“Lo que quiero, ahora”.

La periodista y escritora Ángeles Caso, ex presentadora de Telediario y ex ganadora del premio Planeta, publicaba hace unas semanas un artículo en La Vanguardia en el que mostraba su claridad de ideas y descubría el verdadero sentido de la vida y a valorar estrictamente lo que vale la pena. “Será porque tres de mis más queridos amigos se han enfrentado inesperadamente estas Navidades a enfermedades gravisimas –escribía–. O porque, por suerte para mí, mi compañero es un hombre que no posee nada material pero tiene el corazón y la cabeza más sanos que he conocido y cada día aprendo de él algo valioso. O tal vez porque, a estas alturas de mi existencia, he vivido ya las suficientes horas buenas y horas malas como para empezar a colocar las cosas en su sitio. Será, quizá, porque algún bendito ángel de la sabiduría ha pasado por aquí cerca y ha dejado llegar una bocanada de su aliento hasta mí. El caso es que tengo la sensación –al menos la sensación– de que empiezo a entender un poco de qué va esto llamado vida. Tengo la sensación que empiezo a entender un poco de qué va esto llamado vida”. Y continuaba:

“Casi nada de lo que creemos que es importante me lo parece. Ni el éxito, ni el poder, ni el dinero, más allá de lo imprescindible para vivir con dignidad. Paso de las coronas de laureles y de los halagos sucios. Igual que paso del fango de la envidia, de la maledicencia y el juicio ajeno. Aparto a los quejumbrosos y malhumorados, a los egoístas y ambiciosos que aspiran a reposar en tumbas llenas de honores y cuentas bancarias, sobre las que nadie derramará una sola lágrima en la que quepa una partícula minúscula de pena verdadera. Detesto los coches de lujo que ensucian el mundo, los abrigos de pieles arrancadas de un cuerpo tibio y palpitante, las joyas fabricadas sobre las penalidades de hombres esclavos que padecen en las minas de esmeraldas y de oro a cambio de un pedazo de pan.

“Rechazo el cinismo de una sociedad que sólo piensa en su propio bienestar y se desentiende del malestar de los otros, a base del cual construye su derroche. Y a los malditos indiferentes que nunca se meten en líos. Señalo con el dedo a los hipócritas que depositan una moneda en las huchas de las misiones pero no comparten la mesa con un inmigrante. A los que te aplauden cuando eres reina y te abandonan cuando te salen pústulas. A los que creen que sólo es importante tener y exhibir en lugar de sentir, pensar y ser.

“Y ahora, ahora, en este momento de mi vida, no quiero casi nada. Tan sólo la ternura de mi amor y la gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme a la cama. El recuerdo dulce de mis muertos. Un par de árboles al otro lado de los cristales y un pedazo de cielo al que se asomen la luz y la noche. El mejor verso del mundo y la más hermosa de las músicas. Por lo demás, podría comer patatas cocidas y dormir en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila.

“También quiero, eso sí, mantener la libertad y el espíritu crítico por los que pago con gusto todo el precio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un instante de belleza a diario. Echar desesperadamente de menos a los que tengan que irse porque tuve la suerte de haberlos tenido a mi lado. No estar jamás de vuelta de nada. Seguir llorando cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería. No convertirme nunca, nunca, en una mujer amargada, pase lo que pase. Y que el día en que me toque esfumarme, un puñadito de personas piense que valió la pena que yo anduviera un rato por aquí. Sólo quiero eso. Casi nada. O todo”.

Urdangarin, solo ante el Juez.

El Duque de Palma, en la entrada de la Audiencia Provincial.

La llegada de Iñaki Urdangarín a los juzgados de Palma el sábado pasado, fue coreada por los cientos de personas que habían tomado las calles adyacentes e irrumpieron en gritos contra la monarquía y la corrupción. “Juan Carlos, si lo sabías ¿por qué te callas?”, rezaba una de las pancartas. Otra se preguntaba: “La justicia no es igual para todos. ¿Dónde está la Infanta?”. Y otra proclamaba con sarcasmo, junto a la efigie del Rey: “Nóos llena de orgullo y satisfacción...”. El ex jugador de la selección española de baloncesto y ex participante de tres juegos olímpicos, además de poseer seis copas de Europa con el Barcelona, recorrió los 30 metros de la rampa que conduce a los juzgados con paso firme, muy erguido y solemne, pero con el nerviosismo visiblemente reflejado en su rostro. Cuando apenas le separaban cinco metros de su destino final, cambió de rumbo y se dirigió a las decenas de periodistas y cámaras de televisión que aguardaban en el patio. “Vengo a aclarar la verdad –dijo, en un discurso bien aprendido– y a defender mi honor”.

