Cientos de personas participaron en una protesta contra la especulación
inmobiliaria en València.
El pasado lunes, Víctor López informaba en Público cómo 15.000 personas
recorrieron el domingo las calles de Valencia, protestando contra la
especulación inmobiliaria y denunciando el drama social de la vivienda. “Valencia
se ahoga –comenzaba–. La escalada de los precios, la inundación de apartamentos
turísticos y la destrucción del territorio necesitan medidas excepcionales en
todo el País Valencià, concluían los manifestantes. El anterior domingo, más de
150.000 personas según los organizadores– tomaron el centro de Madrid, para
reivindicar, llaveros en mano, su derecho a una vivienda digna. Málaga, Sevilla
y Barcelona seguirán la misma estela durante el próximo mes”. La lucha del
movimiento pro-vivienda no termina en las calles. Y la manifestación de
València terminó con el levantamiento de una acampada frente al Ayuntamiento de
la capital. Los objetivos: elevar la presión y denunciar la “inacción” de las
administraciones públicas. “Las clases populares han demostrado que están
dispuestas a luchar contra la especulación y por una ciudad para las personas
que la habitan. Hemos resistido la noche y seguiremos haciéndolo. Por ahora no
nos están desalojando, pero puede ocurrir en cualquier momento y necesitamos
ser muchas”, rezaba la plataforma València. El clamor social también llamó a
las puertas del Congreso y las izquierdas situaron la vivienda como una
prioridad para dar sentido a la legislatura. “Las protestas no son sólo contra
la subida de los precios del alquiler, sino contra todo un sistema que prioriza
el beneficio de unos pocos –rentistas, fondos buitre y grandes tenedores– sobre
las necesidades básicas de la mayoría de la población. La vivienda es el sexto
problema para los españoles, según el barómetro de septiembre del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS), pero escala hasta la segunda posición según
la última encuesta de 40dB publicada por El País. ¿Estamos ante el germen de un
nuevo 15M en España? La situación de la vivienda fue precisamente una de las
que prendió el movimiento que hace 13 años llenó de tiendas de campaña, lonas y
pancartas las plazas de todo el país. Los manifestantes protestaban por aquel
entonces contra el bipartidismo y la estructura financiera, tras la crisis de
2008 y en plena recesión. Las concentraciones contra los desahucios habían
preparado el terreno durante los meses previos, con la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) como una de las caras más visibles de la revolución. Las
protestas contra la gentrificación y la especulación inmobiliaria guardan
parecido con algunas de las reivindicaciones del 15M,sin embargo, lo de aquella
primavera fue ‘algo mucho más transversal’ y con un ‘contexto político
diferente’”.
Pablo Simón, politólogo y
profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, señala las principales
diferencias entre ambos movimientos. “El 15M incorporaba otra agenda vinculada
a temas como la regeneración institucional o la crisis de representación. Era
mucho más amplio y tenía otros enfoques, también en materia de vivienda: ahora
hablamos de problemas de acceso y de la subida de los alquileres; por aquel
entonces, el foco estaba en los desahucios. Es complicado que brote de la misma
manera”, recuerda. España cerró 2023 con 26.659 lanzamientos y en los primeros
seis meses de 2024, registró cerca de 80 desahucios diarios. El contexto
político también cambia en otros aspectos, sobre todo en lo referido al tipo de
crisis. “En 2011, hubo una quiebra del sistema bancario, una pérdida masiva de
puestos de trabajo y un malestar mucho más general”, continúa Simón. La caída
de la tasa de desempleo, el buen rumbo de la economía nacional y unas
competencias cruzadas en materia de vivienda dificultan todavía más el
surgimiento de un fenómeno de estas características. “El estallido del 15M
tenía un alto grado de ruptura generacional, tanto a nivel político como
social, y creció bajo unas coordenadas muy definidas: las élites contra el
pueblo. El actual abanico parlamentario deriva, en parte, de esas
movilizaciones. ¿Sería posible estallar contra los que ya estallaron en 2011? Existe
un freno al resurgir de un nuevo 15M”, señalan desde el think tank Ideas en
Guerra. Los manifestantes que llenaron
las plazas y calles hace 13 años apelaban a una “crisis económica sistémica”,
no sólo al drama de la vivienda. El problema, además, afecta a todo el
continente “de una manera global” y tiene que ver con la especulación de los
fondos buitre, el boom de los alquileres vacacionales y las dinámicas del
turismo de masas, entre otras cuestiones. “Seguimos luchando contra los
desahucios, pero el debate gira en torno a otros ejes, como la lucha entre el
rentismo y las inquilinas o la turistificación”, deslizan las mismas fuentes. Si en algo coinciden ambos movimientos, según
las fuentes consultadas por Público es en el perfil de los manifestantes. “Las
dinámicas de protesta están normalmente vehiculadas a través de la población
más joven y de edades medias, así como de la gente con mayor nivel de estudios.
