El decreto-ley sobre la corona y las cuentas del Rey.
El pasado 26 de abril, el Consejo de Ministros aprobaba un decreto con medidas de transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y ejemplaridad sobre la Corona. “Hoy la monarquía española da un paso adelante y se homologa a los más altos estándares de otras casas reales europeas” señalaba el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al desgranar el Real Decreto que aprobaba el Gobierno por el que se reformaba la estructura y el funcionamiento de la Casa del Rey con medidas de “transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y ejemplaridad sobre la Corona”, según el comunicado de Moncloa. El apartado de ‘transparencia y rendición de cuentas” contempla que sean públicas todas las contrataciones de Casa Real, según el principio de publicidad, y que sus cuentas sean auditadas por el Tribunal de Cuentas. La medida llega después de conocer el patrimonio personal del rey Felipe VI que asciende a 2.573.392 euros, divididos en 2.267.942,80 euros, en depósitos y cuentas corrientes de ahorro, y 305.450 euros en objetos de arte, antigüedades y joyas. El Gobierno esperó a que se cerrara el frente judicial del rey emérito, Juan Carlos I, para actuar en este ámbito después de que Pedro Sánchez anunciara hace más de un año que Felipe VI estaba dispuesto a poner en marcha una hoja de ruta de modernización de la Jefatura del Estado. No se trata de una ley, ley porque ni el Ejecutivo ni el principal partido de la oposición ni la Casa del Rey querían que la discusión se traslade al Congreso, convertida en un debate sobre monarquía o república. Y, al ser un real decreto tiene un rango legislativo inferior que evita su convalidación en el Congreso.
Los altos cargos de la Zarzuela tendrán que presentar una declaración de bienes cuando comiencen su labor y cuando sean cesados. Es una obligación que tienen los altos cargos de la Administración que hasta ahora no regía para los directivos de la Zarzuela. La norma, en cambio, seguirá sin afectar al rey, pues no establece que Felipe VI tenga que hacer públicos sus bienes con una periodicidad determinada. “Será el propio monarca”, explicó el ministro de la Presidencia, el que decida cuándo informa de su patrimonio, y de los cambios que puedan producirse en sus bienes. De acuerdo a la nueva normativa, la Casa del Rey tendrá que someter su contabilidad a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Hasta ahora, la única supervisión era la de la Intervención General del Estado, que se limitaba a certificar la corrección contable de las cuentas. Bolaños se esforzó en subrayar que estas medidas responden a la voluntad de Felipe VI, expresada en el discurso de apertura de su reinado, en junio del 2014, de dotar de transparencia y modernidad a la institución monárquica. Resaltó que se trata de “un avance” que sitúa a la Zarzuela en un nivel homologable con el resto de Casas Reales de Europa. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, valora que la divulgación del patrimonio del rey es “un ejemplo de transparencia inédito”. Nadie explicó por qué quedaron excluidos los grupos independentistas catalanes, vascos y gallegos de la información sobre el patrimonio de Felipe VI. El portavoz de Esquerra señala en tono jocoso que lo mínimo sería exonerar de pagar impuestos a los republicanos que no creen en la monarquía. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, apunta que las medidas de transparencia sobre la Casa del Rey tienen “poco efecto” mientras se mantenga la inviolabilidad de la monarquía y critica que la institución ya solo se dirige a los “monárquicos”, tras dejar fuera de su interlocución a ERC, Junts, la CUP, Bildu o el BNG. Además, califica de mero “maquillaje” la publicación del patrimonio personal del rey Felipe VI, y cuestiona la efectividad de medidas como el real decreto aprobado. Para Echenique, la inviolabilidad constitucional de la que goza el monarca y la interpretación que hacen los jueces, que implica prácticamente “impunidad total”, no permite conocer si ese patrimonio personal de Felipe VI es “verdad o no”. Ese principio también motivaría, a su juicio, que el monarca pueda saltarse sin ningún reproche jurídico cualquier normativa que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como el citado decreto.
