domingo, 16 de octubre de 2016

La tasa de suicidios de la G. C. y de la Policía, el lobby feroz y la foto del año.


Esta es una historia triste y desesperada que contrasta con otra, indignante y alarmante. Me refiero al constante aumento de suicidios entre Policías y Guardia Civiles y al  lobby aplastante y agobiante que corroe y carcome esta sociedad. Las tratamos en la misma web porque así las encontramos en la actualidad, sin que una, aparentemente, nada tenga que ver con la otra ni suponga la relación causa-efecto. Pero ahí están ambas, siendo hoy tratadas en el mismo blog, aunque sean examinadas con diferentes criterios. Y terminamos con la foto del año, tomada el 12 de octubre. Pero empezamos con la primera.
         La tasa de suicidios en la G. C., de la que casi no se habla.

El alarmante suicidio entre los verdes ha reabierto un debate que ha sido un tema tabú durante muchos años. El pasado domingo se registraba en el Cuartel de Batalla del Salado, en Madrid, un nuevo caso que reabría el debate. Un agente en baja psicológica y sin armas reglamentarias, al habérselas retirado, forzó la taquilla de los vestuarios de un compañero, donde este guardaba su pistola. La agarró y se pegó un tiro. Se trataba de un funcionario que trabajaba como chófer en el Parque Automovilístico de Conductores de la Guardia Civil y cuyos datos personales permanecen ocultos por respeto a su familia. Es el octavo suicidio en un año en el instituto armado, según datos oficiales actualizados por la Dirección General de la Guardia Civil. Se han registrado entre enero y octubre del presente ejercicio y son los mismos que se contabilizaron en todo el año 2015. En 2014, hubo una docena entre los funcionarios de dicho instituto armado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se queja de la poca transparencia del Ministerio del Interior, que no publica estadísticas en este terreno y acusa a la Dirección General de hacer caso omiso a iniciativas como la de instalar armeros en las instalaciones que, a su juicio, evitarían sucesos como éste, ya que entienden que una taquilla de vestuario no es el mejor lugar para guardar pistolas. Según Juan Fernández, portavoz de AUGC, la asociación solicitó a la Dirección General, “tanto por escrito como verbalmente, que dotara de armeros en todas las unidades. No entendemos cómo la Guardia Civil, que es la encargada de llevar el registro y el control de armas en España, no exija en los acuartelamientos, donde todo el mundo tiene su arma reglamentaria,  ninguna de estas medidas para dotar de seguridad tanto a los agentes como a sus familias”.

    El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de  Mesa.


Aseguran, desde la Dirección General de la Guardia Civil, que el problema no se soluciona con los armeros. Dicen que, en el último caso, el funcionario rompió la taquilla de un compañero y que podría haber hecho lo propio con un armero. Insisten en que la pistola es un elemento dotacional de los agentes y que tienen todo el derecho a portarla dentro y fuera del cuartel. En el departamento dirigido por Arsenio Fernández de Mesa, valoran que la tendencia de los últimos años sea “a la baja”, aunque aseguran no sentirse satisfechos mientras haya un solo suicidio en el cuerpo. Recuerdan que, en 2002, pusieron en marcha el Plan de Prevención de Conductas Suicidas, con 60 psicólogos especializados en la detección y tratamiento de estos comportamientos, y que la Guardia Civil es “pionera” en estos programas, que ahora son reclamados por los sindicatos de la Policía para su propio cuerpo. Por su parte, la AUGC se queja de que la Dirección General de la Guardia Civil se niega a abrir un grupo de trabajo para analizar las causas de que siga habiendo un elevado número de agentes que se quitan la vida, por encima de la media de la sociedad. Parte del problema radica, según esta asociación, en la imposibilidad de que los funcionarios del instituto armado puedan organizar su vida laboral y familiar de modo razonable, ya que no tienen un turno estable y sus jefes les pueden cambiar el horario de un día para otro, lo que les impide hacer planes a medio plazo. Pero una nota de prensa remitida, hace un año, por la Dirección General, resaltaba que el 90% de las causas de suicidio dentro de la corporación son personales, sentimentales, por problemas de pareja y asuntos de esa índole. “Causas claramente desvinculadas de su actividad laboral”, según destacaba el mencionado comunicado, con intención de desvincular las condiciones laborales del fenómeno.


