Lunes y viernes negros en la Comunidad Valenciana.

 

 

Dos Fabras fueron tristemente célebres el lunes y el viernes en la Comunidad valenciana: Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón de 1995 a 2011, condenado a cuatro años de cárcel, y Alberto Fabra, actual presidente de la Comunidad, quien manda cerrar Canal 9, registrando sus periodistas una resistencia última de hasta doce horas hasta que se funde a negro. Pero empecemos por el primero quien protagonizara su lunes negro. Carlos Fabra, presidente de Aerocas (sociedad pública que gestiona el aeropuerto de Castellón), uno de los líderes del PP en la Provincia, de sobra conocido por sus modales autoritarios, fue procesado judicialmente por diversos delitos de tráfico de influencias, por cohecho y por cinco delitos, siendo condenado sólo a cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros a Hacienda. Es el mismo personaje que, en julio de 2008, se mostraba fotográficamente, justo en el centro, como uno de los importantes del PP valenciano y tiene a su derecha, a Ricardo Costa, a la sazón secretario general del PPCV y a Mariano Rajoy, presidente del PP y hoy del Gobierno, y a su izquierda, Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. “En la Comunidad Valenciana –escribe Qaesar en El Ventano,  al pie de esta fotografía–, posaron para sus numerosos fans los miembros más destacados de esta banda de delincuentes. Todos machos, por cierto. Allí soltó Rajoy aquello de que Fabra era ‘un ciudadano ejemplar’. Hoy Fabra es un lastre para el PP a quien sus dirigentes han abandonado a su suerte porque ya no es rentable. Así son las reglas de la mafia en todo el mundo. El capo mayor de la zona acaba de ser condenado a una pena tan ridícula que hasta el tipejo se ha reído de ella. La perfecta representación del cacique mafioso de hace medio siglo. El más cutre, el más rancio, con esa pinta de macarra seboso y la cabeza a rebosar de brillantina, sin acudir a sofisticadas ingenierías financieras, ha sido capaz de poner en ridículo la Justicia española. Algo similar a lo que logró Al Capone”. Más de cinco años más tarde, el ex líder del PP de Castellón es hoy condenado por los jueces. A una pregunta de los periodistas, Carlos Fabra contesta: “Rajoy no me ha llamado ni tiene por qué hacerlo”. Asegura, orgulloso de sí mismo, que, el mismo lunes recibió más de 700 llamadas y sms 'de cariño'. Y añade, sobre la instrucción judicial: “No sé dónde está el infierno pero sí cuánto dura: 10 años”…

  Carlos Fabra, durante la rueda de prensa tras la sentencia a cuatro años de cárcel.

Ante la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que le condenó a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre los años 1999 y 2004, el expresidente de la Diputación de Castellón, en una rueda de prensa en un hotel de Castellón, cree haber sido víctima de una "cacería político- mediática". Carga contra los medios que se han dejado "llevar por las ejecuciones a pie de plaza" y defiende que el veredicto demuestra que era inocente. En poco más de 15 minutos, no acepta ciertas preguntas de los periodistas y se limita a responder sólo las que más le convienen: "Mi esposa y yo respetamos la sentencia, aunque no estemos parcialmente de acuerdo con ella. Han pasado más de 3.600 días, casi diez años, desde que un sujeto animado por dirigentes socialistas propició el inicio de una cacería político mediática contra mí". Niega haber presumido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le hubiera calificado alguna vez como "ciudadano y político ejemplar". En cualquier caso, para él, la sentencia manifiesta que "mi actuación política fue correcta" y que, "en todo este tiempo, se nos ha desposeído a mí y a mi familia de las garantías del Estado de Derecho, de la presunción de inocencia y se me ha condenado, sin que hubiera ningún tipo de pronunciamiento de un tribunal". Puntualiza que "no son cuatro años de cárcel, sino uno por cada delito que se me imputa". Dice que no esperaba ir al trullo, pero que no tenía miedo ninguno. "Espero no ir a la cárcel, hace años que me afeito. Y espero ganar en el Supremo o por amparo en el Constitucional", llega a decir. "Si a cualquiera de ustedes la inspección fiscal les hace más de 100 inspecciones en un año, seguro que les encuentran algo", acaba por confesar a los periodistas, justificando así su condena. A continuación, agradece a los familiares, amigos, votantes del PP y periodistas, que "han sido ajenos a estos ataques sin cuartel" y que le han "alentado a seguir en la brecha", defendiendo su "inocencia, compromiso y honor tantas veces pisoteados".

