domingo, 29 de diciembre de 2013

Cuando política y energía funcionan al unísono.


 
Todos y cada uno de los gobiernos de la democracia han sucumbido ante el ‘lobby’ con más tradición y solera de España: la patronal eléctrica. El profesor Fuentes Quintana ha recordado en alguna ocasión que muchos informes del Ministerio de Industria llegan a la mesa del Consejo de Ministros con el membrete de Unesa (Asociación Española de Industria Eléctrica). Son los Grupos Endesa, Hiberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON España y EDP. Algo que explica que la industria del kilovatio haya sido donde mejor han estado engrasadas las 'puertas giratorias’. El aparente encontronazo entre Eduardo Montes, presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, y José Manuel Soria, ministro de Industria, ha sido sólo un enfado en apariencia, de cara al público. Montes protestó y se dignó por la alarmante subida de la luz. Pero Unesa terminó negando un pulso con el Gobierno y pidió subastas eléctricas mensuales. Y, al final, Rajoy, mostrando públicamente su enfado y haciendo creer su desacuerdo, se inventó una nueva subida, por supuesto mucho más baja, pero, a la larga, se llevará el gato al agua. Lo dicho, todo sin discrepancias insalvables, con la unanimidad preestablecida.

Gráfico elaborado por Daniele Grasso y Jesús Escudero, de El Confidencial.com
 
Las eléctricas son, de hecho, la dacha donde se retiran muchos políticos desvergonzados. Durante los últimos diez años, decenas de altos cargos públicos, desde alcaldes a presidentes del Gobierno y ministros, han terminado siendo contratados por empresas del sector eléctrico. Los casos más sonados son los de los expresidentes del gobierno Felipe González (PSOE), con 126.000 euros de sueldo en Gas Natural, y José María Aznar (PP), en Endesa, donde cobra alrededor de 200.000 euros anuales. La legislación, en España, no impide que un excargo público ocupe un puesto en una empresa privada. La ley de incompatibilidades se limita a pedir a ministros y consejeros de Estado que dejen pasar dos años entre su actividad parlamentaria y su desembarco en los consejos de administración. De esta manera, tanto el PSOE como el PP se reparten la mayoría de cargos activos. El Partido Socialista, con 11 representantes, es el que más presencia tiene entre las empresas de energía. Entre ellos, destacan casos bien conocidos, como el de Felipe González o el de Elena Salgado: la exministra de Economía que tardó menos de cuatro meses en fichar para Endesa Chile desde que dejó su escaño. Por su parte, el PP cuenta, en 2013, con 10 expolíticos en el sector eléctrico, comenzando con el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, asesor para asuntos internacionales de Endesa, o la ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, hoy en HC Energía. Los partidos nacionalistas tampoco son ajenos al brillo energético. Mario Fernández Pelaz y Josu Jon Imaz pasaron por el Gobierno vasco bajo el mandato del PNV antes de aterrizar en Repsol. Miquel Roca, padre de la Constitución y ex diputado de CDC, trabaja hoy para Endesa. No todos son políticos de alto perfil mediático. Teresa Ribera, por ejemplo, fue Secretaria de Estado de Cambio Climático entre 2008 y 2011, justo antes de fichar para Isofotón, empresa dedicada a la energía solar fotovoltáica. En la misma línea se mueven dos de los hombres de Abengoa. Ricardo Martinez Rico fue Secretario de Estado mientras Rodrigo Rato ejercía de Ministro de Economía y, en 2008, ayudó a Cristobal Montoro a fundar Equipo Económico, su empresa de asesoría. De esa misma asesoría es hoy socio director Manuel de Vicente Tutor, quien cesó en 2001 como Subdirector General de Departamento en la Agencia Tributaria.


