¿Quién fue Martín Villa, investigado por la justicia argentina? Y el Emérito, a todo trapo…
Rodolfo Martín Villa, quien
ocupara cargos importantes durante los últimos años de la dictadura franquista
y la Transición, declaraba el pasado día 3 de los corrientes por “delitos de
lesa humanidad”. Formó parte del equipo de Adolfo Suárez, de las filas de UCD y
del Partido Popular respectivamente. Rubén Rozas nos recuerda en ElPlural.com
la trayectoria de este político leonés. En 1976 era Ministro de Relaciones
Sindicales en el primer gobierno posterior a la muerte de Francisco Franco y lideró
algunos de los actos por los que hoy se le juzga y que tienen como eje
principal la disolución violenta de manifestaciones. La polémica que le rodeaba
le llevó a dejar la política en 1979, aunque volvería un año después. Con el
desplome electoral de UCD, se pasó definitivamente a las filas del PP, donde
finalizó su carrera. Desde entonces, se dedica al mundo de los negocios, ocupando
cargos tanto en la empresa pública como la privada. El exministro declaró ante
la jueza María Servini, por delitos de homicidio agravado en el marco de una
querella por delitos de lesa humanidad de la dictadura. En concreto, se le
acusa del asesinato de cinco obreros reunidos en asamblea en la iglesia de San
Francisco de Asís de Vitoria, en 1976, de las muertes de la Semana Proamnistía,
en 1977, siendo ministro de Interior, y la de un estudiante durante los
Sanfermines de 1978 en Pamplona. Ese año 150 personas que desplegaban una
pancarta en la que se podía leer Amnistía Total resultaron heridas y la policía
armada disparó contra un joven, terminando así con su vida. Sin embargo, para la jueza del caso, su
polémica actuación viene de antes. El ministro, según la jueza, estuvo enmarcado
dentro de un plan “sistemático, deliberado y planificado de aterrorizar a
españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno” a través de la “eliminación
física” de algunos de los representantes más participativos, perpetrada por
grupos franquistas desde el inicio de la Guerra Civil hasta 1977. Diez años
desde que comenzó la tramitación de la querella todavía ninguno ha tenido que
enfrentarse a la jueza argentina. Y la ONU ya ha instado en varias ocasiones a
España a juzgar —o al menos dejar que se juzgue— a
los responsables franquistas de los presuntos delitos de lesa humanidad.
Los cuatro expresidentes
(González,
Aznar, Zapatero y Rajoy) destacan el papel de Martín Villa para impulsar la
Transición. Y los principales grupos políticos están divididos sobre si este
personaje, encargado de la reconversión de las antiguas fuerzas de seguridad
del franquismo, quien recibiera el apodo de “la porra de la Transición”, debiera
ser o no condenado. Unidas Podemos ha sido el primero en criticar la decisión
de los cuatro expresidentes. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, tachó
de “vergüenza” la defensa. Lo mismo hacían Gabriel Rufián e Íñigo Errejón. El
portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso se postuló en contra de la
decisión de los que fueran líderes del Ejecutivo, mientras que el de Más País
señaló que era una “pena” que expresidentes y exsindicalistas “quieran influir
para proteger a un ministro de la dictadura”. Por su parte, Inés Arrimadas
deslizó en rueda de prensa que era imposible hacer un juicio objetivo “sin
haberlo vivido”. Asimismo, el PSOE no se ha posicionado aún sobre esta
cuestión, aunque Bildu preguntó sobre su opinión en la Cámara. La división no
se produce solamente en los partidos políticos, sino también en los sindicatos.
Así, los exdirigentes sindicales Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez, Cándido
Méndez y José María Fidalgo apoyan por carta a Martín Villa, mientras que UGT y
CCOO se desmarcan de esta decisión. En la declaración prestada a la jueza
argentina, Martín Villa reconoció que hubo “errores graves” en los asesinatos
de 1976, cuando él era ministro de Relaciones Sindicales. Sin embargo, deslizó
que una cosa es eso, y otra “aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a la
querella a afirmar que incluso en la Transición española hubo delitos de
genocidio y crímenes de lesa humanidad”. El exdirigente habló incluso de
falsedades en su catalogación de las muertes. “De aceptarse la versión de la
querella —llegó a decir—, si Adolfo Suárez viviera
sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes
contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar”. Finalmente, el
acusado defendió que, tras su mandato y después de mucho tiempo, no quedó “ni
un preso político” en la cárcel.
