Crónica de una huelga de sanidad …y el golpe judicial del TC.
Desde el pasado 21 de noviembre, 4.240 médicos de Familia 720 pediatras de los 430 centros de salud de la Comunidad de Madrid, mantienen una huelga indefinida frente a una Isabel Díaz Ayuso, implacable ante las demandas de los profesionales. Reivindican un mínimo de diez minutos por paciente, una limitación de las agendas y una mejora de las condiciones laborales para evitar su fuga a otras regiones o países. El principal reclamo de las batas blancas tiene que ver con el “caos” y la “sobrecarga” a la que se enfrentan, traducida directamente en el número de pacientes que tienen que atender. Los médicos de familia piden un tope de 31 consultas, un número que se reduce a los 21 en el caso de los pediatras. Actualmente, hay trabajadores que atienden a 50 y hasta 60 personas a lo largo del día. Desde los sindicatos han asegurado que una mínima diferencia no imposibilitaría alcanzar un acuerdo del que, por otro lado, la consejería parece distanciarse. Pero hace falta una disposición que la administración Ayuso no demuestra y, cuando lo hace, siempre deja ‘flecos sueltos’. Por el momento, plantea limitar el número a 34 y 24 respectivamente; pero ¿qué pasa con el paciente 35 y 25? Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS, reconoce que los médicos y pediatras “no pensaban que la situación fuera a durar tanto” y ha acusado por enésima vez la “postura” y la “falta de diálogo” del Gobierno regional. Los sanitarios intentan concienciar a la ciudadanía de que se trata de “rescatar” la sanidad pública. “Nos estamos jugando la atención sanitaria, porque ni los médicos ni los pediatras aguantan más”, expone la responsable primera de AMYTS: “Es ahora o nunca”. Rubén Rozas escribía el 13 de diciembre, en ElPlural.com, que “si algo han dejado claro los profesionales es que no se van a rendir. Así lo han demostrado con su insistencia en las calles. Han intentado hacerse notar de todas las maneras posibles, hasta ‘sacaron’ a la carretera el llamado ‘bus de la precariedad’ con el que recorrieron algunos centros de salud de Madrid. La huelga no solamente ha sido secundada por los profesionales de la sanidad, sino también por los pacientes, a quienes los sindicatos han mostrado asimismo su apoyo y han lamentado que sean los otros grandes afectados. Hernández aprecia que ‘a pesar de ver dificultado su día a día, saben perfectamente que, en lo urgente, van a estar atendidos y nos piden que no les dejemos caer, que no quieren ser atendidos de cualquier forma, sino que siguen queriendo tener su médico y su pediatra de referencia’. AMYTS ha vuelto a lamentar que, desde el departamento de Enrique Ruiz Escudero, ‘no dan una respuesta clara. Sigue tirando balones fuera y no solo no se reúne con los médicos, sino que, una vez más, mantiene que ‘no procede’ un parón en estos momentos y que quienes lo ejecutan están ‘politizados’. Los sanitarios no se callan y lamentan encontrarse ‘’agotados física y mentalmente’ a la vez que aseguran que ‘a nadie le gusta ir a la huelga. (Además) Es algo totalmente absurdo. Somos un sindicato profesional y aquí caben todas las ideologías”, apostillan.