Cierto que el modelo energético español está fallando. La factura de la luz se disparó hace una semana a un once por ciento, siendo el propio Rajoy, presdiente del Gobierno, quien, en un gesto en el que se le veía el plumero, trató de enmendar entuertos, aunque siguió sin apostar por las energías renovables, ecológicas y producidas en nuestro territorio, y seguirá consintiendo que las compañías eléctricas expolien a los consumidores. Son esas mismas compañías eléctricas que, después de contratar con sueldos millonarios a los políticos que les han beneficiado, siguen considerando insuficientes sus 6.000 millones de beneficios anuales. Eduardo Montes, presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), terminó negando que las eléctricas mantuvieran un “pulso” con el Gobierno y consideró que, si el Gobierno desea mantener el sistema de subastas en el futuro para fijar la tarifa, su celebración debería tener mayor frecuencia y ser mensual. Montes reclamó, además, al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mayor transparencia y que “pongan encima de la mesa los informes para demostrar si hubo una burda manipulación” de la subasta del pasado jueves. Lamentó que se haya “atacado directamente al honor de cinco compañías”, en alusión a las eléctricas aglutinadas en Unesa, (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y E.ON), y expresó su confianza en que la situación se encauce lo antes posible. “He pasado los diez peores días de mi vida”, confesó Montes. “El enfrentamiento entre sectores industriales y las administraciones siempre pasa”, pero “confío en que dentro de un tiempo, lo más breve posible, esto se tranquilice y podamos llegar a un diálogo, como sucede en todas las partes”.

 
Aparte de estos intentos de aplacar los ánimos encrespados, lo cierto es que, mientras proliferan las “conexiones eléctricas” de nuestros políticos, los ciudadanos pagamos una de las facturas de la luz más altas de Europa, con el sector ofreciendo pérdidas tapadas a golpe de dinero público. El comisario europeo de Energía está deseando conocer y atajar el llamado “déficit tarifario” creado por las 5 multinacionales eléctricas que operan en nuestro país. España ha sido hasta hace poco una potencia mundial en la fabricación, instalación y exportación de un buen número de tecnologías renovables. Sin embargo, ante el asombro de los países más desarrollados, las políticas de los dos últimos gobiernos se han empeñado en desmantelar un sector que, según la UE, podría crear millones de empleos, atraer enormes inversiones internacionales y abaratar nuestra energía. En su lugar, estamos gastando miles de millones en comprar combustibles contaminantes fuera de nuestras fronteras y costeando los privilegios que reciben ciertos políticos y los ingentes y oscuros beneficios de las eléctricas escondidos detrás del déficit de tarifa.

 
Josep Piqué, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, en 1996 fue nombrado, por el entonces presidente Aznar, ministro de Industria, aún sin ser militante del PP. Desde entonces, todo ha ido a peor en este ministerio. Apenas tres años después de promulgarse la ley, el sistema eléctrico comenzó a generar recurrentes déficits que el Estado ha ido trampeando. A ello ayudó, sin duda, la privatización total de Endesa, la gran empresa pública de producción de electricidad, que bien podría haber equilibrado el mercado con un operador dominante para evitar que el recibo de la luz se convierta en un activo financiero si más. Exactamente igual que sucedió en el mercado inmobiliario. Cuando los pisos se convirtieron en un casino, se creó una burbuja que todavía este país está pagando en forma de inaceptables tasas de desempleo. En cualquier otro país, esta grotesca política energética hubiera sido frenada por el regulador. Pero, cuando el regulador elegido es por puro amiguismo o clientelismo político, explica la extraña sintonía y hasta connivencia de la pomposa Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con este Gobierno y con los anteriores (el nombre es lo de menos). Lo que encareció un 63 % el recibo de la luz en ocho años.


Pero volvamos a la realidad del presente. El pasado día 20 se conocía que la tarifa eléctrica iba a subir en enero de 2014 previsiblemente por encima del 11 % después de que los dos componentes que forman el recibo de la luz, peajes y coste de la energía, apuntasen al alza. Si se concretaba, esta sería la mayor subida porcentual desde que se inició la liberalización del sector eléctrico, en 1997, por encima del 9,8% de enero de 2011. La tarifa de último recurso o TUR, que, a partir de enero, se denominará precio voluntario al pequeño consumidor, está formada por dos elementos, los peajes y el coste de la energía, que representan alrededor de la mitad de la factura cada uno, a los que se suman los impuestos. ¿Cómo funcionó esta subasta y por qué había subido tanto? A ella acudieron generadores y comercializadores para comprar y vender la electricidad que se suministra a todos los consumidores acogidos al sistema de tarifa durante los siguientes tres meses (el resto acude al mercado libre). La evolución de este concepto depende exclusivamente del mercado, que posteriormente corrige el resultado con una serie de ajustes técnicos. Muchos habían sido los factores que influyeron en el encarecimiento de la energía. En primer lugar, la subasta había contado con menos participantes de lo habitual porque todavía no se había cerrado la reforma energética, lo que introducía ciertas incertidumbres a la hora de decidir si acudir o no a ella. A esto había que añadir que el sector preveía una baja producción hidráulica y eólica para los próximos meses, lo que suponía retirar parte de la generación que abarataba el mercado, así como temperaturas más bajas, lo que a su vez implicaba una mayor demanda de electricidad. Estas circunstancias externas al propio mercado habían provocado una mayor demanda de lo esperado de producción de las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas natural.

