Las trampas del recibo de la luz.
Los últimos días de la ola de frío sufrida por la borrasca Filomena coincidieron con la subida de precios del mercado eléctrico. Pero el frio no justificaba la subida de los precios. Los costes del conjunto de la electricidad consumida estos días apenas han subido 2€/MWh y ello no como resultado de la subida de los costes del gas sino sólo el de una pequeña fracción del gas. Una vez más, fue el mercado, no el frío quien provocó el coste. Un mercado ineficiente que dañó la economía de este país y que agudizó las consecuencias de la pobreza energética. Los titulares de la prensa coincidieron en la alarma: el precio de la luz se dispara y marca máximos históricos por la ola de frío. Pero el precio de la luz no se disparó por la ola de frío sino por la regulación del mercado de la electricidad establecida mediante la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. Así que el aumento del precio de la electricidad no fue producto de una decisión del Gobierno (como tampoco lo es cuando baja), ni su causa fundamental es Filomena. El motivo principal de que la luz sea más cara estos días es el propio funcionamiento del mercado eléctrico, que amenaza con desatar un nuevo choque en el seno del Ejecutivo. Un informe de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) recoge las “prácticas manifiestamente mejorables” de las empresas comercializadoras de electricidad con repercusiones en el bolsillo de los consumidores y pone sobre la mesa la lentitud del Gobierno en aplicar la normativa europea para facilitar los cambios de compañía y mejorar la transparencia del servicio.
A lo largo de este mes, millones
de hogares españoles soportan una subida del recibo de la luz por el
encarecimiento del mercado mayorista de electricidad (conocido como pool). Se
trata de un servicio básico políticamente inflamable y el 'tarifazo' de 2021
tiene el componente añadido de producirse en plena emergencia económica y en
paralelo a la ola de frío que, hace dos semanas, dejó media España congelada, tras
el paso de la borrasca Filomena. “El PP –recuerda Antonio M Vélez en
Eldiario.es– exige a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, que exponga en el Senado ‘las razones por las que se
ha producido un espectacular incremento en el precio de la luz el pasado 8 de enero,
coincidiendo con el temporal de nieve y la ola de frío que está azotando a todo
el país y las medidas tendentes a mitigar su impacto sobre las familias y las
empresas’. Los populares sostienen que esta subida no se explica ‘solo por la
ola de frío’ y apuntan a ‘errores de previsión’ del Gobierno que tendrán que ‘ser
investigados y aclarados’. El sistema tarifario fue implantado
por el Gobierno de Mariano Rajoy y en concreto, su primer ministro de
Industria, José Manuel Soria, y la subida afecta directamente a unos 11
millones de consumidores domésticos. Los defensores del PVPC (implantado desde
el 2014 por el Ministerio de Industria que entonces dirigía José Manuel Soria)
argumentan que dicho sistema proporciona una señal de precios transparente al
consumidor, que también se beneficia cuando baja la cotización del pool. Pero,
en un país en el que solo uno de cada cuatro usuarios domésticos sabe
distinguir entre mercado libre y regulado, esa volatilidad, unida a las
agresivas campañas de las eléctricas para publicitar sus ofertas de precio fijo
(mucho más rentables para ellas), explica que el PVPC lleve años en retroceso. Su
fuga de clientes se frenó temporalmente durante el confinamiento del año
pasado, pero en julio (último dato disponible) ya habían salido del PVPC el 60%
de los clientes con derecho a contratar la tarifa semirregulada (aquellos con
hasta diez kilovatios de potencia). Esa fue la respuesta del Gobierno Rajoy
tras la anulación del sistema que se había aplicado hasta entonces, denominado
Cesur. Tampoco fue el sistema ideal: esas subastas, en las que participaban,
además de empresas eléctricas, entidades financieras, brokers y traders,
arrojaron un importante sobrecoste para el consumidor que se cifró en unos
2.000 millones de euros en el periodo comprendido entre 2008 y 2013. La última
subasta Cesur (diciembre de 2013) se anuló tras un episodio alcista en el pool
que coincidió con el veto de Cristóbal Montoro (entonces ministro de Hacienda)
a que el Estado aportase fondos para enjugar el multimillonario problema del
déficit tarifario (diferencia entre ingresos y costes regulados del sistema
eléctrico). Ese episodio se saldó con Iberdrola sancionada por la CNMC por
manipular el mercado eléctrico con una multa de 25 millones que se suspendió
porque la empresa acabó imputada en la Audiencia Nacional por un posible delito
contra los consumidores, en un procedimiento que todavía no se ha cerrado”.
