Todos
y cada uno de los gobiernos de la democracia han sucumbido ante el ‘lobby’ con
más tradición y solera de España: la patronal eléctrica. El profesor Fuentes Quintana
ha recordado en alguna ocasión que muchos informes del Ministerio de Industria
llegan a la mesa del Consejo de Ministros con el membrete de Unesa (Asociación
Española de Industria Eléctrica). Son los Grupos Endesa, Hiberdrola, Gas
Natural Fenosa, E.ON España y EDP. Algo que explica que la industria del
kilovatio haya sido donde mejor han estado engrasadas las 'puertas
giratorias’. El aparente encontronazo
entre Eduardo Montes, presidente de la Asociación Española
de la Industria
Eléctrica, y José Manuel Soria, ministro de Industria, ha
sido sólo un enfado en apariencia, de cara al público. Montes protestó y se
dignó por la alarmante subida de la luz. Pero Unesa terminó negando un pulso con el Gobierno y pidió
subastas eléctricas mensuales. Y, al final, Rajoy, mostrando
públicamente su enfado y haciendo creer su desacuerdo, se inventó una nueva
subida, por supuesto mucho más baja, pero, a la larga, se llevará el gato al
agua. Lo dicho, todo sin discrepancias insalvables, con la unanimidad preestablecida.
Gráfico elaborado por Daniele Grasso y Jesús Escudero, de El Confidencial.com
Las
eléctricas son, de hecho, la dacha donde se retiran muchos políticos
desvergonzados. Durante los últimos diez años, decenas de altos cargos públicos,
desde alcaldes a presidentes del Gobierno y ministros, han terminado siendo
contratados por empresas del sector eléctrico. Los casos más sonados son los de
los expresidentes del gobierno Felipe González (PSOE), con 126.000 euros de
sueldo en Gas Natural, y José María Aznar (PP), en Endesa, donde cobra
alrededor de 200.000 euros anuales. La legislación, en España, no impide que
un excargo público ocupe un puesto en una empresa privada. La ley de
incompatibilidades se limita a pedir a ministros y consejeros de Estado que
dejen pasar dos años entre su actividad parlamentaria y su desembarco en los
consejos de administración. De esta manera, tanto el PSOE como el PP se reparten
la mayoría de cargos activos. El Partido Socialista,
con 11 representantes, es el que más presencia tiene entre las empresas de
energía. Entre ellos, destacan casos bien conocidos, como el de Felipe González
o el de Elena Salgado: la exministra de Economía que tardó menos
de cuatro meses en fichar para Endesa Chile desde que
dejó su escaño. Por su parte, el PP cuenta, en 2013, con 10 expolíticos en el
sector eléctrico, comenzando con el ex presidente del Gobierno, José María Aznar, asesor para asuntos
internacionales de Endesa, o la ex ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio,
hoy en HC Energía. Los partidos nacionalistas tampoco son ajenos al
brillo energético. Mario Fernández Pelaz y Josu Jon Imaz
pasaron por el Gobierno vasco bajo el mandato del PNV antes de aterrizar en
Repsol. Miquel Roca, padre de la Constitución y ex
diputado de CDC, trabaja hoy para Endesa. No todos son políticos de alto perfil
mediático. Teresa Ribera, por ejemplo, fue Secretaria de Estado de
Cambio Climático entre 2008 y 2011, justo antes de fichar para Isofotón,
empresa dedicada a la energía solar fotovoltáica. En la misma línea se mueven
dos de los hombres de Abengoa. Ricardo Martinez Rico
fue Secretario de Estado mientras Rodrigo Rato ejercía de Ministro de Economía
y, en 2008, ayudó a Cristobal Montoro a fundar Equipo Económico, su empresa de
asesoría. De esa misma asesoría es hoy socio director Manuel de Vicente Tutor, quien cesó en 2001
como Subdirector General de Departamento en la Agencia Tributaria.