 ¡No os prometo nada!
 
La cuestión no es que exista un oligopolio eléctrico. Es verdad que Endesa e Iberdrola controlan el 60% del mercado de generación, pero en Francia y Bélgica hay casi un monopolio y el recibo no ha subido tanto como en España. El problema no es de número de players, sino de la existencia de un mix de generación irracional, como dice Daniel Lacalle, que hace descansar la producción en energías poco eficientes y caras, lo cual es un verdadero problema para un país cuya industria, precisamente, es intensiva en uso de electricidad: automóvil, cementeras o empresas cerámicas. El disparate es todavía mayor si se tiene en cuenta que el Ministerio de Hacienda ha tirado en los últimos dos años con pólvora del rey subiendo la fiscalidad a las eléctricas (gravando la generación o los residuos nucleares), como si las empresas (también las que comercializan gas natural) no fueran a repercutir esos incrementos de la presión fiscal en el recibo. El despropósito es todavía mayor si se tiene en cuenta que España votó en su día en contra y trató de vetar la Directiva de Eficiencia Energética, todo un contrasentido, en un país con una brutal dependencia energética que se sitúa notablemente por encima de la media europea. El resultado de tanto disparate es un sistema eléctrico que agujerea la renta disponible de las familias y lastra la creación de empleo.


Para Eduardo Montes, presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), “no es admisible” que el ministro de Industria, José Manuel Soria, culpe a las eléctricas del resultado de la subasta sin que se conozca el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC). Montes señala que no puede jurar “sobre la Biblia” lo que ha pasado en la última subasta, si bien incide en que el procedimiento ha sido “idéntico” al de otras ocasiones, en las que también ha habido bajadas muy altas. Las declaraciones de Montes se producen después de que el ministro de Industria considerara que hubo “una clara manipulación” de la subasta eléctrica que sirve para fijar las tarifas de la luz y que se anuló el viernes, 20 de diciembre. Soria añade que era consciente de la “preocupación” que existía en las eléctricas, y admite que aún no se sabe “quién” manipuló la subasta eléctrica ni “dónde” se produjo la manipulación. Montes incide en que las eléctricas sólo suponen el 10% de la oferta total y recalca que casi el 50% de la tarifa viene fijada por la participación “tan alta” de organismos financieros, “que a lo mejor podrían generar alguna distorsión”. Montes llega a asegurar, tras la suspensión del 11, 5 %  que “se sintió atacado” por las acusaciones de manipulación en la subasta del jueves tras la cual, una guerra abierta parece abrirse entre las eléctricas y el Gobierno. El presidente de la patronal de las grandes eléctricas insiste en decir que “no es admisible” que el ministro de Industria, José Manuel Soria, culpe a las eléctricas. Critica con dureza al Ejecutivo y lamenta el “gravísimo daño” causado por la acusación de manipulación de la subasta eléctrica lanzada por el ministro Soria. Montes se queja de la “demonización de las eléctricas” y exige “que nos expliquen lo que ha pasado. No hay derecho a las acusaciones. Hay que poner encima (de la mesa) el informe”… En el comunicado publicado por la patronal, se profundiza en las críticas y se acusa a Soria de lanzar contra las empresas eléctricas acusaciones “muy graves” de manipulación de los precios, de fracasar con su reforma energética y de “cargar sus errores” sobre empresas y consumidores. “Lo que realmente ha puesto de manifiesto esta subasta es el fracaso de la reforma emprendida por el ministro; una reforma que, por no afrontar los auténticos problemas que generan el déficit tarifario y la evolución de los precios, está conduciendo al sistema eléctrico español a una situación insostenible, en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores a través de su tarifa sirve para costear los errores políticos de los Gobiernos y no para cubrir los costes del suministro eléctrico”.

 Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción
Por su parte, Facua-Consumidores en Acción califica de “inaceptables” los escenarios de revisión de la tarifa eléctrica propuestos por la CNMC y considera que “lo menos malo que podría hacer el Gobierno” es congelar la tarifa. “Si un Gobierno llega al extremo de acusar a un sector de incurrir en una burda manipulación, no puede ahora subir la tarifa”, afirma el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez. En su opinión, es necesario “congelar” la tarifa hasta que haya “más elementos en relación a la necesaria investigación que debe estar realizando con exhaustividad” el organismo regulador. Facua recuerda además que el recibo de la luz ha subido un 80% en la última década y reclama una “auditoría de costes histórica del sector” que deje en evidencia la “gran estafa de la liberalización” en la que “se vendió el discurso de que iba a bajar la tarifa y a mejorar el servicio, cuando ha ocurrido lo contrario”. De hecho, la asociación asegura que el eléctrico es ya el segundo sector más denunciado por los consumidores y lamenta que el Gobierno “insista en no hablar” con las asociaciones que representan a los usuarios. Facua plantea que las declaraciones del presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, en las que defiende que “no tiene sentido” desvelar el coste real de la generación eléctrica ponen de manifiesto que la subasta no es más que un instrumento con el que las eléctricas pueden especular sin ningún tipo de limitación con las tarifas que acaban repercutiendo a las familias. Facua-Consumidores en Acción ha remitido una denuncia contra el Gobierno al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, por incumplir la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, toda vez que considera que “no garantiza ni la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la electricidad razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios”.

Álvaro Nadal (i), director de la oficina económica de Moncloa, y su hermano gemelo Alberto (d) secretario de Estado de Industria   

Uno de los detalles más llamativos de esta reforma es quiénes la han pactado. En contra de lo pensado, los encargados de cerrar el acuerdo no fueron ni el titular de Industria, José Manuel Soria, ni el de Hacienda, Cristóbal Montoro, sino los hermanos Nadal. Álvaro Nadal, director de la oficina económica de Moncloa, y Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, hermanos gemelos, han sido los encargados de poner fin a los enfrentamientos entre los dos ministros. El Gobierno ya había decidido quién sería el número dos de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria. Según fuentes gubernamentales, el elegido para ser secretario de Estado de Energía era Alberto Nadal, vicesecretario general de Asuntos Económicos de CEOE y hermano del director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Álvaro Nadal. Uno –explica Miguel Ángel Noceda en un artículo en El País, ‘La vida gemela de los Nadal’– es zurdo y otro diestro. Uno se ha dejado barba; el otro, no. De pequeños sacaban las mismas notas y tenían las mismas debilidades: las matemáticas y la historia. Cuando tuvieron que elegir carrera, se decidieron por Económicas y, como su padre les apretaba para que hicieran una ingeniería, escogieron ICADE, o sea dos carreras a la vez (Económicas y Derecho) para contentarle. Acabaron cum laude y, de forma casi inmediata, sacaron la oposición a técnicos comerciales y economistas del Estado con los números uno y dos. Mientras tanto, se hicieron liberales y entraron en política. Son los gemelos Nadal y, de momento, han alcanzado el rango de viceministros. Álvaro, que es el zurdo y nació unos minutos antes, es director de la Oficina Económica del Presidente, y Alberto, que se dejó barba para que no les confundieran, acaba de asumir la secretaría de Estado de Energía, tras haber sido los últimos dos años vicesecretario general de la CEOE. Tienen mucho poder y les gusta ejercerlo allá por donde circulan. Apenas tienen fisuras en sus convicciones. Alberto, que rechazó ser consejero de Red Eléctrica por el cargo de hermano, tratará de enderezar la errática política energética, y Álvaro estará satisfecho de tener a su gemelo más cerca del Estado Mayor de La Moncloa. En conversación, por separado, hablan sin tapujos; pero son reacios a hacerse juntos una foto. Una excompañera cuenta que se quedó perpleja cuando en un restaurante oyó hablar a Alberto a sus espaldas y que se contestaba. Al darse la vuelta se lo explicó al ver a los hermanos comiendo mano a mano”.