Carlos Fabra, se defiende, pese a todo.

 

Quien fuera máximo mandatario de la provincia de Castellón durante casi dos décadas ni contempla pedir el indulto, ni abandonar su cargo público como secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón, obtenido mediante proceso de oposición. Anuncia que devolvió voluntariamente su carné de afiliado al PP. “Hubo un momento –desvela– que me planteé dejar la política. Y, tras hacerlo ahora, no echo de menos el cariño del PP, porque hay gente que sí me da cariño. Me siento arropado. Tengo buena defensa y el cariño de mi gente”. Sobre las dilaciones del proceso de Instrucción judicial, asegura que “la investigación pericial debió durar 365 y duró más de mil”, después de que “un sujeto emprendiera una persecución contra mí, con el apoyo de los socialistas”, advierte. El ex líder político se ciñe a un comunicado en el que agradece a su familia porque, en estos 10 años, ella le había ayudado a mantenerse firmes. Y da las gracias “a los medios que han afinado la escritura de una manera veraz”.

 Fabra aseguró no haber nunca presumido del apoyo del presidente del Gobierno para el cual él era un “ciudadano ejemplar”.  

 

Tras el fallo judicial, Carlos Fabra confirma que todavía no ha hablado con el presidente del PP de la Comunitat Valenciana, ya que no tiene por qué hacerlo. "Y menos ahora, que ya no soy afiliado". Dice que Mariano Rajoy, quien había asegurado, en julio del 2007, que se trataba de un "ciudadano ejemplar", no le ha llamado. Reconoció que el proceso se inició por la denuncia del empresario Vicente Vilar, y que desembocó, en una "cacería político-mediática". Recuerda que, si se hubiera "dejado llevar por los acontecimientos", habría presentado su renuncia y se habría marchado a su casa. Pero entonces, "todo" lo que había hecho este tiempo "habría desaparecido". Repite que cuando, hace unos años, su partido auspiciaba un plan integral por la limpieza democrática, jamás adoptó medidas contra él. Rajoy usó el calificativo de "ejemplar" a dos metros del interesado, que le observaba a través de sus gafas oscuras, sin mostrar nerviosismo alguno. El líder del PP aseguró que Carlos Fabra había recibido el apoyo de los castellonenses a través de las urnas y que "está aquí porque lo ha merecido". Llegó a recomendar "más prudencia al hablar de las personas". Y había acabado disculpando al presidente de la Diputación de Castellón, cuya familia estaba presente en el gobierno de esta institución desde hacía cinco generaciones, porque "nadie ha dicho en ningún tribunal que sea culpable. Cuando los tribunales toman decisiones, las respetamos y acatamos, y, mientras no las toman, todos somos iguales", había aducido Rajoy, al tiempo que pedía respeto a la presunción de inocencia del presidente de la Diputación castellonense y calificaba de "dramático" lo sucedido en Estepona. Durante la presentación en Estepona del decálogo contra la corrupción, Soraya Sáenz de Santamaría, a la sazón portavoz parlamentaria del PP, había declarado: "Es una vergüenza que se produzcan casos como los de Estepona, Marbella o Seseña porque hay políticos que sí trabajan para servir a los ciudadanos": Y había clamado contra el PSOE, que vio cómo su alcalde, Antonio Barrientos, acababa esposado camino de la cárcel. Sáenz de Santamaría avanzó entonces que el PP promovería un "mayor control en los ayuntamientos con la evaluación de los servicios públicos" y advirtió a los alcaldes socialistas de "que todo se va a revisar".

¿Quién paga los tres guardaespaldas de Carlos Fabra?