AUGC puntualiza que, actualmente, cuantos prestan la atención psicológica en la Guardia Civil son mandos del cuerpo y, por lo tanto, funcionarios sujetos a la disciplina jerárquica militar de la institución, lo que provoca que los agentes que sufren estos problemas y muestran conductas suicidas desconfíen de los que están teóricamente para ayudarles. “Los psicólogos deberían estar conformados por gente ajena a la disciplina”, proponen en AUGC. Por su parte, la Dirección General cree que este es un planteamiento demagógico del problema, ya que todos los psicólogos tienen un secreto profesional al que se deben y afirman que, sólo cuando ven una tendencia clara hacia el suicidio, activan el protocolo para evitar que el profesional se autolesione. Según AUGC, entre 1990 y 2012, 368 agentes se quitaron la vida. Si ampliamos el plazo, remontándonos al año 1982, la tasa de suicidios en el cuerpo fue de 14 al año. Una de las causas, motivo de depresión aparte, pudiera ser la facilidad con que no pocos de ellos caen en la misma y el hecho de que tengan armas a manos… La cifra ha descendido considerablemente como consecuencia del mencionado Plan de Prevención de Conductas Suicidas, que provocó que el número de casos pasara de los 20, de 2005, a una media de nueve en los últimos ejercicios contabilizados. AUGC destaca que, en 1994, la tasa de suicidios en el cuerpo era siete veces mayor que en el resto de la población y que hoy se ha reducido a la mitad. En la Policía Nacional, las cifras son algo más bajas. El Ministerio del Interior registra casi 140 agentes muertos desde el año 2000. En este último cuerpo, sin embargo, los sindicatos profesionales echan de menos un plan de prevención de conductas suicidas similar al que tiene la Guardia Civil.

      Un policía atrincherado en un restaurante de Alcobendas se disparó en la cabeza tras ocho horas de encierro.

El pasado 14 de junio, un inspector de la Policía Nacional se quitaba la vida con su arma reglamentaria tras permanecer atrincherado en un restaurante chino durante casi ocho horas. Los negociadores y psicólogos del cuerpo no pudieron hacer nada por el funcionario, que desde el principio se mostró decidido a pegarse un tiro motivado por un desengaño amoroso. Como él, 136 miembros de la corporación de todas las categorías se han suicidado desde el año 2000. “La Policía –advertía Roberto R. Ballesteros en El Confidencial–  no solo no informa de estos casos por política interna, sino que tiene por costumbre no comentar ningún asunto vinculado con este tema. Así lo explican desde el departamento de comunicación de la Dirección General, cuyo criterio es compartido también por la Guardia Civil. Esta forma de actuar se une al tabú que durante muchos años ha imperado en los medios de comunicación, que se han negado en firme a hablar de este asunto. Tanto unos como otros han argumentado siempre que abordar el suicidio tiene un efecto contagio en la sociedad. Este silencio mediático y policial ha provocado que el Ministerio del Interior nunca ofrezca datos oficiales respecto al número de suicidios que tienen lugar en la Policía y en la Guardia Civil y que la prensa tampoco pregunte por ellos. Tan solo el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se han preocupado por hacer un seguimiento a un fenómeno que desde la primera organización policial califican de ‘alarmante’ ”. 

        El  SUP califica de “preocupante” el índice de suicidios por parte de policías.

