El juez Castro imputa a la infanta Cristina, se instaló el BiClip en las playas y se nos fue Ana María Matute.

En el inicio del verano, seis días después de la proclamación de Felipe VI, el juez Castro dictó un auto de procesamiento para la infanta Cristina de Borbón, hermana e hija de reyes. Y, pese a que su futuro judicial amenaza la imagen de la monarquía y que el nuevo rey prometió que la Corona observará “una conducta íntegra, honesta y transparente”, el juez Castro propone procesarla por blanqueo de capitales y delito fiscal. En su escrito, el magistrado considera que hay “sobrados indicios” de que la infanta intervino en la presunta trama corrupta “lucrándose en su propio beneficio” y “facilitando los medios para que lo hiciera su marido”, Iñaki Urdangarin, mediante una “colaboración silenciosa”. Tras conocer el auto, tanto Miguel Roca, abogado de la infanta, como la Fiscalía Anticorrupción anuncian que recurrirán la decisión de Castro, convencidos de que la imputada no actuó de manera ilegal.  Y un portavoz de la Casa Real manifiesta el “pleno respeto” de la institución “a la independencia del Poder Judicial”. Castro aprovecha el auto para justificar los cuatro años empleados en la investigación del llamado Caso Nóos y defenderse con cierta amargura de las críticas recibidas “desde altas instancias institucionales, políticas, mediáticas e incluso judiciales” que han considerado “excesivamente larga” su instrucción, iniciada el 20 de julio de 2010. En su respuesta, el magistrado revela su enorme malestar por ciertas acusaciones y afirma  que ha tenido que bregar con “prácticamente todo el repertorio incidental prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal e incluso aquel en que ni se pensaba”. El juez se queja de que no se tengan en cuenta las horas “inhábiles” que ha dedicado al caso, desmintiendo que el tiempo se haya alargado con “trámites inútiles o superfluos”. Alega que los 63.406 folios del sumario, las 319 declaraciones recibidas, las 340 resoluciones, “podían haberse multiplicado por varios enteros”. Son cifras con las que pretende demostrar el ingente trabajo recaído sobre sus hombros. Recuerda que ninguna de las piezas se ha dictado a través del sistema informático proporcionado por el Ministerio de Justicia. Defiende que no ha acordado ninguna diligencia que “a priori” creyera inútil, ni su labor ha permanecido inactiva. Otra cosa bien distinta es que no todas las diligencias acordadas “arrojaran el resultado que de ellas cabía esperar. Muy al contrario, –sostiene en alusión a los sábados dedicados a tomar declaración para no molestar la labor del resto de los juzgados de Palma con los que comparte edificio– se han utilizado días y horas que, en otro caso, serían inhábiles para la práctica de actuaciones judiciales, concentrándose en ellas el mayor número posible de diligencias”. Pese a ello, ha recibido las quejas del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach.

El juez José Castro.

