domingo, 17 de enero de 2016

El Caso Nóos llega a los juzgados.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarían, al fondo (izq. y der), en el banquillo de los acusados.

Casi diez años después de que el diputado socialista, Antoni Diéguez, denunciase que el Govern Balear, presidido por el popular Jaume Matas, había pagado 1,2 millones de euros a la Fundación Nóos para organizar un Foro sobre Turismo y Deporte que podían haber montado estudiantes de primero de la ESO, comenzó en Palma de Mallorca el juicio oral por este caso. Presidido, a la sazón, por el socialista Francesc Antich, el Gobierno Balear descubrió que las obras del recinto del “Palma Arena” habían costa 67 millones de euros más de lo presupuestado. El caso estallaba en 2007, como consecuencia del ‘Palma Arena’, en el que se investigó el cobro de comisiones por parte de dirigentes del PP de Baleares. En 2009, los todavía duques de Palma se ‘exiliaron’ a Washington DC, donde Urdangarín trabajó como alto cargo ejecutivo de Telefónica. Su elevado tren de vida fue objeto de polémica y provocó que tuviera que dejar la mentada compañía y que la familia regresara a Europa. Se le buscó destino en Suiza, donde residen desde entonces. En 2010, se abría el ‘caso Nóos’ como una pieza separada del ‘Palma Arena’ que acabó con el ex presidente balear y ex ministro del PP, Jaume Matas, en la cárcel. En 2015, por primera vez en la historia de España se obligaba a una infanta, hija de reyes y con derechos sucesorios, a sentarse en el banquillo de los acusados como una ciudadana más. Esta misma semana, se sentaron, junto a ella y a su marido, Iñaki Urdangarín, otros 16 imputados. De momento, el escándalo se ha saldado con la renuncia de la Infanta Cristina al ducado de Palma sin haber, no obstante, abdicado de sus derechos sucesorios a la Corona. La infanta y su marido fueron apartados de la familia real y ‘expulsados’ de la web oficial de la corona española, pero ella sigue sin renunciar a sus derechos, pese a que tanto el rey emérito como Felipe VI hayan intentado convencerla de que lo haga. Se prevé que el juicio continúe hasta el próximo mes de junio, en que se dará por cerrado, a la espera del resultado final con la declaración de la sentencia por parte de los jueces.

Ni Juan Carlos ni Felipe VI se libraron de su mención en el caso.

En abril de 2013, el juez Castro, instructor del caso, imputaba a la Infanta Cristina por presunta apropiación indebida de fondos públicos. Un mes más tarde, la Audiencia Provincial de Palma, en una actuación inédita, anuló la imputación. Días después, el juez Castro pedía un informe a la Agencia Tributaria sobre los presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales que la infanta pudiera haber cometido como socia de su marido. El juez descubrió cómo Urdangarín y su socio, Diego Torres, crearon un entramado de empresas con sedes en paraísos fiscales en las que ocultaban sus ingresos. Finalmente, el 7 de noviembre de 2014, la Audiencia de Palma imputó a Cristina de Borbón y Grecia por delito fiscal aunque no por blanqueo de capitales. La infanta fue acusada de cooperadora en dos delitos fiscales, por lo que se enfrenta a una pena que puede llegar hasta los cuatro años de cárcel y al pago de 2,6 millones de euros para afrontar responsabilidades civiles. Su marido, Iñaki Urdangarín, a penas que van de los 16,5 a los 22,5 años de cárcel por varios delitos fiscales y blanqueo. Para cubrir las fianzas millonarias impuestas, el juzgado les embargó un total de 16 propiedades, incluidos el palacete de Pedralbes (ya vendido), tres pisos, garajes, trasteros y aparcamientos, de los que eran propietarios, bien directamente, bien a través de la sociedad Aizoon. El juez Castro levantó el embargo del palacete para que pagaran la fianza que les impuso. El pasado lunes, el abogado de Torres, Manuel González Peeters, pedía que Felipe VI y el rey emérito, Juan Carlos I, declarasen igualmente en el juicio. Reclamó “la oportunidad de que el cuñado del señor Urdangarín y su suegro testifiquen” en la causa donde se juzga el desvío de 6 millones de euros de fondos públicos. El penalista se refería de esta manera a que el rey Felipe VI y el rey emérito, Juan Carlos I, declarasen durante el juicio a Iñaki Urdangarín y Diego Torres, juzgados junto a la infanta Cristinas de Borbón, hermana de Felipe VI.


