martes, 2 de febrero de 2016

La Infanta seguirá en el banquillo, su mayor condena.


La doctrina que el Tribunal Supremo aplicó, en el año 2007, al expresidente del banco Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito, y que fue después matizada por el propio tribunal, “desnaturaliza la institución del acusador popular” ya que se ampara en una “interpretación asistemática de la norma penal”. Así lo entiende la Audiencia de Palma de Mallorca en un extenso auto que desestima las pretensiones de la defensa de la Infanta Cristina, la Abogacía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. En la resolución, las magistradas Samantha Romero, Eleonor Moya y Rocío Martín sostienen que el sindicato Manos Limpias, acusación popular en el caso Nóos, está legitimado para sentar en el banquillo en solitario a Cristina de Borbón y Grecia. El tribunal entiende que el “Hacienda somos todos” que plasmó el juez José Castro, en su auto de apertura de juicio oral, es más que un “eslogan publicitario”.

La Sala subraya que los ciudadanos, a través de la acusación popular, están legitimados para sentar en el banquillo a la Infanta. El tribunal determina que el delito contra la Hacienda Pública es “de naturaleza supraindividual, colectiva o difusa”, lo que legitima la acción en solitario de la acusación popular. De la misma forma, la Sala recuerda que “la figura de la acción popular aparece consagrada en el artículo 125 de la Constitución Española. cuando dispone que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine”. A mayor abundamiento, el tribunal argumenta que los supuestos que se dieron en el caso de la cesiones de crédito de Botín no son idénticos a los que se trata de aplicar a la Infanta Cristina. “Son escenarios distintos” enfatizan las magistradas.

Así las cosas, Cristina de Borbón y Grecia deberá volver a sentarse en el banquillo de los acusados  y tendrá obligación de asistir a la vista oral mientras que declaren todos los acusados, lo que se prevé que ocurra a lo largo del mes de febrero. Será interrogada y podrá, eso sí, acogerse a su derecho a no declarar. El sindicato Manos Limpias solicita una pena de ocho años de cárcel para la hermana del Rey por los dos delitos fiscales y reclama al tribunal que le imponga multas que ascienden a 2.022.861 euros. La infanta podrá salir absuelta pero ya nadie impedirá que sea juzgada. Algo que, para ella, quizás sea su mayor condena.

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