Esto es común al 15M y las movilizaciones por la vivienda”, precisa Pablo
Simón. Los expertos, no obstante, reconocen que tratar la emergencia
habitacional como un problema que sólo afecta a los jóvenes es una forma de “simplificarlo”,
de restarle importancia.
Los colectivos sociales
recuerdan que el movimiento por la vivienda existía “mucho antes” de 2011,
aunque las acampadas del 15M marcaron un antes y un después. “Se empezaron a
construir plataformas de vivienda en barrios y ayuntamientos que hasta entonces
no tenían nada del estilo. Hace 13 años, las distintas reivindicaciones
confluyeron en un malestar generalizado por la corrupción, la crisis económica
y la falta de representación en los parlamentos. Ahora, no vemos una unión de
los colectivos pro-vivienda con los ecologistas, los feministas o los grupos de
pensionistas, por ejemplo. Es todo mucho más confuso y los movimientos caminan
por separado”, lamenta José María Torralbo, de la plataforma STOP Desahucios. Jaime
Palomera, investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona
(IDRA), apela a las movilizaciones convocadas cuatro años antes del 15M por V
de Vivienda y Plataforma por una Vivienda Digna. “Si hacemos comparaciones
tenemos que pensar en 2007, cuando miles de personas tomaron las calles bajo el
lema ‘No tendrás casa en tu puta vida’. Esto
sucedió antes de que estallase la burbuja inmobiliaria. Los manifestantes
denunciaban la subida de los precios y la sensación de que era imposible, ya
entonces, acceder a una vivienda digna y construir un proyecto de vida. Las
reivindicaciones del 15M y los problemas de fondo no han desaparecido, pero las
protestas actuales casi que recuerdan más a las2 de 2007”, expone el activista.
Víctor López nos recuerda
en Público que las acampadas que arrancaron en València este fin de semana
buscan “darle continuidad” a las manifestaciones de los últimos meses y “reconducir
la energía” que se generó en las calles de todo el país. “El tejido asociativo
es cada vez más fuerte en la ciudad y los espacios de militancia política están
creciendo; había mucha gente huérfana de un espacio político. La gran
diferencia con el 15M es que nosotras no partimos de cero”, reconocen desde el
colectivo Entre Barris, que forma parte del movimiento en la capital
valenciana. Los activistas calculan que medio centenar de personas llevan dos
noches durmiendo en la plaza del Ayuntamiento. “La prensa y algunos partidos
empezaron a plantear la posibilidad de un nuevo 15M tras las manifestaciones
del 13-O en Madrid. Nuestra generación tiene claro el potencial que tuvo el
movimiento, pero sobre todo nuestra generación —y todas las que viven la
situación actual y han vivido el ciclo político anterior—
sabe cómo ha terminado todo. El contexto actual es similar al de hace 13 años
en lo que se refiere a la desconfianza hacia los políticos, pero no nos puede
volver a pasar lo mismo –viendo como fracasó la estrategia de Podemos y
posteriormente, Sumar–“, denuncian desde el Sindicat d'Habitatge Socialista de
Catalunya. Los sindicatos de inquilinas han convocado una “gran movilización”
en Barcelona el próximo 23 de noviembre. Las fuentes consultadas por este
diario no ven a corto plazo “el germen de una revolución como la del 15M”, que
genere la aparición de nuevos partidos, y ponen el foco en la “capacidad de
organización” de los colectivos sociales. Desde Entre Barris recuerdan que
València fue, precisamente, una de las cunas del 15M y se comprometen a
trabajar para “seguir adelante” con las protestas. “Esta campaña es resultado
de un largo proceso de asociación y militancia política, no como en 2011. El
sentir general no se va a quedar aquí y seguiremos luchando, ya sea en la
acampada o con alguna otra estructura”, sentencian.