Más de 500 periodistas españoles y extranjeros acreditados mostraron su interés, cubriendo desde la isla balear el inicio del juicio a estos miembros de la familia real. Los medios extranjeros relataron la importancia del caso en la abdicación de Juan Carlos I y en el supuesto interés del juicio para el rey actual. “Es un desafío para el rey Felipe VI, en su intento de reconstruir el prestigio de la monarquía española”, apuntó David Román en su crónica para el Wall Street Journal. “Los problemas de Cristina llegan cuando se espera que el rey Felipe de un paso adelante  en su rol en la política española, después de las elecciones de diciembre”, escribió Raphael Minder para el New York Times. En Europa, Il Corriere della Sera tituló: “Comienza el juicio a la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Undargarin”,  mientras que The Guardian habló de la importancia que ha tenido el proceso contra Cristina de Borbón en la abdicación de su padre y de los movimientos realizados por el actual monarca para alejar a su hermana de la institución. “Cristina ha sido enviada al ostracismo y, desposeída de su título de duquesa de Palma. Su sentido de lealtad familiar ha desaparecido y ella bien puede estar de acuerdo con la versión de Torres de lo ocurrido”, dice el diario británico, en referencia a la declaración del socio de Urdangarin en La Sexta, en la que afirmó que la Casa Real tuvo conocimiento en todo momento de los movimientos de la empresa. La televisión de Francia, una de las que siguió la llegada de los acusados en directo, tituló “La infanta Cristina juzgada por fraude y corrupción” y la BBC: “Juicio a la princesa Cristina de España por fraude”. Los ingleses consideran que el nuevo rey está mejorando la imagen de la monarquía en los 18 meses de mandato, aunque la imagen de Cristina, considerada “la princesa Diana” española cuando se casó, en 1997, “sigue siendo popular”. Le Monde también dedica una larga crónica a las andanzas judiciales de Cristina de Borbón y recuerda que su paso por los tribunales es un hito histórico desde la reinstauración de la monarquía, en 1978. La redactora, Isabel Piquer, cuenta la vida tranquila que lleva la pareja en Ginebra, donde, según el texto, reciben visitas regulares tanto de la reina Sofía como de la infanta Elena. Igualmente, los medios franceses recuerdan el discurso de proclamación del rey Felipe en el que prometió “una monarquía íntegra, honesta y transparente”. 


La imagen de un miembro de la familia real española sentada en el banquillo de los acusados se ha podido ver en la prensa de toda Europa, así como en Estados Unidos y América Latina. Incluso algunos medios televisivos han mostrado en directo la llegada de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin a los juzgados de Palma.  Al otro lado del Atlántico, el diario New York Times tituló “Comienza en España el juicio de la princesa Cristina por fraude fiscal”, mientras The Washington Post anunciaba: “Se inicia un juicio histórico por fraude para la Infanta Cristina”. En Latinoamérica, el diario Clarín de Argentina rotuló “Histórico juicio en España a la hermana del rey” mientras, en México, El Universal señalaba que “La infanta Cristina va hoy al banquillo de los acusados”. Incluso el Japan Times, medio asiático de gran difusión, reservó espacio para el juicio de la Infanta Cristina. “La infanta ha llegado al tribunal poco después de las 8 de la mañana para las escuchas preliminares del juicio. La pareja llegó junta en el mismo coche”, contó el diario japonés.

La Infanta Cristina, sentada entre los acusados.