Cierto que el modelo energético español está fallando. La factura
de la luz se disparó hace una semana a un once por ciento, siendo el propio
Rajoy, presdiente del Gobierno, quien, en un gesto en el que se le veía el
plumero, trató de enmendar entuertos, aunque siguió sin apostar por las
energías renovables, ecológicas y producidas en nuestro territorio, y seguirá consintiendo que las compañías
eléctricas expolien a los consumidores. Son esas mismas compañías
eléctricas que, después de contratar con sueldos millonarios a los políticos
que les han beneficiado, siguen considerando insuficientes sus 6.000 millones de
beneficios anuales. Eduardo Montes, presidente de la Asociación Española
de la Industria
Eléctrica (Unesa), terminó negando que las eléctricas
mantuvieran un “pulso” con el Gobierno y consideró que, si el Gobierno desea
mantener el sistema de subastas en el futuro para fijar la tarifa, su
celebración debería tener mayor frecuencia y ser mensual. Montes reclamó,
además, al Gobierno y a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
mayor transparencia y que “pongan encima de la mesa los informes para demostrar
si hubo una burda manipulación” de la subasta del pasado jueves. Lamentó que se
haya “atacado directamente al honor de cinco compañías”, en alusión a las
eléctricas aglutinadas en Unesa, (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y
E.ON), y expresó su confianza en que la situación se encauce lo antes posible.
“He pasado los diez peores días de mi vida”, confesó Montes. “El enfrentamiento entre sectores
industriales y las administraciones siempre pasa”, pero “confío en que dentro
de un tiempo, lo más breve posible, esto se tranquilice y podamos llegar
a un diálogo, como sucede en todas las partes”.
Aparte de estos intentos de aplacar los ánimos
encrespados, lo cierto es que, mientras proliferan las “conexiones eléctricas”
de nuestros políticos, los ciudadanos pagamos una de las facturas de la luz más
altas de Europa, con el sector ofreciendo pérdidas tapadas a golpe de dinero
público. El comisario europeo de
Energía está deseando conocer y atajar el llamado “déficit tarifario”
creado por las 5 multinacionales eléctricas que operan en nuestro país. España
ha sido hasta hace poco una potencia mundial en la fabricación, instalación y
exportación de un buen número de tecnologías renovables. Sin embargo, ante el
asombro de los países más desarrollados, las políticas de los dos últimos gobiernos se han empeñado en
desmantelar un sector que, según la
UE, podría crear millones de empleos, atraer enormes
inversiones internacionales y abaratar nuestra energía. En su lugar, estamos
gastando miles de millones en comprar combustibles contaminantes fuera de
nuestras fronteras y costeando los privilegios que reciben ciertos políticos y
los ingentes y oscuros beneficios de las eléctricas escondidos detrás del
déficit de tarifa.
Josep
Piqué, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y licenciado en Derecho
por la Universidad de Barcelona, en 1996 fue
nombrado, por el entonces presidente Aznar, ministro de Industria,
aún sin ser militante del PP. Desde entonces, todo
ha ido a peor en este ministerio. Apenas tres años
después de promulgarse la ley, el sistema
eléctrico comenzó a generar recurrentes déficits que el Estado ha ido trampeando.
A ello ayudó, sin duda, la privatización total de Endesa,
la gran empresa pública de producción de electricidad, que bien podría haber
equilibrado el mercado con un operador dominante para evitar que el recibo de
la luz se convierta en un activo financiero si más. Exactamente igual que sucedió
en el mercado inmobiliario. Cuando los pisos se convirtieron en un casino, se
creó una burbuja que todavía este país está pagando en forma de inaceptables
tasas de desempleo. En cualquier otro país,
esta grotesca política energética hubiera sido frenada por el regulador. Pero,
cuando el regulador elegido es por puro amiguismo o clientelismo político,
explica la extraña sintonía y hasta connivencia de la pomposa Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) con este Gobierno y con los
anteriores (el nombre es lo de menos). Lo que encareció un 63 % el recibo de
la luz en ocho años.