La declaración de Iñaki Urdangarín ante el juez José Castro, prosiguió el domingo y concluyó a las cuatro de la madrugada del lunes. El duque reconoció ante el juez que continuó haciendo negocios hasta 2008, dos años después de que el Rey le hubiera ordenado apartarse del Instituto Nóos. Según admitió, además de recibir la orden de no volver a contratar con las administraciones públicas, desde la Casa Real le pidieron que no ocupase cargo alguno en entidades del mismo tipo y que no volviese a ser socio de Diego Torres. “Rompí con Torres por la sensación de que las cuentas no eran transparentes. Pero no lo denuncié porque decidí acometer otros proyectos”. De esta manera, intentaba eludir sus responsabilidades y matizaba que fueron actividades únicamente relacionadas con el ámbito privado, no con organismos públicos. Asimismo, confirmó que, en 2007, llamó “dos o tres veces” por teléfono a su amigo y entonces director general de Deportes del Gobierno balear, José Luis Pepote Ballester, para que pagara los 400.000 euros pendientes del segundo convenio de colaboración suscrito por el Ejecutivo insular con el Instituto Nóos, pese a que, desde marzo de 2006, había abandonado la fundación, al menos aparentemente. A otras preguntas no supo dar una respuesta coherente.

El juez Castro le formuló unas 500 preguntas en más de 14 horas. Muchas de ellas recibieron continuas evasivas de Urdangarin: “No sé”, “No me consta”, “No me acuerdo”, “Eso pregúntenlo al administrador”, provocando incluso que el magistrado, harto de la estrategia escapista del yerno del Rey, le llamase la atención. Castro llegó a preguntarle lo mismo hasta cuatro veces. Y, en no pocas veces, el duque se evadía. Además de las “relaciones institucionales a alto nivel”, declaró no llevar el tema de la facturación. Y desconoció las comisiones, aunque no las negara. Urdangarin asumió que conversó de sus negocios privados con el entonces presidente Matas, en los jardines del palacio de Marivent. Aunque no dio cuenta de ello a su suegro, el Rey, ni a su esposa, la infanta Cristina.

Por su parte, rl fiscal Pedro Horrach mostró a Urdangarin el número de una cuenta de un banco de Suiza manuscrita por su secretaria en un papel hallado en el registro de su despacho del Instituto Nóos. El duque explicó que se trataba del número de la cuenta en un empresario jordano residente en Suiza que le hizo un ingreso por su gestión para internacionalizar la sociedad Aguas de Valencia. Urdangarin descargó de nuevo en su ex socio Diego Torres todas las cuestiones económicas y llegó a acusarle de actuar a sus espaldas.

La fiscalía también preguntó a Urdangarin si Nóos recurrió a facturas falsas para justificar los gastos de organización de los Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse en Valencia. De las declaraciones de varios testigos al juez José Castro se deduce que el Instituto encargó esas falsas facturas a una empresa de Barcelona. Urdangarin llegó a negar incluso conocer los correos electrónicos con su secretaria personal, Julita Cuquerella, que prueban la contratación de empleados fantasma por parte de Aizoon, la empresa familiar que comparte con la Infanta Cristina.

“Es el pueblo –gritan los estudiantes valencianos–, no el enemigo”.

“Somos el pueblo, no el enemigo”, decía la pancarta exhibida en la cabecera de una manifestación el miércoles pasado. Tuvo lugar en el centro de Valencia con la participación de más diez mil personas. La marcha protestaba por las cargas policiales de los últimos días que se saldaron con 41 personas detenidas, seis de ellos menores. Además de la dimisión de la delegada del Gobierno (Paula Sánchez de León) y del Jefe superior de Policía en la Comunidad Valenciana (Antonio Moreno), se pedía que se acabasen los recortes en Educación. Era la tercera jornada consecutiva de lucha estudiantil. Partidos de izquierda y sindicatos se organizaron en la Plataforma unitaria de organizaciones políticas, sociales y sindicales, repitiendo uno de los lemas más coreados: “Sánchez de León, dimisión” y “Somos estudiantes, no delincuentes”. Dos horas tardaron en recorrer apenas 700 metros que separan el Instituto Lluis Vives de la Delegación del Gobierno. Se exhibieron pancartas de protesta: “Más educación, menos violencia”, “El enemigo es la porra”, “Con grises, hoy azules, Franco ha muerto”, “El abuso policial es dos veces criminal”. Los estudiantes planearon otras acciones de protesta en las que exigieron más inversión en Educación. “No tenemos material, las ventanas se rompen y no las arreglan, el techo se cae a trozos, no hay dinero para fotocopias y las bajas de profesores tardan meses en cubrirse –se quejaban–. Queremos igualdad de oportunidades con los de la privada y la concertada”. Y acordaron rodear el Lluís Vives con libros en la mano, pero sin cortar el tráfico.

Un señor mayor, con problemas de visión, es agredido por la policía, pero el grupo Intereconomía tergiversa la imagen de una manera indecente.