P Pasadas las tres de la
tarde del jueves, 3 de septiembre, Rodolfo Martín Villa se presentó en el
consulado argentino de Madrid. Imputado por supuestos crímenes de lesa
humanidad cometidos en España entre 1976 y 1978 y, durante más de cuatro horas,
respondió por videoconferencia a la jueza que investiga los hechos. La
magistrada indagó en su posible relación con doce muertes a manos de policías,
guardias civiles y grupos de extrema derecha durante la Transición, acusación
de la que Martín Villa se desvinculó durante el interrogatorio. Entre los
crímenes por los que se le pidió responsabilidades la Coordinadora Estatal de
Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA),
destaca lo ocurrido el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando cinco personas
murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía
Armada durante el desalojo de una protesta obrera. O los sucesos que le achacan
los querellantes a los Sanfermines de 1978, fiesta en las que la capital
navarra vivió una oleada de disturbios y Germán Rodríguez, militante de la Liga
Comunista Revolucionaria, muriera por un disparo de la policía en la cabeza.
Los querellantes consideran que Martín Villa debía responder por estos
episodios de violencia policial, sucesos que no dudan en calificar como “genocidio”
en los escritos enviados a Argentina.
Pablo Gabilondo recuerda
en El Confidencial lo ocurrido aquella tarde. El escrito más importante lo firmó Jaime
Ignacio del Burgo, expresidente de la UCD de Navarra y de la Diputación Foral,
quien aseguró que la querella está ‘plagada de falsedades’. “Lo mío no es una
carta de apoyo. Es un acta notarial que presenté en la embajada de Argentina
con destino a la jueza. Si yo no lo hubiera visto con mis propios ojos, no
sabría si esas versiones son ciertas o no... Pero lo vi”. El relato de Del
Burgo arranca la tarde del 8 de julio de 1978 en la plaza de toros, tras la
muerte del sexto astado. Como senador de la UCD en Navarra, él estaba en el
palco de la diputación junto a compañeros del partido y, cuando la corrida
parecía haber llegado a su fin, comenzaron los problemas. “Del tendido de sol —dice
Del Burgo— saltó un grupo con una pancarta de 'Amnistía' y recuerdo que la
gente gritaba 'San Fermín, San Fermín, San Fermín', que era la manera de decir
que no había hueco para la política. Entonces hubo unos insultos por parte de
uno de los tendidos, lanzando también objetos, y algunos de los que llevaban la
pancarta saltaron allí y se liaron a puñetazos”. El suceso pudo quedar en una
simple trifulca pero, al abrirse las puertas del callejón, se produjo la
tragedia. Sabino Cuadra, exdiputado de Amaiur y uno de los impulsores de la
querella contra Martín Villa, escribió un artículo en el que repasa lo ocurrido
ese día y carga contra la versión de Del Burgo. “Se disparó fuego real de forma
indiscriminada contra la gente que se encontraba en el ruedo y los tendidos.
Allí hubo cinco heridos de bala y decenas de personas tuvieron que ser
atendidas [...] El propio informe policial que obra en el sumario judicial
abierto reconoce que allí se hicieron 30 disparos”, sostiene Cuadra en su
artículo”.
Con la policía
disparando en la plaza, la estampida fue inevitable. Del Burgo abandonó el
lugar por una escalera auxiliar junto a otros políticos, entre ellos el
diputado Gabriel Urralburu, que años después se convertiría en secretario
general del PSN y en presidente de Navarra: “Me preguntó: '¿Te importa si vamos
a tu casa?' Y yo dije: 'Ah, bueno, si voy con Urralburu me sentiré protegido,
así que por supuesto que sí'”, recuerda su antiguo rival. Tanto el socialista
como otros compañeros de la UCD se refugiaron durante horas en su domicilio, a
30 metros de la plaza, mientras que el gobernador civil cruzó la ciudad para
llegar a la delegación del Gobierno sin ser advertido. No conocía Pamplona,
llevaba muy poco tiempo. Los policías que tenía de escolta desaparecieron, así
que fue Ignacio Astrain, el diputado de UCD, el que le ayudó a llegar. Tras
quedar la plaza desierta, los incidentes se fueron extendiendo por Pamplona.