El ministro de Industria, José Manuel Soria, llegó incluso a calificar de “burda manipulación” la subasta eléctrica del jueves, un comentario que desató aún más las hostilidades entre los dos bandos. Y las grandes patronales del sector como Unesa amenazaron de forma velada con acciones legales a un Gobierno que ha encarado ya múltiples denuncias en los tribunales internacionales por los recortes de las primas a las renovables. Hasta que, el viernes pasado, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba, durante su comparecencia ante la prensa, tras el último Consejo de Ministros del año, que la tarifa de la luz subiría un 2,3% en enero. La subida sólo era para el primer trimestre. Luego, en el segundo, habrá un nuevo sistema de cálculo. El Gobierno  aprobó, pues, un real decreto ley con un “mecanismo transitorio” de fijación de precios “solo para el primer trimestre de 2014”. Veremos lo que es capaz de subir a lo largo de ese año. ¿Demostrará así que la paciencia de los españoles no tiene límites?
 

“La electricidad lleva camino de convertirse en caviar –apunta Juan José Millás, hablando a su manera de las eléctricas–. Cada vatio, una hueva, no sabemos si de beluga o de sevruga, tendríamos que preguntarle a Miguel Blesa. Un producto prohibitivo, en fin, para la mayoría. Nuestros representantes políticos, si queda alguno que merezca ese nombre, deberían explicarnos cómo hemos llegado a esta situación en la que un servicio esencial ha devenido en artículo de lujo. Sería interesante que alguien escribiera una historia de la luz, donde se nos contara cómo se privatizó este sector estratégico, en manos de quién se encuentra ahora, y cómo calmar su voracidad. No entendemos la trampa verbal del llamado ‘déficit tarifario’ cuando Endesa, por ejemplo, obtuvo 2.212 millones de euros de beneficios netos en 2011. Ya me gustaría vivir con un déficit económico de esa naturaleza. Las eléctricas son empresas reguladas, de modo que una parte de las subidas las decide el mercado y otra parte el Gobierno. El problema es que, en esto de las subidas, el ministro de Industria no solo obedece ciegamente al mercado, sino que ha decidido obedecerse a sí mismo tras una breve etapa de rebeldía en la que no acababa de ponerse de acuerdo con su conciencia. Ignoramos qué parte de él ganó a qué otra, lo cierto es que después de jurar que no lo haría, lo ha hecho. El resultado es que nos van a dar por los dos lados. Si hubiera tres, nos darían por los tres. Seguro que hay alguien trabajando en ello. La oposición en bloque, en un acto de caridad, que no de justicia, ha propuesto en el Parlamento que no se cortara la luz, durante los días de frío, a las familias pobres. El PP, tras calificar la iniciativa de demagógica, ha votado que no. Quiere decirse que este invierno morirán helados bebés demagógicos y ancianos demagógicos y enfermos en general demagógicos. Todo esto empieza a ser la hostia”.

 
Vicente Clavero escribe en Público.es el artículo “No nos engañemos: la escalada del precio de la luz va a continuar”. El titular de Industria se negó aceptar en redondo el aumento del 11 % del recibo de la luz a partir de enero.  “La diligencia del José Manuel Soria probablemente no hubiera sido tanta sin la concurrencia de dos circunstancias que ayudan a explicar su actuación en este caso. Primero, la creciente irritación de los consumidores, hartos de las reiteradas subidas de un servicio básico, cuyo coste es actualmente un 60% superior al que tenía antes del inicio de la crisis económica. Y, en segundo lugar, la arrogancia de las propias eléctricas, que desplegaron hace pocas semanas toda su artillería pesada contra él por no haber cumplido el compromiso de endosar al bolsillo de los contribuyentes el déficit tarifario de 2013. Con la anulación de la subasta del 19 de diciembre, Soria ha intentado calmar a los soliviantados usuarios, pero también ha querido hacer una demostración de fuerza frente a unas empresas acostumbradas a campar a sus anchas. Las eléctricas son un poderoso oligopolio, al que ningún Gobierno se ha atrevido hasta ahora a meter en vereda por temor a su incuestionable capacidad de influencia. Gracias a ello, hay algunas (Iberdrola, Endesa) que, pese sus inagotables quejas en España, figuran entre las más prósperas de toda la Unión Europea, tanto por volumen de negocio como por beneficios. Un dato ayuda a entender por qué en plena recesión les sigue yendo también a las eléctricas: sólo las subidas de la TUR les han permitido facturar 21.600 millones de euros más entre 2007 y 2013. Han compensado así, en buena medida, el retroceso de la actividad de sus grandes clientes, los que compran la electricidad en el mercado libre. Pero, para los consumidores de a pie –las pequeñas empresas y las familias–, ese sobrecoste ha supuesto un duro quebranto, coincidiendo además con una etapa de fuertes caídas en los niveles de consumo y de renta. Que las cosas les vayan a ir mucho peor a las eléctricas con el nuevo mecanismo de fijación de precios es algo que está por ver. El Gobierno, para salvar la cara ante la opinión pública, atenuará algo las subidas futuras (alrededor del 3% en el primer trimestre de 2014); pero nadie nos va a librar de que la escalada continúe. Porque lo único que podría evitarla es una reforma en profundidad, que cambie las reglas del juego del acceso a este bien de primera necesidad, devenido artículo de lujo por la desidia de unos Gobiernos, incapaces de plantar cara, en beneficio de los ciudadanos, a uno de los mayores lobbys de España”.