La defensa de la Infanta Cristina presentó, como una nueva prueba documental, un informe económico en el que se calculó en 347.712 euros la presunta participación a título lucrativo que podría ser atribuida a la hermana del rey, si su marido, Iñaki Urdangarin, fuera condenado por los delitos de los que está acusado. Sin embargo, la cifra que recoge el informe aportado por la defensa de la Infanta es menor incluso que la fijada por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, un curioso defensor en toda regla de la Infanta, que la considera responsable a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros. Horrach calculó que la infanta, como propietaria de la empresa Aizoon al 50 % con su marido, se benefició de la mitad de las cuotas del IRPF que presuntamente defraudó éste, de 182.005 euros, en 2007, y 155.138, en 2008, destinadas a servicios y suministros que repercutían en beneficio de ambos cónyuges, así como de la mitad del beneficio obtenido por la compañía, en 2004 y 2005, que ascendió a 837.683 euros. La mitad de la suma de estas tres cantidades serían los 587.313 euros de participación a título lucrativo de doña Cristina. El informe presentado por la defensa de Cristina Borbón dice que ésta compartía con su marido la empresa Aizoon, y que, en 2004 y 2005, el 99 % de los ingresos provino de facturación a Nóos Consultoría Estratégica y al Instituto Nóos, por un importe de 316.137 euros el primer año y de 538.595, el segundo; que en 2006 deja de facturar a Nóos, por lo que los autores del informe consideran que la facturación posterior no es susceptible de ser considerada como “de origen ilícito”. Para la defensa, la Infanta obtuvo de Aizoon un beneficio personal mediante gastos liquidados con fondos de origen presuntamente ilícito (76.543 euros), por disfrute de activos societarios fungibles (168.629) y por patrimonio remansado en activos societarios no fungibles y en activos líquidos netos (102.540 euros). La suma de estos fondos es de 347.712 euros. 

La infanta Cristina y su marido, caminando hacia la audiencia de la Escuela Balear de Administración Pública. 

Juan Tortosa, un periodista que ha tocado casi todas las cuerdas del periodismo, desde la gráfico hasta la televisión, hubiera incluso cambiado todos los juicios que he tenido que presenciar en esta profesión por estar este lunes a las seis de la mañana pasando frío a las puertas de la Escuela Balear de Administración Pública, en el polígono Son Rossinyol. “Cambiaría –escribe Tortosa– mis noches de guardia en los juzgados de Marbella, Alhaurín, Málaga, Fuengirola, Granada, Huelva, en la Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales, mis madrugadas heladas a las puertas de los juzgados de Sevilla, el pasillo judicial más frío del mundo… por encontrarme en Palma de Mallorca. Los periodistas y el público asistente fueron debidamente acreditados y cacheados, y solo podían llevar encima lápiz y papel. Ni celular, ni tableta, ni nada que grabe ni fotografíe. Da igual, el espectáculo está servido. Periodistas especializados en política, en economía, en sociedad, en casas reales, no pararán ni un minuto. Buena parte de los corresponsales extranjeros acreditados en nuestro país, que habitualmente residen en Madrid, también estarán presentes. Hay que verlo, para contarlo con precisión. Hay que respirar el mismo aire que respirará Cristina, la primera persona de una casa real que se sienta en el banquillo (…). En Palma querría estar yo, junto a mis amigos y compañeros de tantas guerras, para ser testigo presencial de ese momento. En todas las monarquías cuecen habas, pero habas tan gordas (…) Quiero que me contéis, amigos Paco, Victoria, Laila, Julia y tantos otros colegas que estaréis en Mallorca las próximas semanas, cómo vivís todo esto. Me tenéis que decir cómo se ve al otrora “generoso” Jaume Matas, a Diego Torres, a la familia Tejeiro, a los políticos de Baleares y de Valencia encausados, a la augusta y graciosa pareja… Palpad el ambiente por mí, impregnaos de todo lo que suceda, no os perdáis detalle y luego me lo contáis todo. Aunque todo quede en agua de borrajas, como puede que suceda en el caso de Cristina por haber sido emplazada solo por la acusación particular y no por el fiscal, aunque las sentencias sean benévolas y las penas escasas, lo que ocurrirá estos días en Palma contiene ya en sí mismo una profunda carga simbólica. Es bueno que se perciba que quien la hace la paga, se llame como se llame. Y que, aunque sea tarde, le llega el día de presentarse en los juzgados para dar explicaciones. Es bueno que desaparezca la sensación de impunidad. Es bueno que, por fin, sea cierto aquello de que, del rey abajo, nadie se libra de rendir cuenta de sus actos. Será una foto potente. Nunca tantos frentes estuvieron tan abiertos a la vez. Nunca existió una sensación tan clara de que es posible conseguir que las cosas cambien, que los privilegios desaparezcan…”.