“El PVPC es uno de los legados que dejó Soria en su controvertido paso por Industria. El político canario, que acabó dimitiendo en 2016 por sus mentiras sobre las sociedades offshore de su familia, pasará a la historia como el ministro que aprobó un rescate exprés a ACS por el cierre del fallido almacén de gas Castor con un Real Decreto-Ley inconstitucional, y por ser el artífice del hachazo a las renovables que colocó a España a la cabeza en los rankings de litigios y arbitrajes de inversores internacionales. Su legado también comprende el famoso ‘impuesto al sol’ y una batería de impuestos al sector eléctrico entre los que destaca el gravamen del 7% a la generación que las eléctricas cuestionan desde entonces. El PP, que pidió eliminar ese impuesto justo después de pasar a la oposición, ha pedido ahora negociar con el sector una ‘reforma global’ del mercado, y a corto plazo, rebajar el IVA de la electricidad (21%), como han hecho otros países como Portugal, Francia o Reino Unido. Una medida que Unidas Podemos llevaba en su programa electoral, pero que el Ejecutivo rechaza. El pico alcista de estos días ha llevado a la formación morada, junto a organizaciones de consumidores como Facua o la OCU, a reabrir el melón de las críticas al sistema de precios marginalista del pool eléctrico, por el que la última central que casa oferta y demanda es la que marca el precio que cobran todas las tecnologías, y que data de hace más de 20 años, cuando no había renovables ni gas en el mix eléctrico. La ministra Ribera, que rechaza de plano la propuesta de Podemos de crear una empresa pública de electricidad o abordar una nacionalización en el sector, sostiene que ese modelo es el único que permite la normativa europea, pero se muestra abierta a retocar el mercado mediante lo que ha denominado ‘mecanismosacolchón’ que permitan mitigar picos alcistas como los de estos días. Ribera señala que tiene tres o cuatro opciones sobre la mesa y ya ha dicho que esa reforma se abordará ‘con cuidado’ para evitar una ‘implosión’ del mercado eléctrico en plena transición energética, de cara a la masiva implantación de renovables prevista para esta década, que debe sentar las bases para el objetivo de alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. El ministerio confía en el efecto depresor en los precios de las tecnologías eólica y fotovoltaica (ya son las fuentes más baratas) para que España baje puestos en los rankings de Eurostat que sistemáticamente sitúan al país entre los que tienen los precios de la luz más caros de Europa para un consumidor doméstico. Y se encomienda también a su propuesta para sacar de la tarifa eléctrica los 7.000 millones de euros anuales en primas a las renovables y cargarlas al conjunto del sector energético”.