El SUP tiene interpuesta una denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo por la “falta total de vigilancia de la salud física y mental” que, a su juicio, existe en la Policía Nacional, relata el sindicato en un comunicado remitido a los medios de comunicación. La nota explica que el SUP ya dio cuenta a la Comisión de Seguridad y Salud de la Subdirección General de la Policía, así como a la Inspección de Personal de la Secretaría de Estado, de esta falta de control, pero argumenta que aún “a día de hoy” continúa a la espera de una respuesta. El silencio de la Dirección General, continúa el escrito, se produce incluso a pesar de que el Defensor del Pueblo, también a instancia del SUP, reclamara al Ministerio del Interior realizar un protocolo al respecto. El  SUP calificó de “preocupante” el índice de suicidios por parte de policías. La nota denunciaba la pasividad mostrada por el Consejo de la Policía cuando el SUP preguntó por las medidas antisuicidios que la Dirección General estaba imponiendo. Los miembros de este organismo, explica el SUP, “restaron importancia” a los porcentajes de casos que registra la Policía y argumentaron que son “muy similares” a lo que existen en el resto de la población.


El SUP asegura que, en los últimos 16 años, 136 policías se han quitado la vida. Su portavoz, Ramón Cosío, cree necesario hablar públicamente del asunto para tomar conciencia de un problema que, a su juicio, no está siendo bien enfocado por la Dirección General de la Policía. Esta no dispone de protocolos de prevención dirigidos a detectar precozmente los casos de funcionarios en riesgo de acabar con su vida. En cambio, tanto Mossos d'Esquadra como Ertzaintza y Guardia Civil sí cuentan ya con estos sistemas de detección y con grupos de psicólogos disponibles las 24 horas para atender cualquier demanda al respecto. Lo que ha provocado que descienda  el número de suicidios en las mencionadas corporaciones. Cosa que no ocurre en la Policía Nacional, según denuncia el sindicato policial. El portavoz sindical explica que, en 2015, hubo 13 policías que acabaron con su vida, cuatro más que el año anterior. Según los datos del sindicato, la mayoría de suicidios, desde 2000, se han registrado en Madrid, con 28 funcionarios fallecidos, región seguida de la Comunidad Valenciana (16), Cataluña (13) y Canarias (8). Por provincias, Orense es la única en la que no se ha producido, en estos 16 años, ningún caso de este tipo de fenómeno que, según el SUP, afecta por igual a las distintas categorías del cuerpo, salvo la escala superior, en la que no se han registrado casos. El sindicato aboga por tomarse en serio el problema e instaurar protocolos y medios que detecten a los funcionarios que se encuentren en riesgo y les presten la ayuda necesaria. Y destaca la iniciativa que está llevando a cabo la delegación del SUP en Galicia, al poner en marcha un teléfono de la esperanza que cuenta con un gabinete psicológico y un programa titulado Vive CNP. “Esconder las vulnerabilidades no aparca el problema; al contrario, aumenta el riesgo de que los casos vayan en aumento”, aseguran los sindicalistas del SUP en Galicia.