El balance de la represión no puede ser peor: 41 personas detenidas (puestas ya en libertad con cargos), numerosos heridos y contusionados, multas entre 150 y 600 euros (no sólo a los estudiantes, sino también a transeúntes) y, sobre todo, una resaca de golpes, palizas, insultos y vejaciones por parte de la Policía, de las que ningún cargo político, empezando por la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, ha asumido responsabilidades. De las agresiones y la impunidad policial no se ha librado casi nadie: estudiantes, viandantes de todas las edades, periodistas, fotógrafos, una persona que se identificó como médico, un diputado (Joan Baldoví, del grupo Compromís), un anciano ciego… A los detenidos la Policía les acusa de delitos como supuestos desórdenes públicos, atentados a la autoridad y manifestación ilegal. Pero hay testimonios, junto a la proliferación de vídeos y fotografías en las redes sociales, que atestiguan las acciones violentas no proceden de los manifestantes. Centros educativos, sindicatos, partidos políticos de la oposición, organizaciones de padres y madres de alumnos, universidades, asociaciones vecinales, colectivos de periodistas, distintas ONG como Amnistía Internacional, coinciden en la condena, de una manera u otra, en lo ocurrido. En medio de este clamor contra la impunidad, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV-IU) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Menores por las cargas de la policía.

Paula Sánchez de León, negó que hubiera represión policial. Hoy todos claman su dimisión.

El PP y las instituciones que gobierna observan los acontecimientos, desde otra perspectiva. La delegada del Gobierno, Sánchez de León, negaba el pasado lunes que hubiera habido “represión” policial y aseguraba que si se detectaba “extralimitación” de algún agente habría “consecuencias”. El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció “algunos excesos”; el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, lamentó las “violentas protestas” por parte de los manifestantes y expresó su temor por un supuesto “efecto llamada”. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, denunció en la COPE una “estrategia predeterminada de la izquierda radical”. El PP criticó la falta de convocatoria oficial de las manifestaciones y se olvidó de criticar la dureza policial. Consideró “preocupante” que los alumnos que participaron estuvieran “librando una batalla que no era la suya, engañados por gente interesada”. Y el partido del Gobierno central y el de la Generalitat enviaron una circular a los suyos para que dijeran que no eran estudiantes los que protestaban. Interior echó más leña al fuego, asegurando que los “excesos” eran de los “radicales”. Se trata de un documento fechado el 21 de febrero con el título “Claus del dia” (Claves del día), en el que se incluyen algunas directrices marcadas por el partido. Los autores del escrito remarcan que, como demócratas, respetan cualquier tipo de manifestación o protesta pacífica “que se enmarque dentro del marco institucional” y que estas premisas “no se han cumplido”. Aseguran que “no se ha recortado ni un solo euro en educación, que los ajustes sólo han afectado a los complementos de los salarios de los profesores, concretamente a los sexenios. Y cargan contra la oposición porque, según dice, “está haciendo alarde de una irresponsabilidad y oportunismo político, rayano en lo peligroso” y porque “se ha erigido en instigadora de unas protestas no pacíficas, sin importarles las consecuencias que éstas pueden tener para los estudiantes”.

Manifestación por las cargas policiales en Valencia.

Pese a la batería de la derecha, el miércoles, una gran marcha avanza por el centro de Valencia hacia la sede de la Delegación del Gobierno en protesta por los recortes en Educación y contra la intervención policial de los últimos días. Se reivindica el uso de la razón frente a la violencia. Se oyen gritos contra el sistema bancario y algún insulto contra quienes se encuentran en ese momento en su interior. Avanzan sin incidentes ante una discreta presencia policial –tres policías locales a la cabeza de la manifestación– y bajo la vigilancia aérea de un helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía.

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, sostiene, en el pleno del Congreso celebrado en las Cortes, junto a otros diputados de su grupo parlamentario, un cartel con el lema “Yo también soy el enemigo” en referencia a las declaraciones de Antonio Moreno, Jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana que así calificaba a los participantes en las protestas de estudiantes en Valencia. Madrid se suma a las protestas y condena la violencia policial contra los estudiantes valencianos. Más de 2.500 personas, en su mayoría jóvenes, se concentran el mismo martes en la Puerta del Sol de Madrid, por segundo día consecutivo, para expresar su repulsa por la dureza de la actuación policial. En la pancarta de cabecera se puede leer: “En solidaridad con los estudiantes valencianos contra los recortes. Nosotros también somos el enemigo”. Y, lejos de amainar, las críticas contra la gestión del ministro del Interior y la delegada del Gobierno en Valencia arrecian desde el PSOE, el grupo de la Izquierda Plural, UGT, CCOO, plataformas de indignados e, incluso, desde los principales sindicatos policiales.

Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.