“Juzgar a una infanta es una rareza en este país y no es descartable que la visión de Cristina de Borbón sentada en el banquillo dure un parpadeo si finalmente el tribunal le aplica esa doctrina que se inventó para que el banquero Botín no pisara la cárcel. Sería un coitus judicial interruptus, una puntita nada más, breve pero intensa. Lo interesante de este proceso, sin embargo, no es tanto que la hija de un rey acabe en el talego, que es casi un imposible metafísico, sino constatar que no está todo perdido y que la osadía de un magistrado puede remover los cimientos de un sistema pensado para que la justicia sea más igual para unos que para otros”. Así lo expresa Juan Carlos Escudier, corresponsal político de “20 minutos”, en su artículo ‘Falta un Borbón en el Banquillo’. “Lo que se juzga en realidad –escribe Escudier– no son las mordidas de Urdangarín y su socio a las arcas públicas y el desvío de esas cantidades al pago de un palacete o al salario en negro del servicio doméstico. Tampoco si Cristina de Borbón sufría el síndrome de Ana Mato y era incapaz de distinguir si eran Jaguares o podencos lo que tenía en su garaje. Lo que se ha puesto por primera vez en cuestión es la manera con la que la familia más privilegiada del barrio se ha desenvuelto en relación con el dinero de los demás, que siempre ha creído suyo por designio divino. La historia, por tanto, no comienza con el Instituto Nóos, ese entramado de vanguardia que ha hecho posible que el yerno del Rey y su esposa se forrasen por medio de una institución sin ánimo de lucro, sino mucho antes, en Estoril, donde los Borbones vivían de la generosa caridad de los monárquicos, siempre dispuestos a pagar las abultadas facturas que el exiliado Don Juan dejaba en Maxim’s cuando viajaba a París. Debió de ser entonces cuando el hoy Rey emérito, entonces príncipe, se travistió en Vivien Leigh y juró no volver a pasar hambre al estilo de ‘Lo que el viento se llevó’. O dicho de otra forma, se dispuso a hacer un capitalito por si venían mal dadas y siguió en el empeño aun cuando ya todas las cartas estaban en su manga”.

Juan Pablo Escudier. 

“No es, por eso, el juicio de Cristina de Borbón, sino el de su padre –remata Jesús Cacho en un artículo publicado en Vozpópuli–. El juicio que nunca se podrá celebrar porque eso supondría ponerlo todo patas arriba, volverlo todo del revés y abrir las puertas a los temibles demonios familiares de los españoles. Es, simplemente, el juicio de honor que los españoles honrados merecerían para poder mirarse al espejo por las mañanas sin sentirse avergonzados. El juicio imposible de una persona que, según la Constitución, es inviolable en razón de su cargo. ‘Hay prohibiciones que no pueden concretarse en un nuevo precepto’, escribía Secondat (Manuel Jiménez de Parga, expresidente del TC) en abril de 2012, en El Mundo. ‘Por ejemplo, que el Rey no tenga una amante fuera del matrimonio o que no reciba un tanto por ciento de las operaciones económicas internacionales’. Ocurre que, al final, la hija de su padre y el marido de la hija de su padre no han hecho, ellos lo creen así, otra cosa que no vieran hacer en casa, en La Zarzuela, durante un montón de años: las llamadas diarias al banquero de turno proponiendo negocios, anunciando visitas y pidiendo favores. Los viajes al extranjero, las comisiones del petróleo, las comisiones de la obra pública, todos los días un business, mientras, en Palacio, la reina legítima desgranaba sus sueños frustrados en torno a una mesa camilla, ojeando periódicos al lado de su hermana Irene. No le pasará nada. A la infanta, quiero decir. Doble contra sencillo a que no. Pasado el mal trago de ese banquillo que ocupa por persona interpuesta, a la infanta le aplicarán la doctrina Botín, que es brebaje preparado por los beneficiarios del sistema para contar con una Justicia aparte, tan distinta, tan distante, a esa ‘Justicia igual para todos’ de la que presumió SM en la Navidad de 2011. (…)  Para dejar vivo a Botín, el tribunal violentó la propia Constitución al dictaminar que la acusación popular por sí sola no puede mantener vivo un proceso cuando la Fiscalía y los perjudicados (la Hacienda, en este caso) solicitan el sobreseimiento de la causa. Un caso claro de eso que los alemanes llaman ‘asesinato judicial’ (Ihering, La Lucha por el Derecho). Todo un síntoma del gravísimo deterioro en que ya se encontraba y se encuentra la Justicia española”.


