miércoles, 16 de septiembre de 2015

La sombra alargada de Telefónica sobre El País.


                                                              Antonio Caño, director de El País
Rafael Méndez,
Los periodistas Rafael Méndez y Manuel Altozano se han marchado de El País, tras sufrir la censura uno de sus artículos que versaba sobre la relación del marido de Soraya Sáenz de Santamaría, amiga de Juan Luis Cebrián. La amistad entre la vicepresidenta del Gobierno y Juan Luis Cebrián volvió a tener un efecto directo sobre la línea editorial de este medio de comunicación del Grupo Prisa, algo que se ha convertido en habitual desde que, a mediados de la legislatura, la vallisoletana jugara un papel clave en la refinanciación de la deuda de la compañía. Y el último enfrentamiento entre el director de El País, Antonio Caño, y una parte de la plantilla que le recriminó la "inaceptable censura" de una información es prueba de este malestar. El Comité de Redacción le pidió explicaciones y el responsable “montó en cólera” y acusó a este órgano de boicotearle.

La polémica se originó a mediados de julio, cuando Méndez y Altozano, dos de los periodistas más respetados del equipo, encargados de investigación, elaboraron una crónica en la que se aludía al supuesto conflicto de intereses que ocasionó el que la vicepresidenta se pronunciara en el Consejo de Ministros sobre las decisiones relativas a Telefónica, toda vez que su cónyuge, Iván Rosa Vallejo, es asesor jurídico en la empresa. “Justicia permite a Santamaría tratar asuntos de Telefónica, donde trabaja su marido”, decía el titular de la información que fue considerada de incorrecta por la cúpula del rotativo y fue cambiada por este otro título: “Santamaría se abstiene en los asuntos de Telefónica pese a no estar obligada”. Tras observar esta modificación, los redactores decidieron retirar su firma del artículo, acusando a la dirección de censurar para no molestar a la Moncloa.

El Comité de Redacción pidió explicaciones a Antonio Caño. Éste la emprendió contra sus autores y criticó su mal hacer profesional. “Además –precisan a Vozpópuli fuentes del periódico–, retó al Comité a que publicara sus palabras en una circular”. Unos días después, este órgano emitió una nota en la que se refirió a este asunto de la siguiente forma: “El director fue más allá en su argumentación y calificó este tipo de decisiones como ‘chiquilladas’. Manifestó que, a su juicio, se trata de una falta de profesionalidad seria y preocupante. Insistió en que su despacho está abierto para tratar estas cuestiones si no se entienden y que, por tanto, lo primero es hablar con el director antes de tomar una decisión de este tipo. Afirmó que, en el periódico, hay muchas personas tomando decisiones a lo largo del día, pero que los cambios no deben ser interpretados como ningún tipo de problema de censura o falta de libertad de los redactores para escribir sus informaciones. Caño añadió que actitudes de este tipo le llevan tener serias dudas sobre la capacidad de estos periodistas para cubrir informaciones de este relieve a la vista de su actitud”. Caño arremetió contra el Comité de Redacción, del que aseguró que “sirve a los intereses de ocho o diez descontentos”, que plantea “temas irrelevantes” y que se dedica a “elaborar comunicados insolentes y malintencionados”.

En las últimas horas, también ha trascendido el abandono del diario de la exjefa de Audiovisual, Belén Ayala, del periodista Álvaro de Cozar y de José Manuel Romero. Son bajas que merman aún más la plantilla de un diario que fue durante varios años el más influyente de España, pero que hoy su dirección es puesta en tela de juicio. El comité de redacción de El País ha suspendido la votación que había convocado para este miércoles en la que los periodistas debían refrendar un comunicado muy crítico con el director, Antonio Caño. Éste se ha negado a facilitar al comité el censo actualizado de redactores, lo que hace imposible la consulta. En un comunicado dirigido a la plantilla, el comité califica de “insólita” la decisión. El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que Prisa ejecutó en 2012 supuso el despido de 129 trabajadores. Algunos de ellos aún mantienen pleitos con la empresa en los tribunales por este motivo. En los últimos tres años, además, han abandonado el periódico en un lento goteo otra treintena de periodistas.