Del Burgo, junto a Urralburu y el resto de compañeros de UCD, se quedaron en su
casa a la espera de que la situación se calmara y, entre las nueve y las diez
de la noche, vieron desde los ventanales la escena que más de 40 años después
investiga hoy la jueza argentina. “Empezaron a disparar pelotas de goma, con un
par de policías disparando desde la esquina de la calle Amaya, donde se oían
gritos en un callejón”. La tensión iba en aumento y, a la vista de que se
estaba descontrolando, Del Burgo llamó al gobernador para pedirle que retirara
a la policía. La respuesta de Llanos fue tajante: ya había dado la orden. “Nada
más colgar, sonaron los silbatos de los oficiales para que se subieran en los
coches”, asegura el que fuera primer espada de la UCD. Aunque el convoy se puso
en marcha, sostiene que el autobús apenas tenía espacio para dar la vuelta y
empezó a maniobrar. Los dos policías que se habían quedado en la esquina de la
calle Amaya fueron acercándose al vehículo, momento en el que los manifestantes
supuestamente pasaron a la acción: “De la calle salió una multitud de gente a
la carrera contra el convoy, gritándoles, tirándoles piedras. Los hubieran
linchado”. El exsenador de la UCD apunta a que la policía lanzó botes de humo
y, con el gas extendiéndose por la calle, llegaron las balas: “Dejamos de ver
lo que estaba pasando y se empezó a oír 'pum', 'pum', 'pum', como cinco tiros”.
Durante los siguientes 10 minutos, ya no vieron nada desde la ventana: “Cuando
se despejó el humo, no había nadie. Luego nos enteramos de que ahí había caído
Germán Rodríguez”.
Luis Suárez-Carreño escribe en CTXT sobre la toma de declaración indagatoria de Rodolfo Martín Villa ante la jueza María Servini, titular del Juzgado nº 1 de Buenos Aires, por teleconferencia en la embajada argentina en Madrid: “Probablemente esta declaración es el primer trámite judicial en un proceso abierto por crímenes cometidos por el franquismo. Precisamente son de este último periodo, en concreto de los años 1976 a 1978, los crímenes que se achacan, a título de responsable a Martín Villa… Se le acusa de un total de 12 homicidios y cientos de heridos causados por las fuerzas y cuerpos de seguridad bajo su mando como ministro, o por fuerzas parapoliciales de extrema derecha ayudadas o protegidas por aquellas… Sin olvidar que, en los casos de Vitoria y Pamplona hubo, además de esas víctimas mortales, cientos personas heridas, muchas de ellas tiroteadas por la policía; ni que la mayoría de los crímenes siguen impunes, o, si algunos de sus culpables han sido perseguidos y castigados, como en el caso de Arturo Ruiz, fueron rápidamente excarcelados o ayudados a huir. Es importante subrayar que las acusaciones están respaldadas por años de investigación, testimonios directos, pruebas y documentación laboriosamente reunida; dosieres técnicamente consistentes, gracias al trabajo silencioso y altruista de un gran equipo de letrados y letradas, y al apoyo de las organizaciones que forman parte de la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). Aunque resulte una obviedad, conviene dejar constancia de que ni se trata de acusaciones ligeras o improvisadas, ni el juzgado instructor argentino habría aceptado imputaciones como la de Martín Villa si los expedientes aportados no tuvieran la necesaria consistencia indiciaria y probatoria. Martín Villa ha argumentado en su defensa, al parecer, que no se puede hablar de una situación de genocidio durante la Transición, negando así el carácter de lesa humanidad de los crímenes para alegar su prescripción y su posible beneficio por la amnistía. ¿Pero fueron crímenes aislados, casuales?... Los crímenes de la Transición fueron crímenes de lesa humanidad de un franquismo sin Franco, como lo habían sido los que perpetró el mismo régimen con Franco. En este periodo, el papel de Franco lo ejerció el jefe de Estado de recambio elegido por él: el Borbón. Este, al menos hasta la Constitución promulgada en diciembre de 1978, fue, técnicamente, un dictador”.