“No es, por eso, el juicio de Cristina de Borbón, sino el de su padre –remata Jesús Cacho en un artículo publicado en Vozpópuli–. El juicio que nunca se podrá celebrar porque eso supondría ponerlo todo patas arriba, volverlo todo del revés y abrir las puertas a los temibles demonios familiares de los españoles. Es, simplemente, el juicio de honor que los españoles honrados merecerían para poder mirarse al espejo por las mañanas sin sentirse avergonzados. El juicio imposible de una persona que, según la Constitución, es inviolable en razón de su cargo. ‘Hay prohibiciones que no pueden concretarse en un nuevo precepto’, escribía Secondat (Manuel Jiménez de Parga, expresidente del TC) en abril de 2012, en El Mundo. ‘Por ejemplo, que el Rey no tenga una amante fuera del matrimonio o que no reciba un tanto por ciento de las operaciones económicas internacionales’. Ocurre que, al final, la hija de su padre y el marido de la hija de su padre no han hecho, ellos lo creen así, otra cosa que no vieran hacer en casa, en La Zarzuela, durante un montón de años: las llamadas diarias al banquero de turno proponiendo negocios, anunciando visitas y pidiendo favores. Los viajes al extranjero, las comisiones del petróleo, las comisiones de la obra pública, todos los días un business, mientras, en Palacio, la reina legítima desgranaba sus sueños frustrados en torno a una mesa camilla, ojeando periódicos al lado de su hermana Irene. No le pasará nada. A la infanta, quiero decir. Doble contra sencillo a que no. Pasado el mal trago de ese banquillo que ocupa por persona interpuesta, a la infanta le aplicarán la doctrina Botín, que es brebaje preparado por los beneficiarios del sistema para contar con una Justicia aparte, tan distinta, tan distante, a esa ‘Justicia igual para todos’ de la que presumió SM en la Navidad de 2011. (…)  Para dejar vivo a Botín, el tribunal violentó la propia Constitución al dictaminar que la acusación popular por sí sola no puede mantener vivo un proceso cuando la Fiscalía y los perjudicados (la Hacienda, en este caso) solicitan el sobreseimiento de la causa. Un caso claro de eso que los alemanes llaman ‘asesinato judicial’ (Ihering, La Lucha por el Derecho). Todo un síntoma del gravísimo deterioro en que ya se encontraba y se encuentra la Justicia española”.


Javier Ruiz escribe en ‘Caso Nóos, la hora de la verdad’, también en Vozpópuli: “Políticamente, se decide si ‘la justicia es igual para todos’ y si “vivimos en un Estado de derecho en el que cualquier actuación censurable será juzgada y sancionada con arreglo a la ley”, según las propias palabras del rey Juan Carlos el 24 de diciembre de 2011. De momento, el trato a la hija y hermana del rey ha demostrado lo contrario y ha reflejado un deplorable espectáculo en el que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio Fiscal, la Moncloa y otros poderes del Estado se han puesto a los pies de la Corona para permitir hasta 5 privilegios o irregularidades: aceptar la desgravación ante Hacienda con facturas falsas, aceptar que la cadena de custodia fiscal se rompa, actuación de la Fiscalía como abogado defensor de la infanta y falta de citación a los responsables de la Corona. La Casa del Rey ha sostenido, desde que se destapó el escándalo, que dio orden al matrimonio Urdangarin de desvincularse de los negocios privados tan pronto como supo que participaban en ellos. Sin embargo, los correos electrónicos que los duques de Palma cruzaron con los monarcas sugieren lo contrario. Los e-mails que cruzaron Iñaki Urdangarin y la propia Reina Sofía prueban que la Corona fue informada de las empresas y que las informaciones se mantuvieron más allá de la fecha en que la Casa Real dijo que se habían roto esos lazos comerciales. Esa línea de investigación -que Diego Torres intentará incluir como nueva prueba- ni siquiera ha sido explorada. Y el menor de todos, pero más visible, el privilegio de permitir a la hija del rey acceder en coche hasta la puerta del tribunal sin hacer el paseíllo frente a los otros acusados, iguales ante la Justicia, que debieron desfilar ante las cámaras. Hasta ahora, hay 29 pruebas que empujan a la infanta al banquillo y que sostienen la acusación y una única explicación para evitarla: es la hermana del rey. Desde hoy veremos si, realmente, todos somos iguales ante la ley o si algunos son más iguales que otros”.  