España puede aún estar orgullosa de su sistema sanitario. En la radiografía que elabora la OCDE de los sistemas de salud, el español destaca por varias razones: es uno de los países con mejor sistema de prevención y con un alto grado de confianza, que se ve, por ejemplo, en el número de personas que se vacunan contra la gripe, y se encuentra por encima de la media en el acceso a la salud. Pero la clave de todo es la atención primaria, el gran foco de preocupación en este momento, en el que se multiplican las protestas del personal sanitario en varias comunidades autónomas. En paralelo al estudio de la OCDE, se publicó el Barómetro Sanitario del mes de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que muestra cómo al sistema empiezan a saltársele las costuras, precisamente en la base de su funcionamiento, si se compara con los datos de 2019, más próximos a la elaboración del informe internacional. La encuesta del CIS pone en evidencia la degradación en la puerta de entrada sanitaria. Siete de cada diez personas que necesitaban ver a un médico tuvieron que aguardar más de dos días para ser atendidos en la atención primaria. Solo el 20% fue atendido en la misma jornada o la siguiente a la que pidió la cita y la mitad sufrió una demora de más de una semana. Un 18,7% estuvo esperando siete días para ser visto por el médico de familia, el 12% se fue hasta los ocho días y uno de cada cuatro, un 23,3%, por encima de los 11 días. La pandemia puso la puntilla a un primer escalón asistencial que ya venía desgastado, pero que ahora paga las consecuencias de años de reivindicaciones desatendidas. “Hemos tocado fondo, todo el mundo sabe que existe un punto de ruptura”, señala la secretaria técnica de Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Ana Giménez, a elDiario.es. Los datos del CIS contrastan con lo que ocurría hace apenas tres años y van en línea con las reivindicaciones de las plantillas de los centros de salud: agendas sobresaturadas, jubilaciones, bajas y vacaciones que no se cubren y profesionales exhaustos que no llegan a prestar una atención personalizada ni de seguimiento. “La COVID incidió sobre un sistema sanitario muy debilitado y lo llevó prácticamente al borde del colapso. Las administraciones no han hecho los esfuerzos necesarios para reflotarlo y [desde 2019] todos los datos han empeorado”, señala el presidente de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez. Por comunidades autónomas, según datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, las que menos invirtieron en gasto sanitario en 2021 fueron Madrid, Catalunya, Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana. Precisamente, son estos algunos de los focos principales de conflicto entre las administraciones y los profesionales sanitarios. “Lo más preocupante es que teníamos un sistema sanitario que era una envidia a nivel internacional y ese gran activo lo estamos empezando a perder”, apunta Sánchez.
Las protestas contra la gestión sanitaria se replican en Madrid, Andalucía, Extremadura, Catalunya, Cantabria, Valencia o Murcia, mientras los profesionales de Primaria alertan: “Hemos tocado fondo”. David Noriega nos lo advertía el pasado 2 de diciembre desde ElDiario.es: Los médicos avivan las protestas y señalan el “punto crítico” de la sanidad pública en España. “Las reivindicaciones son las mismas. Lo que queremos es hacer nuestro trabajo con las mejores garantías y la mayor calidad que le podamos prestar a nuestros pacientes”, explica la médica de Atención Primaria María del Mar Martínez. En este momento, hay una huelga en marcha en Madrid y un paro general convocado para los días 25 y 26 de enero en Catalunya. En Extremadura, el Sindicato Médico ha acordado una medida similar por la falta de facultativos, que se hará efectiva después de Navidad. Hay protestas en Andalucía, en la Comunitat Valenciana y se han acordado medidas para frenar el conflicto en Murcia o en Cantabria, tras un paro de 10 días. En Galicia, cientos de personas salieron a la calle para reclamar mejoras en una Atención Primaria colapsada. “Se trata de que de una maldita vez haya voluntad política y se mejoren tanto las condiciones en las que se presta asistencia a la población como las condiciones laborales y retributivas de los profesionales”, explica Xavier Lleonart, el secretario general de Metges de Catalunya, el sindicato que ha convocado la huelga. Según datos del Ministerio de Sanidad, esta es la comunidad que menos porcentaje de su gasto sanitario público dedicaba en 2020 a la remuneración del personal. Era un 35,4% del total, seguido de la Comunitat Valenciana (40,1%), Madrid (42,3%) y Galicia (53,9%). Todas ellas por debajo de la media nacional, del 44,9%. Y todas ellas con conflictos abiertos por esta causa. El salario base de los médicos en España está marcado por el Ministerio de Sanidad, pero cada Gobierno autonómico tiene la capacidad de mejorar los sueldos de sus sanitarios. O de empeorarlos. “Algunas han introducido mejoras y otras, empeoramientos en las condiciones laborales, como en los turnos de las consultas, las introducciones o no de complementos, los precios de la hora de guardia, etc. Todos tienen cierta parte de responsabilidad en la situación que atraviesa la Sanidad y, ahora especialmente, la Atención Primaria en toda España”, explica Giménez. María del Mar, representante nacional de Atención Primaria urbana del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, es también médica de familia en un centro de salud de Ciudad Real. “Yo tengo una agenda de 50 pacientes, de ocho de la mañana a tres de la tarde, con mis pacientes, los de compañeros que están de permiso, de baja o saliendo de guardia y que no se cubren”, lamenta la doctora. Es una situación que se repite. Agendas saturadas y sanitarios trabajando a destajo. “¿Es razonable que un médico de familia tenga en su agenda 60, 70 u 80 pacientes al día, con 6, 7 o 8 pacientes a la misma hora? ¿Cómo se gestiona eso un día detrás de otro? En el mejor de los casos tienes la sensación de que estás en una cadena de montaje donde pones el tornillo y se acabó”, razona Lleonart.