Pero volvamos a la realidad del presente. El
pasado día 20 se conocía que la tarifa eléctrica iba a subir en enero de 2014
previsiblemente por encima del 11 % después de que los dos componentes que
forman el recibo de la luz, peajes y coste de la energía, apuntasen al alza. Si
se concretaba, esta sería la mayor subida porcentual desde que se inició la
liberalización del sector eléctrico, en 1997, por encima del
9,8% de enero de 2011. La tarifa de último recurso o TUR, que, a partir de enero, se denominará
precio voluntario al pequeño consumidor, está formada por dos
elementos, los peajes y el coste de la energía, que representan alrededor de la
mitad de la factura cada uno, a los que se suman los impuestos. ¿Cómo funcionó
esta subasta y por qué había subido tanto? A ella acudieron generadores y
comercializadores para comprar y vender la electricidad que se suministra a todos los
consumidores acogidos al sistema de tarifa durante los siguientes tres meses
(el resto acude al mercado libre). La evolución de este
concepto depende exclusivamente del mercado, que posteriormente corrige el
resultado con una serie de ajustes técnicos. Muchos habían sido los factores
que influyeron en el encarecimiento de la energía. En primer lugar, la subasta había contado
con menos participantes de lo habitual porque todavía no se había
cerrado la reforma energética, lo que introducía ciertas incertidumbres a la
hora de decidir si acudir o no a ella. A esto había que añadir que el sector preveía una baja
producción hidráulica y eólica para los próximos meses, lo que
suponía retirar parte de la generación que abarataba el mercado, así como
temperaturas más bajas, lo que a su vez implicaba una mayor demanda de
electricidad. Estas circunstancias externas al propio mercado habían provocado
una mayor demanda de lo esperado de producción de las centrales de ciclo
combinado, que funcionan con gas natural.
¡No os prometo nada!
La
cuestión no es que exista un oligopolio eléctrico. Es verdad que
Endesa e Iberdrola controlan el 60% del mercado de generación, pero en Francia
y Bélgica hay casi un monopolio y el recibo no ha subido tanto como en España.
El problema no es de número de players, sino de la existencia de un mix
de generación irracional, como dice
Daniel
Lacalle, que hace descansar la
producción en energías poco eficientes y caras, lo cual es un verdadero
problema para un país cuya industria, precisamente, es intensiva en uso de
electricidad: automóvil, cementeras o empresas cerámicas. El disparate es
todavía mayor si se tiene en cuenta que el Ministerio de Hacienda ha tirado en
los últimos dos años con pólvora del rey subiendo la fiscalidad a las eléctricas
(gravando la generación o los residuos nucleares), como si las empresas
(también las que comercializan gas natural) no fueran a repercutir esos
incrementos de la presión fiscal en el recibo. El despropósito es todavía
mayor si se tiene en cuenta que España votó en su día en contra y trató de
vetar la Directiva
de Eficiencia Energética, todo un contrasentido, en un país con una brutal dependencia energética
que se sitúa notablemente por encima de la media europea. El resultado
de tanto disparate es un sistema eléctrico que agujerea la renta disponible
de las familias y lastra la creación de empleo.
Para Eduardo Montes,
presidente de la
Asociación Española de la Industria Eléctrica
(Unesa), “no es admisible” que el ministro de Industria, José Manuel Soria,
culpe a las eléctricas del resultado de la subasta sin que se conozca el
informe de la
Comisión Nacional del Mercado de Competencia (CNMC). Montes
señala que no
puede jurar “sobre la Biblia”
lo que ha pasado en la última subasta, si bien incide en que el
procedimiento ha sido “idéntico” al de otras ocasiones,
en las que también ha habido bajadas muy altas. Las declaraciones de Montes se
producen después de que el ministro de Industria considerara que hubo “una
clara manipulación” de la subasta eléctrica que sirve para fijar las tarifas de
la luz y que se anuló el viernes, 20 de diciembre. Soria añade que era
consciente de la “preocupación” que existía en las eléctricas, y admite que aún
no se sabe “quién” manipuló la subasta eléctrica ni “dónde” se produjo la manipulación.