Xandru Fernández, en “Lo de la luz”, lo explica claramente en CTXT (Contexto y Acción): “Hace tres años, Pablo Iglesias acusaba al gobierno de ser cómplice de las eléctricas por no frenar la subida de precios de la luz en plena ola de frío. Ahora que Iglesias es vicepresidente, en Unidas Podemos echan el resto en explicar que si no atajan esa situación (un 27 por ciento de subida en la factura de la luz se anunciaba hace unos días) es porque no tienen suficiente apoyo electoral. Quien dice apoyo electoral dice sentido del ridículo, pero nada cambia el hecho de que este gobierno, aplicándole el criterio del propio Iglesias, es igual de cómplice que el anterior. Este 2021 se cumplirán diez años de la primavera aquella en que miles de jóvenes y no tan jóvenes ensayaron otra manera de hablar de política. Se suponía que esa generación haría política sabiendo de lo que hablaba, pero algún perverso sistema de selección ha hecho que, en el ‘gobierno más progresista de la historia’, se siga hablando igual que en los tiempos de Felipe González, cuando se apelaba a la ética de la responsabilidad, se distinguía entre ‘predicar’ y ‘dar trigo’ y se advertía de lo duro que era ‘pasar de las musas al teatro’, una expresión que, con honrosas excepciones, siempre me ha servido para detectar imbéciles. Si uno ni siquiera es capaz de mantener el mismo discurso cuando está en el gobierno que cuando aspira a él para mejorar las condiciones de vida de la gente corriente, es porque su concepción del poder es tan deficitaria como la del empresario eléctrico que cree que le debes algo por tener en funcionamiento las turbinas de sus centrales. Luego lloraremos en televisión, pero algún indicio había, antes de entrar en el gobierno, de que iba a ser difícil. Por eso se aplaude a los que no se rinden”
Para miles de familias la bajada tan drástica de las temperaturas fue motivo de preocupación. Pero ¿hasta dónde llegan las medidas contra la pobreza energética? María F. Sánchez titula en Cuartopoder.es: “La tormenta perfecta de ‘Filomena’ y la pandemia agravan la pobreza energética”. Y pasa explicarlo de la siguiente manera: “La herramienta de la Administración Pública para paliar la pobreza energética es el bono social, un descuento de entre un 25% y un 40% dependiendo del nivel de renta y de la unidad familiar. La medida fue aprobada en 2019 y actualmente alcanza a 1,3 millones de beneficiarios, según el último boletín publicado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Pero, según la Encuesta del INE de 2019, la tasa de riesgo de pobreza con el alquiler imputado es del 18,6% de la población. Es decir, más de 8,5 millones de personas son susceptibles de necesitar esta ayuda. El bono social, además, ha sido criticado por sus trabas para tramitar la solicitud, que impiden a las familias vulnerables obtener la ayuda de manera sencilla. Y Soledad Montero, miembro del Área de Energía de Ecologistas en Acción y de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, explica cómo ‘hay muchas personas que, aun cumpliendo los requisitos, no pueden acceder porque la app de las comercializadoras no lo permiten’. Otra de las medidas del Gobierno contra este problema ha sido el Real Decreto que impide cortar los suministros de agua, electricidad y luz a las familias más vulnerables. ‘Esta nueva normativa tiene dos problemas: que se vincula al estado de alarma y que no consiste en una moratoria de cortes para todo el mundo’, apunta Montero. Para poder beneficiarse, las familias, en caso de no ser beneficiarias del bono social, deben obtener un informe que les reconozca como consumidores vulnerables”.
Cecilia Foronda,
directora de Energía y Personas de ECODES, apunta la necesidad de una reforma
social “para automatizarse más, pero las medidas para hacer frente a la pobreza
energética no pueden ser paliativas. Es muy importante abordar en profundidad
la rehabilitación del parque de viviendas porque más del 50% fueron construidas
sin criterios de aislamiento térmico. La mejor energía es la que no se gasta y
tener nuestras viviendas aisladas es la mejor manera de bajar las facturas de
energía”, señala Foronda. Y María F. Sánchez advierte que las familias más
vulnerables, aunque reciban el descuento del bono social, enfrentarán también
los precios disparados de la electricidad. Montero trata de explicar cómo
afectan estas subidas en profundidad, con sus matices. Este problema ocurre
cada invierno y cada verano porque tenemos “un sistema de regulación de precios
en el mercado mayorista que es marginalista”. El precio sube cuando hay más
demanda, es decir, hay reglas de mercado para un bien básico. Sin embargo,
afina: “La subida afecta nada más que al término de la energía que viene a ser
un 39%; el otro 40% es el término fijo que no se va a mover”. A estas
cantidades se les suma el IVA y el impuesto de la electricidad. Por tanto, a
las familias vulnerables les afecta la subida de la luz, pero este no es el
grueso de su problema. Para combatir la pobreza energética Montero sugiere una
alternativa propuesta por los colectivos y movimientos sociales que abogan por
otro modelo energético. Se trata de “la tarifa social”, es decir, una cantidad
básica de energía para una familia que tenga un precio estable, cubra los gastos
de las compañías y que aumente el precio cuando el consumo sea más elevado.