Rubalcaba tacha de “intolerables” las imágenes de la actuación policial. Elena Valenciano, Secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, manifiesta su “indignación” por los incidentes y exige la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del director de la Policía, Ignacio Cosidó. Los diputados socialistas plantean una batería de preguntas e intervenciones en el Congreso y en el Senado para esclarecer “la negligente acción policial”. Los ecos de este conflicto son recogidos por medios como The Guardian, Le Monde, Le Figaro, Sky News o Euronews. El Gobierno teme por la pésima imagen de España que se podría transmitir, sobre todo, en fechas tan próximas a las Fallas, en las que se produce una importante asistencia de jóvenes y Valencia es objetivo de medios internacionales de comunicación. La llamada periodística, sorprende a Rajoy en Londres, donde se entrevista con David Cameron. “Es la hora de la serenidad y la responsabilidad –señala– y, desde luego, no podemos dar una imagen fuera que no es la de nuestro país. Todos debemos hacer un esfuerzo, y me incluyo a mí mismo, para estar a la altura y creo que es la hora de la serenidad y de la responsabilidad”. Jorge Fernández da orden a la Policía de restringir al máximo las intervenciones, aun a costa de provocaciones. Y que se evite la confrontación entre agentes y jóvenes. El Gobierno de Rajoy debe hacer frente, además, al malestar extendido entre los sindicatos policiales. José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del Sindicato Unificado de Policía, critica que el lunes se mataran “moscas a cañonazos”. Habla de una “mala planificación, sin medios, decisiones erróneas y peor explicación”. Y, a través de un comunicado, acusa a la delegada del Gobierno y al Jefe Superior de Policía de cometer “un grave error”. Pero su críticas alcanzan también al titular de Interior, a quien recrimina su “cobardía política y personal” por tildar de “excesiva” la actuación policial sin destituir por ello a Sánchez de León.

La Facultad de Historia de Valencia recibe a los visitantes con una pancarta. “La razón de la fuerza –dice en grandes letras– contra al fuerza de la razón”. Las cargas policiales han dejado paso a las asambleas, en parte, gracias a la retirada de los policías antidisturbios. Los estudiantes aprovechan las reuniones para criticar el estado en el que se encuentran sus centros educativos y deciden no abandonar la calle hasta que Paula Sánchez de León dimita. Son unos 400 estudiantes los que se reúnen en la Facultad, tras los incidentes registrados en la tarde del lunes entre estudiantes y policías por el centro de la ciudad. Elena Grau, la decana de la Facultad, que permitió que los jóvenes se reuniesen en asamblea, asegura que en ningún momento se planteó la posibilidad de prohibir la concentración en la universidad. De hecho, la misma decana fue la que recordó a la Policía que no podía entrar al recinto universitario, y asegura que “para debatir, las puertas de la universidad siempre estarán abiertas”. Esta mañana, los estudiantes celebran una asamblea en el vestíbulo antes de acudir al centro de la ciudad para apoyar la concentración en el Instituto Lluís Vives. Y deciden enarbolar libros al grito de “Estas son nuestras armas”.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se muestra partidario de tomar las medidas oportunas para “tratar de apaciguar” las “violentas manifestaciones” de estudiantes en Valencia e impedir el efecto llamada, “que no podemos consentir”. El presidente tilda de falsa la razón de fondo de las manifestaciones: los recortes en Educación. Y asegura que su Govern no contempla “ni un solo despido”, ni “recortes”. Únicamente “ajustes retributivos temporales que afecta al personal docente”. Por ello, acusa a la oposición de “mentir” para “calentar el ambiente”. “La situación que están intentando transmitir de que los centros no tienen calefacción ni material necesario, de que no se invierte y que hay una falta de democracia –dice Fabra en su intervención en las Cortes Valencianas– es absolutamente falsa”. Jorge Alarte, secretario general del PSOE, le recuerda que las declaraciones de día atrás en las que admitió sentirse avergonzado al ver alumnos arropados con mantas por falta de calefacción.

El jueves, la manifestación de estudiantes, continuada por sindicatos, altera su recorrido hasta la Delegación del Gobierno para protestar frente a los domicilios del expresidente, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá. “Camps, este es el jurado popular” o “Rita, al tribunal”, “El enemigo paga vuestros sueldos” o “Menos Louis Vuitton y más educación” son los gritos más empleados por los asistentes. La protesta se extiende por las calles que bordean al Ayuntamiento y hasta la sede del PP, durante más de tres horas. Los activistas llaman a los sindicatos mayoritarios y líderes de la izquierda para que se unan a la convocatoria “porque tienen un papel fundamental”. También señalan que presentarán medidas legales “por el maltrato, las palizas y las vejaciones” de las fuerzas de seguridad. José Cholbi, Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo), abrirá una investigación tras haber recibido más de 40.000 quejas a través de Internet y otras 500 por escrito por la desproporcionada actuación de la Policía en Valencia.

“No me pegues, no me pegues”, suplicaba Anna P. al policía. "Vete, vete a casa", respondía el agente. “No me voy, estoy aquí defendiendo mis derechos”. El policía, al verla tan afectada, la tomó del brazo y la encaminó hacia otra calle. Era la tarde del pasado lunes en Valencia. Así lo cuenta L. del Canto, en Información.es, el periódico de la provincia de Alicante. Marc Sardón, un estudiante de 26 años de Ingeniería Informática en la Universitat de València, amante del fotoperiodismo. Era el lunes, 20, a las 18,37 horas de la tarde de los peores incidentes, con varias cargas policiales, 26 detenidos y más de una decena de heridos. “Los chavales se pusieron a cortar calles, todo muy adolescente y gamberro, hasta que la policía se puso nerviosa porque tuvo la sensación de que se estaban burlando de ellos”, cuenta el fotógrafo que todavía no puede olvidar el momento de la primera carga policial en Matemático Marzal: "Se liaron a dar palos a chiquillos, era alucinante”. Cuando Marc se cruzó con Anna, ella estaba llorando en la plaza del Ayuntamiento “preguntándole a la policía por qué le pegaba y diciendo que tenía sólo 16 años”. La joven, que cursa primero de bachillerato, cuenta que aquella tarde recibió varios golpes: “Me dieron por la espalda mientras corría”. Sardón volvió a verla al final de la calle Colón, ante el número 2 de Navarro Reverter, donde captó el terror en su cara.