Montes incide en que las eléctricas sólo suponen el 10% de la oferta
total y recalca que casi el 50% de la tarifa viene fijada por la participación
“tan alta” de organismos financieros, “que a lo mejor podrían
generar alguna distorsión”.
Montes llega a asegurar, tras la suspensión del 11, 5 % que “se sintió atacado” por las acusaciones
de manipulación en la subasta del jueves tras la cual, una guerra abierta parece
abrirse entre las eléctricas y el Gobierno. El presidente de la patronal de las
grandes eléctricas insiste en decir que “no es admisible” que el ministro de
Industria, José Manuel Soria, culpe a las eléctricas. Critica con dureza al
Ejecutivo y lamenta el “gravísimo daño” causado por la acusación de
manipulación de la subasta eléctrica lanzada por el ministro Soria.
Montes se queja de la “demonización de las eléctricas” y exige “que nos
expliquen lo que ha pasado. No hay derecho a las acusaciones. Hay que poner encima
(de la mesa) el informe”… En el comunicado publicado por la patronal, se profundiza
en las críticas y se acusa a Soria de lanzar contra las empresas eléctricas
acusaciones “muy graves” de manipulación de los precios, de fracasar con
su reforma energética y de “cargar sus errores” sobre empresas y consumidores.
“Lo que realmente ha puesto de manifiesto esta subasta es el fracaso de la
reforma emprendida por el ministro; una reforma que, por no afrontar los
auténticos problemas que generan el déficit tarifario y la evolución de los
precios, está conduciendo al sistema
eléctrico español a una situación insostenible, en la que casi la mitad
de lo que pagan los consumidores a través de su tarifa sirve para costear los
errores políticos de los Gobiernos y no para cubrir los costes del suministro
eléctrico”.
Rubén Sánchez, portavoz de Facua-Consumidores en Acción
Por su parte, Facua-Consumidores
en Acción califica
de “inaceptables” los escenarios de revisión de la tarifa eléctrica propuestos
por la CNMC
y considera que “lo menos malo que podría hacer el Gobierno” es congelar la
tarifa. “Si un Gobierno llega al extremo de acusar a un sector de incurrir en
una burda manipulación, no puede ahora subir la tarifa”, afirma el portavoz de
la asociación, Rubén Sánchez. En su opinión, es necesario “congelar” la tarifa
hasta que haya “más elementos en relación a la necesaria investigación que debe
estar realizando con exhaustividad” el organismo regulador. Facua recuerda
además que el
recibo de la luz ha subido un 80% en la última década y reclama
una “auditoría de costes histórica del sector” que deje en evidencia la “gran
estafa de la liberalización” en la que “se vendió el discurso de que iba a
bajar la tarifa y a mejorar el servicio, cuando ha ocurrido lo contrario”. De
hecho, la asociación asegura que el eléctrico es ya el segundo sector más
denunciado por los consumidores y lamenta que el Gobierno “insista en no
hablar” con las asociaciones que representan a los usuarios. Facua plantea que
las declaraciones del presidente de la Asociación Española
de la Industria
Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, en las que defiende que
“no tiene sentido” desvelar el coste real de la generación eléctrica ponen de
manifiesto que la subasta no es más que un instrumento con el que las
eléctricas pueden especular sin ningún tipo de limitación con las tarifas que
acaban repercutiendo a las familias. Facua-Consumidores
en Acción ha remitido una denuncia contra el Gobierno al presidente de la Comisión Europea, José
Manuel Durao Barroso, por incumplir la directiva sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad, toda vez que considera que “no garantiza
ni la protección de los consumidores vulnerables ni unos precios de la
electricidad razonables, fácil y claramente comparables, transparentes y no
discriminatorios”.
