viernes, 27 de diciembre de 2013

Bombas atómicas entre Valencia e Ibiza.


 
El pasado día 14, el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno de Valencia anunciaba en el Boletín Oficial del Estado la exposición del estudio de impacto ambiental de una conflictiva campaña que se extenderá a lo largo de 75 días sobre una superficie de 2.420 kilómetros cuadrados. Un barco de unos cien metros de eslora disparará cada diez segundos aire comprimido hacia el lecho marino. Sus ondas se transmitirán por la capa de agua y parte del subsuelo, y su reflejo sonoro regresará hacia unos hidrófonos colocados en ocho cables (streamers) de ocho kilómetros de longitud cada uno, remolcados por la embarcación. El rápido chequeo de los datos obtenidos servirán posteriormente para elaborar unos “perfiles de reflexión” de cada una de las partes investigadas, que determinará los mejores puntos para una posible perforación, según informan desde el BOE.

En la búsqueda de petróleo, entre Valencia e Ibiza, a sólo 50 kilómetros de sus playas, cada 10 segundos se oirá una explosión nuclear, una campaña sísmica que pondrá en jaque la fauna marina. La petrolera escocesa Cairn Energy dispondrá sus cañones sísmicos para detonarlos a 249 decibelios, por encima del estruendo que causó la bomba de Hiroshima, hacia el subsuelo marino, en búsqueda de bolsas de petróleo. La compañía subirá el volumen poco a poco para que la fauna pueda huir. Sin embargo, todos los informes científicos aseguran que las ondas que penetran en el lecho marino afectan al sistema de colocación de los cetáceos, alterando su comportamiento, capacidad de alimentación, orientación y rutas migratorias, además de provocar efectos devastadores para la pesca. Según los estudios elaborados tanto por la Universidad Politécnica de Valencia como por el Cabildo de Lanzarote, la aparición de cadáveres de cetáceos desorientados en las playas suele ser una de las principales consecuencias de estas detonaciones. La Comisión balear de Medio Ambiente subraya que la comunidad científica ha adoptado los 180 decibelios (el ruido de un cohete espacial al despegar) como el nivel de intensidad acústica a partir del cual se pueden producir males fisiológicos irreversibles en cetáceos y tortugas marinas, por lo que reclama la reducción de estos niveles hasta el próximo 24 de enero, que finaliza el periodo de alegaciones a este Estudio.

Desde la compañía señalan que “antes de comenzar la adquisición sísmica, se llevará a cabo un procedimiento de arranque suave en el que el sonido, emitido al principio a menor intensidad, se irá aumentando hasta alcanzar la intensidad necesaria para la actividad sísmica, lo cual permite a los mamíferos marinos alejarse del área de estudio antes del comienzo de dicha actividad”. Además, dicen que se contratarán Observadores de Mamíferos Marinos para trabajar en el buque sísmico, que harán uso de Sistemas de Monitorización Acústica Pasiva las 24 horas del día que ayuden a detectar la presencia de mamíferos marinos en el área de estudio. Pero el “Estudio de Impacto Ambiental será una trampa”. Así califica dichas prospecciones Alianza Mar Blava, asegurando que deberían presentarlo en su conjunto porque hay que analizar globalmente todos los impactos ambientales, pero la empresa dice que así se lo ha pedido el Gobierno.

El mismo argumento defendió el pasado mes de octubre Karl Friedrich Falkenberg, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea (CE), quien manifestó a los presidentes insulares de Ibiza y Formentera no estar de acuerdo con que la evaluación de impacto ambiental se plantee de forma parcial. La compañía responsable de este experimento se ha defendido asegurando que hará los sondeos de forma parcial porque así se lo ha pedido el Gobierno. El coordinador de Alianza Mar Blava, Carlos Bravo, asegura que seguirán trabajando para evitar que se lleven a cabo, y para que “el Ministerio vea el daño que puede provocar esta primera fase”. Bravo presentó las pertinentes alegaciones y ha vuelto a instar al Ministerio de Medio Ambiente para que no conceda la autorización ambiental al proyecto. Según ha lamentado Alianza, en el BOE se pone de manifiesto que, durante la campaña, se utilizarán potentes fuentes de sonido, lo que, de por si, “ya es una causa de graves daños a la pesca”.

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