Pero ¿cómo nace “ViveCNP”? Sus orígenes comienzan en octubre del año 2014, cuando los impulsores del proyecto se percatan de que se está registrando un incremento sustancial de suicidios que, a su vez, contrasta con la escasa preocupación que demuestra  la Administración y la D.G.P en estudiar este fenómeno. Los impulsores, miembros del Cuerpo Nacional de Policía muy preocupados y sensibilizados con la situación, coinciden en que es necesario tomar medidas al respecto y hacer lo posible para ayudar a sus compañeros cuyos estados anímicos, por diferentes motivos, no son los mejores. La base del proyecto “ViveCNP” es el  “compromiso por la vida”, instando a las autoridades a que instalen medidas preventivas al respecto. El proyecto es presentado el 17 de marzo del 2015, en Santiago de Compostela. “Debido al aumento de casos detectados en los últimos años –advertían los promotores–, el colectivo está preocupado y viene reclamando la necesidad de adoptar medidas preventivas, pues los funcionarios viven continuas situaciones conflictivas derivadas de su labor profesional que no todo ser humano es capaz de llevar con normalidad y repercuten en su ámbito profesional y personal. Los trastornos de ansiedad y depresión son mayores que en otros grupos profesionales”. Entre las causas detectadas se encuentra el disponer de armas de fuego, el desempeño de un “variado conjunto de roles” en su labor profesional, la “falta de comprensión” por parte de algunos mandos respecto a las situaciones de los funcionarios y “la dificultad para conciliar vida familiar y laboral” por los difíciles turnos y el movimiento de destinos. Los promotores de la iniciativa también destacan la falta de reconocimiento, el injusto reparto de condecoraciones y el “detrimento del poder adquisitivo” como otras causas colaterales que influyen en el ánimo de los policías. La Guardia Civil, por su parte, aprueba, en 2005, el Plan de Prevención de Conductas Suicidas, que conlleva la movilización de 60 psicólogos especializados. Desde la aprobación del mencionado plan, la Guardia Civil ha pasado a tener  de 20 casos en ese año a una media de nueve en los últimos ejercicios contabilizados. 

       José Manuel Durào Barroso. 

Y pasamos, sin más, al segundo tema de hoy: el lobby feroz. “Ninguno de los países e instituciones de la UE evaluados controlan adecuadamente el fenómeno de las puertas giratorias. Los legisladores están, en general, exentos de restricciones pre y post empleo público y de ‘períodos de cuarentena’, a pesar de ser un blanco clave de las actividades de lobby o influencia”. Esta demoledora afirmación de Transparencia Internacional, deriva de datos como el que revela que, en países como Portugal, el 54% de los cargos ministeriales “han sido ocupados, desde 1974, por profesionales del sector bancario”, lo que ilustra la quiebra entre la ética y la política, entre lo moral y lo legal, que lleva años alejando a representantes y representados en todo occidente, y muestra la proximidad de los primeros a las élites del dinero. El último episodio de esa promiscuidad fue en el fichaje de José Manuel Durão Barroso, exjefe de la Comisión Europea (2004-2014), como presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión del planeta, conocido para el ciudadano medio por su participación en el trasiego de las hipotecas basura –uno de los focos del incendio del sistema bancario en 2008– y sospechoso de haber colaborado en el camuflaje del déficit real de Grecia. Casos como el de Durão, “jurídicamente posible pero moralmente inaceptable” para el presidente francés, François Hollande, son frecuentes en todos los escalones de todas las administraciones de la práctica totalidad de los países occidentales.  Las normas sobre el futuro de sus más altos cargos responden a un mismo patrón: pueden trabajar para quien contrate sus servicios sin tener que dar explicaciones mientras les espera una sustanciosa pensión para cuando decidan retirarse formalmente de cualquier actividad privada. En países como España, recibir ese dinero público puede resultar compatible con el desarrollo de ocupaciones privadas.

González, Aznar o Zapatero…

¿Que ha sido de los excepcionales casos de los que fueron presidentes del Gobierno? Las actividades privadas de González, Aznar y Zapatero constatan la proximidad entre los elegidos y las élites del dinero y la potencia de sus lobbies. “Ninguno de los países europeos e instituciones de la UE evaluadas –apunta Eduardo Bayona en Público.es– controla adecuadamente el fenómeno de las puertas giratorias, esto es, el traspaso entre el sector público y el privado. En países como España, recibir dinero público puede resultar compatible con el desarrollo de ocupaciones privadas. Eso permite que Felipe González medie ante el presidente de Sudán del Sur para desencallar el negocio petrolífero de un empresario iraní; que José Luis Rodríguez Zapatero viaje a la Guinea de Obiang  con dos de sus exministros para desbrozar los caminos de empresas españolas, o que José María Aznar haga de embajador de Abengoa en Libia  a cambio de una comisión del 1% del negocio. ‘Lo que es legal, es legal’, sentencia la dirigente conservadora Dolores de Cospedal. Obviamente. De hecho, las dudas sobre esas actividades únicamente aparecen cuando el nivel de exigencia de la ley se observa desde una perspectiva ética o moral”.