Según Ramón Gorriarán, en ElCorreo.com, la Casa del Rey dejará de ser la excepción entre las instituciones del Estado que no estaba sometida al control de sus gastos y por primera vez un organismo fiscalizador, el Tribunal de Cuentas, supervisará los de la Casa del Rey. “No es una ley, como se barajó en un principio, ni siquiera un decreto-ley porque ni el Ejecutivo ni el principal partido de la oposición ni la Casa del Rey quieren que la discusión se traslade al Congreso y se convierta en un debate sobre monarquía o república. Al ser un real decreto tiene un rango legislativo inferior que evita su convalidación, previo debate y votación, en el Congreso. Y, aunque el Gobierno se esforzó en disociar el decreto ley aprobado de la divulgación del patrimonio de Felipe VI, conocido la víspera, ambos pasos forman parte de la misma operación para revitalizar la imagen de la Corona, deteriorada tras los escándalos de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina y, sobre todo, el de las opacas finanzas de Juan Carlos de Borbón”. El ministro de la Presidencia se esforzó en subrayar que estas medidas, la del real decreto y la publicación del patrimonio del jefe del Estado, responden a la voluntad de Felipe VI, expresada en el discurso de apertura de su reinado, en junio de 2014, de dotar de transparencia y modernidad a la institución monárquica. Ramon Luis Soriano Díaz, catedrático emérito de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, escribe en Público sobre “El abusivo, cínico e insuficiente decreto-ley sobre la Corona”: “Analizo, desde una perspectiva exclusivamente jurídica, ‘la reforma de la estructura y el funcionamiento de Casa de S. M. el Rey’ (título muy rimbombante para lo poco que contiene), emprendida por el Gobierno en comandita con la Casa Real, que se concretó en un decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros, celebrado el 26 de abril: un decreto ley inconstitucional, cínico e insuficiente. Algunos medios afirman que se trata no de una regulación jurídica, sino de un blanqueo de la Corona. Por lo pronto, sólo se fija el decreto en uno de los muchos aspectos a regular, el económico, e incluso este aspecto es tratado sin las limitaciones y controles que sufren las demás instituciones, dejando las manos libres al Rey. Respecto al control del Tribunal de Cuentas el decreto-ley remite a un convenio de la Corona y el Tribunal de Cuentas para la regulación del control, con lo que la Corona goza de un privilegio que no tienen las otras instituciones del Estado carentes de un convenio específico. Una reforma que tiene bastante de cinismo. Señala el decreto-ley que uno de los objetivos de la reforma es ‘reforzar los principios de transparencia, rendición de cuentas y ejemplaridad’. De acuerdo, sí… si el Rey quiere. Que la reforma es insuficiente se demuestra cotejándola con la siguiente lista de reformas, unas constitucionales y otras legales, que deberían ser el contenido de un Estatuto de la Corona, que sustituya a la política de parcheo que pretende el Gobierno, apoyado por los partidos políticos de centro y derecha y un sector importante de los medios de comunicación y del capital”.
Pese a estas dudas, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicó la aprobación del Real Decreto con la Casa Real, considerando que “da un paso muy importante en la modernización y la ejemplaridad de nuestra Casa Real”. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, explicó que la monarquía española “avanza en materia de transparencia, rendición de cuentas, ejemplaridad y eficiencia” y “se homologa a los más altos estándares con otras casas europeas”. Con ello, Bolaños señalaba el pasado 26 de abril que el rey Felipe VI hizo público su patrimonio, lo que consideraba como “un ejemplo más de la transparencia que la Casa Real está implementando durante su reinado”. Y explicaba que el triple objetivo del Real Decreto por el que se reestructuraba la Casa del Rey erra “dar rango legal a muchas prácticas que ya se venían dando en la Casa real y que ahora consiguen tener un rango de ley”. En segundo lugar, dijo que sirve para garantizar la coordinación de la Casa Real con el Estado y, en tercer lugar, que es “un ejemplo de avance y de ejemplaridad para también dar respuesta a lo que la ciudadanía nos pide”. Tres días más tarde, Danilo Albín, resaltó en Público que “la transparencia monárquica tiene sus límites. Unos límites que no se dibujan necesariamente desde La Zarzuela, sino que son establecidos, vía administrativa, por organismos gubernamentales que actúan como escudo ante las peticiones de información ciudadana que afectan, de una forma u otra, a la Casa Real. Usted puede preguntar, pero debe saber que existe un amplio porcentaje de probabilidades de que sus inquietudes caigan en saco roto. La normativa sobre transparencia de las instituciones públicas en España pasa de refilón por La Zarzuela, algo que choca frontalmente con las promesas de claridad que Felipe VI formuló al hacerse cargo del trono en junio de 2014”. En realidad, la Casa Real no tiene ni preocuparse en revisar las consultas ciudadanas que se formulan sobre sus quehaceres, sus dineros o sus prácticas: la propia ley aprobada en 2013 establece que “la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar el procedimiento mediante en el que se solicite el acceso a la información que obre en poder de la Casa de Su Majestad el Rey”. Y el Gobierno ofició de escudo de la monarquía.
