la práctica puedan salir menos de excursión”, apunta García (CCOO). En el aire quedan también todas aquellas agrupaciones flexibles de alumnos que van más allá de lo que ahora es grupo burbuja. Desde aulas de refuerzo a materias optativas en la ESO, pasando por las aulas de acogida de alumnado recién llegado y que no conoce el idioma. “Entendemos que no se van a hacer”, dicen desde CCOO. En la práctica, hay casuísticas muy diversas. Institutos como el Intermunicipal del Penedès o el Poblenou han optado por suprimir algunas optativas, mientras que otras dejan de ser de libre elección y se incorporan al horario de cada grupo. Es decir que, si antes los alumnos podían escoger cada trimestre entre múltiples opciones, como hacer un huerto urbano, ornitología, resolución de problemas matemáticos o iniciación al francés, ahora será el colegio el que decidirá por ellos. En cambio, en el instituto Guerrero de Madrid han decidido justo esta semana que intentarán que las optativas correspondan solamente a dos grupos burbuja, que alternarán clases presenciales y a distancia para no coincidir en un mismo espacio físico. Y, cuando esto no sea posible, se hará todo a distancia. Xavi Salvador, jefe de estudios de la concertada Escola Pia de Mataró (Barcelona) asegura que, precisamente, debido al confinamiento, su claustro ha aprendido a programar unidades de forma más conjunta (mezclando asignaturas y conocimientos). Y esto, el trabajo más “globalizado” –apunta Salvador– es algo que quieren preservar e impulsar este curso, ahora de forma presencial. “Excepto educación física, todo será trabajo globalizado, no habrá propiamente ni música, ni inglés, ni mates… La epidemia ha acelerado este proceso que nuestro proyecto ya contemplaba para más adelante”, relata Xavier López, director de la Escuela Pública Octavio Paz, de Barcelona. En vez de asignaturas, han consolidado lo que llaman franjas (ordenadas según competencias y proyectos más transversales). Lo que más le preocupa es que solo le ha llegado un maestro de refuerzo por la COVID-19. “Lo han hecho fatal”, se lamenta López quien denuncia que, precisamente los colegios de entornos más desfavorecidos, como por decreto ya tienen una ratio más reducida en Catalunya, han recibido menos refuerzos extra esta vez. “Estoy luchando para que me den media dotación más. Colegios públicos y concertados con más alumnos les han dado más. Conozco algunas que han recibido tres”, se queja dicho director.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid sostiene, según Nacho Caballero en ElPlural.com, que “el problema no es el colegio, sino todo lo contrario”. Asegura que los centros educativos van a ser “lugares muy seguros” y que “hemos bajado las ratios y hemos priorizado la educación especial porque tienen algún tipo de discapacidad y sus padres lo están pasando realmente mal”. “Mientras sea presidenta –zanja–, la Educación Especial va a ser mi niña bonita”. Ayuso aventura que los rebrotes estarán controlados en las aulas y, en el caso de que un niño se contagie, se hará la prueba PCR a toda la clase y “quien dé positivo se pondrá en cuarentena. Ese alumno podrá seguir las clases por streaming, con el refuerzo de un tutor, y cuando termine la cuarentena volverá al aula”, avanza la jefa del ejecutivo regional, quien sentencia que “no se puede dejar a una generación entera sin acudir a clase otra vez. No se puede parar el país, pero tampoco la capital del mismo”, asevera. “Desde el mes de mayo, estuve recordándole al Gobierno qué se iba a hacer con Barajas y la vuelta al colegio”, desliza Ayuso, acusando al presidente del Gobierno de “contraprogramarme” cuando se anunciaron las medidas del regreso a las aulas. La presidenta del ejecutivo regional recuerda que Madrid estuvo instalada varias semanas en fase 0 por “decisiones caprichosas” de un comité de expertos que “luego hemos sabido que no existía”. Además, ha hecho alusión al “coladero” de Barajas, cuando en uno de sus informes sólo ha supuesto el 0.2% de los contagios de esta semana en la región. Ayuso rechaza el confinamiento total porque tiene que ser “lo evitable. Estamos en jaque, pero los niños tienen que volver al colegio y estar con los chicos de su edad. Las familias más vulnerables no pueden tener a dos o tres niños en casa estudiando juntos y sin apenas medios”. Y subraya que busca la inspiración en la “escuela del pasado” con una relación más cercana y de autoridad entre “alumno y profesor. Por este motivo no necesito huelgas ni nada”, declara Ayuso.