Andrés
Gil escribe en Eldiario.es sobre Martín Villa, franquista que
transitó a la democracia y nunca rindió cuentas: “Es uno de esos niños de la
guerra que no tuvo que emigrar. nació en 1934 (Santa María del Páramo, León) y
es un ejemplo del franquismo que transitó a la democracia. Fue uno de los
actores principales de la jerarquía política del momento y nunca rindió
cuentas. Como tantos banqueros, exministros, jueces, empresarios, militares,
policías torturadores, gobernadores civiles... Una élite política y económica
de un régimen que moría, que se reinventó, siguió dominando los resortes de
poder del país, y en cuya cúpula estaba el propio rey Juan Carlos. En el caso
del ex ministro de Gobernación, no llegó a examinarse judicialmente su papel al
frente de la policía aún franquista durante la represión de huelgas y
manifestaciones en la Transición. Pero sí lo hizo de hecho ante la Justicia
argentina y por decisión propia. ‘La Transición fue lo contrario a un genocidio’,
declaró en su defensa el único de los acusados que ha comparecido –desde la
embajada argentina en España– de la veintena que investiga la jueza María
Servini desde hace seis años. Martín Villa se licenció como ingeniero en 1962,
cuando los títulos universitarios eran un lujo al alcance de muy pocos. Y ya
entonces era jefe del Sindicato de Estudiantes Universitario, el falangista
SEU, inspirado por José Antonio Primo de Rivera a imagen y semejanza del modelo
fascista italiano. Llegó a vicepresidente del Gobierno ya en democracia,
procurador en Cortes –primero– y diputado en varias legislaturas –después– y,
como suele corresponder con políticos de su linaje, ha presidido grandes
empresas tras décadas en la política, como Endesa (1997-2002) y Sogecable
(2004-2010), además de haber sido, entre una y otra, comisionado para la
catástrofe del Prestige (2003), nombrado por José María Aznar. Martín Villa
medró en el régimen vistiendo la camisa azul, como muchos otros ‘jóvenes
reformistas provenientes del franquismo’ como se autodenomina, incluido su
amigo Adolfo Suárez, quien era ministro del Movimiento (la Falange) antes de
convertirse en presidente del Gobierno. De la misma quinta, de Castilla y León
los dos. Falangistas ambos, protagonistas de una Transición a la democracia que
reinstauró las libertades a cambio de blindar la monarquía y los crímenes del
régimen en el que se criaron y al que sirvieron”.
Andrés Gil prosigue en
Eldiario.es: “En 1965, Agustín García Calvo, Enrique Tierno Galván y José Luis
López Aranguren, entre otros profesores, habían sido separados de la
universidad por su apoyo al movimiento estudiantil. Pero ni Martín Villa ni su
SEU tenían nada que ver con ese movimiento estudiantil. Y, por eso, siguió
medrando, y en 1969, un año después del asesinato por ETA de Melitón Manzanas,
accedió a la secretaría general de la Organización Sindical Española, lo que le
catapultó a ingresar en el Consejo del Reino jurando de rodillas ante Franco y
un crucifijo con el uniforme falangista... Ya con 40 años, en 1974, fue
nombrado gobernador civil y, siempre con la camisa azul y el brazo en alto,
jefe provincial del Movimiento de Barcelona. Un año más tarde, entra en el Gobierno de
Arias Navarro como ministro de Relaciones Sindicales: dos años antes había
entrado en la cárcel la dirección de Comisiones Obreras, precisamente por
realizar actividades sindicales, en el llamado proceso 1001. El 20 de noviembre
de 1975 fallecía el dictador en la cama no sin antes haber firmado ejecuciones
como las de Puig Antich (1974) y, al alba, las de dos miembros de ETA y tres
del FRAP (1975). Franco moría matando y, mientras Portugal hacía su revolución
de los claveles, Martín Villa se apuntaba al Gobierno Arias, el del franquismo
sin Franco… Martín Villa se convierte en ministro de Gobernación en julio de
1976. Pero seis meses antes, se producía la masacre de Vitoria del 3 de marzo
de 1976, uno de los casos en los que Martín villa está siendo investigado por
crímenes contra la humanidad durante la Transición española. La justicia
argentina imputa la participación del exministro en Vitoria, en la que cinco
obreros murieron por disparos de la Policía Armada en una iglesia previamente ‘gaseada’.