Catorce meses después de que Pedro Sánchez anunciara la voluntad de establecer una “hoja de ruta” de “transparencia y ejemplaridad” para la jefatura del Estado ante los escándalos que rodeaban a Juan Carlos I, el Consejo de Ministros daba luz verde a ese real decreto que modifica las normas de funcionamiento de la Casa Real que se estipularon hace 34 años y que fueron ya actualizadas en 2015, tras la llegada de Felipe VI al trono. “Se trata –escribe Irene Castro en ElDiario.es– de un documento de siete páginas que, fundamentalmente, llevan al Boletín Oficial del Estado (BOE) algunas de las medidas que ya venía implementando Zarzuela, como la publicación de las instrucciones para la contratación o la formalización de que la Abogacía del Estado se encargara de la asistencia jurídica de la Casa Real. La principal novedad es que el Tribunal de Cuentas fiscalizará las cuentas de la institución. No obstante, será una auditoría limitada y sin el control del Congreso que tienen otros organismos del Estado. A falta de que la Casa Real y el Tribunal de Cuentas suscriban un convenio, la redacción del real decreto apunta a una fiscalización de mínimos ya que especifica que estará sujeta ‘a las especialidades que vienen impuestas por los principios establecidos en el título II de la Constitución Española y, en particular, por las previsiones contenidas en sus artículos 56 y 65’. Estos apartados son los que se refieren a la inviolabilidad del jefe del Estado y a su libertad para repartir los fondos que le llegan de los Presupuestos Generales del Estado. ‘El informe de auditoría se circunscribirá a reflejar si las cuentas anuales expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del organismo, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto’, señala el texto aprobado. La intención, además, es que el informe que realice el Tribunal de Cuentas se remita al rey y se publique en la página web, pero no pase por el Congreso, como sucede con otros organismos estatales sujetos a su fiscalización… El Gobierno ha tratado de alejar lo máximo posible a la Casa Real del Parlamento en este proceso que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, calificó de ‘punto de llegada muy importante en la modernización, en la ejemplaridad y en la transparencia de la Casa Real’, despejando la posibilidad de que se lleve a cabo una ley de la Corona, que supondría abrir un melón complicado en el que quedaría patente la pérdida de apoyo de la monarquía. Pedro Sánchez ha tenido que renunciar, de hecho, a la eliminación de la inviolabilidad del monarca que siempre ha defendido. Con el real decreto, que no tiene que votarse, sino que entra en vigor según se publica en el BOE, el Gobierno salva los muebles sin revelarse la enorme fractura que tiene el PSOE con sus socios respecto a la jefatura del Estado”.
“La nueva normativa tampoco arroja luz sobre el verdadero coste de la monarquía para las arcas públicas, que es muy difícil, por no decir imposible, de cuantificar. La mayoría de recursos seguirá proporcionándolos Patrimonio Nacional, que llegó a convertirse en un coladero a través del que se han abonado facturas de lo más variopintas para Zarzuela. En uno de sus informes de fiscalización, el Tribunal de Cuentas llegó a afirmar que esa institución asumía funciones que corresponderían a la Casa Real –especialmente la contratación del personal–, pero la alusión desapareció de la redacción final tras las alegaciones de Patrimonio Nacional. Además del personal, incluido el de Juan Carlos I en Abu Dabi, costea gastos que van desde la limpieza al mantenimiento del complejo, incluidas tres piscinas de las que disfrutan los miembros de la Familia Real en Zarzuela. El decreto especifica las labores que desempeña la Guardia Real para el rey, aunque ya las venía realizando. Así, estipula que le corresponde actuar como guardia militar, rendir honores y dar escoltas solemnes al jefe del Estado y los miembros de la familia real ‘que se determinen’, ‘prestar análogos servicios a los Jefes de Estados extranjeros cuando así se ordene’ y ‘proporcionar, con su Unidad de Asistencia Sanitaria, atención sanitaria permanente a los miembros de la Familia Real en su residencia oficial y en las actividades que se determinen por la Jefatura de la Casa’. Este era un servicio que venía prestándose desde 1999, en base a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, pero que no estaba recogido legalmente. Los presupuestos recogen una partida de unos seis millones de euros para la Guardia Real. Sin embargo, ese no es el coste total de ese servicio ya que no contempla los sueldos de los 1.500 efectivos que prestan servicio en esa unidad y que son asumidos por las Fuerzas Armadas. Defensa se niega a detallar esa cifra. Lo mismo sucede con los efectivos que destina el Ministerio del Interior a la seguridad de la jefatura del Estado… El decreto también da rango legal a una de las novedades que trajo Felipe VI: la publicación anual de los regalos que percibe la familia real. La decisión se produjo después de escándalos protagonizados por su padre, como el regalo de dos Ferrari por parte de un jeque árabe o el yate Fortuna, que le entregaron unos empresarios y al que renunció en 2013, teniéndose que hacer cargo Patrimonio Nacional de las indemnizaciones por despido de los trece empleados del barco. Bolaños aseguró en la presentación del texto que ‘todos los regalos que reciba la Familia Real, todos, serán inventariados, registrados y custodiados, con el fin de estudiar si permanecen en la Casa, si pasan a Patrimonio Nacional o si bien, en función de la naturaleza del regalo, se donan a entidades sin ánimo de lucro’. No obstante, el decreto incorpora un matiz y es que será la propia Casa Real la que haga una ‘valoración para proponer’ si se incorpora a Patrimonio Nacional o se dona. ‘En todo caso, los regalos de carácter institucional se incorporarán al Patrimonio Nacional’, precisa”.