La resaca de la intervención de la Policía en Valencia ha dejado perplejo a más de uno. Guillermo Pardo, en su web MigraMundo, hace un repaso a lo publicado y oído en radios por parte de Rui-Gallardón, Jorge Fernández Díaz, Alberto Fabra, Rita Barberá y Antonio Moreno. Y concluye, en tono irónico: “Yo, sin embargo, ayer creí haber visto y oído declaraciones de transeúntes, abuelos, padres, hermanos y compañeros de estudiantes que han salido a la calle para protestar contra los recortes en educación. Creía haber oído testimonios de abuelas que alucinaban porque la policía se hubiese metido con ellas, que estaban ‘en la acera siguiendo la manifestación’, y se hubiesen llevado esposadas a sus nietas de ¡doce años! Creí haber oído a señores que reprochaban semejante contundencia a esos policías, atrevimiento que les costó algunos palos. Creía haber visto, en fin, a estudiantes, muchos menores de edad, armados con carpetas, mochilas, móviles, mp4 y artillería similar, y a policías equipados con cascos, escudos, porras, pistolas, rifles y chalecos antibalas. Y ahora oigo y leo lo que dicen las autoridades y llego a la conclusión de que estoy confundido y de que todo este lío es culpa de la izquierda de un país gobernado por la derecha, y a la certeza de que los policías, dispuestos para el viaje de paso del ecuador, fueron salvajemente agredidos por estudiantes pertrechados para la guerra”.

“En un Estado de derecho –escribe Qaesar en El Ventano– la Policía está para defender a la ciudadanía y perseguir o evitar la comisión de delitos, entre otras tareas. En otras palabras, para defender a la gente, no para cascarle. Pero desde hace un tiempo, los responsables políticos parece que la utilizan para meter miedo entre la población, bien sea con métodos brutales, como los de Valencia, o con otros menos escandalosos pero quizá más eficaces a largo plazo. Esta actuación ya sucedía con el anterior Gobierno socialista, pero se ha acentuado con la llegada al poder del Partido Popular. Los hechos más visibles se han visto estos días en Valencia, con la violenta intervención de los antidisturbios contra estudiantes menores de edad. Actuaciones del mismo cariz se extienden por otros lugares del país, aunque no sean tan mediáticos”.

”La brutalidad policial busca radicalizar la respuesta de los manifestantes para que recurran a la rotura de farolas y al vuelco de contenedores. Es la mejor forma de desprestigiarles y de aislarles para futuras convocatorias. Y las medidas menos visibles, pero más siniestras y peligrosas, persiguen inculcar el miedo entre la gente menos concienciada y extender la idea de que si sales de casa puedes volver con una multa en el bolsillo. Cuando un Gobierno 'democrático' cree que la 'autoridad' solo se puede mantener mediante el terror, es que algo funciona muy mal en esa democracia. Una persona que protesta pacíficamente no es un delincuente, y mucho menos un enemigo. ¿Vamos camino de un Estado policial encubierto? Desde hace demasiado tiempo, los dirigentes (políticos y económicos) no respetan a la ciudadanía. Con las excepciones que hagan falta, los políticos quieren súbditos y los empresarios buscan esclavos antes que ciudadanos”.

El periodista Antonio Casado escribe en “El Confidencial”: “No hubo enfrentamiento, como sugiere el ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, o el presidente valenciano, Alberto Fabra, sino carga de una parte sobre otra. Eso es puramente descriptivo, sin perjuicio de su discutible justificación ante los cortes de tráfico y la ocupación de la vía pública. Eso nos remite al cumplimiento de la ley como imperativo. Correcto. Pero el cumplimiento de la ley no puede ser la pantalla de una actuación desmedida. Ni debe utilizarse como burladero de unos responsables policiales y políticos que han incurrido en un caso de abuso de autoridad. Ahí estamos. Con algunas excepciones dignas de pasar a la antología del disparate, como la de la alcaldesa, Rita Barberá, al denunciar una conspiración judeo-masónica de la izquierda, el Gobierno y los dirigentes del PP han reconocido que la respuesta policial fue desproporcionada, aunque hayan tenido que templar gaitas en las declaraciones oficiales. De acuerdo. No se trata de dejar a la Policía a los pies de los caballos. Eso no lo puede hacer ningún Gobierno, aunque haya un coste en términos de ‘imagen’, que es la lógica preocupación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, según confesó ayer en Londres… De modo que si las cargas fueron desproporcionadas, y lo fueron, según el documentadísimo sentir de la opinión pública (docenas de testimonios visuales y sonoros circularon ayer por la red y las redacciones), la responsabilidad es de quienes se lo ordenaron. En el plano técnico, el jefe superior de Policía de Valencia, Antonio Moreno, el que calificó de ‘enemigos’ a los estudiantes. Y en el plano político, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León”.