 La prensa internacional de todos los colores ha puesto a caldo al Gobierno, con el conservador The Times a la cabeza, que lo califica de “autocrático” en su duro editorial titulado 'Abuso de Poder'. Así, sin rodeos ni eufemismos. Estos titulares reflejan la tremenda imagen que está sembrando este Gobierno en medio mundo, incluso entre los de su cuerda. “Trasladar la legislación penal a un tema de salud y de conciencia de las mujeres es un abuso de poder del gobierno”, dice el rotativo británico, para rematar afirmando que “una sociedad constitucional no se entromete en áreas de juicio personal que la mayoría de estos ciudadanos estimen dentro de la autoridad de la familia. Eso forma parte de la práctica de los gobiernos autocráticos de su cuerda”. The Independent hace referencia a las nuevas restricciones impuestas en la ley, que va impedir “la mayoría de los abortos” que se realizan en el país, lo que supone un “retroceso de décadas”.
 
“El término franquista, utilizado en España –escribe Antonio Criado Barbero– conlleva la asunción de que aquella dictadura fue un régimen caudillista, es decir un régimen liderado por un caudillo cuyo objetivo era mantener el orden social del país, lo cual hacía utilizando medios autoritarios. En este esquema, desaparecido el dictador, desaparece la dictadura. Ahora bien, el régimen era mucho más que caudillista. La ideología que... sostenía aquella dictadura era una ideología totalizante, que se reproducía predominantemente a través del estado y que sobrevivió al dictador y a la dictadura. Esta ideología fue el nacional-catolicismo, promovido por los aparatos ideológicos del estado, que afectaba a la totalidad de la sociedad y a los individuos que vivían en ella, invadiendo incluso las esferas más íntimas de la personalidad de los españoles, que incluían desde el comportamiento sexual, al idioma y cultura mediante los que el individuo debía expresarse. El régimen imponía toda una serie de normas de comportamiento y de pensamiento. En realidad, fue uno de los regímenes con una ideología más totalizante que hayan existido en Europa. Hoy aún el franquismo está presente en instituciones y sectores muy importantes de poder.


Así era visto Gallardón por la FundaciónPrincipedeAsyturias.com


Y así veía el humorista Pep Roig los nuevos úteros españoles gallardoneados. Nuevo mapa jurisdiccional anatómica de la mujer española.
 



Continuando con el humor de esta semana, así veía Erlich el futuro próximo: esto no es un futuro, el 31 de diciembre…, con más derechos y el año que viene todo mejorará.
 




Otros humoristas: Forges, Peridis, El Roto, J. R. Mora, López. M. Fontdevila, Ramón…








 


 

 
Pep Roig, desde Mallorca, concluye la ronda de humoristas de esta semana:
 

Pep publicó en Última Hora este fotomontaje sobre la dimisión de Carlos Delgado, conseller de Turisme. El Presidente Bauzá carga con las cabezas de los cinco consellers que, a lo largo de su corto mandato, fueron cesados por él. Pep ha montado el dibujo partiendo de la fotografía de Carlos Delgado con los testículos de la pieza que se cobró en una cacería, y que hace unos meses publicó en dicho diario. Pep sustituye la cabeza de Delgado por la de Bauzá. Sobre ella,  como si se tratara de sus trofeos, las de los cinco consellers dimitidos y cesados. Otros dibujos de Pep:
 
 
 

Terminamos con 'No job land' (Una tierra sin trabajo), un vídeo que de siete minutos que refleja el drama del desempleo retratado en el barrio de Vallecas. El documental de tres periodistas españoles retrata la supervivencia de cuatro familias con todos sus miembros en paro | Medios como 'The Telegraph' lo exponen como ejemplo de la situación española.
 

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