Hoy Fabra se lamenta: “Se me ha privado de la presunción de inocencia y se me ha condenado sin esperar las decisiones judiciales”. Sin embargo, dice haberse sentido fuerte” y resalta que la sentencia manifiesta que su actuación política “fue correcta”, ya que “no hubo corrupción, ni cohecho, ni tráfico de influencias” por lo que “nada enturbia mi etapa en la vida política”. En cuanto a los delitos fiscales, Fabra sigue creyendo en su inocencia y en la de su ex esposa, condenada a dos años por dos delitos fiscales. Muestra su deseo de “no ir” a prisión y su confianza en el Tribunal Constitucional, “proclive al reconocimiento de la prescripción”, porque “no se puede llevar por la calle de la amargura a un administrado”. El ex presidente de la Diputación reconoce que ha sido “doloroso” solicitar la baja como militante en el PP, cosa que había hecho por “coherencia”, ya que siempre había mantenido que, cuando tuviera una sentencia, aunque no fuera firme, la solicitaría. Lo que no aclara es quién costeó a los policías municipales de Castellón en excedencia, pagados por la Diputación hasta 2011, cuando el político hoy condenado dejó de ser su presidente. Antes de ser conocido como “el cacique de Castellón”, se había ganado otro título. Se le llamaba “el Sheriff del condado” porque así empezó a ser notoria su carrera política, siendo concejal de seguridad del ayuntamiento de Castellón. Eso le dio la posibilidad de conocer muy a fondo a los policías municipales de la ciudad, y a seleccionar entre ellos a los que quería a su lado cuando saltó de cargo. De esta manera, cuando se convirtió en Presidente de la Diputación, el Ayuntamiento y la Diputación de Castellón firmaron un convenio por el que la ciudad ‘cedía’ tres de sus policías municipales que, a partir de ese momento, pasaban a estar en excedencia y se convertían en los ‘guardaespaldas’ de Carlos Fabra. Era a mediados los años noventa. Según parece, no fue Interior quien los nombró. Pero los guardaespaldas de Fabra se han mantenido como si fueran “de confianza personal”, pagados por la Diputación hasta el año 2011. Hace unos días, Radio Castellón informaba de que tanto el Ayuntamiento de la ciudad como la Diputación o la Cámara de Comercio provincial, a preguntas de la emisora, habían negado ser ellos quienes pagan a los guardaespaldas. Así, pues, ¿quién los pagaba? El Partido Popular, tanto a nivel local como nacional, también negó estar costeando a los guardaespaldas. Si era el propio Carlos Fabra quien hacía frente a este gasto, durante los dos últimos años, resultaría contradictorio con sus declaraciones en las que asegura no tener dinero para hacer frente a la multa, de casi 700.000 euros, que le ha impuesto la Justicia por fraude fiscal. Según fuentes de Elplural.com, “algún empresario amigo” podría estar costeando ese gasto.

“Carlos Fabra –titula en Eldiairo.es Ignacio Escolar, fundador y primer director de Público, autor de Escolar.net, analista político en radio y televisión–: el delincuente ejemplar. No sólo es el símbolo de la corrupción del PP, de un modelo caciquil, casposo y autoritario que, para nuestra vergüenza democrática, fue aplaudido por los ciudadanos en las urnas. Carlos Fabra también simboliza como nadie la tolerancia de la derecha con la corrupción, la complicidad del partido con sus manzanas podridas, la absoluta protección del PP con los suyos, salvo que cometan el único pecado mortal en el partido: romper la omertà y denunciar al resto, como hizo Bárcenas. Hasta entonces, todo lo demás es perdonable. ‘Es un político y un ciudadano ejemplar para el PP y para los ciudadanos de Castellón’, dejó dicho Mariano Rajoy en julio de 2008, a pesar de que las evidencias ya eran entonces incontestables. Le avalaban las urnas y, para Rajoy, eso era más que suficiente. La Comunidad Valenciana era entonces el ejemplo a seguir, junto con la gestión de Jaume Matas en Baleares. Todo tan limpio y ejemplar como un estercolero”.