En Madrid, los médicos de atención primaria entraron en la cuarta semana de huelga. Nunca antes había sucedido algo similar. Ana Encinas lo reconocía el 12 de diciembre en Nuevatribuna. “A pesar de las atrocidades y mentiras vertidas por la Consejería de Sanidad sobre nuestro colectivo, lo cierto es que nuestro modelo de Atención Primaria se encuentra en estado crítico por denegación de auxilio e intento de cambio de modelo sanitario y son las Consejerías de Sanidad y de Hacienda las únicas responsables. No voy a hablar de la falta de inversión y de plantillas, de la ciudadanía sin médico ni de la falta de Centros de Salud y necesidad de su mantenimiento, tristemente llegamos a normalizar cualquier dato. Lo realmente importante es que podamos entender lo que estamos a punto de perder: dejaremos de tener nuestros profesionales asignados, conocidos y ocupados en funciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, cuya atención englobe lo biológico, psicológico y social, con posibilidad de participación ciudadana en la gestión de nuestros servicios sanitarios. Pasaremos a tener una atención puntual en momento de enfermedad, ofrecida por profesionales sustituibles. Este cambio de modelo afecta a todas las categorías de la atención primaria y sería adecuado que también el resto iniciara las movilizaciones pertinentes. La salud no es negocio, el negocio es la enfermedad y de un Sistema Nacional de Salud pasaremos a un Sistema Privado de Enfermedad. La razón de nuestra huelga es evitar este cambio de modelo y la pérdida de la esencia de nuestro trabajo. Nos quieren convertir en piezas de una cadena de producción, donde la salud no está contemplada. Soy médica de un centro de salud de Carabanchel, no puedo hablar por el resto de compañeros, aun así, quiero explicar las razones por las que apoyo una huelga indefinida, a costa de la pérdida económica que sea necesaria, y me estoy cuestionando abandonar mi trabajo, en caso de no conseguir unos cambios esenciales: Me niego a normalizar agendas de entre 40 y 60 personas cada día (soy consciente de que hay centros aún con más sobrecarga), sintiendo que estoy ‘despachando’ a toda velocidad, en lugar de dar la atención que el paciente necesita; me niego a no tener el tiempo suficiente para realizar una buena exploración de los síntomas o de la situación expuesta; me niego a administrar fármacos por falta de tiempo; me niego a que profanen la relación terapéutica, sustituyendo la presencia por una pantalla, desde la que no puedo palpar, percutir, auscultar ni acompañar; me niego, en resumen, a perder la humanidad que mi trabajo requiere. Si lo despojan de humanidad, será otra cosa, pero nunca relación médico-paciente. Aclaro que conseguir más dinero no me proporcionará más tiempo, por lo que no es una solución. No confío en la Consejería de Sanidad, sé que tienen su hoja de ruta y la seguirán contra viento y marea. Confío plenamente en la ciudadanía, la que demostró el 13 de noviembre que está despierta y no está dispuesta a que le arrebaten lo que es suyo. Juntos debemos seguir, profesionales y ciudadanía, defendiendo nuestro derecho a una Sanidad Pública, Universal y de Calidad”.