Carlos Girbau Costa, concejal de Ahora Ciempozuelos, miembro del Observatorio de Renta Básica de Attac y amigo de Sin Permiso, escribe en Cuartopoder.es.

“Hubo que esperar hasta el 27 de agosto, a escasos días de la vuelta a los centros de estudio, para que una conferencia multisectorial de tres ministros (I. Celaá, Educación y Formación Profesional; S. Illa, Sanidad y C.; Darias, Política Territorial y Función Pública) y los consejeros de Sanidad y de Educación de las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.), acordara, con la abstención de la delegación de la C.A. vasca, el protocolo que establece los términos en los que los centros educativos pueden ser abiertos. El largo y formal título del documento podría hacernos creer que nos encontramos ante la norma que resuelve las dudas e inquietudes que asaltan a la inmensa mayoría de una sociedad a razón de casi 10.000 diarios. Transcurridos 6 meses del obligado cierre de la educación presencial debido al confinamiento, era ya chocante la inacción, la falta de previsión y la planificación de las administraciones (todas) ante el inminente regreso a las clases. La reunión de ese día le iba bien a todo el mundo político institucional. Por un lado, a un PP sin alternativa, como quedó de manifiesto en el encuentro de todo su poder autonómico celebrado el 26 de agosto. Por otro, a los gobiernos autonómicos que, a toda prisa, fueron estableciendo precarios protocolos de reincorporación a las aulas. También a la presidencia del Gobierno, que huía de su imagen de pasividad reprochada en agosto; incluso a Unidas Podemos que, poco antes de la reunión del consejo interterritorial, había señalado la falta de iniciativa de la ministra Celaá por no condicionar a la mayor contratación de profesores y de personal en los centros educativos los dos mil millones que, en mayo, el Estado puso al servicio de las autonomías para educación. UP tocó con ello un problema básico en toda esta situación, pero, lamentablemente, calló sobre universidades, la rama educativa que les compete directamente en el Gobierno de Coalición Progresista…Nada novedoso con respecto al documento del Ministerio de Educación del 22 de junio de 2020.

9.000 millones por causa de los recortes.

“La gran mayoría de la prensa –continúa Carlos Gistau– no pierde ocasión para ridiculizar en sus titulares las diferencias en el uso de la mascarilla, la ventilación de las aulas y la toma de temperaturas que existen en las distintas CCAA. Intentan con ello ganar el discurso hacia un aspecto concreto de la cuestión, que no del problema. La pandemia y el cierre de las escuelas de marzo, como ahora el número de contagios y sus zonas (los barrios populares), pone de manifiesto, una vez más, los graves problemas de fondo de la sociedad. Problemas profundos que son previos a la pandemia, como bien nos recordó el anterior relator de la ONU, Philip Alston en su informe sobre la pobreza en España de 2018… A día de hoy, las personas que han presentado la solicitud de Ingreso Mínimo Vital son más de 800.000; las que están en el desempleo rondan el 20%, 7 puntos más que en 2018; y quienes se hallan en ERTE superan el millón. El empobrecimiento general de la población fue resultado de una decisión política que protegió a los más adinerados. Entre 2007 y 2017, los ingresos del 1% más rico crecieron un 24% mientras que para el 90% restante se incrementaron menos del 2%. La crisis de 2008 se enjugó por parte del gran capital sobre la base de recortes y más recortes en los servicios (derechos básicos) e incremento de la precariedad para la ciudadanía, y de rebajas fiscales para los más opulentos. Dicho de otra manera, se degradó la propia condición de ciudadano/a y de persona, encogiendo la democracia y reduciendo de manera cada vez más evidente el conjunto del entramado legal a un simple instrumento para el pago de la deuda a sus tenedores (cambio artículo 135 de la constitución) y para la profundización de la represión como respuesta (leyes Mordaza). Tras una década, tales recortes y sus efectos continúan sin revertirse. Se trata de una lluvia fina que cala y que se encuentra, por ejemplo, detrás de la brutal brecha digital que separa al alumnado y que se puso de manifiesto en el cierre de los centros bajo el confinamiento. Una expresión del empobrecimiento de la sociedad, de la falta de inversión y la escasez de garantía y compromiso democrático por parte de los gobiernos de turno (autonómicos y estatales) con un derecho democrático como la educación. En los años de pre-pandemia y austeridad se aumentaron las ratios por clase, se tomaron laboratorios y bibliotecas para dar cabida a más alumnos, se recortaron espacios comunes y se redujeron profesores y otros técnicos. Se degradó la enseñanza pública de manera muy especial. Se fragilizó el empleo hasta el extremo de que 53.000 interinos deben ser recontratados año a año; se redujo la parte del PIB que se destina a educación a un 3,75% (previamente a la anterior crisis, se situaba en un ya escaso 4 %). En definitiva: se perdieron nada menos que 9.000 millones por causa de los recortes.