 

Ignacio Escolar prosigue en su escrito: “La complicidad del PP con la corrupción ni siquiera ha terminado con una sentencia donde queda probado que Carlos Fabra es un ejemplo de delincuente; un político corrupto que, junto a su exmujer, ingresó en sus cuentas 3,3 millones de euros de procedencia desconocida mientras presidía la Diputación de Castellón. Hasta ahora, las responsabilidades políticas se equiparaban con las penales para esquivarlas hasta que el juez hablase. Ahora dan igual incluso las sentencias, al menos para la secretaria general del PP. Para María Dolores de Cospedal no basta con una condena judicial. Es necesario, al parecer, que no quede posibilidad de recurso, y hasta entonces todo el mundo es ejemplar y honrado. Obviamente, esto sólo se aplica para los amigos; ya saben, la famosa ley del embudo. Para demostrar la culpabilidad de los demás, basta con que lo diga Esteban González Pons. La condena sigue los pasos de otros famosos delincuentes. Don Carlos Fabra cae, como Al Capone, por delito fiscal. El tribunal no ve probada la conexión entre esos millones sin declarar, que milagrosamente aparecían en su más de un centenar de cuentas corrientes, y el cargo que desempeñaba. Pese a la condena, la sentencia es decepcionante. Al parecer, según la Justicia y las leyes españolas, un político desde un cargo público remunerado puede vender ‘consultoría’ a empresas privadas sin cometer delito alguno. Si la ley es así, es urgente reformarla. Y si es el tribunal quien aplica las leyes como si fuesen un rollo de papel higiénico, es la Justicia la que de nuevo nos falla”.

Bajo el título: “Defensa del ejemplar Carlos Fabra”, escribe Isaac Rosa en Zona Crítica: “Si uno coge a toda la fauna de imputados e imputables del PP en los últimos años, Fabra parece el trigo más limpio de todo ese campo de malas yerbas. Apenas tiene vínculos pequeños con Gürtel (y, encima, le apodaron ‘el tuerto’), solo sale en los papeles de Bárcenas en un apunte menor (una donación que él hizo al partido), no se le conocen cuentas en Suiza, no ha usado las puertas giratorias que su partido mantiene tan bien engrasadas, y no fue consejero de ninguna caja de ahorros saqueada. ¡Pero si ni siquiera fue a la boda del Escorial! ¡Es un pringao! Sí, no hace falta que me recuerden sus méritos: ha sido durante años el cacique de Castellón, ha manejado la provincia como su cortijo, ha usado todos los resortes públicos para colocar gente afín y comprar favores, ha despilfarrado recursos en proyectos ruinosos, se ha chuleado a todos su oponentes políticos, y a lo anterior sumen sus negocios turbios de los que ha conseguido salir limpio hasta ahora, y los delitos fiscales ya condenados….

El aeropuerto del abuelo, sin aviones,  junto al cual hizo levantar un monumento de 25 metros de altura y 20 toneladas de peso.

 

“Pero aun así –prosigue Isaac Rosa–, insisto: si lo comparamos con quienes se llevaban sobresueldos y dietas, quienes repartían lo público entre sus amigos, quienes hundieron las cajas y encima se fueron con indemnización, quienes llenaron su región de Calatravadas multimillonarias, quienes trasiegan millones hacia Suiza y otros paraísos, quienes se codean con el poder económico y se ponen a su servicio; comparado con un Jaume Matas, un Bárcenas, un Blesa o un Lamela, Carlos Fabra es un ciudadano y político ejemplar. ¡Si hasta su yerno es más peligroso, ese Juan José Güemes que con su cara de buenecito entregó nada menos que la sanidad pública madrileña al negocio privado! Fabra es un cacique, sí. De hecho, es ‘el cacique’, como una especie en extinción, un vestigio de otro tiempo. La suya es una corrupción antigua, de provincias, de las que ya apenas quedan, frente a la corrupción 2.0 de los más listos. Carlos Fabra enseñándole a su nieta ‘el aeropuerto del abuelo’. Carlos Fabra colocando gente y reconociéndolo con orgullo. Carlos Fabra engañando a Hacienda con la torpeza de quien no está al tanto de lo último en ingeniería financiera. Carlos Fabra recurriendo al viejo truco del billete de lotería premiado. Carlos Fabra visitando el ministerio de Sanidad para agilizar unos permisos, como si fuera un personaje de Cuéntame (….) Ha sido el pimpampún de la prensa y la oposición, con su aspecto de mafioso de comedia, caricaturesco, pese a ser uno más (y no el peor) en una auténtica Tierra de saqueo como la Comunidad Valenciana. Consintió que su aeropuerto de pueblo fuese el símbolo mundial del despilfarro, como si no hubiera derroches muy superiores por todo el país. Carlos Fabra es un corrupto de ley, que no falla a los suyos. No como sus compañeros, que le han dado la espalda en cuanto le han caído cuatro añitos de nada. Ya sentirán la mala conciencia y le acabarán dando un indulto de tapadillo. Qué menos".

