martes, 14 de junio de 2016

¿A la cárcel por estafar 80 euros?

Alejandro Fernández, el día de su ingreso en prisión. 

 Alejandro Fernández junto a su abogado, Javier Gómez Rosales.

 Esta es la historia de Alejandro Fernández, un caso que ha conmocionado a la opinión pública. Según los documentos judiciales, en enero del 2010, Fernández se acercó a un centro comercial de Málaga en un Golf rojo en el que viajaban otros tres amigos suyos con antecedentes penales por hurto y lesiones. En el establecimiento realizaron dos operaciones con tarjetas falsas y, cuando intentaron realizar una tercera, fueron sorprendidos por las autoridades, que consiguieron solo detener a uno de los cuatro estafadores. Pocos días después, Alejandro Fernández y otro compañero se entregaron. Pero no su amigo Kamal, de nacionalidad nigeriana, quien desapareció sin haber vuelto a dar nunca señales de vida. Los tres acusan al huido de haberles engañado para conseguir beneficios a través de las tarjetas falsas. Fernández se gastó con la suya un importe de sólo 80 euros.

El joven granadino ingresó hace unos días en el centro penitenciario de Albolote (Granada) después de que el Gobierno de Rajoy le negara el indulto solicitado. Llegó acompañado de familiares y dijo a los periodistas, justo antes de entrar, que no se iba a “rendir” y que pensaba “pelear”. Recordó que el caso se remontaba a hace seis años, periodo en el que no ha cometido ningún delito. Criticó que existiesen informes desfavorables de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía a su indulto, rechazado por el Consejo de Ministros el 18 de marzo, y que él estaba “totalmente reinsertado en la sociedad”, con un “trabajo y una vida estable”. Consideró que había “cometido un error” y que su entrada en prisión era una “injusticia”. Dijo desconocer que su amigo, hoy en busca y captura, perteneciera a un grupo dedicado a clonar tarjetas. “Era una persona de mi confianza, veinte años mayor que yo, y que me había ayudado mucho. Cuando me dijo que era una tarjeta para no llevar dinero encima, con mi nombre, yo pensé que era verdad”. Su abogado, Javier Gómez Rosales, lamenta que si ingreso en prisión se hubiera producido tras no salir adelante ninguna de las medidas para evitarlo y que los informes desfavorables al indulto “no son vinculantes, de modo que el Ministerio de Justicia se lo podría haber concedido igualmente”, especialmente teniendo en cuenta que era una condena “desproporcionada”. De nada sirvió que Changw.org lanzase una petición a favor de su indulto con más de 300.000 firmas.

Fernández y otro compañero se entregaron días después en la comisaría de Málaga si bien uno de ellos, Kamal, de nacionalidad nigeriana y considerado por Fernández como su "hermano mayor", todavía sigue en paradero desconocido. La defensa de Fernández se basó en acusar al africano de haberles engañado para obtener beneficios a través de las tarjetas falsas que él poseía. Fernández declaró el día del juicio que Kamal, en lugar de entregarle dinero efectivo (para las compras) le dio dos tarjetas con el nombre y apellidos del declarante, pero él 'nunca había visto una tarjeta'. No obstante, pensó que todo era legal. La conclusión de la juez no deja lugar a dudas: "Lo que realmente sucede es que este acusado, como los otros dos, en juicio, pretendieron descargar en parte de sus respectivas responsabilidades en el ausente Kamal, manteniendo los tres al unísono que este mandaba sobre ellos, ordenándoles realizar compras con tarjetas que resultaron ser inauténticas, donde figuraban sus respectivos nombres, y que aquél les entregaba. Esta versión la rechazamos por inverosímil y contraria a la lógica más elemental”.

La sentencia de la Audiencia Nacional fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, que ocho meses después la ratificó por completo. El juez Joaquín Giménez desestimó los recursos  aduciendo que Fernández fue “cooperador necesario al haber aportado a los autores materiales de la falsificación sus propios datos de identidad para hacerlos constar en las tarjetas”, argumenta, “el recurrente actuando de común acuerdo con los otros dos acusados y utilizando tarjetas espurias realizaron dos compras e intentaron otra en Carrefour por un importe superior a 400 euros, lo que revela la existencia de un perjuicio para el titular de las tarjetas o para un tercero”.