“Haciendo el primo contributivo durante más de 38 años”, titula Pep Roig en un breve artículo publicado en Última Hora. “Si es cierto que esa reiterada aseveración oficial no es cierta y sólo de una frase publicitaria se trata, según dijo la señora Ripoll, abogada del Estado, en su defensa gremial a favor de librar del banquillo de los acusados a la Infanta, los ciudadanos que pensaban que era una orden nacional y no un eslogan deberán, deberemos, hacer un nuevo planteamiento.  Puestos a escoger, y de acuerdo con la señora abogada estatal, muchos se podrían plantear otro modo de relación con la Hacienda Pública, que ha resultado no ser de todos los españoles o residentes en España. Por ejemplo, se podría elegir la norma que imperaba hasta 1978, mediante la cual Hacienda todavía no éramos todos y casi nadie hacía la declaración de la renta. Pero vino Adolfo Suárez y a partir de entonces se puso en marcha la campaña publicitaria que ha durado hasta el pasado lunes cuando, gracias a la señora Ripoll nos enteramos que durante 38 años los ingenuos que nos creímos el anuncio hemos estado haciendo el primo. Es lo que nos pasa siempre a los del lumpenproletariado, que nos sabemos atrapados y temerosos de que todo el peso de la justicia caiga sobre nosotros. Y, puesto que estamos acostumbrados a siempre correr con los gastos nacionales (Carreteras, autopistas, aeropuertos, comisiones por lo de las autopistas, carreteras, aeropuertos, etc.) de los cuales los más ricos suelen estar exentos, no analizamos lo que es real o publicitario, y pagamos sin dilación y refunfuñando por lo bajini. Si se confirma los de la señora defensora de la Infanta, yo me apunto a lo de antes de 1978, que nadie cotizaba, ni el Rey, ni Fraga”.

El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, pide que Juan Carlos y Felipe VI sean llamados a declarar.

Manuel González Peeters, abogado de Diego Torres, ha vuelto a pedir la comparecencia del actual rey, Felipe VI, y del rey emérito, Juan Carlos I, y, con un punto de ironía, ha dicho que seguramente no tendrá ningún problema en dar su declaración. El tribunal le ha empezado a decir que qué manera era esa de presentar tal aluvión de pruebas y de documentos sin referirse a ellos y sin precisar mucho más. Los nervios que le han llevado a un lapsus, al confundir heterodoxo procesal con heterodoxo sexual, con las consiguientes risas en la sala.


Entre los fotomontajes españoles de esta semana, recordamos: el carnet de identidad de la Infanta Cristina; su carencia de conocimientos; el lema de la Infanta Cristina con el que protagonizará el nuevo anuncio de la Agencia Tributaria; el mejor banquillo de nuestro deporte nacional; Hacienda somos todos, excepto…; la Infanta y Urdangarín llegan a la Audiencia provincial vestidos con las mejores galas; la memoria de Cristina; las dos opiniones de la Fiscalía Anticorrupción; la Infanta, sentada en el banquillo de los acusados; el Ministerio Impúdico; el Congreso con rastras; la advertencia de Villalobos y la Asociación de Piojos se queja de una epidemia.
















El humor semanal plasmado en la prensa: Harca, A. López, El Roto, Forges, Peridis, M. Fontdevila, Pat, Nou Web Negre, R. J. Mora, Miguel Gallardo, Ferrán, Vergara, Padylla.…






















Pep Roig nos recuerda: Mallorca también existe, a veces; la familia "congresada"; inocente; casi todos; parásitos y dime cómo piensas…








Tras la edición de “cantautoradas” (2012), primer disco que se agota en pocos meses, Diego Escusol, un aragonés de 36 años, sube a las redes la canción “Que se joda Andrea Fabra”, donde acumula más de un millón de visitas en menos de dos semanas. Participa en festivales y manifestaciones multitudinarias como cantautor y se marcha a los Estados Unidos. Allí permanece durante tres años, actuando en diferentes escenarios como en el Second friday art walk de Chicago, Woodstock o Crystal Lake, editando un disco de canciones didácticas y cuentos cantados: “Vientos del aula”. Desde el pasado julio, presenta en Zaragoza su tercer trabajo “Pido la voz y la guitarra”, disco de 15 canciones reivindicativas donde la ironía cómica se mezcla con la seriedad del discurso militante y comprometido. A la vez, ya está preparando su cuarto trabajo que verá la luz a mediados de 2016, “Un lugar donde volver”, en el que la lírica y la música, así como la estética, son los mecanismos que articulan los temas del mismo. Mientras tanto, sigue preparando recitales y conciertos en salas y eventos.
 
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