  Un grupo de policías en la entrada del canal autonómico.

Y mientras Carlos Fabra, condenado por la Audiencia Provincial de Castellón, trataba de hacer manifestaciones para salvar su imagen semihundida, el Gobierno valenciano ponía en marcha, en la noche del jueves y el viernes, la liquidación de Radio Televisión Valenciana (RTVV), tras 24 años de existencia, con el 'apagón', muerte y silencio definitivo de Canal 9 y Nou Ràdio. Ésta, poco antes de la medianoche del jueves, dejaba de emitir en sus frecuencias habituales de Alicante, Castellón y Valencia. Aunque, en ese momento, parecía que el fundido a negro de la televisión podía ser inminente, los trabajadores se hicieron fuertes en las instalaciones y evitaron el primer intento de cierre. El canal público continuó en directo tras exhibir durante toda la madrugada una programación especial en la que desfilaron rostros proscritos en los años de manipulación informativa y mala gestión económica, impuestos por los dirigentes del PP.

 

 

“He venido a elaborar un informe sobre lo que habría que hacer para cortar las emisiones –asegura Paco Signes, conocido por el apodo ‘Paco Telefunken'–, pero he decidido volver a casa al ver el cariz que toma todo esto”. El técnico, que ha sido reclamado para informar sobre la forma de cortar las emisiones de la televisión autonómica valenciana, se niega a desarrollar el trabajo requerido y abandona el centro de producción de programas de Burjassot “por decisión personal”. Paco reconoce que trabaja en la electrónica pero “no estamos para estas cosas". Este técnico accede de madrugada al centro de producción de programas junto a los liquidadores designados por el Gobierno valenciano, pero los trabajadores les impiden el acceso a la sala de control de la televisión desde donde se podía desconectar la señal. Posteriormente, los trabajadores forman un cordón e impiden también el acceso a la sala de los agentes de la policía. A la espera de que llegue la orden judicial para cortar las emisiones, durante toda la madrugada, RTVV narra en directo su cierre y mantiene tertulias con representantes de la oposición. Ningún político del PP quiere acudir. La radio autonómica sigue emitiendo en Internet, con la misma señal de audio del estudio central de la televisión autonómica cuyo cierre había sido decretado por el Gobierno valenciano tras 24 años de emisiones. Un decreto que causó cierto “bochorno” y una honda preocupación en las propias filas del PP  por las funestas consecuencias que esa "chapuza" puede acarrearle al PP, ya muy debilitado en las encuestas, en las próximas elecciones autonómicas, según reconocen fuentes del partido.

 

 

Los agentes de la Policía entran en la noche del jueves en la sede de Canal 9, en Burjassot, para ejecutar el cierre de la cadena. Pero el canal público emite, durante toda la madrugada, una programación especial. Tras la negativa de Paco Telefunken de desconectar la conexión, se producen dos intentos de cortar la emisión en la central de control –el "corazón" técnico de la cadena–. La televisión valenciana cuenta los rápidos acontecimientos y entrevista a los numerosos miembros de los partidos de la oposición que expresan su rechazo al cierre. Ante las cámaras de Nou, se alternaron las intervenciones de los representantes del comité de empresa y de otros empleados, denunciando "el golpe de estado mediático". A Ximo Puig, secretario general del PSPV, esa noche le recuerda el 23F. Enric Morera, portavoz de Compromís en las Corts, Mònica Oltra, portavoz adjunta, Marga Sanz, coordinadora de Esquerra Unida, coinciden, entre otros, en que ahora comienza una batalla legal contra el cierre. Para Joan Lerma, expresidente de la Generalitat, el cierre es un error social pero también económico. A las 03.00 horas, los empleados empiezan a recibir correos electrónicos en los que se les informa de que la empresa les da un "permiso retribuido". El Consell intenta llevar a la práctica la resolución, del pasado 5 de noviembre, de cerrar RTVV, siete horas después de que se hiciera pública la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de anular el

Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba a un millar de trabajadores del ente. El Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna ordena el desalojo "inmediato" de las instalaciones de RTVV en Burjassot. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana advierte que si no se produce de forma voluntaria será "por la fuerza policial". Los trabajadores de RTVV impiden a los liquidadores que accedan al centro de control donde están los cables para cortar las emisiones y denuncian que se les ha intentado impedir que grabaran esas imágenes. Posteriormente, los trabajadores forman un cordón frente al control central de la televisión para que no entre la Policía, que, finalmente, se retira entre gritos de "no se cierra". El PSPV-PSOE pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la suspensión cautelarísima del cierre por la "gravedad" de la decisión que causará "daños irreparables tanto a los trabajadores como a la sociedad valenciana". Así lo explica el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, quien señala que "en unos minutos" presentará en el TSJCV la impugnación del acuerdo del Consell publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) por el que se acuerda el cese de las emisiones. Puig señala que basa su posicionamiento en que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "legalmente, no puede ser el que cierre la televisión" sino que deben hacerlo "los liquidadores" pero éstos "no están ni inscritos en el Registro". De este modo, lamenta la "velocidad" con que "quieren poner fin a este cierre que no se ajusta a la ley". A su juicio, ese es un día "nefasto", y denuncia que el Consell "está provocando una tensión enorme, impropia de un gobierno democrático".

 

 

A las 12 horas y 19 minutos de la mañana del viernes un operario subcontratado desconecta la corriente eléctrica, provocando un grave daño a los equipos de alta tecnología. Con ello se inicia la muerte en directote de Canal 9. La Policía, acompañada por los liquidadores nombrados por el Consell, desaloja, por orden judicial, a los trabajadores del medio que durante toda la noche emitieron una programación especial ante el inminente fundido a negro de las emisiones. El Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna ordena el desalojo “inmediato” de las instalaciones. Una decisión producida con el informe favorable de la Fiscalía. Veinticuatro años de historia se  funden en negro para siempre. Los trabajadores prorrumpen en gritos, en valenciano, de “¡No tenéis vergüenza!”, “¡Fabra dimisión!” y “¡Ladrones!” Dentro del edificio hay varios centenares de trabajadores y fuera de la valla perimetral, otros 200 a los que no se les permite la entrada. En el plató donde se emitió el programa especial hay varios diputados de la oposición en Les Corts Valencianes (PSPV, Compromís y Esquerra Unida), respaldando a los trabajadores. Los periodistas, que se han mantenido parapetados en la sede, prorrumpen en gritos y protestas por la presencia de los policías nacionales y los liquidadores, que proceden al desalojo y cierre de la emisión. Nou emite en directo todo el proceso hasta que cortan la emisión. Vicent Mifsud, residente del comité de empresa, declara: “Vamos a recuperarnos de este golpe Recuperaremos la televisión de los valencianos. Podemos mirar a la gente con la cara bien alta”. Al grito de “RTVV volverá”, los trabajadores abandonan el ente público y llaman a la sociedad valenciana a protestar y a pedir explicaciones a los responsables del cierre.

Ignacio Escolar escribía el pasado 8 de noviembre el artículo “Valencia, radiografía del hundimiento” que reproducimos por su interés: “Lo sorprendente no es que el PP, según las encuestas, vaya a perder la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana. Ni tampoco que vaya a dejar de gobernar la Generalitat porque ni siquiera con UPyD sumaría los votos necesarios. Lo que más alucina de los resultados de la encuesta electoral que hoy publicamos es que todavía hoy, en una comunidad que se ha convertido en un ejemplo mundial de corrupción, mala gestión y despilfarro, el PP sea capaz de ganar las elecciones. Es verdad que el trabajo de campo de esta encuesta fue hecho antes de que el cierre de Canal 9 subrayase aún más las miserias valencianas. Probablemente hoy el resultado sería aún peor para la derecha, que presentó su gestión como el ejemplo a seguir y ahora está con el agua al cuello. Hablamos de una Generalitat valenciana que debe hasta callarse, después de haber despilfarrado a manos llenas. Las cifras son espeluznantes:

Fotomontaje de las autoridades valencianas, todas ellas del PP, responsables de los colosales proyectos que se convirtieron en grandes desaguisados, con Rajoy, presidente del PP y hoy presidente del Gobierno.