Vista de un dispensador de gel hidroalcohólico en un aula. Foto de Nacho Gallego.

Y es precisamente ahora cuando se habla de reducir ratios para garantizar mejor la seguridad y de desdoblar aulas, de contratar profesores y personal de apoyo, de incrementar los medios tecnológicos. “Pero tales afirmaciones –concluye Carlos Gistau– no representan mucho más que discurso. De hecho, el documento del Consejo del 27 agosto apenas trata el tema; además, no es de obligado cumplimiento. O sea, da vueltas sobre un problema provocado por la austeridad neoliberal, pero se niega siquiera a señalarlo, como si por el hecho de no nombrarlo se pudiera escapar de él y sus terribles consecuencias. Por puro sentido común, la comunidad educativa reclama una apertura del curso presencial y segura. La reclama en defensa de la igualdad social y de la propia enseñanza; exige más personal, lo que supone mucho más que la obligada recontratación anual de los 53.000 interinos; se solicita revertir lo recortado para poder empezar a hablar en serio y se exige que se destine una parte directa de los fondos que vendrán de la UE a educación. Y las autonomías han dejado para última hora el regreso a las aulas. Una vuelta dominada por esa austeridad no revertida y por una cicatería de medios que continúa siendo el elemento determinante en su diseño, junto a la voluntad evidente de sacudirse toda responsabilidad política. Con algo de esta lógica, rompe positivamente el acuerdo alcanzado en la Comunitat Valenciana. Allí el conjunto de la comunidad educativa y el gobierno autonómico surgido del Pacto del Botànic firmaron un acuerdo por el que dicho gobierno destinará 200 millones de euros a adecuar espacios para impartir enseñanza y a la contratación de 4.600 profesionales. Veremos en qué queda, pero, en todo caso, se trata de una línea diametralmente opuesta a la de la Comunidad de Madrid, donde se espera una huelga en la enseñanza que seguirá a la organizada por las escuelas de idiomas a principios del verano. Los paros están convocados por todas las centrales sindicales en todos los tramos educativos, menos el universitario. Las jornadas elegidas inicialmente fueron el 4, 8, 9 y 10 de septiembre. Pero posteriormente han sido aplazadas al 22 y 23 de septiembre”.

Enrique Ossorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, incorpora sólo a 350 profesores de los 11.000 prometidos.