La represión contra los trabajadores dejó más de 100 personas heridas, la
mayoría por armas de fuego. Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales,
por lo que no era responsable directo de la policía, pero participó junto a
Adolfo Suárez –ministro interino de Gobernación por viaje oficial de Manuel
Fraga a Alemania– y Alfonso Osorio –ministro de la Presidencia– en la decisión de enviar refuerzos y en que un mando
único dirige el operativo. ‘Nosotros –dice Martín
Villa en su declaración–, nos reunimos cuando empezaron a llegar las primeras
noticias de fallecidos, y lo que conseguimos fue que no se decretara el estado
de sitio’. La jueza María Servini pregunta a Martín Villa por el asesinato por
parte de los llamados Guerrilleros de Cristo Rey de una mujer en Santurce –9 de
julio de 1976–, en tanto que la denuncia recoge que el grupo ultraderechista
estaba ‘protegido por la policía’. Una policía a cuyo mando estaba el recién
nombrado ministro de Gobernación, Martín Villa, y que detuvo en diciembre de
ese año al secretario general del PCE, Santiago Carrillo, que había entrado a
España con una célebre peluca. En abril de 1977 el PCE quedaría legalizado”.
Sin embargo, en las 20
páginas que empleó Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, para resumir su
análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las
graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y
la dictadura franquista, la conclusión principal es que España hace poco (y en
ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos,
y por la reparación a las víctimas. En la ley de Amnistía, precisamente, es
donde se observan mayores déficits: se erige como el principal obstáculo en la
búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces siquiera
conozcan los hechos”. Pablo de Greiff entiende que la norma en sí misma no
impide la apertura de causas, sino que son las “interpretaciones restrictivas”
–tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad
jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los
delitos– las que dificultan la investigación de los delitos. “Con la implosión
de UCD, tras las elecciones de 1982 que encumbraron al PSOE de Felipe González
con una mayoría absoluta nunca repetida, se produce un relevo de las élites
políticas, y Martín Villa pasa a un segundo plano político: transita por el PDP
de Óscar Alzaga hasta ingresar en el PP en enero de 1989 y encadenar dos
legislaturas y parte de una tercera como diputado, que abandonó para presidir
Endesa en 1997, colocado por el recién elegido presidente del Gobierno, José
María Aznar. Allí permaneció hasta que en 2002 otro referente económico del PP
de la época, Manuel Pizarro, le sustituyó y acomodó como presidente de la
Fundación Endesa. Duró poco en ese retiro: en 2003 Aznar le encomendó el
comisionado de la catástrofe del Prestige y, en 2004, accedió a la presidencia
de Sogecable, donde permaneció hasta 2010. Martín Villa es una figura
paradigmática de la historia reciente de España: nacido en el bando de los
vencedores de la Guerra Civil se mantiene fiel al régimen hasta que muere el
dictador, levantando el brazo y vistiendo la camisa azul hasta la víspera de
convertirse a la democracia, de la que sacó provecho político y económico. Como
dicen quienes le están defendiendo estos días, es una ‘figura clave’ de la
Transición. Y es verdad, él estaba allí, en las reuniones, en las camarillas,
en los círculos de poder lampedusianos que cambiaron para seguir mandando. Y,
sobre todo, no rendir cuentas por nada de lo que pasó en cuatro décadas de
dictadura”.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, sonríe ante un comentario del ex dirigente comunista, Santiago Carrillo, tras recuperar éste la supuesta peluca que llevaba cuando fue detenido en diciembre de 1976, entregada por el entonces ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa. Santiago Carrillo dudaba de que esa peluca fuera la misma. Mayor Oreja sonríe ante un comentario de Carrillo, tras recuperar éste la supuesta peluca que llevaba cuando fue detenido en diciembre de 1976 (después de entrar clandestinamente en España) entregada por el entonces ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa.