“1.200 millones de agujero en Canal 9. Por comparar, la deuda de todas las demás televisiones autonómicas juntas apenas llega a los 500 millones. 1.200 millones enterrados en esa Ciudad de las Artes y las Ciencias, instalaciones tan caras como infrautilizadas. Este año, perderán 52 millones más. 300 millones en la Ciudad de la Luz, un megalómano estudio de cine que lleva más de un año cerrado. 300 millones en la Fórmula 1. La cifra es aproximada porque, en el colmo del abuso, la Generalitat se niega a dar los datos exactos. Más de 350 millones para el fútbol. La Generalitat valenciana es incapaz de pagar a sus propios proveedores, pero es la propietaria directa o indirecta de la mayor parte de los clubes de fútbol de la zona. 150 millones en el aeropuerto peatonal más famoso del planeta, el de Castellón. Más de dos años después de su inauguración, el único avión que se ha visto por allí es el que corona la estatua de Carlos Fabra, ese nuevo Ozymandias. Este año hay presupuestado otro medio millón más para arreglar las goteras del enorme edificio vacío. Solo en informes para el aeropuerto, la Generalitat gastó 17 millones. 15 millones al arquitecto Santiago Calatrava por una maqueta, por el proyecto de otro de esos edificios “emblemáticos” –cómo cambia hoy el significado de esa misma palabra–. Alrededor de 3.000 millones por el agujero de la CAM, esa caja cuyos directivos planeaban fugarse con el dinero al Caribe. 30 millones en el saqueo de la empresa de aguas de Valencia, Emarsa. El dinero se evaporó, despilfarrado en casas, hoteles de lujo y prostitutas. ¿El resultado? Que hoy el canon del agua ha subido un 40% para poder pagar aquella fiesta. 4.500 millones en el Banco de Valencia, un dinero inyectado por el FROB antes de vender la entidad por un euro y al que hay que sumar casi mil millones más en otras ayudas. El presidente de Banco de Valencia –y de la también quebrada Bancaja– era José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat tras la salida de Zaplana cuyo mayor mérito para el cargo fue no pelear con Francisco Camps por continuar en ese sillón. 377 millones en Terra Mítica, un ruinoso parque de atracciones, impulsado de aquella manera por Eduardo Zaplana, que después ha sido vendido por la sexta parte de lo que costó. 12 de millones de euros en la visita del Papa, un dinero que sirvió también para engordar a la trama Gürtel a través de Canal 9. Son solo algunos ejemplos. La lista completa es mucho más larga y al otro lado de la balanza están esas miles de familias a las que la Generalitat no paga, esos colegios que no tienen ni para calefacción, esos proveedores a los que deben más de un año, esos ciudadanos que sufrirán durante décadas este agujero. Decía el PP que había que situar a Valencia en el mapa del mundo. Lo lograron. Hoy es el mayor parque temático de la corrupción y el despilfarro".

La BBC mira a Valencia para explicar el ´crack´ español.