La comunicadora, investigadora y militante
antirracista y afrofeminista, Quinndy Akeju, durante una manifestación
antirracista, a 24 de junio de 2023. El Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS) vuelve a situar la inmigración como la
principal preocupación de los españoles. La crisis económica se coloca en el
segundo lugar, seguida de la vivienda. Las encuestas del barómetro de octubre
cerraron antes de que las manifestaciones por el precio de los alquileres en
Madrid y València tuvieran lugar. La inmigración repite como el principal
problema para los españoles, según el Barómetro de octubre, con un 28,1% de
menciones. Le siguen la crisis económica, con un 23,8%, y la vivienda, que ha
subido siete puntos respecto al mes anterior y alcanza un 22,7%. Una de las
razones por las que la migración aparece como una de las preocupaciones
principales de la sociedad española tiene que ver con la manera en la que el
propio CIS diseña sus cuestionarios. “Los temas de actualidad, que cambian con
el tiempo, deben dejarse para el final. El orden de las preguntas es clave,
igual que lo son la formulación y el número de respuestas”, explica el
politólogo Alejandro Solís. Además, el racismo y la criminalización por parte
de la prensa, que enmarca la migración en una valoración negativa, también
habría contribuido a “generar incertidumbres y problemas fabricados”, señala la
sociolingüista Laura Camargo. El estudio, dado a conocer el lunes, 21, se
realizó entre el 1 y el 11 de octubre, finalizando un día después de la
publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia
Civil sobre el caso Koldo. Además, las encuestas se cerraron antes de las
manifestaciones del 13 de octubre en Madrid y la actual acampada en València,
que exigen la reducción de los precios de los alquileres. El desempleo aparece
en cuarto lugar con un 22% de menciones, seguido de los problemas políticos con
un 18,6%. En sexto lugar, los problemas relacionados con la calidad del empleo
son mencionados por un 13,9% de los encuestados.
El portavoz de Podemos en el Congreso,
Javier Sánchez Serna, el pasado martes en la Cámara Baja.
Javier Sánchez Serna,
portavoz en el Congreso de los Diputados, encargado de desgranar las medidas de
la formación morada, detalló el martes pasado la propuesta de la reducción de
los precios del alquiler y las vías para lograrlo. Para las renovaciones o
prórrogas de los contratos de arrendamiento existentes, Podemos pide una rebaja
del 40% respecto al contrato anterior. En caso de nuevos contratos, la rebaja
sería también del 40%, pero respecto al último contrato asociado a ese
inmueble. Javier Sánchez propuso su propuesta para atajar la especulación en el
mercado de la vivienda, justo el mismo día en que se abría la consulta a su
militancia (que duró hasta el sábado) y la ruptura de relaciones con Israel en
dos líneas rojas en la negociación de Presupuestos con el Gobierno. Estas
medidas se aplicarían en todos los municipios mayores de 200.000 habitantes, y
en todos los municipios, independientemente de su población, que hayan visto
incrementado el precio de sus alquileres en un 35% respecto a la mediana. La
propuesta de Podemos no se limita sólo a la intervención por ley de los precios
del alquiler. Con el objetivo de poner coto a la especulación, Serna explica
que “quien compre una vivienda deberá vivir en ella cuatro años al menos, y, a
partir de ahí, podrá ponerla en alquiler. Cualquier otro tipo de compra que no
sea para uso residencial o para un familiar hasta de segundo grado no debe ser
permitida”. El diputado aclara que habrá “excepciones” que permitan poner una
vivienda en el mercado del alquiler antes de cuatro años desde que se haya
adquirido el inmueble, pero sólo en caso de “situaciones sobrevenidas” y,
además, estos alquileres tendrán que estar sometidos al alquiler social y serán
supervisados por la administración. Los de Ione Belarra piden también frenar la
actividad de las denominadas “empresas de desokupación” a través de una ley
para considerar esta “actividad violenta y coactiva” como delito de odio y se
considere que estas empresas son asociaciones ilícitas”, explica Sánchez Serna.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez,
el miércoles en el Congreso de los Diputados.