“Que cada uno pague en relación a sus posibilidades y capacidades”, indica. No
es algo disparatado, defiende, porque ya se practica con el suministro básico
del agua.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, explicó que, una vez superado el pico de precios de la electricidad alcanzado en enero, en febrero volverán a estar por debajo de los previos al paso de la borrasca Filomena. Que, en el segundo trimestre, la reducción alcanzará el 45% y que, entre 2022 y 2023, los importes del mercado energético estarán por debajo de los del mercado alemán o francés, tradicionalmente más bajos. Ribera indicó que “estamos dejando atrás” este pico de precios y puso como ejemplo que el precio de la electricidad que se ha marcado para mañana en el mercado mayorista estará un 36% por debajo de lo que ha sido el coste medio en los días en que España ha sufrido dos fenómenos meteorológicos adversos: la borrasca Filomena y la ola de frío que la ha seguido. La vicepresidenta cuarta manifestó que, en poco más de dos años, entre 2018 y 2020, el precio cayó un 40%, al tiempo que el coste que sale de las casaciones de las empresas generadoras de electricidad en el mercado mayorista no es el único elemento de la factura que pagan los consumidores, pues hay que sumar costes fijos, como transporte, distribución, contadores, impuestos y “costes históricos” del sistema. Respecto a estos últimos, recordó que el Gobierno ha elaborado el anteproyecto de Ley para la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que sacará gradualmente de la factura el importe que se paga por las primas a las primeras renovables, unos 7.000 millones anuales.
Miguel Muñoz entrevista en Cuartopoder.es a Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de defensa de los derechos de los consumidores. Se trata de la cara visible y portavoz de la organización Facua-Consumidores en Acción. Estos días, Rubén Sánchez está muy pendiente de la subida del precio en el recibo de la luz y de los desperfectos que ha ocasionado Filomena. Y está convencido de que la factura de la luz sube porque la energía eólica o solar tiene menos peso y la luz tiene que subir. “Otra cosa es si tiene que subir tanto como estamos viendo en el recibo. Primero, se tendría que investigar si no hay ninguna anomalía en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) o si hay algún tipo de manipulación fraudulenta por parte de alguna empresa. Eso lo pidió el ministro Alberto Garzón la semana pasada... Nosotros creemos que aquí el Gobierno tiene que hacer lo que prometió que iba a hacer e ir incluso más. Pero, de momento, como mínimo debería cumplir lo que prometió en el acuerdo de programas para la legislatura entre PSOE y Unidas Podemos. Hay unos acuerdos que difieren bastante del programa de Gobierno del PSOE anterior. Pero creemos que se tienen que cumplir...”. Rubén Sánchez nos advierte que “el precio del término fijo del recibo, la potencia contratada, es brutalmente alto. El Gobierno de Mariano Rajoy lo incrementó alrededor de un 100%. Eso se puede bajar. Y, de hecho, en el acuerdo programático del PSOE y UP está la bajada del peso del término de potencia en la factura. Por otro lado, están lo que se llaman beneficios caídos del cielo. El hecho es que se está pagando una serie de primas que no tenemos por qué seguir pagando por lo caro que les iba a costar emprender la producción de sus formas de generación energética, las renovables. Porque hace mucho tiempo que ya está más que amortizado todo lo que invirtieron. Eso también está incluido en el acuerdo programático de Gobierno. Pero ¿por qué no se actúa de una vez? ¿Vamos a seguir con lo de siempre? En la teoría, va a haber cambios. Pero, de cara a la realidad, estos se están demorando y parece que se está intentando no aprobar todo lo que hay propuesto en ese acuerdo de Gobierno. Sobre todo, porque estamos viendo mensajes del socio de Gobierno, al menos del portavoz parlamentario, Pablo Echenique, en los que dice que hay que exigir cumplir lo que se ha firmado. ¿El PSOE le está diciendo a nivel interno a UP que no tiene previsto cumplirlos? También es momento de que salga un ministro de UP a decir qué es lo que tiene que hacerse. Porque hasta ahora han salido tres del PSOE para dar a entender que no les preocupa tanto, que no tiene tanta envergadura o no es tan urgente”.