“Tras la desproporcionada violencia policial en Valencia –escribe Ignacio Escolar en Escolar.net– el presidente del Gobierno pide ‘mesura y sentido común’. ‘Este tipo de cosas no se van a repetir’, añade Mariano Rajoy. Depende de él. En su mano está ejercer la mitad de la mitad de la mano dura que han sufrido los estudiantes y castigar con ejemplaridad a los policías que se extralimitaron con ‘el enemigo’. Me temo que tal cosa no sucederá. El viernes pasado, el Gobierno de Rajoy dejó clara cuál es su postura ante los abusos policiales: firmó un indulto para cinco mossos de escuadra condenados en firme por el Tribunal Supremo por torturas, lesiones, maltrato y detención ilegal. Según la sentencia, los mossos propinaron una paliza ‘con reiterados golpes y puñetazos’ a un ciudadano falsamente acusado de un robo. Le pisaron la cabeza contra el asfalto. Le introdujeron el cañón de una pistola en la boca. Le dijeron: ‘Si la juez te suelta, te podemos matar; no serás el primero’. Fueron condenados a cárcel e inhabilitados, pero ni una cosa ni la otra sucederán. El indulto no sólo implica que se libren de la cárcel: también volverán a vestir el uniforme”.

Varios agentes sin número de identificación se llevan a un joven por la fuerza.

“El perdón para los abusos policiales ni siquiera es una política nueva: el Gobierno de Zapatero también indultó, en septiembre de 2011, a otros tres mossos condenados a cárcel por dar una paliza a un hombre en la comisaría de Les Corts. También está en manos del Gobierno obligar a los policías a mostrar visible su número de identificación en el uniforme. ¿Se acuerdan del violento desalojo de la acampada del 15-M en Barcelona? Un juez investiga esos abusos, sin éxito: pidió a la Generalitat que identificase a varios agentes. La Consejería de Interior respondió hace unas semanas: no sabe quiénes son”.

“Es el enemigo”, preguntaba Gila. “Es el enemigo”, pregunta Peridis. Con él iniciamos la parte humorística de este domingo, en el que presentamos el humor de Ferrán Martín, El Roto, J.R. Mora, Kap y otros.

Manel Fontdevila dice Adiós a Público y dibuja Lo que haga falta, Mesura, Dación de pago y Adelante, hacia la Edad Media.

Territorio Vergara: Despedida y cierre de Público, Terminología radical, Dación en pago y Urgencias y Oficios perdidos.

Y Pep Roig: Preparando el futuro, La gran estafa, Porras preparadas y Por qué fracasan las manifestaciones contra la reforma laboral.

Adjuntamos cuatro vídeos. En el primero se muestran unas brutales imágenes de las cargas policiales que los Antidisturbios protagonizaron... en los alrededores del Instituto Lluís Vives de Valencia, a última hora de la tarde del lunes...



En el segundo, de Sol a Génova, la marcha madrileña en apoyo a los estudiantes de Valencia.



En el tercero, Gila, en guerra, llama con su teléfono al "enemigo".



El último vídeo, de Raphel Pherrer, es un fotomontaje en torno a la reciente entrevista de Jordi Evole con Jaume Matas, en el que salen otros personajes de actualidad.

El PP presume ahora del 15-M para conseguir los Juegos Olímpicos.

Polución atmosférica en Madrid.

El PP, al frente del Ayuntamiento de Madrid, no ha dudado en utilizar a los indignados para dar un inesperado giro en el informe de la candidatura madrileña al COI (Comité Olímpico Internacional). El documento de presentación describe el movimiento indignado como moderado y pacífico. “La situación económica mundial –afirma el texto– ha hecho emerger movimientos contestatarios. España no ha quedado al margen, y el movimiento 15-M ha llevado a cabo protestas de carácter pacífico que han estado siempre bajo el control y el acatamiento a la legislación que regula y garantiza el derecho a la libertad de expresión y de reunión”. El documento deja claro, además, que los organizadores de la cita olímpica no tienen nada que temer frente a este movimiento, ya que “su existencia misma no pretende alterar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado ni la vida de los ciudadanos y se opone a ser instrumentalizado por sectores extremistas”. El informe niega prácticamente la existencia de “grupúsculos radicales” en Madrid. “La existencia de estos grupos –concluye– se encuentra controlada por los servicios de seguridad del Estado”.