Javier Lezaola cuenta en
Laultimahora.es del pasado domingo en el programa de la Cadena SER ‘A vivir’,
de Javier del Pino, que el escritor y periodista Juan José Millás recordaba que
“hace años”, en una jornada de puertas abiertas celebrada en el Congreso,
entrevistó a Rodolfo Martín Villa para el programa ‘La ventana’, de Gemma
Nierga. Y desvelaba que, durante la entrevista, Martín Villa le contó que “lo
primero que hizo” tras conocer la detención de Santiago Carrillo el 22 de
diciembre de 1976 en Madrid –siendo Martín Villa ministro de la Gobernación– fue “llamar a la comisaría donde le habían llevado,
para decir que no lo torturaran”. Millás asegura que, “horrorizado”, preguntó a
Martín Villa: “¿Pero entonces usted es ministro del Interior de una Policía que
sigue torturando? ¿O sea que para proteger a un detenido tiene usted que llamar
para que no le peguen? ¿Y usted lo sabe, esto?”. Cuenta que el exministro “hizo
así, un gesto como diciendo ‘pues así son las cosas, ¿no?’”. “Y así han sido
las cosas”, destacaba el escritor y periodista, considerando que “parte de los
males que hemos vivido” se deben a lo sucedido precisamente en la Transición,
una etapa que “se hizo como se pudo”, pero “eso no quita para que te quedes
escandalizado”. Durante su intervención, Millás se refirió al general Franco como “el jefe de
una banda armada, de una banda terrorista”, y recordó que “en la Transición
hubo una lucha entre gente que era partidaria de la reforma y gente que era
partidaria de la ruptura” con el franquismo, asegurado que él era de los
segundos, porque le parecía “impensable” que la familia Franco “saliera de
rositas” o que a “torturadores” como Antonio González Pacheco ‘Billy el Niño’
“se les dieran medallas”.
Y mientras Martín Villa intenta salvar su nombre de las acusaciones que recaen sobre él, acudiendo a la embajada argentina en España, otros, como el Emérito se refugian lejos de España, en Emiratos Árabes, de otras sospechas y acusaciones que le acechan.En Moncloa.com, Yolanda titula “A todo trapo: así tiró el dinero en Suiza el Rey Juan Carlos I”. Y así continúa: “A pesar de que la información sobre el Rey Juan Carlos sigue saliendo a la luz a raíz de las investigaciones de la fiscalía suiza sobre blanqueo de capitales, el interés mediático por su figura tras los primeros días de abandonar España e instalarse en Emiratos Árabes parece que decrece. Sin embargo, seguimos recibiendo noticias que arrojan luz sobre una vida que parece que fue de todo menos ejemplar, rodeada de opulencia y lujos descontrolados. ¿En qué gastaba el Rey Juan Carlos I las grandes cantidades de dinero que ingresaba por sus ‘operaciones comerciales’? El periódico suizo ‘La tribuna de Ginebra’ hizo público una serie de documentos y declaraciones que estarían incluidas en el sumario judicial y que mostrarían el estilo de vida del rey Juan Carlos I durante sus últimos años de reinado. Así, según el citado periódico el emérito habría extraído de su cuenta unos 125.000 euros al mes durante cuatro años (del 2008 al 2012). Estas cantidades de dinero eran para pagar gastos no declarados dentro de la familia real, y eran destinados para pagar regalos, viajes, consumiciones, y caprichos en general. No olvidemos que, al margen de este dinero, el rey emérito recibía una asignación del Estado español de en torno a los 140.000 euros para sus gastos personales”.