The spanish crash, emitido el pasado domingo en la BBC2 de Reino Unido,  retrataba las fastuosas obras valencianas que definía como “costosas y poco útiles para los ciudadanos”. En el repaso no podían faltar La Ciudad de las Artes y las Ciencias que llenó los bolsillos de Santiago Calatrava antes de irse a Suiza, las infraestructuras inútiles para la America’s Cup o el Aeropuerto de Castellón sin usar. El reportaje relacionaba el despilfarro en la Comunitat Valenciana con las dificultades del Gobierno de Alberto Fabra para pagar a sus proveedores, con sectores como el de las farmacias con serios de problemas de viabilidad ante los impagos de la Administración. El documental incluye la visita del periodista Paul Mason a bordo del autobús de la Ruta del Despilfarro. “¿Cómo se puede permitir Valencia algo como esto?”, se pregunta el periodista. “A medida que el boom económico crecía, los proyectos se hicieron más y más excesivos”, critica el reportaje al hablar del aeropuerto de Castelló, que “ha costado 150 millones y no ha aterrizado ni un avión”. Son ejemplos de las grandes obras públicas construidas en busca del “prestigio” español. En el reportaje de la BBC se habla también de las políticas de austeridad y de los impagos de las administraciones. Y enfoca su punto de mira en  la Comunitat Valenciana, donde relaciona el gasto “excesivo” con las dificultades de “la región más endeudada de España” para pagar a sus proveedores. Otras duras imágenes aparecen como los colegios públicos en barracones o los testimonios de valencianos sin recursos que acuden a bancos de alimentos para comer. El documental movilizó a la ‘artillería’ del PP contra la cadena pública británica. La Embajada de España en Londres, la que ocupa el exministro Federico Trillo, remite una nota de protesta a Paul Mason, editor de Economía del programa This World, en el que se enmarca el reportaje sobre la crisis española. En la nota, según apunta ABC, se insta a Mason a que eleve la queja a sus superiores ante lo que consideran “contenido parcial del reportaje, ya que refleja sus debilidades económicas pero no sus fortalezas”. En el documental. de una hora, se usa la corrupción de los políticos valencianos y sus buenas relaciones con las cajas de ahorro locales como Bancaja para explicar la actual crisis de deuda de la Generalitat y del sistema financiero. “Los gobiernos locales decidían qué era terreno construible y qué no, y esto fue un foco de corrupción”, asegura uno de los expertos que aparece en el reportaje, donde también se apunta al descontrol de las cajas de ahorro como causa de la crisis.

 

En la sección de fotomontajes, presentamos a un personaje de gafas oscura que repite hasta la saciedad: “No voy a pisar la cárcel”. Le siguen otros de Génova Street. Rajoy se lamenta de que le llaman “golpista”. Y otro de D’Artagnan y los tres mosqueteros. “Servidor no tiene el menor interés por estas ‘biografías’ –escribe El rincón del náufrago, que aporta esta fotomontaje–, ni desea enterarse de lo que ya hemos vivido. Las memorias, ‘desmemoriadas’ algunas, ya no nos animan. Los hechos, deshechos o mentidos que dejaron, no nos gustan que los repitan. Esas biografías quizá les interesen a ellos mismos porque dispondrán de tiempo libre y bien remunerado. Supongo que ‘Planeta’ y los 'asteroides' que les rodean aprovechan la circunstancia para engrosar los míseros subsidios y duros trabajos que les mantienen”.

Erlich nos presenta sus viñetas habituales:

 



 

Le sigue el humor semanal, presentado por los dibujantes de lo cotidiano: El Roto, Peridis, Forges, Ferrán, Fontdevila, J. R. Mora, Pat y A. López.

 

 

 



 

Pep Roig dibujó: El gran hermanastro, Política trampa, El saqueo persistente, Los derechos, una reliquia del pasado y Seguros y apaleados (Nuevas multas de 30.000 euros por ultraje a España  o injurias graves contra autoridades).

 

 

Terminamos ya con cuatro vídeos. En el primero, los trabajadores de Canal Nou se enfrentan a policías que pretenden entrar al control central de RTVV para cortar la emisión de la cadena pública valenciana.

En el segundo, Canal 9 muere con sus trabajadores encerrados en los estudios, gritando “Això és un cop d'Estat!”[“¡Esto es un golpe de Estado!”. La Policía entró en las instalaciones de RTVV por orden judicial para ejecutar el cierre del canal.

El tercero es una procesión en Galicia, en otoño del 2013. Llueve, ¡Cómo no! No hay todavía nieve, pero sí castañas y cerdo. Una procesión en honor al santo alrededor del templo. La pequeña banda hace sonar la música. Y una fanfarria se cuela. Es la Fanfarria Taquikardia, que toca “A las barricadas” y la banda sonora de “El coche fantástico”, convirtiendo la procesión en hereje. El cura no dice nada y se deja llevar por la música que suena. Al final, expresa en su gesto que no está de acuerdo. Surrealismo en su estado puro. Ni Fellini lo hubiera logrado...

El cuarto y último está registrado en Sabadell. Son las seis de la tarde del 19 de mayo del 2012. También aparece una banda que interpreta El himno a la alegría de Beethoven.