Castro dedica un párrafo de su extenso escrito a dejar claro que no es el momento para alegar “confianza, veneración o amor” como coartada para autoexculparse. El instructor del 'caso Nóos' considera que “la repercusión a efectos penales” de dichos sentimientos deberán ser valorados en el momento del juicio oral por el tribunal sentenciador. Alude así a la 'coartada del amor', cargando contra la actitud que la infanta Cristina tuvo durante su declaración como imputada ante él. El juez critica que la hermana del Rey Felipe VI se escudase en “la sola negación de la evidencia, la interminable apelación a la ignorancia y a la falta de memoria o la gratuita derivación hacia terceros”, en clara referencia al intento de Cristina de Borbón de autoexculparse cargando toda la responsabilidad en Iñaki Urdangarín. Recuerda que “si la explicación a esta actitud  residía en la confianza, veneración o amor que profesaba a su marido así como la repercusión que a efectos penales pudiera (en su caso) de ellos derivarse, es cuestión sobre la que este instructor no debe pronunciarse”. De esta forma, pretende desactivar, al menos momentáneamente, uno de los argumentos utilizados de manera reiterativa por la infanta, durante su declaración del pasado mes de febrero ante él: su confianza ciega en el fruto del amor conyugal. En aquella comparecencia como imputada, Cristina de Borbón llegó a asegurar que entró a formar parte del accionariado de Aizoon, una de las empresas bajo sospecha, sin pedir permiso a su padre, el entonces rey Juan Carlos I, y que lo hizo “porque confiaba en él [Urdangarin], me lo sugirió y acepté”. En su declaración, la infanta Cristina aseguraba que entró en el accionariado de Aizoon porque "confiaba en mi marido”. Igualmente, se retrató a si misma como una mujer ajena a la actividad de la empresa familiar y que dejaba todo en manos de su esposo. Incluso aseguró que “nunca” habló con su marido de sus “temas de trabajo en la intimidad. “Yo me ocupaba de los niños, de sus actividades, de la escuela y de todo lo que tenía que ver con ellos, con médicos y demás. Mi marido se ocupaba de toda la parte de los gastos”.  Frente a esa versión, las acusaciones consideran que algunos 'emails' incorporados al sumario reflejan todo lo contrario: que ella no se limitaba a hacer pagos con los fondos supuestamente fraudulentos de Aizoon, sino que fue incluso advertida de la irregularidad de los mismos y que su marido fue consultado sobre ello. Así, en un correo electrónico del 18 de septiembre de 2009, Julita Cuquerella, la asistente personal de Iñaki Urdangarin, advertía al duque de Palma de que “S.A.R. me ha encargado unas compras que no puedo justificar por gastos de Aizoon”. Ante esa irregularidad, proponía pasarlos por caja para realizar los pagos en efectivo, algo a lo que el marido de la infanta dio el visto bueno con la broma: “Se lo gasta en algún regalo para mí, ¿no?”.

La infanta se alquilaba a sí misma el palacete de Pedralbes por 12.000 euros al año.

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La hija del rey Juan Carlos se puede enfrentar a penas de prisión por blanqueo de capitales y cooperación en los delitos fiscales cometidos por su marido en 2007 y 2008.  A su vez el fraude también se refiere al hecho que el cargo de gastos externos a la supuesta marcha de la empresa que comparten Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín habría evitado de forma subrepticia el cómputo de beneficios al final de cada año fiscal, así como la tributación por cuenta del Impuesto de Sociedades”. Según la Audiencia Provincial de Baleares, los Duques de Palma pudieron beneficiarse de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios. Las claves por las que la infanta podría ser imputada se basan el que ella también firma las actas de Aizoon (como propietario del 50%),  Los duques de Palma desviaron fondos del Estado para sufragar la reforma del Palacete de Pedralbes, escapadas al extranjero, fiestas familiares, servicio doméstico pagado ‘en negro', clases de baile y viajes de lujo. El juez Castro prueba el traspaso de dinero de Aizoon a la cuenta bancaria familiar. El matrimonio pudo beneficiarse personalmente de fondos destinados a gastos en billetes de avión y de tren, restaurantes, hoteles, joyas, libros y música… La batalla jurídica y política para imputar a la infanta que se resuelve con el auto del juez Castro es sólo el principio. Tras tres años de instrucción, a partir de ahora comienza la verdadera guerra judicial para evitar que doña Cristina se siente en el banquillo de los acusados o pueda enfrentarse a una petición de penas que puede rondar los once años de cárcel. La avalancha de recursos se da ya por descontada por parte tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado y los abogados defensores de la infanta. Los abogados de la defensa que dirige Miquel Roca confirman oficiosamente su intención de recurrir, si hay acusación, aunque “no se pronunciarán oficialmente hasta que conozcan el escrito del magistrado”.

 El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach.