Osorio explica que los 11.000 docentes se irán incorporando “según las necesidades” y “en función del inicio de curso de cada una de las etapas”. Y Carlos Gistau concluye por su parte: “El gobierno de la Comunidad de Madrid, dirigido por PP y C’s, ha continuado, en plena pandemia, cerrando unidades docentes (públicas) y desviando dinero a la enseñanza privada y concertada. Frente a la amenaza de huelga y la sensación de inseguridad que transmite a la población, intenta ahora sacar pecho y anunciar, a 10 días del inicio de curso, la contratación de 10.000 docentes. Vale recordar que ha sido incapaz de concretar la contratación de 1.200 rastreadores y que despide a miles de profesores interinos cada año sin que le tiemble el pulso. Pero, a pesar de ello y de mantener los centros de atención primaria cerrados en varias localidades, asegura que reducirá las ratios de alumnado; eso sí, sin proveer de fondos ni de espacios a los centros de enseñanza. Algo similar ocurre en Andalucía y Galicia, comunidades todas ellas gobernadas por la derecha. El problema no radica en que haya 17 comunidades autónomas con sus maneras diferentes de ponerse la mascarilla como señala la prensa. Lo que hay son dos modelos políticos que pugnan. Uno, que va ganando con mucha ventaja y que tiene en la llamada ‘colaboración público-privada’ el caldo de cultivo de la privatización que domina la descentralización administrativa autonómica del régimen del 78 bajo el neoliberalismo; y otro, el que entiende que lo público representa, como en la pandemia, la única garantía de derechos, de igualdad y verdadera protección de la mayoría de la población ante los efectos de esta triple crisis sanitaria, social y económica que padecemos. El primer camino se empantana sometido al desgobierno del interés de los más poderosos. El segundo necesita, cada vez de manera más imperiosa, un nuevo marco legal que vaya más allá del 78 y que lo sustituya por otro basado en la libre decisión de los pueblos y la igualitaria relación fraternal que marcan las repúblicas. Mientras se despeja el panorama, huelgas como la de Madrid marcan camino”.

Vuelta al colegio. ¿Qué puede salir mal?

“En tiempo de descuento –escribe Juan Carlos Escudier en Público– se ha logrado consensuar un paquete de medidas sanitarias para que no se diga que los chavales no nos preocupan… Pero, ¿qué fue de los 15 alumnos por clase, esa ratio que la propia ministra estimó ineludible hace algún tiempo? ¿Qué fue de las contrataciones de docentes y de la ampliación de espacios o de la construcción de nuevos centros? ¿Y qué pasa si hay que cerrar un colegio entero? No nos precipitemos porque ya lo iremos viendo cuando el carajal sea evidente y no la mera presunción que se tiene en estos momentos sobre el caos que se avecina. El caso es que, mientras se habla de un nuevo modelo productivo para que la profesión del futuro deje de ser la de camarero, a pocos de nuestros próceres se le ha ocurrido plantear un nuevo sistema educativo aprovechando lo del Pisuerga a su paso por Valladolid. ¿Cuántas décadas se lleva hablando, no ya de los 15, sino de los 20 alumnos por clase? ¿Cuántos colegios e institutos públicos se construyen anualmente? ¿Qué se ha hecho por revertir los recortes en Educación de la anterior crisis? ¿Alguien se acuerda ahora de Finlandia además de por sus saunas? ¿Seguiremos combatiendo la despoblación de la España vaciada cerrando las escuelas de los núcleos rurales? ¿Es presentable que la mitad de las escasas contrataciones en Educación sean de obra y servicio? ¿No son una puñetera vergüenza las actuales bolsas de interinos? Basta con repasar los informes anuales del Consejo Escolar del Estado para comprobar el estado del sistema educativo y, de paso, confirmar la utilidad del propio Consejo. Tendremos la respuesta de por qué cada uno de estos documentos parecen calcados de los de años anteriores ya que son escasas las recomendaciones que las autoridades en la materia no se pasan por el forro. ¿Alguien sabe qué fue del plazo de diez años establecido en la LOE –hablamos de 2006– para que el gasto público en educación se equiparara a la media europea? ¿Ha protestado alguien, además de profesores y alumnos, convidados de piedra en vez de piedras angulares, porque la inversión educativa sea ahora la menor de la serie histórica y que, a consecuencia de ello, en relación al PIB, hasta Malta nos gane por goleada? En consecuencia, no pidamos peras al olmo, que bastante tiene con explicar qué habría que hacer sin mover siquiera una pestaña para llevarlo a la práctica”.

Las clases empiezan en España entre el 7 y el 8 de septiembre según la comunidad.

