Jaume d'Urgell, en la rueda de prensa previa a su juicio por la bandera republicana
El 14 de mayo del 2006, al cumplirse un mes del 75º aniversario de la proclamación de la República, unos manifestantes exigen la adopción de políticas que permitan ejercer de manera efectiva el derecho constitucional de la clase obrera a una vivienda digna. Entre ellos, Jaume d’Urgell, escritor y político, a quien se le ocurre escalar la fachada del edificio público que alberga la sede del Juzgado Central del Contencioso-Administrativo, arriar la bandera oficial (roja y gualda) y, en su lugar, izar la republicana (roja, amarilla y morada). Inmediatamente, es detenido durante 27 horas y, en el atestado policial, se le acusa de haber organizado y dirigido la manifestación, haber destruido mobiliario urbano y haber insultado a la “autoridad”.
“Pasada la detención inicial –dice Jaume d’Urgell en una rueda de prensa previa al juicio de este caso–, fui puesto en libertad provisional con cargos, acusado de sendos delitos de 'desórdenes públicos' e 'injurias a España', como resultado de la interpretación política que, a título personal, hicieron el inspector jefe de guardia, el fiscal y el titular del Juzgado número 25 de primera instancia e instrucción. Según su exclusivo criterio personal, los colores de un régimen democrático constituyen un ultraje a la dignidad de España, en contraposición a los colores impuestos por los sediciosos que se levantaron en armas contra el régimen democrático al que juraron defender con lealtad. Esta última combinación de colores: rojo y amarillo es la que ha llegado hasta nuestros días, de igual modo que el escudo franquista permaneció vigente hasta bien entrados los 80”.
A raíz de esta detención, se publica un manifiesto de solidaridad a su favor y se recogen firmas y adhesiones al mismo. Kevin Vázques, en su blog (LQSomos), relata así lo sucedido: "La fiscalía, según informaciones, recoge la versión policial y acusa a Urgell de 'injurias a España' y de 'desórdenes públicos', acusación en la que se amalgama el delito común con la intencionalidad política, para desacreditar cualquier acción disidente. Pese a que las acusaciones no se sostengan más que desde el punto de vista de castigo a un acto de disensión política, mediante un atestado político y una magistratura política, la fiscalía del estado pide un año de prisión y 4.000 euros de multa. Si termina en la cárcel, Urgell será un preso político más de la monarquía. Un preso republicano".
El 1 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid suspende su autorización para que se celebre una rueda de prensa en su sede. El mismo día, por primera vez en la historia, el monarca, Juan Carlos, aprovecha el marco formal de la ceremonia de apertura del año académico en una universidad, para introducir en su discurso un alegato en defensa de su propia institución. La semana siguiente, los miembros de la Junta de Gobierno del Ateneo son recibidos oficialmente en el Palacio de la Zarzuela. Quince días más tarde, el ministro de Cultura designa al presidente del Ateneo como miembro del patronato del Centro Documental para la Memoria Histórica.
Jaume explica que ha sido objeto de una agresión, al ser abordado por dos desconocidos que, sin mediar palabra, le golpean con un objeto contundente en la nuca, cuando acaba de ofrecer una conferencia en Barcelona. Asimismo, confirma que tanto él como su familia son objeto de numerosas amenazas, algunas de las cuales son comunicadas a la autoridad. “El atestado policial –se defiende Jaume d’Urgell– aparece ostensiblemente ‘engordado’ con acusaciones ficticias: la falsa imputación de haber organizado y dirigido esa protesta ciudadana, la supuesta destrucción del mobiliario urbano o el haber proferido insultos a la autoridad. Muchas de esas imputaciones se corresponden a hechos acaecidos horas después de producirse la detención, cuando todavía me encontraba bajo custodia policial, por lo que no pude haberlos cometido, al no poder encontrarme en dos lugares distintos al mismo tiempo”.
La vista oral del juicio, tiene lugar el 18 de enero pasado, en el juzgado de lo penal número 5 de Madrid. La fiscal le pide un año de cárcel. D'Urgell explica que se acercó a la concentración en la Puerta del Sol porque vive a dos minutos y había recibido dos sms, convocándole. "No quise ofender a España o a la unidad nacional –responde cuando le preguntan por qué colocó la bandera republicana en lugar de la nacional–. "Si odiara a España, no me importarían las condiciones de vida de sus ciudadanos. España es lo mismo hoy que hace 70 años y no vamos a confundir el símbolo con lo simbolizado. Yo retiré el símbolo, porque entiendo que existe una alternativa. Creo que es mi derecho a la libertad de expresión". Niega que fuera uno de los líderes de la marcha y recuerda que esa misma mañana había llegado de Mallorca, en donde había pasado una semana de luna de miel.
España, según Jaume, no debería preocuparse por el color de las telas que decoran el exterior de sus edificios públicos, sino por el bienestar y el respeto a la voluntad de su ciudadanía. “¿Qué es España? –se pregunta el acusado– ¿Acaso interpreta el fiscal que nuestros legisladores reducían el honor de nuestro país a la dignidad de un trapo? La bandera es un símbolo, y su propósito es el de comunicar… En este caso, lo inaplazable de un cambio: nosotros, el pueblo, estamos resueltos a retomar las riendas de nuestro queridísimo país de países, empezando por la supresión del último reducto del franquismo: urge despedir al becario del dictador, porque mientras reine este hedor a olvido, metal y sangre, la casa no será habitable, ni la particular, ni mucho menos la común, sustraídas ambas de su legítima dueña: la clase obrera”.
E insiste en su defensa: “Con este acto de desobediencia civil pacífica, solo pretendía expresar mi opinión política de que la institución ganaría en dignidad con el cambio de enseña. República es democracia, y, en democracia, es el pueblo quien debe tomar la palabra para resolver situaciones de atraco masivo como el problema del acceso a una vivienda digna a un precio razonable... El símbolo de la libertad, de la igualdad y la fraternidad no puede ser injurioso respecto al símbolo de lo arbitrario... Si todos debemos trabajar 35 años para un piso de 35 metros, no es justo que tengamos que pagar un palacio que no necesita al hijo del sucesor de Franco, mientras el pueblo está falto de hospitales, escuelas (sobre todo, laicas), cooperación al desarrollo, instalaciones culturales, vivienda de protección oficial, integración de desplazados, investigación científica, y un larguísimo etcétera...”
El juicio sigue pendiente de sentencia.