Rubén Sánchez recuerda: “La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lanzado el mensaje de que ya hay un bono social que cubre a muchas familias. Pero el bono social hay que rediseñarlo porque se benefician de él muy pocas familias. Hay unos requisitos de vulnerabilidad económica excesivos. Habría que flexibilizarlos. Y, por otro lado, el bono social no lo conoce nadie. La gente no sabe que existe, ni la tarifa que se llama PVPC, que generalmente es más barata que las del mercado libre. La gente no tiene ni idea. Para que la gente conozca esto hace falta que exista alguien que se lo explique. Y que lo haga con poder de presencia en los medios. No vale solo que las asociaciones de consumidores nos dediquemos por activa y por pasiva a informar a la gente de la existencia del bono social. Lo que hace falta son campañas institucionales en los grandes medios de comunicación, campañas del Gobierno, diciéndole a la gente que si cumplen unos requisitos podrán acceder al bono social. Pero eso no existe. No verás en la televisión campañas así. Eso es lo que hay que hacer, y además obligar a las eléctricas a que acompañen en las facturas un folleto publicitario donde de forma clara y rotunda, bien visible, el consumidor sepa que puede acceder a esa tarifa si cumple determinados requisitos”. Rubén Sánchez recuerda que, en cuanto a los derechos de los consumidores como consecuencia del temporal de frío y nieve, el usuario tiene derecho a reclamar el importe íntegro, no tienen por qué aceptar un bono.
Rubén Sánchez sugiere que hay temas urgentes que podrían ser abordados por el Ministerio de Consumo. “Hay dos cuestiones que les hemos planteado como prioritarias. Una es una regulación completa de los servicios de atención al cliente. Más allá de la numeración telefónica que se use está la calidad de la atención o la obligación de que tengan que contestar en un plazo máximo a una reclamación. Está el abono de cantidades a los usuarios si no se le contesta a una reclamación en el plazo debido. Es decir, si la compañía eléctrica no contesta en x días a una reclamación, tendría que pagar 30 ó 50 euros como compensación, o una cantidad proporcional a la que el usuario reclamaba. En definitiva, que una compañía no pueda decidir que no te contesta o que tarde tres meses en hacerlo. Deberían tener plazos estipulados y que, si se sobrepasan, se le pueda penalizar, con independencia de que la reclamación en sí se tenga que resolver. La otra prioridad que hemos planteado es que se puedan poner multas cuando una empresa comete fraudes a nivel estatal o de varias comunidades autónomas. Desde el año 1984 estas competencias están exclusivamente en manos de las Comunidades Autónomas, y lo cierto es que nunca se ha producido la situación de que las 17 Comunidades hayan sancionado a una empresa por cometer un mismo fraude en las 17. Es decir, las empresas se van de rositas. Muy raras veces las multan, y cuando pasa las sancionan una comunidad autónoma o dos, con lo que la cuantía nunca es proporcional al fraude a nivel nacional. Ahí creemos que cuando trasciende de una comunidad un abuso o práctica ilícita, debería ser el Gobierno central a través del Ministerio de Consumo o una agencia adscrita al mismo la que pudiera implementar las acciones sancionadoras”.
Imágenes, fotomontajes y fotos sorprendentes:
Juan Carlos Girauta, que fue maoísta, estuvo afiliado al PSOE y fue candidato del PP y portavoz de Ciudadanos, emprende ahora su enésimo giro, coqueteando con los de Vox. Algo que no ha pasado desapercibido en las redes. Vox, el partido ultraderechista fichó a Girauta como ponente para un acto de su fundación. Y quien fuera portavoz de Ciudadanos en el Congreso participó por primera vez en un coloquio del 'think tank' vinculado a la formación de Santiago Abascal. Aunque él asegura que no fichó por el partido, sino que solamente participó en el debate, el acercamiento de Girauta a las tesis de Vox lleva meses siendo comentado en las redes sociales.