UPyD denunció hace año y medio cómo PP y PSOE rechazaban su enmienda a la regulación del estatuto de los altos cargos, con la que pretendían que los ingresos de origen privado fueran incompatibles con los públicos. Y ambos partidos mayoritarios se libraron de la amenaza de ser controlados por normas en contra de sus intereses mientras que en Europa ya están de alguna manera controlados. El artículo 245 del Tratado de la Unión se limita a establecer que los miembros de la Comisión “se comprometerán solemnemente a respetar (…) los deberes de honestidad y discreción, en cuanto a la aceptación, una vez acabado su mandato, de determinadas funciones y beneficios”. Ese mismo precepto indica que el Tribunal de Justicia de la UE, podrá, “según los casos”, declarar “la privación del derecho del interesado a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo”. Pero, en la práctica, el nivel de exigencia es escaso. Los exmiembros de la Comisión solo están obligados en los 18 meses posteriores al cese a notificar al organismo para quién van a trabajar. Y la activación de la maquinaria está tasada. Solo Francia, a través de su ministro de Asuntos Europeos, Harlem Desir, le ha exigido que renuncie al pago mediante el poco, o nada, expeditivo procedimiento del “llamamiento solemne”. De esta forma, los lobbies siguen ejerciendo como “grupos de presión”, y se dedican a presionar a favor de los intereses del lobby; sigilosamente, a poder ser. 


Según recoge Transparencia Internacional (TI) en su informe “El lobby en Europa”, la organización Alter-EU detectó cómo los siete miembros no gubernamentales del grupo de expertos que trabajaba sobre Conservación de Datos “representaban los intereses de empresas de telecomunicaciones”, además de hallar “numerosos ejemplos de lobistas a título personal en importantes grupos de expertos, incluidos grupos en materia de impuestos, propiedad intelectual y asuntos financieros”.  Con todo, TI no se posiciona en contra de los lobbies sino a favor de su regulación, de manera que quede garantizada la transparencia en su actividad. Y la ausencia de normas claras hace que, en la práctica, “un número pequeño de individuos con mejores medios y contactos puede llegar a dominar la toma de decisiones políticas”. “Como mínimo –añade–, esto distorsiona las decisiones públicas, y en el peor de los casos podría llevar a la captura masiva del Estado y las instituciones”, ya que “la mayor parte de la influencia sigue siendo oculta e informal. Existen conflictos de intereses serios, y ciertos grupos disfrutan de acceso privilegiado a los encargados de tomar decisiones”.

El lobby, en España.

Más de la mitad de los ciudadanos comunitarios (58%) creen que “el gobierno de su país está en gran parte o totalmente controlado por unos pocos grandes intereses”. Esa sensación se dispara en España, donde, según el Eurobarómetro de 2013, el 77% de los ciudadanos “cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en el país”, el 67% “considera que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas”, y un 84% estima que “el soborno y las conexiones son la forma más sencilla de obtener servicios públicos”. En el mundo de la empresa el porcentaje se acentúa: el 91% de los ejecutivos encuestados “ve excesivos vínculos entre dinero y política” al tiempo que el 93% “cree que la corrupción y el favoritismo dañan los negocios”. En el estudio “Una evaluación del lobby en España”, se anota la ausencia de “claridad conceptual” y de controles democráticos. Y Transparencia Internacional indica: “La situación poco clara del lobby en España y los sucesivos escándalos de corrupción producen una incómoda sensación de que el campo de juego no está equilibrado y la toma de decisiones sesgada en diversos ámbitos de políticas cuenta a favor de los más poderosos económicamente”. Jesús Lizcano, presidente de TI en España, señala que describe una realidad legal tan vacía como estremecedora: “En España no hay un registro de lobistas, no existe obligación de informar de sus actividades por quienes realizan lobby, tampoco hay órganos de monitoreo y control de esta actividad, ni apoyo legal e institucional suficiente para seguir la huella legislativa de las normas jurídicas”. Y concluye: “La actividad de lobby suele asociarse a la influencia indebida y a riesgos de corrupción, y, normalmente, tiene una connotación negativa en el imaginario público”. 