Igualmente, Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las más furibundas detractoras del movimiento 15-M, quien llegó a comparar a los indignados con “movimientos totalitarios”, llamándolos “camorristas”, “pendencieros”, alegando que sienten “desprecio por la democracia” y que son el germen de golpes de Estado, parece haber cambiado totalmente de actitud cuando habla de cara al COI (Comité Olímpico Internacional). Y la voz más audible de los conservadores en la región presenta dicho movimiento con una postura radicalmente opuesta a como lo ha tratado hasta el momento.

El sistemático demonismo del movimiento ha pasado a convertirse en un 15-M halagador. El texto presenta además “falsas afirmaciones” sobre la calidad del aire de Madrid, según denuncian “Ecologistas en Acción”. La organización medioambiental destaca que el documento dice que Madrid cumple con los requisitos tanto de la UE como de la OMS cuando en 2011 se incumplieron los limites para los tres contaminantes principales: dióxido de nitrógeno, partículas en suspensión y ozono troposférico. “Con los datos en la mano, obtenidos directamente de la red de medición de Calidad del Aire de Madrid, se puede observar que la Villa Olímpica es una de las zonas de Madrid mas perjudicadas por el ozono troposférico”, apunta el grupo en un comunicado. Asimismo, la estación de Fernández Ladreda, cerca de las previsibles sedes olímpicas de la zona del Manzanares, registraba el año pasado un “marco récord” en la media anual de NO2. “Ecologistas en Acción” sostiene que “Madrid 2020 miente en sus respuestas al cuestionario del comité olímpico” sobre la calidad del aire de la capital española y “continúa negando el problema de la contaminación atmosférica”.

Nuevos convenios de empresa para el 2012. (Según la próxima reforma laboral)

Acabo de recibir un correo electrónico sobre los nuevos convenios de empresa para el 2012. Está escrito en plan irónico y se basa en la próxima reforma laboral en la que puede faltarnos todo, menos el humor, lo último que nos queda a salvo en esta miserable vida regida por normas contradictorias en la que nos movemos. Dice así:

VESTIMENTA:Le sugerimos que venga vestido/a de acuerdo a su salario. Si le vemos calzando unos Martinelli o con un bolso Gucci, asumiremos que su situación económica es boyante, y, por lo tanto, no necesita un aumento de sueldo. Si viste miserablemente, entenderemos que necesita aprender a administrarse mejor, para que así pueda comprar ropa de mejor calidad, y por lo tanto no necesita un aumento de salario. Si viste usted en un término medio, quiere decir que está exactamente donde tiene que estar, y por lo tanto no necesita un aumento en su nómina.

DÍAS POR ENFERMEDAD
De ahora en adelante no aceptaremos un justificante médico como prueba de que estuvo enfermo. Si usted puede ir al médico, lógicamente puede venir a trabajar.

CIRUGÍA
Todas las cirugías están prohibidas. Mientras usted trabaje para esta empresa necesita todos sus órganos. Nosotros le contratamos a usted intacto. Cualquier extirpación constituye una violación al contrato de trabajo.

DÍAS POR ASUNTOS PROPIOS
Todo empleado y empleada recibirá 104 días para asuntos propios durante el año. Estos se llaman sábado y domingo.

DÍAS DE VACACIONES
Todas las empleadas y los empleados de la empresa tomarán sus vacaciones en las mismas fechas todos los años. Los días de vacaciones serán los siguientes: 1 de enero, 12 de octubre y 25 de diciembre.

DÍAS POR FUNERAL
No hay excusa para faltar al trabajo. No hay nada que usted pueda hacer por amigas/os, familiares o compañeros/as de trabajo muertos. Debe hacer los esfuerzos para que a los funerales asistan personas que estén desempleadas. En casos muy especiales, en los que la presencia del empleado o empleada sea necesaria, el funeral se debe organizar en las últimas horas de la tarde. Nosotros le permitiremos trabajar de continuo durante su hora de comida para que así pueda salir una hora antes, siempre y cuando su parte del trabajo haya sido cumplida.

AUSENCIA POR PROPIA DEFUNCIÓN
Esta será una excusa aceptable. Sin embargo, le requerimos por lo menos dos semanas de preaviso ya que es su responsabilidad entrenar a su sustituto o sustituta.

USO DE LOS BAÑOS
Hasta hoy se ha perdido mucho tiempo en los baños. En el futuro, utilizaremos la práctica de ir al baño en orden alfabético. Por ejemplo todos los empleados/as cuyos nombres comiencen por “A” irán de 9:00 a las 9:20. Si no tiene ganas de ir en la hora que le toca, será necesario que espere al próximo día cuando su turno llegue otra vez. En casos de emergencias extremas, el empleado/la empleada podrá cambiar su turno con el de algún otro empleado/a. Los supervisores y supervisoras de ambos empleados deberán aprobar el cambio de turno por escrito. Además, tendrán un límite de tres minutos en los aseos. Al final de los tres minutos, sonará una alarma, el rollo de papel se retractará, la puerta del inodoro se abrirá y se le tomará una foto como prueba de la infracción. Después de dos infracciones, su foto se colocará en el tablón de anuncios bajo la categoría "Infractores Crónicos".

