2 de marzo. Veinte años más tarde

Veinte años más tarde, ni Armada, ni Milán del Bosch ni Tejero, cabezas y artífices conocidos del golpe de Estado, seguían en la cárcel por ese delito. Todos disfrutaban de libertad y el Rey, “que había salvado a la democracia y se había opuesto tajantemente a los golpistas”, era puesto en entredicho por algunos.

Entre la riada de nuevos libros que salieron en el 2001 hablando de este tema, algunos pusieron en duda la participación real en esa noche. Amadeo Martínez, en su obra “23-F, el golpe que nunca existió”, aporta datos que implican al Rey en la frustrada aventura político-militar de Alfonso Armada. Se trata del coronel que fue encarcelado y apartado del Ejército por haber defendido la profesionalización de las Fuerzas Armada y, más tarde, asesorara a IU en asuntos de Defensa.

“O una de dos –escribe Javier Ortiz en el periódico “El Mundo”–: o Martínez Inglés se ha inventado lo que cuenta, en cuyo caso la Fiscalía debería actuar rápidamente y por oficio contra él, por difamación y libelista, o las informaciones que proporciona son verdad en lo esencial, en cuyo caso el titular de la Corona queda en una posición altamente comprometida. Porque, de creer a Martínez Inglés, el Rey estuvo conspirando con el propio Armada –viejo colaborador suyo– y con el entonces capitán general de Valencia, Jaime Miláns del Bosch –otro reputado monárquico– para que el Ejército diera un ‘golpe de timón’ que variara el rumbo de la política española al margen de los medios que la Constitución prevé para ellos. O una de dos: o el coronel miente en los puntos clave de su relato, o dice la verdad. En ambos casos debería producirse una reacción. Sería ridículo hacer como si todo eso no se hubiera publicado, negro sobre blanco”.

A cuatro lustros del golpe, se demostraba que los servicios de información del CESID también dieron cobertura a las maniobras golpistas de Armada y Tejero. Y algunos de los que formaron parte de la conjura, como el general de Brigada, Carlos Alvarado Largo, reconocen, cuando la rebelión del 23-F prescribe como delito y deja de ser perseguible por la Justicia, que también ellos participaron.