Álvaro Nadal (i), director de la oficina económica
de Moncloa, y su hermano gemelo Alberto (d) secretario de Estado de
Industria
Uno de los detalles más llamativos de esta
reforma es quiénes la han pactado. En contra de lo pensado, los encargados de
cerrar el acuerdo no fueron ni el titular de Industria, José Manuel Soria, ni el de Hacienda, Cristóbal Montoro, sino los
hermanos Nadal. Álvaro Nadal, director de la oficina económica de Moncloa, y
Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, hermanos gemelos, han sido los
encargados de poner fin a los enfrentamientos entre los dos ministros. El
Gobierno ya había decidido quién sería el número dos de José Manuel Soria en el Ministerio de Industria. Según fuentes
gubernamentales, el elegido para ser secretario de Estado de Energía era Alberto Nadal, vicesecretario general
de Asuntos Económicos de CEOE y hermano del director de la Oficina Económica
de Presidencia del Gobierno, Álvaro
Nadal. “Uno –explica Miguel Ángel Noceda en un artículo en El
País, ‘La vida gemela de los Nadal’– es zurdo y otro diestro. Uno se ha dejado
barba; el otro, no. De pequeños sacaban las mismas notas y tenían las mismas
debilidades: las matemáticas y la historia. Cuando tuvieron que elegir carrera,
se decidieron por Económicas y, como su padre les apretaba para que hicieran
una ingeniería, escogieron ICADE, o sea dos carreras a la vez (Económicas y
Derecho) para contentarle. Acabaron cum laude y, de forma casi inmediata,
sacaron la oposición a técnicos comerciales y economistas del Estado con los
números uno y dos. Mientras tanto, se hicieron liberales y entraron en
política. Son los gemelos Nadal y, de momento, han alcanzado el rango de
viceministros. Álvaro,
que es el zurdo y nació unos minutos antes, es director de la Oficina Económica
del Presidente, y Alberto, que se dejó barba para que no les confundieran, acaba
de asumir la secretaría de Estado de Energía, tras haber sido los últimos
dos años vicesecretario general de la CEOE. Tienen mucho poder y les gusta ejercerlo
allá por donde circulan. Apenas tienen fisuras en sus convicciones. Alberto,
que rechazó ser consejero de Red Eléctrica por el cargo de hermano, tratará de
enderezar la errática política energética, y Álvaro estará satisfecho de tener
a su gemelo más cerca del Estado Mayor de La Moncloa. En
conversación, por separado, hablan sin tapujos; pero son reacios a hacerse juntos
una foto. Una excompañera cuenta que se quedó perpleja cuando en un restaurante
oyó hablar a Alberto a sus espaldas y que se contestaba. Al darse la vuelta se
lo explicó al ver a los hermanos comiendo mano a mano”.
El ministro de Industria, José
Manuel Soria, llegó incluso a
calificar de “burda manipulación” la subasta eléctrica del jueves,
un comentario que desató aún más las hostilidades entre los dos bandos. Y las
grandes patronales del sector como Unesa amenazaron de forma velada con acciones
legales a un Gobierno que ha encarado
ya múltiples denuncias en los tribunales internacionales por los
recortes de las primas a las renovables. Hasta que, el viernes pasado, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciaba, durante su comparecencia
ante la prensa, tras el último Consejo de Ministros del año, que la tarifa de
la luz subiría un 2,3% en enero. La subida sólo era para el primer trimestre.
Luego, en el segundo, habrá un nuevo sistema de cálculo. El Gobierno aprobó, pues, un real decreto ley con un
“mecanismo transitorio” de fijación de precios “solo para el primer trimestre
de 2014”.
Veremos lo que es capaz de subir a lo largo de ese año. ¿Demostrará así que la
paciencia de los españoles no tiene límites?
“La electricidad lleva camino de convertirse en
caviar –apunta Juan José Millás, hablando a su manera de las eléctricas–. Cada
vatio, una hueva, no sabemos si de beluga o de sevruga, tendríamos que
preguntarle a Miguel Blesa. Un producto prohibitivo, en fin, para la mayoría.