HORARIO DE COMIDA
Las personas delgadas tendrán 30 minutos para comer, ya que necesitan comer bastante para poder lucir sanos. Las personas de tamaño normal tendrán 15 minutos para la comida, como garantía de un almuerzo sano y equilibrado y así mantener la línea. A los menos delgados/as se les dará 5 minutos ya que éste tiempo es más que suficiente para tomarse una galleta de "Biomanán" y una pastilla quema-grasas.

Gracias por su lealtad a la Compañía. Nosotros estamos aquí para procurarle la experiencia de un empleo positivo que le realice como persona a través del trabajo.

La “furia policial” y los antidisturbios barren Valencia.

Botín incautado por los antidisturbios en sus actuaciones del lunes: peligrosísimas escuadras y cartabones, calculadoras, cuartillas y lápices mostraban las feroces armas utilizadas por los estudiantes.


Yo también llevo armas: Esta es la mía. Un libro”, le espetó un manifestante a un antidisturbio.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconocía ayer por la mañana que la actuación policial en Valencia, cuyo saldo es de 43 detenidos, tal vez hubiera sido excesiva: “Estoy al lado de la Policía pero actuaré en consecuencia si ha habido alguna actuación particular excesiva”. En todo caso, parece justificarlos al declarar que “se infiltraron grupos violentos minoritarios muy bien organizados que crearon los problemas de orden público”. Sobre las declaraciones de Antonio Moreno, Jefe Superior de la Policía de Valencia, quien calificó a los manifestantes de “enemigos”, muestra su desacuerdo: “Entiendo lo que quería decir pero no ha estado afortunado a la hora de expresarse. Entiendo que es un lapsus lingue y que errare humanum est”.

Jorge Fernández Díaz aseguraba que, cuando por la mañana habló de “excesos” se refería “de manera muy especial a los que cometen los radicales y violentos que aprovechan determinadas circunstancias para hacer cosas que no deben”. Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, apoyó la postura del PP al estimar que “no sería ecuánime hacer un discurso de equiparación” entre la actuación policial y los comportamientos violentos. A su juicio, esto sería “devaluar” la labor de los agentes. El ministro calificba de “ejercicio de violencia” el comportamiento de los manifestantes; “violencia contra aquellos [los agentes de Policía] que garantizan nuestra libertad”. Y aseguraba que los agentes habían sido “agredidos”. Por su parte, el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, acusaba a los estudiantes de desarrollar “violentas manifestaciones” con la intención de “desestabilizar” y “desvirtuar” el estado de Derecho. Instaba, además, a “evitar un efecto llamada”, tras acusar a los manifestantes de “no respetar el derecho a la manifestación tranquila y pacífica”.

Pero lo que no pudieron cambiar los responsables de estos incidentes fue la lamentable actuación policial que se puede contemplar en la serie de vídeos aparecidos en Internet. En ellos se ve perfectamente cómo los antidisturbios disuelven a porrazos las concentraciones de estudiantes, convocadas precisamente para protestar contra la violencia policial así como las numerosas detenciones practicadas. Las asociaciones de padres y el profesorado del Instituto de Educación Secundaria Lluis Vives, foco de las protestas contra los recortes educativos, denuncia la “furia policial” de los antidisturbios, sostenida por las autoridades. Los abusos policiales contra adolescentes, adultos y periodistas, son evidentes en los mencionados vídeos, así como el lenguaje belicista de Antonio Moreno, jefe superior de Policía de Valencia, quien, preguntado por el número de agentes desplegados, contesta: “No puedo revelar al enemigo cuáles son mis fuerzas”. ¿Es razonable que la máxima autoridad policial se refiera a los estudiantes como “el enemigo”? Minutos después de las cuatro de la tarde de ayer, mientras en Valencia crecía la masa de manifestantes contra los recortes educativos y en protesta por las desproporcionadas cargas policiales ordenadas por el poder político, los diputados de IU y de ERC se erguían en el hemiciclo mostrando la pancarta: “Valencia: Yo también soy el enemigo”.

Pese a que la Policía cree que su actuación fue “impecable”, el SUP (Sindicato Unificado de Policía) considera “un grave error” la orden de cargar contra los manifestantes y pide la dimisión de la delegada del Gobierno si se demuestra que la actuación policial ha sido “excesiva”. La actuación salvaje de los antidisturbios quienes, más que deshacer la manifestación la expandieron por doquier, nos recuerda la represión franquista contra los manifestantes de otros tiempos. Y todo por protestar por algo “tan zafio, insignificante y justo” como pedir calefacción para el Instituto Lluis Vives. En lugar de calefacción, Paula Sánches de León, la delegada del Gobierno, les mandó el batallón de antidisturbios que los calentó a base de porrazos. Entre los detenidos y agredidos, había seis niños menores de edad. Unos 400 estudiantes y profesores de la Facultad de Historia de la Universidad de Valencia se encerraron en protesta por estas actuaciones policiales. Los estudiantes acordaron no abandonar las protestas en la calle hasta que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de León, abandone su cargo. Las manifestaciones contra la carga policial se extendieron ayer a toda España.