El pasado día 15, el Colegio de Médicos de Madrid pidió que se desconvocase la huelga indefinida de médicos de Familia y pediatras de la Atención Primaria madrileña, promovida por el sindicato Amyts, por considerar que “no es buena ni para los profesionales ni para los pacientes”. La institución colegial se reunió con la Consejería de Sanidad para analizar el estado de las respuestas a las demandas planteadas y constató que la Consejería había realizado “avances significativos para conseguir los estándares de excelencia que necesita la Atención Primaria”. Algunos de los campos en los que se produjeron avances, según el Colegio, fue en la lucha contra la temporalidad; la activación de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de Medicina de Familia y Pediatría; la activación de la ley Ómnibus para la contratación de médicos extracomunitarios; los contratos de fidelización para los médicos internos residentes que finalicen su especialidad y mejoras en la desburocratización con la creación de un centro de salud centralizado. El Colegio de Médicos a través de la Vocalía de Atención Primaria, convocó a todos los profesionales de Atención Primaria, con la “firme convicción” de que, como “puerta de entrada”, era “un pilar fundamental” del sistema sanitario, indicaron en una nota de prensa. Tras la reunión, la institución colegial abogó por la “despolitización” de la sanidad pública y reclamó una apuesta decidida por la Atención Primaria que permitía aumentar la calidad asistencial y la satisfacción de los profesionales. Por otra parte, sanitarios de la Comunidad de Madrid mantenían el pulso a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en su cuarta semana de huelga. Y decenas de profesionales recorrieron las calles céntricas de la capital, tratando de torcer el brazo de una vez por todas a la Consejería dirigida por Enrique Ruiz Escudero. De hecho, ésta fue una de las paradas que realizaron las batas blancas en su recorrido. La marcha tenía, además, otra connotación, registrada después de la petición expresa realizada por el Colegio de Médicos de Madrid (ICONEM) con la que éste había pedido que se desconvocase la huelga al considerar que se habían producido cambios sustanciales en la postura del Ejecutivo regional. Pero, lejos de estar de acuerdo, AMYTS advirtió que, en la actual posición, con una Consejería y un Gobierno tan férreos hacer de “sindicato vertical no parecía la mejor opción”.
Dos días más tarde, tras el cierro médico en la Consejería, miles de personas volvieron a recorrer el centro de la capital convocados por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid un mes después de la gran movilización ciudadana. El Comité de Huelga del convocante sindicato médico Amyts se encerró el jueves durante 36 horas en la sede autonómica con el apoyo externo de cientos de personas. Ante la falta de avances y las barreras de la Comunidad de Madrid para que entrase comida, los médicos abandonaron el edificio. Bajo el lema 'Sin Sanidad Pública, no hay derecho a la Salud', la Marea Blanca retornó a las calles en su 96º edición con la asistencia de miles de personas. Nacida hace 10 años ante un plan de privatización masiva de la sanidad pública anunciado por la Comunidad de Madrid presidida entonces por Ignacio González, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) - Marea Blanca tiñó de blanco con las batas de los profesionales sanitarios las protestas masivas en su contra. La reacción del gremio y de los usuarios de la sanidad, durante más de un año, consiguió revertir el plan y que su ideólogo dimitiese de la Consejería de Sanidad. La manifestación arrancó pasadas las 12 horas del sábado, 17, desde Atocha. Y finalizó en la Plaza de Cibeles, tras recorrer el Paseo del Prado para pedir la apertura inmediata de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y oponerse al cierre de centros de atención primaria. “Urgencias cerradas, muertes aseguradas”, aseguraba el manifiesto de la convocatoria. “Nos roban a dos manos”, “más enfermeros y menos consejeros”, y “Ayuso y su hermano nos roban a dos manos” fueron algunos de los gritos de los manifestantes. Desde Vallecas, la usuaria de la sanidad pública, Melisa, de 68 años protesto, muy enfadada: ·Ayuso y el PP lo están privatizado y robando. O echamos a estos delincuentes o acabamos como en Estados Unidos, donde quien esté enfermo y no tiene dinero se muere”. La protesta fue secundada por partidos políticos como Más Madrid y Unidas Podemos con la asistencia de sus líderes en la Asamblea de Madrid, Mónica García y Alejandra Jacinto respectivamente. Fernández-Lasquetty volvió a ser la bestia negra de los defensores de la sanidad pública, 10 años y una consejería después. La secretaria general de Amyts, la cirujana Ángela Hernández Puente cerró el acto delante del Ayuntamiento de Madrid, mostrando su apoyo a la huelga sanitaria y pidiendo a gritos la dimisión de la presidenta autonómica y del “otro culpable” del estado de la situación de la sanidad madrileña, Fernández-Lasquetty.
