La ONU concluye: España violó los derechos de los líderes independentistas al dejarles sin escaño.

La ONU concluye, España violó los derechos de los líderes independentistas al dejarles sin escaño.

Un Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha emitido un dictamen en el que considera que España violó, en 2018, los derechos políticos de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al retirarles su acta en el Parlament de Catalunya tras su procesamiento por rebelión en la causa del procés. Los cuatro líderes independentistas fueron procesados por el juez Pablo Llarena por un delito de rebelión. Una de las consecuencias fue la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su suspensión como cargos públicos, diputados en la cámara catalana por ERC y JxC en ese momento. Posteriormente todos fueron condenados, pero por un delito de sedición y no de rebelión, como habían mantenido tanto el juez instructor como la Fiscalía.

El Comité concluye ahora que el Estado español “no ha demostrado” que esta medida tomada por el Tribunal Supremo y el juez Pablo Llarena cumple “con el requisito de previsibilidad”. Critica también que esta medida no cumplió “los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos”, concluyendo que “el Estado violó los derechos de los autores” porque su imputación por rebelión y suspensión “no fue por motivos previstos en la legislación, que sean razonables y objetivos”. El dictamen explica que este tipo de medidas deben tomarse con especial cuidado cuando pueden tener tanta incidencia en los derechos políticos de una persona. “Los estándares necesarios para la compatibilidad de estas suspensiones con el Pacto serían, en principio, más estrictos que aquellos aplicados con posterioridad a la existencia de una condena”, explica. Por último, la mayoría del Comité insta a España a tomar medidas e informar sobre ellas en los próximos 180 días.

Esta no es la primera decisión de uno de estos organismos dependientes de la ONU que da la razón a los independentistas catalanes en sus reclamaciones ante el Estado: en mayo de 2019 el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, por ejemplo, también exigió la puesta en libertad de los entonces presos en prisión preventiva.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un conjunto de expertos independientes que “monitoriza la aplicación” de la normativa internacional de derechos civiles y políticos en los estados miembros como España. En los últimos años, el Tribunal Supremo ha rechazado que este tipo de dictámenes sean vinculantes para los jueces españoles al mismo nivel que una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “No procede equiparar las sentencias del TEDH con las recomendaciones o dictámenes de los distintos Comités de las variadas organizaciones internacionales que se pronuncian sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por España en materia de derechos humanos”, dijo el Supremo, por ejemplo, en 2020.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha reaccionado al dictamen afirmando que el gobierno español “respeta escrupulosamente todas las decisiones” del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Sánchez afirma que las resoluciones judiciales en España “siempre se emiten ajustadas a derecho ya ley”, pero que el ejecutivo “siempre está abierto a mejorar la legislación” para que sea “equiparable a los estándares de todas las legislaciones más avanzadas en este sentido”. Sánchez subrayó que el ejecutivo “apuesta por el diálogo” y que “lleva mucho tiempo desterrando la actitud de la confrontación que fue la que ejerció el PP”. “El reencuentro y el diálogo son las únicas alternativas que para nosotros existen para solucionar los problemas del pasado”, afirmó.