“¿Qué científico avala que, en Andalucía, uno pueda saltarse el cierre provincial para esquiar o para cazar?”. Es la pregunta de la periodista Àngels Barceló al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín que, el lunes pasado, desató una conversación digna de los hermanos Marx en la Cadena Ser. Marín trató de explicar sin éxito alguno por qué Andalucía decretó el cierre perimetral de las provincias, pero se permite cambiar de provincia para esquiar o cazar bajo ciertas condiciones (como tener un abono para utilizar los remontes –forfait– o no proceder de un municipio con cierre perimetral). La propia Barceló repreguntó a Marín en varias ocasiones, pero al final, a juzgar por los comentarios en las redes, nadie entendió nada. Ángels Barceló y Juan Marín se acaban de hacer un “según la parte contratante de la primera parte contratante”. Y alguien contesta: “El ridículo de Marín no es anecdótico, es el ejemplo de cómo la gestión del gobierno de Moreno Bonilla está llevando #Andalucía al precipicio. Disparate tras disparate. Aquí, enredando sobre el esquí, la bicicleta, la caza y los municipios confinados”. Otro cometa: “Escuchando a Juan Marín que explica lo inexplicable, siento auténtica vergüenza ajena. Y me pregunto si este es el papel (papelón) que asumen sistemáticamente los vicepresidentes autonómicos de Cs”.
Según varios afectados,
la dirección del hospital de emergencias, Isabel Zendal, avisa a los sanitarios
de que no graben vídeos ni informen a los medios de comunicación de las
condiciones en las que se trabaja. La
presidenta Ayuso asegura que los pacientes del Zendal sufren “depresión” por
culpa de las críticas al hospital y declara sin sentir ni pizca de vergüenza, que
es “el mejor hospital de España en la lucha contra la Covid-1”. No opinan lo
mismo los pacientes y enfermeras. Alma Blanco Cazorla, enfermera de UCI del “12
de octubre” y delegada del MATS, denuncia: “El Zendal es un agujero negro del
que no podemos ver nada. El personal está sufriendo ansiedad por cómo están
tratando a los pacientes. Les han dicho que se olviden de cómo les gustaría
tratar a los pacientes porque es medicina de guerra. Eso valía para la primera
ola, no para ahora”. Y mientras Ayuso alega
ser “ser víctima de campañas de desprestigio politizadas” y arremete contra
las personas que critica, los trabajadores del hospital confiesan “tener miedo
a denunciar y hablar”.
La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso busca voluntarios entre los Médicos Internos Residentes (MIR) para suplir la falta de sanitarios en el hospital Enfermera Isabel Zendal.
¿Pensabais que en España no iba a haber corrupción hasta con la administración de las vacunas? ¡Aaaay, pájaros!
Joe Biden: “Hay verdades y hay mentiras; mentiras que se dicen para obtener poder y beneficios”.
El humor, en la prensa de
esta semana: El Roto, Peridis, J. R. Mora, Eneko, Enrique, Vergara, Manel F., Javirroyo…
Pep Roig, desde Mallorca, nos presenta: Recalcitrantes, Fóbicos persistentes, Engañabobos al poder, No contamines, Así, Lo conveniente no funciona, Vocación…
Los vídeos de la semana:
Aplicaciones y trucos
para ahorrar en la factura de la luz
LATE MOTIV - Monólogo. Lo
que no cabía en 2020
A mí me vale – Polònia
Eclipsen PPC - Polònia
One day more – Polònia
Rambo tiene un
problemilla en Sierra Nevada
Tras la caza en Sierra
Nevada, se verá acorralado en La Alpujarra
Rambo huye por las
montañas tras saltarse las normas
La película 'Adú', dirigida por Salvador Calvo y protagonizada por Anna Castillo y Luis Tosar, lidera con 13 nominaciones las candidaturas a los premios Goya de cine, que se entregarán el próximo 6 de marzo en una ceremonia atípica que tendrá lugar en Málaga, y que será conducida por Antonio Banderas y María Casado.
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