Escudier nos recuerda el caso de la formación profesional, de la que nuestra dirigencia no se cansa en afirmar que es vital para ese nuevo modelo productivo del que antes se ha hecho referencia. “Así, nos hemos cansado de escuchar que sin una buena FP no habrá inserción laboral y que es urgente coordinar esta enseñanza con empresas y vincular sus grados superiores con los centros tecnológicos de las universidades. ¿Cuál es la realidad? Pues que casi dos tercios de las nuevas matriculaciones en Formación Profesional han de formalizarse en centros privados porque los públicos son incapaces de atender la demanda. Por eso de hacer de la necesidad virtud era este un buen momento para diseñar –y ejecutar de una vez– un plan de inversiones en educación no sólo para enfrentar la pandemia sino para asentar las bases de un nuevo sistema. Más allá de las vaguedades inherentes a su oficio ¿han escuchado a algún responsable político cuantificar las necesidades en infraestructuras, personal, formación o tecnología a las que habría que hacer frente? Lo hizo en mayo CCOO. Cifraba en 7.400 millones la inversión necesaria, una cantidad que no parece exorbitante. De ellos, algo más de 5.000 millones corresponderían a profesorado con 165.000 nuevos docentes. ¿Descabellado? Italia ha contratado a 100.000 profesores de manera permanente y prevé hacer lo mismo con otros 50.000 a lo largo del curso. Aquí no llegaremos a los 25.000 porque para eso Díaz Ayuso va a instalar en las aulas unas webcams que son la bomba. En unos días veremos el resultado de la sesuda planificación española para la vuelta al cole. Nada se ha pensado y nada se ha previsto, salvo aquello que por efecto de la gravedad caía debido a su peso. ¿Qué puede salir mal?”

Fotomontajes, imágenes y fotos sorprendentes:

Isabel Díaz Ayuso reacciona a las palabras de Fernando Simón acusándole de estar produciendo un ensañamiento con la Comunidad de Madrid.

¿Existe dicho ensañamiento o se trata de la realidad? Gemma MJ protesta en Tremending: “Ensañamiento con Madrid es no contratar profesores, privatizar el servicio de rastreadores, despedir sanitarios y dar Telepizza a los niños; no que Fernando Simón informe sobre los contagios. Si Madrid está como está es por culpa de Ayuso y sus socios”.

Díaz Ayuso animando la #VueltaAlCole.

Primero, llama tarde y mal al profesorado con pruebas serológicas privatizadas y pasándose por el forro la LOPD. Después, tiene que suspenderlas por saturación y descontrol. Y, de remate, se pone en modo asustaniños....(Skakeo FanZine).

El caos de Ayuso con los profesores, portada del 'The New York Times'. El diario estadounidense se suma a los medios internacionales que fijan su mirada en la esperpéntica gestión de la Comunidad de Madrid.

El PP se siente orgulloso de su pasado.

El Tribunal de Cuentas investiga la gestión de Moreno Bonilla en su etapa en el Ministerio de Sanidad por presunta corrupción.

La revista 'Charlie Hebdo' vuelve a publicar las viñetas de Mahoma.

Cinco años después del atentado terrorista contra la revista satírica francesa 'Charlie Hebdo', el pasado miércoles comenzó el juicio contra los presuntos cómplices de los atacantes, que fueron abatidos por la Policía. La revista vuelve ahora a publicar las viñetas y caricaturas de Mahoma por las que, en el 2006, comenzaron a recibir amenazas yihadistas y que terminaron en un atentado, en enero de 2015, dejando 12 muertos y once heridos. “Todo esto por esto” es el título que acompaña a las viñetas de Mahoma en la portada de la revista, ante el inicio del proceso judicial por el atentado terrorista. “Charlie Hebdo”, decidió recordar las imágenes por las que comenzaron a recibir amenazas que se tornaron en ataque en el fatídico 7 de enero de hace cinco años, cuando los hermanos Kouachi entraron en la redacción del semanario y acabaron con la vida de 12 personas en un tiroteo. Los terroristas huyeron, pero fueron abatidos por la Policía a las afueras de París, por lo que el juicio tratará de dilucidar el papel de los supuestos cómplices del ataque.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Pablo Casado, líder de la oposición, codeándose. Pero Casado rechaza “la tregua política” que pide Arrimadas y sigue en el bloqueo.