     España paga a cada expresidente una pensión vitalicia de 75.000 euros.

Basándose en datos de 2014, la OCDE señala que 21 países adscritos a ese club que engloba al denominado mundo desarrollado limitan durante un periodo determinado el paso de sus expolíticos al sector privado tras su cese, durante un plazo que oscila entre un año (en Austria) y cinco (Alemania). Dentro de ese amplio grupo de países, sólo cinco (España, Austria, Noruega, Portugal e Israel) pagan a sus altos cargos como compensación por ese “periodo de enfriamiento”  según el informe, que no analiza las pensiones vitalicias que muchos países abonan a sus máximos responsables cuando se jubilan. De esos cinco países, sólo tres pagan a expresidentes y exministros tras su cese: Austria, Noruega y España. En España la pensión vitalicia para cada expresidente es de unos 75.000 € euros. Pero hay más. Una vez que abandonan el puesto, pueden entrar en el Consejo de Estado. Otros 100.000 € con carácter vitalicio pero, ahora sí, incompatibles con la empresa privada. La indemnización se abona salvo que el exalto cargo encuentre un empleo en el sector privado autorizado (lo normal es que lo haga) por la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Para los expresidentes del Gobierno, la pensión es vitalicia (salvo que renuncien a ella) y a los exministros se les paga durante dos años, el plazo que establece la Ley de Incompatibilidades. En ambos casos está fijada en el 80% del salario base durante dos años, un porcentaje similar a lo que cobra el exjefe del Estado español, que está fuera del análisis del informe de la OCDE. Así, Felipe V ha fijado la asignación de su padre, Juan Carlos I, en 187.356 euros brutos anuales para 2015, cifra que equivale al 80% del salario del actual rey.


El escritor, dramaturgo y actor italiano, Darío Fo, ganador del Nobel de Literatura en 1997, fallecía el jueves pasado a los 90 años. Hijo de un jefe de estación, Darío Fo estudió en la Academia de Bellas Artes de Miñan y fue pintor y arquitecto. Posteriormente, comenzó a trabajar en la RAI como actor y como autor de textos satíricos. El escritor y actor, autor de  “Muerte accidental de un anarquista” (1970) y “Aquí no paga nadie” (1974), moría como uno de los más grandes talentos para la sátira política, habiendo alcanzado la excelencia por medio de la sátira política directa y mordaz. Constante activista en los círculos intelectuales de la izquierda italiana, el escritor defendía que la sátira era el arma más eficaz contra el poder, y sostenía que la risa liberaba al hombre. Haciendo uso de ella, fraguó una carrera en la que la reflexión ácida sobre la clase política italiana,  la mafia y el Vaticano, fueron constantes. A mediados de los sesenta creó con la actriz, Franca Rame, una compañía autogestionada de carácter teatral y político conocida como Colectivo Teatral LA COMUNE, gracias a la cual llevaron el escenario a la televisión italiana, luchando constantemente contra la censura del momento. Con más de cien obras a sus espaldas, fue un dramaturgo contantemente transgresor e incómodo.