Sanitarios y vecinos de la Sierra Norte de Madrid se desnudan en Buitrago de Lozoya para protestar por la gestión de la Comunidad. Los organizadores de la movilización lo tienen claro: “Ayuso, Escudero y Lasquetty, dejan nuestra sanidad en bolas”. Los organizadores de esta performance sanitaria han hecho llegar a “Público” un comunicado en el que explican sus movilizaciones y reivindicaciones: “Hoy estamos aquí para gritar que no queremos tener que esperar 15 días para que nos den una cita con nuestro profesional de medicina, porque queremos tener el mismo profesional de medicina y de enfermería todos los días y no una persona nueva cada vez que vayamos a consulta, deteriorándose así la atención y el cuidado”. Además, exigen que el servicio sanitario de Atención Primaria se pueda ofrecer “con calidad y con el tiempo necesario, sin prisas por tener que atender 60 pacientes en un día”. Cistina Gallego cuenta que Mar Rodríguez Gimena, médica rural del centro de salud de Buitrago de Lozoya, asegura que esta “acción visual, colorista” busca dejar patente su desconformidad con el plan del Gobierno de Ayuso para las urgencias extrahospitalarias y denuncia, “deja desprotegidos a los pueblos pequeños de Madrid cuyos centros de salud tienen una plantilla insuficiente”. Teme que, en su afán privatizador, el Ejecutivo regional opte por “recortes de médicos, enfermeras y celadores” y más localidades madrileñas se queden sin “profesionales sanitarios” que atiendan a la población, “como ha pasado en Castilla-La Mancha”. El centro de salud de Buitrago atiende a 39 pueblos, algunos de los cuales se encuentran a 45 minutos de distancia en coche. Su plantilla ha sufrido tales recortes de personal que “a veces, cuando llegas a donde está el paciente ha pasado casi una hora”. Denuncia que “es muchísimo tiempo en situaciones de urgencia”. Pone el ejemplo de un shock anafiláctico que sufrió una niña. En ese momento, solo había una enfermera disponible y, “aunque es muy competente, no puede dispensar medicamentos sin la prescripción de un médico”. La UVI, finalmente, llegó a tiempo, pero la situación de tensión que sufrió la profesional al cargo fue tremenda. Por ello, los organizadores de la protesta hacen dos peticiones: “que las plantillas dejen de ser tan insuficientes como lo son actualmente y que, a la hora de amortizar plazas, no recorten en el personal que atiende en las zonas rurales”. “Por eso poyamos a los compañeros de la Atención Primaria, que se ven obligados a atender a 60 pacientes al día”, remata Rodríguez Gimena.
Finalmente, el pasado jueves, los médicos de cabecera y pediatras suspendieron temporalmente la huelga para analizar la nueva propuesta recibida por parte de la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los huelguistas dejaron claro que no se trata de un principio de acuerdo, sino un plazo para analizar las medidas. “Se ha acordado la suspensión temporal de la huelga hasta una nueva reunión ya fechada para analizar las últimas propuestas de la Consejería de Sanidad. No se trata de un preacuerdo, sino de una suspensión temporal”, aseguró en un comunicado el sindicato AMYTS. Además, se estudiará una incentivación de la cobertura de plazas de médicos de familia y pediatra en el turno de tarde, según reza el escrito firmado por ambas partes. El sindicato deja claro que no está sobre la mesa la posibilidad de un aumento presupuestario. Los médicos y pediatras llevaban un mes en huelga indefinida para exigir la reducción de pacientes que deben atender durante una jornada de trabajo. La falta de conversaciones con la Consejería de Enrique Ruiz Escudero llegó a tal nivel de crispación que el Comité de Huelga terminó por encerrarse en la Consejería de Sanidad durante 36 horas en busca de una negociación real, cosa que nunca llegó a suceder. “Hemos llegado a una reformulación por ambas partes de la situación. Va a haber unos días para poder estudiar y emplazarnos a una nueva reunión para saber si llegaremos a un acuerdo", declaró al terminar la reunión Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS. La próxima reunión tendrá lugar el 11 de enero.