Al día siguiente, la
ministra de Vivienda protagoniza un bronco debate en la Cámara Baja en el que
no se aporta ninguna nueva medida para atajar el problema de los alquileres y
la especulación. Se exigen soluciones urgentes a un problema cronificado que viene
arrastrado y agravado desde hace años. Alexis Romero resume en Público que Isabel
Rodríguez asume que, sin regulación, no se solucionará el problema de la
vivienda (especialmente el de los desorbitados precios del alquiler). Recuerda
los fracasos de experiencias pasadas en las que los gobiernos de la derecha
apostaron por la construcción masiva de inmuebles y la liberalización de suelo
público. Reconoce la categoría de “derecho constitucional” que la Carta Magna
otorga a la vivienda, y avanza que el Gobierno es “sensible” con la emergencia
habitacional existente y que no van “a parar hasta resolverlo de forma
estructural”. La ministra hace un recorrido de todas las políticas desplegadas
por el Gobierno. Pero no presenta ni una sola nueva propuesta, algo que le
afean los grupos parlamentarios. Especialmente duros se muestran Sumar (que le
pide decantarse entre “los fondos de inversión” y las personas que sufren el
drama de la vivienda) y Podemos (que le recuerda que la calle había pedido su
dimisión y acusa al PSOE de hacer “las mismas políticas que el PP en vivienda”
y señala que la propia Rodríguez es una “rentista” por las propiedades que
tiene y por las políticas desplegadas desde su departamento). En la segunda
parte del debate la ministra endurece su tono y protagoniza intensos choques
con Sumar y Podemos. “Cuando las cosas salen bien, medallita, y cuando no, la
culpa es del PSOE. No pasa nada, somos los hermanos mayores y nos hacemos
cargo. ¿Con quién está usted, con el Gobierno o con la oposición?”, le espeta a
Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar. “Con mis tres propiedades que
usted ha mencionado no tengo ni la mitad para pagar el chalet de Galapagar; lo
siento, no me llega”, responde la ministra a Ione Belarra, en referencia a la
casa del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la exministra de
Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Los grupos parlamentarios
consultados advierten que el Gobierno “ha perdido una oportunidad histórica
para dar una respuesta clara y convincente a una emergencia nacional que va a
seguir marcando agenda en el futuro”. “Poca empatía, poca autocritica y cero
propuestas. Es una oportunidad perdida y una decepción. Nada en materia de cómo
se va a obligar al PP a aplicar la ley, nada de alquileres turísticos, nada de
la prohibición de comprar viviendas para especular. Nos deja preocupados y
tendremos que reflexionar sobre nuestros próximos pasos a dar en materia de
vivienda” zanja Íñigo Errejón, portavoz de Sumar, tras el Pleno. A juicio de
Podemos “la ministra está comiendo espetos en la playa mientras se le viene
encima un tsunami”. “Este debate —recuerda
Oskar Matute, de EH Bildu— hoy viene empujado por la calle y la urgencia de la
calle. De la calle ya no nos llegan ecos, sino gritos; ya no hay que hacer
pedagogía sobre la necesidad de que el derecho a la vivienda esté por encima de
la capacidad de negocio; ya no hay que sacar los datos. Sobran estos
condicionantes de anteriores debates porque la gente nos está pidiendo que
hagamos algo ya. Falta la intervención, pasemos de las palabras a las
acciones”.
Otros comentarios,
imágenes, fotos y fotomontajes:
Rufián pone nombre y apellidos a los responsables de la falta de
soluciones con la vivienda: “Entre capullos y gaviotas nos toman por idiotas”.“¿Y usted qué propone?