“Esta es la ‘foto del año’ –escribe acertadamente Kaosenlared– que resume a la perfección el momento actual de la política española.  Rajoy y Susana sonriendo y firmando el comienzo de lo que ya algunos han venido a definir como el ‘turnismo por abstención’: hoy me abstengo yo para que gobiernes tú, mañana te abstienes tú para que gobierne yo. Y así. Rivera atrás, como en segundo plano pero muy presente en una parte central de la imagen, encantado de la vida, mirando con cara de ‘jojo lo conseguí. ¡Qué grande soy!’. Antonio Hernando, el único de los “Sanchistas” que no ha sido ‘purgado’ tras el ‘golpe de régimen’ en el PSOE, con mirada de estar pensando también ‘y yo, pese a todo, aquí sigo, hamijos’. De Guindos, estrechando una mano de un ‘hombre de negro’ sin cuerpo ni rostro. Ese mismo al que ya le ha prometido recortes por más de cinco mil millones de euros como encargo para que lleven adelante todos los que lo rodean en la foto en cuanto el nuevo gobierno empiece a funcionar (y otros 15.000 millones más para el año y medio siguiente). Ni Iglesias, ni Alberto Garzón, aparecen porque ni estaban ni los esperaban. Y el Rey que, aunque no se vea en la foto, es la figura en torno a la que, de fondo, sigue pilotando todo el entramado. Imposible resumir mejor la situación actual en la política española en estos momentos, una vez la operación ‘Ferraz y cierra España’ tuvo éxito.

 Rajoy, hablando con Javier Fernández, de la gestora del PSOE.

P.d. En ese momento, no está el Ministro del Interior porque andaba dándole las llaves del coche al Ángel Marcelo. Que, en realidad, es como el Rey, quien tampoco se ve, pero que está siempre muy presente en la “foto” de la política española estos últimos cinco años…


Así ve Rokambol la abstención de Javier Fernández, de la gestora del PSOE.


Y así vieron las autoridades el desfile en la Fiesta Nacional del 13 de octubre. Otra imagen de esta semana: Cristina Cifuentes, la Mary Poppins del desfile; así andaba Francisco Correa por Génova, 13, según Bob Estropajo; así comenzó Correa a cantar y así se quedó nuestro hombre, tras  cantarlo todo. Jose gines rico @gines_rico habla de la reunión gestora del PSOE en Ferraz. Dice que analizaron el Juicio de la Gurtel y las declaraciones de Correa, concluyendo: NO ven, NO oyen NO hablan.…









El humor en la prensa de esta esta semana: Forges, Peridis, El Roto, Vergara, Manel F, Pat, López, Malagón, Sansón, J. R. Mora, Andrés y Ferrán….






















Pep Roig, desde Mallorca: ¿Parará`, Papá? (pregunta el pequeño a su papá, ante la huelga del trenes del Servicios Ferroviarios de Mallorca),  Esto se hunde, Rece y espere, ¡Mayoría absoluta a la vista! y El relevo, la gente prefiere al BB.






Los vídeos de este tema: El tricornio deprime a la Guardia Civil. Fragmento de uno de los programas "linea 900" de tve, subido el 14 de diciembre del 2010 El tricornio me deprime Guardia Civil GoodShitBrother
Se nos fue Darío Fo. Dario Fo - "La Resurrezione di Lazzaro" - Mistero Buffo 1991 TotalRockGeneration
 DARIO FO. MUERTE ACCIDENTAL DE UN ANARQUISTA. rumboso2
En el último vídeo del show de Buenafuente, Mariano Rajoy, tras lanzar miradas cómplices a Susana Díaz, da una patada a Pedro Sánchez y lo lanza al pozo de la ciudad de Esparta. El programa Late Motiv ha querido celebrar de su particular manera los ya 300 días sin Gobierno, haciendo referencia a la película del director Zack Snyder y a la caída del líder del PSOE. Aquí nuestra peculiar adaptación de la película '300', la lucha de poder por gobernar España. Late Motiv: 300 (días sin gobierno) #LateMotiv131 | #0 #0
   
Danse Macabre TempleTiger
Y, después de tanta tristeza, terminamos con un toque alegre, un fandango. Fandango Padre Antonio Soler Andreas Prittwitz Lookingback Andreas Prittwitz