El lunes, 19 de diciembre, fue un buen día para el PP. Así nos lo contaba Juanlu Sánchez en Al Día. “La decisión del Tribunal Constitucional, tomada a raíz de un recurso del PP, no es la única buena noticia que han recibido los populares en las últimas horas. Y la otra es casi mejor, a nivel personal. La Audiencia Nacional ha cerrado la investigación que trataba de demostrar que el PP había adjudicado obra pública durante los gobiernos de Aznar a cambio de donaciones al partido por parte de las constructoras. Las donaciones existieron, pero no se ha podido demostrar que fueran una comisión directa como soborno, ligada a contratos específicos. Es curioso porque ElDiario.es publicó, en 2015, un elaborado relato de Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, donde detallaba cómo la obra pública de Aznar escondía comisiones del 3% al PP. Pero, luego, se retractó, dicen que a cambio de ‘un coche lleno de dinero’. Barcenas también amagó, pero no se atrevió. El juez a cargo de esta causa, que se ha alargado durante ocho años, era Santiago Pedraz, no precisamente sospechoso de querer beneficiar al PP. Sin la confesión de los implicados era difícil que el caso prosperara. A falta de valientes, la financiación del PP por parte de grandes constructoras en los tiempos de la Caja B del partido quedará para la historia jurídica como donaciones por amor, supongo. La típica generosidad política del capitalismo y el ladrillo”. Por su parte, Alberto Pozas escribió: “El Constitucional amordaza al Parlamento. El bloque conservador del tribunal prohíbe a las Cortes seguir tramitando la reforma para renovar el Constitucional: los dos magistrados que tienen el mandato caducado y que PSOE y Unidas Podemos pidieron recusar decantan la votación”. Ignacio Escobar ratificó que la democracia fue atropellada por el Tribunal Constitucional. “Por primera vez en la historia democrática española, un Tribunal Constitucional con su mayoría caducada ha paralizado una reforma legal del Parlamento español. Es algo gravísimo. Y que sitúa a la democracia española fuera de los raíles institucionales por los que ha discurrido hasta hoy”. Un “precedente peligroso de la democracia”, según el juez Bosch. “La situación roza el esperpento propio de las mejores obras de Valle-Inclán”, debido a que “el mandato de los miembros del actual CGPJ acababa en 2018, pero llevan más de cuatro años caducados, autoprorrogados y en funciones, como si sus pilas fueran eternas”. Los grupos aliados del Gobierno califican de “golpe” y “atropello” la paralización del Constitucional de la reforma en el Senado y Aitor Esteban habla del “fin de la credibilidad del TC”.
El mismo lunes, a altas horas de la noche, los magistrados del Tribunal Constitucional dictaron sentencia. Unos magistrados conservadores que aprobaron las medidas cautelarísimas presentadas por el Partido Popular para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal, tal y como estaba previsto tras su aprobación el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. De este modo, el TC impedía con carácter urgente que se lleven a debate y votación las dos enmiendas planteadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección de los candidatos al órgano que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las fuentes jurídicas detallan que el recurso 'popular' se ha admitido por 6 votos –los de la mayoría conservadora– frente a 5 –los de la minoría progresista–; mismo resultado con el que se ha resuelto que no era el momento procesal oportuno para abordar las recusaciones formuladas por los 'morados' y los socialistas. UP argumentaba que González-Trevijano y Narváez debían apartarse al considerar que tienen “interés directo” en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno –el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa, Laura Díez– si sale adelante la modificación planteada. Pedro González-Trevijano es el actual presidente del Tribunal Constitucional pese a que su mandato está caducado. Llegó al cargo a propuesta del PP en el año 2021, pero lleva formando parte del tribunal desde 2013. Sin embargo, no toda su carrera la ha desarrollado como magistrado. Antes pasó por la Universidad. De hecho, es catedrático de Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), donde ejerció también como rector. Su mandato al frente de la institución académica se desarrolló entre los años 2002 y 2013 y justo en esos años se produjo el escándalo por el Caso Máster, en el que se vieron envueltos los que entonces eran miembros del PP Cristina Cifuentes y Pablo Casado. No es el único momento reseñable de González-Trevijano durante su etapa en la institución académica. En ella también se vio rodeado de polémica. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo que obligarle a dejar el cargo. La Justicia alegó que no podía volver a presentarse como rector porque los estatutos solo permitían un máximo de dos mandatos y él ya los había agotado.