Nuestros representantes políticos, si queda alguno que merezca ese nombre,
deberían explicarnos cómo hemos llegado a esta situación en la que un servicio
esencial ha devenido en artículo de lujo. Sería interesante que alguien
escribiera una historia de la luz, donde se nos contara cómo se privatizó este
sector estratégico, en manos de quién se encuentra ahora, y cómo calmar su
voracidad. No entendemos la trampa verbal del llamado ‘déficit tarifario’
cuando Endesa, por ejemplo, obtuvo 2.212 millones de euros de beneficios netos
en 2011. Ya me gustaría vivir con un déficit económico de esa naturaleza. Las
eléctricas son empresas reguladas, de modo que una parte de las subidas las
decide el mercado y otra parte el Gobierno. El problema es que, en esto de las
subidas, el ministro de Industria no solo obedece ciegamente al mercado, sino
que ha decidido obedecerse a sí mismo tras una breve etapa de rebeldía en la
que no acababa de ponerse de acuerdo con su conciencia. Ignoramos qué parte de
él ganó a qué otra, lo cierto es que después de jurar que no lo haría, lo ha
hecho. El resultado es que nos van a dar por los dos lados. Si hubiera tres,
nos darían por los tres. Seguro que hay alguien trabajando en ello. La
oposición en bloque, en un acto de caridad, que no de justicia, ha propuesto en
el Parlamento que no se cortara la luz, durante los días de frío, a las
familias pobres. El PP, tras calificar la iniciativa de demagógica, ha votado
que no. Quiere decirse que este invierno morirán helados bebés demagógicos y
ancianos demagógicos y enfermos en general demagógicos. Todo esto empieza a ser
la hostia”.
Vicente Clavero escribe en Público.es el artículo
“No nos
engañemos: la escalada del precio de la luz va a continuar”. El
titular de Industria se negó aceptar en redondo el aumento del 11 % del recibo
de la luz a partir de enero. “La
diligencia del José Manuel Soria probablemente no hubiera sido tanta sin la
concurrencia de dos circunstancias que ayudan a explicar su actuación en este caso.
Primero, la creciente irritación de los consumidores, hartos de las reiteradas
subidas de un servicio básico, cuyo coste es actualmente un 60% superior al que
tenía antes del inicio de la crisis económica. Y, en segundo lugar, la
arrogancia de las propias eléctricas, que desplegaron hace pocas semanas toda
su artillería pesada contra él por no haber cumplido el compromiso de endosar
al bolsillo de los contribuyentes el déficit tarifario de 2013. Con la
anulación de la subasta del 19 de diciembre, Soria ha intentado calmar a los
soliviantados usuarios, pero también ha querido hacer una demostración de
fuerza frente a unas empresas acostumbradas a campar a sus anchas. Las
eléctricas son un poderoso oligopolio, al que ningún Gobierno se ha atrevido
hasta ahora a meter en vereda por temor a su incuestionable capacidad de
influencia. Gracias a ello, hay algunas (Iberdrola, Endesa) que, pese sus
inagotables quejas en España, figuran entre las más prósperas de toda la Unión Europea, tanto
por volumen de negocio como por beneficios. Un dato ayuda a entender por qué en
plena recesión les sigue yendo también a las eléctricas: sólo las subidas de la TUR les han permitido facturar
21.600 millones de euros más entre 2007 y 2013. Han compensado así, en buena
medida, el retroceso de la actividad de sus grandes clientes, los que compran
la electricidad en el mercado libre. Pero, para los consumidores de a pie –las
pequeñas empresas y las familias–, ese sobrecoste ha supuesto un duro
quebranto, coincidiendo además con una etapa de fuertes caídas en los niveles
de consumo y de renta. Que las cosas les vayan a ir mucho peor a las eléctricas
con el nuevo mecanismo de fijación de precios es algo que está por ver. El
Gobierno, para salvar la cara ante la opinión pública, atenuará algo las
subidas futuras (alrededor del 3% en el primer trimestre de 2014); pero nadie
nos va a librar de que la escalada continúe. Porque lo único que podría
evitarla es una reforma en profundidad, que cambie las reglas del juego del
acceso a este bien de primera necesidad, devenido artículo de lujo por la
desidia de unos Gobiernos, incapaces de plantar cara, en beneficio de los
ciudadanos, a uno de los mayores lobbys de España”.