Laura Gómez entrevista en ElNacional.cat a Lluís Llach tras la publicación de su novela Escac al destí (Jaque al destino). Lluís Llach tiene nueva novela. El cantautor, exdiputado de JxSí en el Parlament y escritor, no se reconoce como escritor, a pesar de haber escrito ya cinco libros. En una entrevista con Roger Escapa en El Suplement de Catalunya Ràdio, le confiesa: “Parece que hables de alguien que está aquí detrás, porque sólo tengo dos excusas para escribir: hay mucha gente que le gusta lo que explico y, sobre todo, el hecho de escribir me hace feliz. Lúdicamente feliz”. “¿Es jodido hacerse mayor?” Le pregunta Escapa. “No –contesta–. Los más borbónicos que los Borbones pretenden mirar hacia otra parte, seguir haciéndole genuflexiones al fugado, llenándose la boca a riesgo de atragantarse cada vez que proclaman aquello tan casposo de “V.E.R.D.E”. Pero por mucha verborrea patriótico-monárquica, hay que llamar las cosas por su nombre. Y si hay alguien en este país que sabe palabras, este es Lluís Llach. Y cuando oye hablar de que lo que ha hecho Juan Carlos es un exilio, alza la voz y dice las cosas claras, y no sólo retrata a Juan Carlos: “No. El rey emérito es un fugitivo. Y, contra lo que muchos pensamos, no es un fugitivo de la justicia española, porque ésta no está en condiciones de buscarlo, ni de condenarlo ni de nada, porque rompería todo el Estado. Él es fugitivo de un fiscal suizo”. Los más borbónicos, según Llach, pretenden mirar hacia otra parte, seguir haciéndole genuflexiones al fugado, llenándose la boca a riesgo de atragantarse con tanta verborrea patriótico-monárquica. Y si hay alguien en este país que sabe palabras, este es Lluís Llach. Y cuando oye hablar de que lo que ha hecho el emérito es exiliarse, alza la voz y dice las cosas claras, y no sólo retrata a Juan Carlos: “No. El rey emérito es un fugitivo. Y contra lo que muchos pensamos, no es un fugitivo de la justicia española, porque esta no está en condiciones de buscarlo, ni condenarlo ni nada, porque rompería todo el Estado. Él es fugitivo de un fiscal suizo”.
El Bloque Nacionalista
Galego presentó en el Parlamento autonómico la petición de la retirada de
honores, nombramientos y demás distinciones al rey emérito, Juan Carlos de
Borbón. A través de una proposición no de ley, reclama esa medida, así como los
homenajes que se le hayan podido hacer. Reclaman que por su “actuación durante
el ejercicio de la Jefatura del Estado” y después de su renuncia “es
incompatible con la ética y los valores democráticos”, de ahí que del mismo
modo también reclame la retirada del retrato del monarca del Salón de los Reyes
del Parlamento. El Bloque va más allá e insta al Gobierno que preside Alberto
Núñez Feijóo a cancelar el título de Embajador de Honor del Camino de Santiago,
que le concedió en 2017 con carácter vitalicio a Juan Carlos I. Igualmente pide
la retirada de cualquier “otro título, honor o distinción que le fuera
otorgado”, al margen de quitar todos los retratos y otros elementos que, de una
u otra manera, supongan un homenaje en edificios de titularidad de la Xunta de
Galicia. Para el diputado Luis Bará, “la ley del silencio” establecida durante
décadas “alrededor de la Casa Real” permitió construir “una imagen falseada de
la Monarquía borbónica”. A su juicio, por más que se quiera “ocultar, silenciar
o blanquear”, todo lo que se ha hecho público en los últimos tiempos no tiene
nada que ver con su vida privada puesto que es un “hecho de extraordinaria y
grave trascendencia pública e institucional”. Tras hablar de “presuntos
negocios ilícitos de Juan Carlos I, investigaciones judiciales sobre cantidades
millonarias de dinero de dudosa procedencia y cuentas en bancos suizos”, el
diputado nacionalista considera que el Parlamento de Galicia, ante hechos de
“extrema gravedad” como los descritos, “no puede permanecer impasible”.