Tras la decisión de Constitucional, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió a Pedro Sánchez, que renunciase a reformar el Código Penal a toda prisa y sin los informes pertinentes. Con cara risueña, instó al jefe del Ejecutivo que “renuncie a controlar a los jueces a toda velocidad” porque “la otra salida es la celebración de elecciones”. En una rueda de prensa, Feijóo dijo que “basta ya de hablar de golpes de Estado, de intrigas contra la democracia, de llamar fachas con toga a jueces. Basta ya de impugnar el sistema” y exigió que se explique bien lo ocurrido, ya que cree que no se ha censurado al Congreso y al Senado, como acusan los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios: “¿Ha impedido el Tribunal Constitucional que las reformas de Sánchez sean votadas en las Cortes? Rotundamente no. Lo que ha dicho es que esa votación se haga conforme a la Constitución”. Además, exigió al Gobierno “que pare ya la concatenación de cesiones al independentismo”, como fue, argumentó, la derogación de la sedición “a toda prisa” o la rebaja de la malversación “a condenados por corrupción”. Cree que ahora modificar la forma de elección de jueces del Tribunal Constitucional es “para contentar al independentismo” e incluir a jueces socialistas. El líder del PP pidió al presidente del Gobierno consensuar con su partido una reforma del código penal y renunciar a la que se está tramitando ahora en el Senado. “Sería fundamental que en nuestro país se consensue el Código Penal y que el Gobierno, en aquello que legítimamente quiera proponer primero lo someta a los órganos de consulta vinculantes o no preceptivos como el Consejo de Estado, el CGPJ o el Consejo Fiscal”. E indicó que, si Sánchez no renuncia a modificar el Código Penal “a toda prisa”, la salida “imprescindible” que le queda es convocar elecciones: “Negar esta posibilidad sería la prueba de que se quiere avanzar en una agenda política marcada por fuerzas contrarias al interés del pueblo y que no está validada en las urnas porque los electores lo desconocían”.
La votación de la reforma del Código Penal que se dio la pasada semana en el Congreso fue una muestra del poder aglutinador que está teniendo la estrategia del PP y de la derecha judicial conservadora entre Sánchez y el resto de actores políticos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, midieron fuerzas nuevamente en el Senado. Fue la quinta vez que el responsable del Ejecutivo y el gallego se enfrentaban en la Cámara Alta. El Ejecutivo llegaba al Pleno con los votos suficientes para impulsar esta proposición de ley (que contenía, entre otras cuestiones, la reforma de la elección de los miembros del Constitucional por parte del Consejo General del Poder Judicial). Sin embargo, algunos grupos de la investidura rechazaban apoyar esta propuesta porque no estaban de acuerdo con algunos puntos de la misma (este era el caso de Más País, Bildu o Compromís). El anuncio de que el Constitucional iba a celebrar una reunión para tratar de frenar la votación en el Congreso (algo que al final no se produjo, como sí ha ocurrido en el Senado) empujó a estos grupos al 'sí', y finalmente la proposición obtuvo 184 votos a favor, una mayoría holgada superior a la de la investidura de Sánchez. El martes, después de que el TC impidiese al Senado votar la reforma sobre su renovación, todos los grupos de la investidura escenificaron unidad de acción. El portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, reunió a las formaciones de este bloque para explorar las vías de respuesta legislativa al tribunal de garantías, y el propio Echenique y Patxi López, portavoz del PSOE, hablaron del asunto durante la celebración de la Junta de Portavoces.
La decisión del Tribunal Constitucional, a instancias del PP, de paralizar la reforma legislativa, destinada a modificar el sistema de designación de miembros del tribunal de garantías, ha atrincherado a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo quienes, el pasado miércoles, protagonizaban el último cara a cara del año en el Senado. Fue en un agrio debate en el que ambos se acusaron de despreciar las instituciones y en el que el presidente del Gobierno confirmó que insistiría en desbloquear la renovación del Constitucional con este mensaje: “El Parlamento va a hablar alto y claro”. Sánchez acusó al PP de querer “enmudecer” al Parlamento y Feijóo le pidió que convocase elecciones. Feijóo mira a cámara y, con voz engolada, se dirigió a la ciudadanía para comentar, grosso modo, que hasta aquí hemos llegado. “Basta ya de llamar fachas con toga a jueces, magistrados y tribunales”, deslizó el líder del PP con rostro impávido. Una alocución en la que no dudó en vanagloriarse de la inédita decisión del Tribunal Constitucional de intervenir el poder legislativo. El presidente del Partido Popular pidió que se “rebaje” el tono, reclamó sosiego en el debate público y lo hizo sin inmutarse. Se trataba de la misma persona que, hace apenas nueve días, denunciaba un “asalto a las instituciones”, el mismo político que en los últimos tiempos ha endurecido su discurso.