¿Cuál es su solución aparte de frases maravillosas y motivacionales, tenemos
que salir de esto y todo esto que podemos leer en una taza de desayuno?”. Con
estas palabras, Gabriel Rufián se dirige a la ministra de Vivienda tras repasar
algunos de los datos que resumen el tremendo problema que tenemos con la
vivienda en este país. Rufián pregunta a Isabel Rodríguez qué proponen “aparte
de cheques indirectamente para los caseros” o de “que los caseros sean
solidarios. Nosotros ¿qué proponemos? No es magia, es el Boletín Oficial del
Estado. Hay tres soluciones: intervención del mercado, intervención del mercado
e intervención del mercado […] Topen precios, expropien viviendas, sobre todo
de fondos buitres y cabreen a la derecha y la ultraderecha”. Y acaba con una
coletilla: Hay un eslogan muy chulo en la calle que dice aquello de 'entre
capullos y gaviotas, otra vez nos toman por idiotas’”. (Tremending)
La violencia machista ha
puesto fin a la carrera política de Íñigo Errejón, demostrando que nadie está
por encima de las denuncias de abuso. Según Spanish Revolution, su renuncia no
es una sorpresa, sino el desenlace de una serie de hechos que evidencian el
machismo enquistado incluso en las filas de la izquierda. Un proceso que, lejos
de ser una conspiración, revela cómo las estructuras de poder reaccionan, a
menudo tarde, a las denuncias de violencia machista. “Todo comenzó con un
simple hilo en redes sociales. Un testimonio anónimo, recogido por la
periodista Cristina Fallarás, desató la tormenta que terminaría por arrastrar a
uno de los políticos más visibles de la izquierda española. Aunque la denuncia
no mencionaba directamente a Íñigo Errejón, sí describía a un diputado en
Madrid como maltratador psicológico, implicado en prácticas sexuales humillantes.
Las redes no tardaron en especular, y el martes 22 de octubre, las primeras
sospechas apuntaban directamente a Errejón. La gravedad de las acusaciones,
unida al silencio inicial del portavoz de Sumar, marcó el inicio de su
derrumbe. Más Madrid, el partido que cofundó, también se movilizaba para
verificar la veracidad de la denuncia. Sin embargo, las sospechas eran tan
claras que no hizo falta mucho tiempo para que la situación se precipitara. Lo
que comenzó como un rumor en redes, pronto se convirtió en una bola de nieve
que Errejón ya no podía detener. Más Madrid dio el primer paso oficial. Tras
una reunión de urgencia, la dirección del partido pidió a Sumar que exigiera a
Errejón su dimisión. A lo largo de la jornada, las conversaciones entre los equipos
de ambos partidos fueron tensas. Ya no se trataba solo de proteger a las
víctimas de la denuncia, sino también de salvaguardar la imagen pública de dos
formaciones que se habían presentado como defensoras del feminismo. Cualquier
atisbo de protección a un acusado de violencia machista habría sido letal para
ellos. Fuentes cercanas a Sumar admitían que Errejón había sido advertido en
varias ocasiones sobre su vida personal. Incluso se mencionaba un incidente
anterior, en el que una joven había denunciado tocamientos no consentidos por
parte del diputado en un concierto en junio de 2023. Aunque este episodio no
llegó a los tribunales, la alarma estaba encendida. El machismo de Errejón no
era algo nuevo para quienes le rodeaban, pero las advertencias se quedaron en
eso: advertencias. El jueves, 24 de octubre, la situación llegó a su punto
crítico... La decisión no podía retrasarse más. Y el propio Errejón, consciente
de que su tiempo había terminado, optó por adelantarse a la sentencia oficial.
A las dos y media de la tarde, el ya exdiputado de Sumar publicaba un
comunicado anunciando su renuncia a la política. Reconocía errores y admitía la
contradicción entre su vida personal y los valores que defendía en público. El
desgaste emocional y la ‘subjetividad tóxica’ que mencionaba en su carta no
hacían más que confirmar lo que muchas ya intuían: Errejón había cruzado
límites que, en una sociedad comprometida con el feminismo, no podían
tolerarse. El comunicado, sin embargo, no fue suficiente para acallar las críticas.
Durante las horas siguientes, varias figuras del entorno político y cultural se
pronunciaron en contra del exlíder de Podemos. La actriz Elisa Mouliáa, por
ejemplo, utilizó las redes sociales para denunciar que ella también había sido
víctima de acoso sexual por parte de Errejón, sumando otra pieza más al
rompecabezas de comportamientos machistas que rodeaban al diputado”.
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