La prensa internacional de
todos los colores ha puesto a caldo al Gobierno, con el conservador The Times a
la cabeza, que lo califica de “autocrático” en su duro editorial titulado
'Abuso de Poder'. Así, sin rodeos ni eufemismos. Estos titulares reflejan la
tremenda imagen que está sembrando este Gobierno en medio mundo, incluso entre
los de su cuerda. “Trasladar la legislación penal a un tema de salud y
de conciencia de las mujeres es un abuso de poder del gobierno”, dice el rotativo
británico, para rematar afirmando que “una
sociedad constitucional no se entromete en áreas de juicio personal que la
mayoría de estos ciudadanos estimen dentro de la autoridad de la familia. Eso
forma parte de la práctica de los gobiernos autocráticos de su cuerda”. The
Independent hace referencia a las nuevas
restricciones impuestas en la ley, que va impedir “la mayoría de los abortos”
que se realizan en el país, lo que supone un “retroceso de décadas”.
“El término franquista, utilizado en España –escribe Antonio Criado
Barbero– conlleva la asunción de que aquella dictadura fue un régimen
caudillista, es decir un régimen liderado por un caudillo cuyo objetivo era
mantener el orden social del país, lo cual hacía utilizando medios
autoritarios. En este esquema, desaparecido el dictador, desaparece la
dictadura. Ahora bien, el régimen era mucho más que caudillista. La ideología
que... sostenía
aquella dictadura era una ideología totalizante, que se reproducía
predominantemente a través del estado y que sobrevivió al dictador y a la
dictadura. Esta ideología fue el nacional-catolicismo, promovido por los
aparatos ideológicos del estado, que afectaba a la totalidad de la sociedad y a
los individuos que vivían en ella, invadiendo incluso las esferas más íntimas
de la personalidad de los españoles, que incluían desde el comportamiento
sexual, al idioma y cultura mediante los que el individuo debía expresarse. El
régimen imponía toda una serie de normas de comportamiento y de pensamiento. En
realidad, fue uno de los regímenes con una ideología más totalizante que hayan
existido en Europa. Hoy aún el franquismo está presente en instituciones y
sectores muy importantes de poder.
Así
era visto Gallardón por la
FundaciónPrincipedeAsyturias.com
Y así veía el humorista Pep Roig los nuevos úteros españoles gallardoneados. Nuevo mapa jurisdiccional anatómica de la mujer española.
Continuando
con el humor de esta semana, así veía Erlich el futuro próximo: esto no es un
futuro, el 31 de diciembre…, con más derechos y el año que viene todo mejorará.
Otros
humoristas: Forges, Peridis, El Roto, J. R. Mora, López. M. Fontdevila, Ramón…
Pep
Roig, desde Mallorca, concluye la ronda de humoristas de esta semana:
Pep
publicó en Última Hora este fotomontaje sobre la dimisión de Carlos Delgado,
conseller de Turisme. El Presidente Bauzá carga con las cabezas de los cinco
consellers que, a lo largo de su corto mandato, fueron cesados por él. Pep ha
montado el dibujo partiendo de la fotografía de Carlos Delgado con los
testículos de la pieza que se cobró en una cacería, y que hace unos meses
publicó en dicho diario. Pep sustituye la cabeza de Delgado por la de Bauzá.
Sobre ella, como si se tratara de sus
trofeos, las de los cinco consellers dimitidos y cesados. Otros dibujos de Pep:
Terminamos con 'No job land' (Una tierra sin trabajo), un vídeo que de siete
minutos que refleja el drama del desempleo retratado en el barrio
de Vallecas. El documental de tres periodistas españoles retrata la supervivencia
de cuatro familias con todos sus miembros en paro | Medios como 'The Telegraph'
lo exponen como ejemplo de la situación española.
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