Resumiendo, que la Casa Real ha hecho público recientemente el patrimonio de Felipe VI. Algo histórico, si se tiene en cuenta que es la primera vez que sucede. La cantidad total asciende a 2.573.392,80 euros. Unos 2,2 millones de esta cantidad son depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier entidad. Lo restante, algo más de 300.000 euros, se reparten entre objetos de arte, antigüedades y joyas, según ha informado en dicha nota la jefatura del Estado. Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó hace unos días un Real Decreto en el que se reforma la estructura y funcionamiento de la Casa Real. El Real Decreto “refuerza la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de SM Felipe VI”. En concreto, el comunicado completo dice: “Hoy, más que nunca, los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos. Esa demanda de regeneración pública está muy presente en los millones de personas que afrontan su trabajo cotidiano con esfuerzo y honradez, con vitalidad y generosidad; personas que, a diario, cumplen con sus obligaciones, ponen de manifiesto sus valores cívicos y así construyen y definen el futuro de nuestro país. Esa demanda ciudadana inspira y está presente en los mensajes y en las medidas que ha ido adoptando Su Majestad el Rey para dar cumplimiento a su compromiso de renovar la Monarquía para un tiempo nuevo. Por todo ello, Su Majestad el Rey guiado por ese mismo espíritu de servicio y compromiso cívico añade hoy a sus responsabilidades constitucionales su decisión personal de hacer público su patrimonio, que asciende a la cantidad de 2.573.392,80 euros. Palacio de La Zarzuela, 25 de abril de 2022”.
Cristina Gallardo, en Epe.es/es
escribe sobre la Casa Real: “El esfuerzo del Gobierno y también de la Casa
Real, para revestir de transparencia a la Jefatura del Estado, sabe a poco para
algunos y no parece convencer del todo a los expertos desde el punto de vista
del rigor jurídico. Entre los puntos flojos, destacan el hecho de que el
Tribunal de Cuentas deba acordar con la Casa Real cómo será ‘auditoría externa’
sobre la situación financiera de esta institución o que se deje fuera los
ingresos privados. Miguel Ángel Presno Linera, catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Oviedo, señala que el decreto aprobado por
el Consejo de Ministros le parece cuestionable jurídicamente porque establece
una relación entre la Casa Real y el Tribunal de Cuentas en la que ‘ningunea a
las Cortes Generales, ya que, de acuerdo con la Constitución y su Ley Orgánica,
actúa por delegación de las mismas’. Además, apunta que lo que se aprueba ‘no
es tanto un ejercicio de transparencia de los ingresos públicos y privados de
quienes integran la Familia Real como una mera auditoría que, según el citado
Decreto, se circunscribirá a reflejar si las cuentas anuales expresan en todos
sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera del organismo, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del
estado de liquidación del presupuesto’… En suma, y como tantas otras veces con
la Casa Real, mucho ruido y pocas nueces”. Gerardo Pérez Sánchez, profesor de
Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, destaca que la intención
del Gobierno de lavar la cara a la Corona es legítima, pero precisa que, desde
el punto de vista del rigor jurídico, la cuestión no supone tal avance desde el
punto de vista de la transparencia. “Se parte, en mi opinión, de una forma
errónea de un concepto de inmunidad que imposibilita realmente cualquier tipo
de exigencia de responsabilidad al respecto, ya que cualquier acto del jefe del
estado no está sometido a responsabilidad”. Según este profesor, dicha
irresponsabilidad solo debería aplicarse a los actos del rey que están
refrendados por otro cargo público. Apunta que el Tribunal de Cuentas está
pensado para fiscalizar a Administración y su sector público, no el resto de
poderes del Estado, como es la Corona. Y añade: “Lo que no procede en modo
alguno que el supuesto órgano controlador y el controlado se pongan de acuerdo
en cómo será el control. Es como si un inspector de Hacienda se pone acuerdo
conmigo en cómo va a ser la inspección”. Más allá va la profesora de Derecho
Civil, Verónica del Carpio, al apuntar que, tal y como están ahora las cosas,
el dinero que el rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado “puede
gastarlo como le dé la real gana”. Según Del Carpio hay que tener en cuenta que
los ingresos del monarca no son únicamente los que recibe del Estado, y que no
existe ninguna norma que le impida tener otras fuentes de ingresos ni que los
controle. Si esta norma no existe, según la profesora y abogada, es porque al
legislador no le ha parecido oportuno legislar sobre este asunto. La profesora
también cuestiona que, por un simple decreto que no es más que una norma
reglamentaria, se pretenda modificar La Ley orgánica del Tribunal de Cuentas,
que no contemplaba hasta este momento ninguna fiscalización a la Corona.