“¡Qué vergüenza! –me comenta, indignado Pep Roig, acostumbrado a sus habituales dibujos de humor– El país les importa un rábano. Se cumple aquello de ‘que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros’. Ya les va bien, teniendo tantos juicios pendientes por corrupción, que, en el Poder Judicial, en el Supremo, en el Constitucional, y en el Tribunal de Cuentas, persista la mayoría el PP estableciera. Europa ya ha mandado varios avisos. Hace dos años que la renovación debería haberse producido, y se siguen nombrando jueces para el supremo, que son perpetuos hasta la jubilación de los magistrados elegidos. Mientras los partidos tengan poder decisorio, le independencia judicial está muy en duda”.

Pep Roig recuerda la virulenta reacción de la derecha que domina los medios de comunicación y nos recuerda, de paso, la reacción entonces “comprensible” de los españoles, cuando Aznar se compró un chalecito de 90 milloncitos en 1999. (Ver El Jueves nº 1168. 13 de octubre de 1999)

“Cuidado con los Franco. Se te meten de okupas y tardas 80 años en echarlos” (Tremending Topic)

Los Franco tendrán que devolver al dominio público el pazo de Meirás. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través de una sentencia explicita que el inmueble localizado en Sada fue un regalo a Franco como jefe del Estado, y no al dictador a título personal. Y condena a la familia del dictador a su devolución sin ser indemnizada por los gastos en los que afirma haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad.

“Martín Villa fue una figura clave en la política que hizo posible la democracia española”, dice Josep Borrell, siendo ministro de Exteriores, en mayo del 2019. Son elogios presentados a la jueza argentina que pretende la acusación de Martín Villa por crímenes de lesa humanidad.

La Comisión Europea señalaba el pasado miércoles que es “absolutamente falso” que el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, haya firmado la carta en favor del exministro Rodolfo Martín Villa en conexión con la investigación de la jueza argentina Maria Servini, que le imputa delitos de Lesa Humanidad. Así loasegura a Europa Press el portavoz del Alto Representante, al tiempo que aclara que, en mayo de 2019, y cuando desempeñaba el cargo de ministro de Exteriores, Borrell escribió al embajador argentino en España y al embajador español en Argentina al respecto de la investigación de Martín Villa. “Este tipo de intercambios son una práctica normal en el contexto de la protección consular de los ciudadanos”, indica el portavoz. En todo caso, en su escrito, Borrell pide “abstenerse de cualquier acción que pudiera ser considerada una interferencia en el proceso judicial” en Argentina. Borrell indica en la carta que se debía prestar a Martín Villa la asistencia consular normal que se le ofrecería a cualquier ciudadano español. Esta misma semana Martín Villa ha recabado el apoyo, a título personal, de 19 personalidades políticas y sindicales, entre ellos los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Además, en dicha lista de personalidades se incluyó al actual jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. La querella argentina repudia las cartas de los cuatro expresidentes españoles en apoyo a Martín Villa.

El cartel publicitario junto a la sede del PP que ha desatado las mofas.

Las redes sociales se llenan de sátira después de que Amazon haya elegido Génova 13 para anunciar una serie sobre superhéroes corruptos.

El humor en la prensa de esta semana: El Roto, Peridis, Enrique, Manel F., Pat, Eneko, Vergara, Manel F, Atxe...

La política infantil de Madrid

La gran paradoja del PP.

Nubes de tormenta sobre Vox

Blanco oscuro.

Virus versus vacuna.

Drama queen

Ese sabor.

Actitud irresponsable.

Reformas.

Derribando la bandera.

Trump pisoteando la estatua de La Libertad.

Estados Unidos.

Pep Roig, desde Mallorca, denuncia: Vampiros sin noche, Sólo lo bueno, La culpa es de los otros, Política odioística, No a todo, menos al no, Tapandistas espontáneos.…