Profesionales jurídicos
de Illes Balears, propusieron ayer que el Rey, en su discurso de navidad, el
Rey renunciase a su inviolabilidad, según informaba Domingo Sanz en
21Noticias.com. En una carta dirigida a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno,
firmada por Ferrán Gomila, José Castro, Juan Pedro Yllanes y veinte
profesionales jurídicos más de Illes Balears, decían: “Con gran sorpresa y
vergüenza, quienes estamos de acuerdo con esta petición somos profesionales
jurídicos de Illes Balears y seguimos recibiendo noticias del indefendible
comportamiento personal de Juan Carlos I durante su reinado. Con intranquilidad,
venimos constatando también la incapacidad de la Justicia para investigar,
juzgar y condenar delitos como los que mencionó el fiscal anticorrupción en
marzo. Teniendo en cuenta esos antecedentes, con gran decepción recibimos el
pasado 9 de mayo la información, desvelada por la exvicepresidenta del Gobierno,
Carmen Calvo, de que, primero, Felipe VI, y, a continuación, la presidencia del
Gobierno y la del primer partido de la oposición, se habían negado a legalizar
una interpretación de la ‘inviolabilidad’ establecida en el artículo 56 de la
CE que limitaría su alcance a los actos del rey previstos en el artículo 64 de
la misma ley. Por tanto, solicitamos de usted que proponga al rey Felipe VI que,
en su discurso televisado del próximo 24 de diciembre, incluya la aceptación de
la limitación del derecho de inviolabilidad a los términos propuestos en el
párrafo anterior de este documento”. Por su parte el Rey, en su discurso navideño,
ni mencionó esta propuesta ni la decisión del Tribunal Constitucional de
intervenir el poder legislativo.
Otras imágenes, fotomontajes y fotos sorprendentes:
Normalmente toca una
octava por debajo del contrabajo. Este raro instrumento fuerte con arco fue
construido por primera vez alrededor de 1850 en París por el luthier francés
Jean-Baptiste Vuillaume. Debido a la extrema longitud del tablero y el grosor
de la cuerda, el músico la toca usando un sistema de palancas y pedales. Las
palancas sirven para activar abrazaderas metálicas que se colocan sobre el
cuello en posiciones determinadas. Estas abrazaderas actúan como dispositivos
de inquietud cuando el artista presiona las palancas. Además del instrumento de
París, existen octobass en las colecciones del Museo de Instrumentos Musicales
de Phoenix, Arizona y el Museo Kunsthistorisches de Viena. En octubre de 2016,
la compañía de Quebec Canimex donó el octobass que se muestra aquí a la
Orquesta Sinfónica de Montreal, que ahora es la única orquesta del mundo que
tiene una.
El humor, en la prensa de esta semana: Perich, El Roto, Peridis, Eneko, Enrique, Manel F., Vergara, Riki Blanco, Malagón, Flavita Bananaa, Miliki y Duarte, J. M. Nieto, Kap, Emergol…
Pep Roig, desde Mallorca:
Los vídeos de esa semana:
HUELGA MÉDICOS: Los
SANITARIOS de ATENCIÓN PRIMARIA protestan por el "CAOS" de las
URGENCIAS | RTVE
Guerra abierta en la
sanidad de Madrid
La Base #2x53 - ¿Son
golpistas?
PODCAST | Revolución
sanitaria: La marea blanca pide cita
SANIDAD MADRID: "Lo
GRAVE no es la HUELGA, sino la SITUACIÓN de la ATENCIÓN PRIMARIA" | RTVE
La declaración íntegra de
Sánchez sobre la decisión del Tribunal Constitucional
El Tribunal
Constitucional ha consumado su ataque a la democracia | La firma de Àngels
Barceló
El comunicado de la
presidenta del Congreso tras la decisión del Tribunal Constitucional
El cara a cara entre Sánchez y Feijóo, tras el veto del Tribunal Constitucional
PODCAST | ¿Tan grave es
lo del Tribunal Constitucional?
Octobasse @ Cité de la
musique, Paris.
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