“¿Revisar cuentas por convenio y sin consecuencias jurídicas? Creo que es
necesario un poquito de seriedad”, apunta. La profesora incardina esta
iniciativa a otras que se han producido por parte del Gobierno y también del
propio Felipe VI a raíz de los escándalos de su padre, Juan Carlos I, por su
fortuna oculta en paraísos fiscales.
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Otras imágenes, fotomontajes y fotos sorprendentes:
El autor del informe del 'New Yorker' deja en ridículo a Margarita Robles.
Ronan Farrow, el autor del informe de The New Yorker que destapó que más de 60 políticos, periodistas y profesionales varios catalanes habían sido espiados con el programa Pegasus, dejó en ridículo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, después de que esta despreciase la revista diciendo que no la conocía cuando es la más importante del mundo en el terreno cultural. Ronan Farrow, que es hijo de Mia Farrow y Woody Allen, ganador de un Pulitzer y está considerado un referente del periodismo cultural norteamericano, ha ironizado con el menosprecio de Robles y le ha enlazado el “quienes somos” de su publicación. “Hola, excelentísima señora Margarita Robles, ministra de Defensa, aquí tiene más información sobre la revista The New Yorker”, le publicó en la red.
No hace falta ni hacer un meme. Comparte esta foto de Yolanda Díaz cada vez que ciertos personajillos y personajillas quieran adueñarse de los datos positivos de Empleo. Es el tamaño del XXXXX que se están tragando por diferentes vías. Sobre todos a esos de que con la subida del SMI iba a petar TODO. (Skakeo)
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Galán llama “tontos” a los
clientes que están en la tarifa regulada de electricidad. “Solamente los tontos
que siguen en la tarifa regulada fijada por el Gobierno pagan ese precio”, dice
el presidente de Iberdrola.
Posteriormente, el presidente de Iberdrola expresó sus “sinceras disculpas” en el caso de que “alguien se sintiera ofendido” por unas afirmaciones que se desarrollaron “en un ambiente coloquial” y que no trataban de “zaherir”.
La esposa del monarca Felipe VI eligió como vestuario para una fiesta un vestido de Mango valorado en menos de 50 euros que también llevaba una de las premiadas, la investigadora Inmaculada Vivas. En el momento de coincidir en el escenario ambas se rieron y provocaron sonrisas entre los asistentes. Tampoco dudaron en dejarse fotografiar juntas, no sin un gesto previo de Vivas. La ministra Ione Belarra, líder de Podemos, que formaba parte de la gala, se tomó con humor esta anécdota y participó en las risas. Acompañada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y otras autoridades, doña Letizia presidió la reunión, al término de la cual, entregó propiamente los 'Premios Reina Letizia 2021'.
El humor, en la prensa de esta semana: Forges, El Roto, Peridis, Eneko, Manel F., Enrique, Malagón, Riki Blanco, Javi Salvado, Vergara…
El humor isleño de Pep Roig:
'Moderadoranizando'
Los vídeos de esta semana:
El rey Felipe VI ha hecho público
su patrimonio, cifrado en 2,5 millones de euros, en aras de una mayor
transparencia para con los ciudadanos. Iglesias llama 'rey austero' a Felipe
VI: "No se lo cree nadie"
El rey Felipe ha hecho público su patrimonio personal. ¡Poco me parece! Los DINEROS del REY FELIPE / Miguel Charisteas
Reunió Espionatge – Polònia
La cortina de fum al PSOE –
Polònia
La Base #48 - PSOE y PP, al rescate de la Monarquía
La Base #53 - Pegasus: Robles contra Sánchez
Comissió de secrets – Polònia
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