martes, 30 de abril de 2013

Ada Colau, en el Parlamento Europeo.


 
La semana pasada, Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, compareció ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para hablar sobre las hipotecas en España. Colau pidió medidas contra los desahucios y denunció que la dirección de RTVE había vetado su participación en el programa "Para todos", de La 2, cuya emisión estaba prevista para el jueves. Colau no dudó en calificar de "censura" la decisión de RTVE en la que estaba previsto que la activista presentara su libro "Sí, se puede". En un cambio de última hora, la cadena pública decidió retirar la entrevista con la cara visible de la PAH. El veto a la intervención de Colau se produce en medio de la batalla del PP que ha mantenido con esta plataforma durante el debate de la nueva ley hipotecaria.

No es esta la primera denuncia pública de Ada Colau. El pasado martes, anunciaba que interpondría otra contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuente, por vincular a su asociación con "grupos filoetarras". El pasado 25 de marzo, Cifuentes había pedido a la PAH que aclarara por qué apoyaba una manifestación a favor de los presos de ETA, al tiempo que denunciaba que Ada Colau y otros miembros de la plataforma hubieran manifestado, según su versión, su apoyo a Bildu y Sortu y otros colectivos que "tienen mucho que ver con ETA". En una entrevista en la emisora Rac-1, Colau anunció que interpondría una denuncia contra Cifuentes porque, con sus acusaciones, "activó el fascismo" y la amenazó tanto a ella como a su familia. La portavoz de la PAH aseguraba que aún no se había planteado si denunciaría también a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por comparar los "escraches" con "nazismo puro" "Lo que me han hecho a mí –agregaba– no es un escrache, es acoso. No quiero hablar más por no hacerles el juego".
      
Por contra, un juez de Cantabria sobreseyó una denuncia presentada por el alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calerón, contra quienes participaron en un escrache ante su domicilio, al considerar que no hubo amenazas ni violencia y que estaban legitimados para manifestarse porque la Constitución "legitima" a las personas a hacerlo en cualquier lugar público, como puede ser la calle o "ante la puerta de su domicilio". El juez recuerda que "todo cargo político en un régimen democrático" debe "soportar pacientemente las molestias que le puedan causar este tipo de actos, ya que también se aprovecha de las indudables ventajas" del cargo, de modo que la protección del honor y la intimidad "disminuye", aunque no se "diluye" totalmente.
A lo largo de las últimas semanas, los dirigentes del PP no se han cansado de arremeter contra los manifestantes de la PAH, calificando los escraches de "nazismo". Pero Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, declara que los escraches, en cuanto no sean violentos, son "un ejemplo de la libertad de manifestación", dando un serio revolcón al discurso del PP y del Gobierno sobre los mismos. Tesis absolutamente contraria a la mantenida por el ministrio del Interior, que ordena a los agente de Policía definir los escraches como "acoso y amenazas", como filoetarras y descalificaciones parecidas. Posteriormente, Moliner insiste en que los escraches pacíficos son, en principio, un reflejo del dereho a la libertad de expresión y manifestaicón y añade que no se pueden "condenar de manera general" puesto que dependen de las circunstancias en que se desarroole cada uno de ellos.