En la mañana del pasado
miércoles, 9 de septiembre, se entregaba en la embajada de Suiza en España un
escrito dirigido al nuevo embajador, Hanspeter Mock, en el que se incluía una “Carta
abierta” a la fiscalía suiza firmada por un centenar de ciudadanas y ciudadanos
españoles. En ella se exponía que la única forma de que el inminente juicio al
rey emérito Juan Carlos de Borbón sea un juicio justo, con un tribunal
imparcial e independiente, es que el juicio se celebre en Suiza. Los firmantes
expresan su preocupación por el hecho de que la justicia española pretenda
sustraer a la suiza, que inició la investigación, la responsabilidad de juzgar
al rey, con el fin de convertir su proceso en una pantomima. Se trata de un SOS
a la población y las instituciones suizas para que sean conscientes de la
problemática de España, “un país en el que durante cuarenta años ha habido un
pacto de silencio (mediático, político y judicial) sobre los actos de Juan
Carlos; un país en el que, tantos años después, el único juicio a los crímenes
del franquismo se está desarrollando en Argentina, teniendo que superar todos
los obstáculos que le impone el Estado español”. Em la “Carta abierta” se
recuerda que “si el rey emérito es juzgado en España, habríamos perdido la
oportunidad de que sus hechos se juzgasen con imparcialidad. Pedir a la
justicia española que juzgue al rey equivale a pedirle al Estado que se juzgue
a sí mismo. ¿Es posible en algún otro país? Lo desconocemos. Pero en España, la
respuesta es NO. La justicia española ha demostrado en incontables ocasiones, a
lo largo de los años, que cerraba los ojos frente a las posibles fechorías de
Juan Carlos. Por otra parte, tras las revelaciones sobre este caso realizadas
por la prensa suiza, inglesa, belga (nunca española), en España el poder político
y el económico, al igual que la mayoría de los medios de comunicación
(pertenecientes a este último) se han apresurado a salir en defensa de Juan
Carlos”.
Fotomontajes, imágenes y fotos sorprendentes:
“Yo era diputado por
Ávila” es el nuevo: “Mi perro se comió los deberes”. (Cachondeo con la excusa de Casado sobre la
'Kitchen').
Desde el primer día en que apareció Santiago Abascal en el Congreso de Diputados con su mascarilla, quedó claro que le serviría para sus fines propagandísticos. Sus intervenciones no fueron dirigidas a tratar de mejorar la vida de la gente, sino a ser un espacio publicitario de su ideología reaccionaria. Y declaró que el Gobierno quiere un estado de alarma “permanente” para evitar las protestas en las calles contra su gestión en la crisis del coronavirus, igual que ha decidido ahora hacer obligatorio el uso de mascarillas para “asustar” a los manifestantes y extender el miedo a un posible rebrote. Así que se la puso, pero con “su” bandera de España.
Sus intentos (y los del
PP) de acaparar símbolos que deberían ser de todos, como la bandera de España o
los símbolos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fueron monopolizados por
él, mientras lanzaba una acusación contra Pedro Sánchez e incluso apuntaba que
quizá el actual Ejecutivo de coalición no sea el peor en 80 años, sino “en 800”.
Hizo guiños al franquismo y exhibió la mascarilla con la bandera de España como
si fuera su batalla personal, demostrando así quién la tenía más grande (la
bandera).
Hace 50 años, en septiembre de 1970, Salvador Allende y el Frente Popular vencían en las elecciones presidenciales de Chile. Tres años después, el 11 de septiembre de 1973, Allende fallecía en el Palacio de La Moneda resistiendo al golpe de Estado fascista. Se inició la detención y asesinato de dirigentes y militantes de la Unidad Popular. Y la tiranía se cernió sobre Chile.
El humor en la prensa de
esta semana: El Roto, Peridis, Eneko, Enrique, Manel F., Pat, Vergara, Malagón,
Dávila, Javirroyo, Matamoix…
La España que madruga..
No suben, bajan.
Pesadilla en la kitchen
Rodolfo Martín Villa está
imputado por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la Transición. La
jueza argentina María Servini le interroga seis años después sobre unos delitos
que podrían sancionarse hasta con cadena perpetua.
Rodolfo Martín Villa, al banquillo por crímenes franquistas
Abascal, sí hubo un Gobierno peor
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