El Congreso insiste en no investigar las presuntas actividades irregulares de Juan Carlos Iº.

La Mesa del Congreso de los Diputados volvió a rechazar ayer, con el voto en contra de PSOE, PP y Vox, que el rey Felipe VI comparezca la Cámara Baja para dar cuenta de las polémicas protagonizadas por su padre, Juan Carlos I, con sus regularizaciones fiscales, así como la tramitación de la comisión de investigación sobre las presuntas actividades irregulares del anterior jefe del Estado tras su abdicación solicitada por Unidas Podemos, ERC, PNV, Bildu y el Grupo Plural. El rechazo a la iniciativa llega dos semanas después de que el Congreso rechazara también eliminar la inviolabilidad del rey y el aforamiento de Juan Carlos I por el 'no' de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos.

El Gobierno justifica el pago de los asistentes desplazados a Emiratos Árabes para atender y ayudar al rey Juan Carlos I en que se trata de personal que realiza funciones calificadas expresamente de “especial confianza”, conforme a lo establecido en la Ley reguladora de Patrimonio Nacional. Ésta es la respuesta que el Ejecutivo ha dado a la batería de preguntas que diversos partidos registraron en el Congreso tras conocerse que Patrimonio Nacional, organismo adscrito al Ministerio de Presidencia, está asumiendo el coste del personal que atiende a Juan Carlos de Borbón en Abu Dabi, donde reside desde el pasado mes de agosto.

Según publicó “ElDiario.es” el pasado mes de enero, el rey Juan Carlos cuenta con tres ayudantes de libre designación que se organizan por turnos desde hace medio año y a los que Patrimonio Nacional no sólo paga sus respectivos salarios, sino también los gastos derivados de su estancia en Emiratos Árabes. La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ya defendió el mantenimiento de esa asistencia a cuenta del Estado y recalcó que es la misma que tiene “cualquier ex jefe de Estado en cualquier país del mundo”, incluidos los cuatro expresidentes del Ejecutivo.

El Ejecutivo explicó que “el salario y las pagas extraordinarias que se abonan al personal que asiste a Juan Carlos I es el que corresponde a los de los grupos de asimilación, así como las retribuciones, propias del puesto de trabajo, fijadas mediante acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones y las correspondientes comisiones de servicio en los desplazamientos que efectúan en el ejercicio de sus funciones”.

Entre la multitud de preguntas presentadas por distintas fuerzas del Congreso, el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, pidió también al Gobierno que detallase los motivos por lo que mantiene de forma vitalicia del título de Rey para Juan Carlos I, otorgado por real decreto por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la abdicación. A este respecto, y como ya hiciera el pasado mes de enero en otra respuesta parlamentaria, el Ejecutivo insiste en defender el mantenimiento de ese título al igual que se hace en otros países “con situaciones semejantes a la de la Monarquía parlamentaria española”, como Bélgica, con el rey Alberto II; Luxemburgo, con el Gran Duque Juan; o Japón, con el emperador Akihito, quien recibe el nombre de Daijo Tenno o Joko.