La reacción del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, es inmediata. Nada más conocer el auto del juez José Castro, vuelve a la carga con el argumento de que “la infanta ha sido imputada por ser quien es” y la consideración de que, si hubiera sido otra persona, no estaría imputada en el caso Nóos “ni se habría hablado de ella”. Horrach cree que la infanta ha sido tratada de manera “injusta” porque, tras escuchar a “trescientas treinta y pico personas”, mantiene que no existen elementos incriminatorios contra ella. En un escrito de 63 páginas, recrimina al magistrado haber llevado a cabo una instrucción “a la carta” y haber practicado investigaciones “contradictorias” en torno a la hermana del Rey Felipe VI “a modo de encaje de bolillos”. En un duro recurso, Pedro Horrach critica al titular del Juzgado de Instrucción número 3. Le acusa de hacer un juicio de valor basado en meras conjeturas: “Doña Cristina de Borbón es culpable, no se sabe bien de qué, emprendiendo una intensa prospección para ver si se la pilla en un renuncio”. En esta misma línea, el representante del Ministerio Público acusa a Castro de verter “insinuaciones” que considera “un claro exponente de deriva judicial, consecuencia de interferencias mediáticas que elevan a la categoría de dogma la parodia de funcionarios sometidos al poder gubernamental. Y ello porque, ironiza, “la realidad 'no vende' y la adopción de decisiones fruto del simple ejercicio profesional, sin el aditamento de intrigas o maquinaciones ficticias, resulta anodino a efectos comerciales. “Seguimos sin saber  –dice Horrach– qué concretos delitos y hechos pueden imputarse a Cristina de Borbón”. El fiscal considera que el juez incluso maneja datos equívocos “para construir unos hechos con apariencia delictiva”, con lo que corre el riesgo de caer en “la mera especulación, cuando no la pura ficción” y denuncia que el procesamiento se basa en “actos de fe”. La imputación, sentencia, nace de “simples suposiciones” sin “indicio incriminatorio alguno”. Horrach denuncia que, en las resoluciones de José Castro, “se desprecian indicios de notable fuerza exculpatoria” a favor de la esposa de Iñaki Urdangarin, por testimonios que toma de manera parcial y documentos que ignora. El fiscal cita la exclusión de cualquier referencia “a los miles de correos electrónicos intervenidos (...) que acreditan que en la gestión administrativa, comercial, laboral, fiscal, contable y financiera de Aizoon S. L., no intervenía doña Cristina de Borbón”. Destaca también que se ha tomado declaración “a cientos de testigos vinculados laboral o comercialmente con el Instituto Nóos y Aizoon S. L., sin que se haya puesto de manifiesto una mínima participación” de la Infanta “en la gestión de la mercantil de la que es socia”. El fiscal ve al juez demasiado pendiente de la prensa. Supone que el magistrado ha sufrido una deriva, una “contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación”. Y opina que Castro no se ha abstraído de las influencias derivadas de los denominados “juicios paralelos” y de las “conjeturas” que, “sin apoyo fáctico alguno, nutren a menudo los medios”.

“En la medida en que ese escrito, y otros muchos que le han precedido, contiene claras imputaciones de que yo he cometido un delito de prevaricación, creo que si el Ministerio fiscal cree lo que escribe, y habría que suponer que sí, lo que tiene que hacer es presentar, tenía que haberlo hecho ya, una querella contra mí por prevaricación”. Con estas palabras respondía el juez Castro,  al ser preguntado el viernes por los medios de comunicación  por su opinión sobre el escrito de Horrach.  El juez se mostró respetuoso con el recurso del fiscal en lo que se refiere a las “manifestaciones legítimas en apoyo de su pretensión”, según “se compartan o no se compartan”. No obstante, “en la medida en que ese escrito contiene expresiones de descrédito y de falta de respeto –dijo– se podría haber mejorado sin merma de su contundencia”. Castro también respondía a la crítica realizada por Horrach hacia el auto del juez instructor, sobre cuyo trabajo el acusador afirma en el recurso que “es material e intelectualmente imposible de instruir y no prejuzgar”. Según ha subrayado el magistrado, “la imparcialidad la puede perder el juez y la puede perder el fiscal, eso es un riesgo inherente al ser humano, pero no creo que el juez sea más vulnerable que un fiscal a perder la imparcialidad”.

 Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia.

A medida de que se difundía el recurso de Pedro Horrach, fiscal Anticorrupción, contra el auto de José Castro, juez instructor 3 de Palma, que mantiene como imputada a Cristina de Borbón, junto a su marido Iñaki Urdangarín y a14 personas más, entre ellas el expresidente de Baleares, Jaume Matas, varias asociaciones de jueces criticaban al fiscal por insinuar que el juez Castro delinque al imputar a la infanta. Así, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, pide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) “que cumpla con su principal función constitucional”, es decir que ampare la independencia del juez Castro frente a acusaciones “gratuitas que lo que pretenden, en lugar de desarmar jurídicamente la resolución, es desprestigiar la propia imagen del juez para que el contenido de su auto no sea verosímil”. Bosch reclama de la Fiscalía General del Estado “algún tipo de rectificación donde aclare que el juez Castro está cumpliendo con sus funciones y ejerciendo la independencia judicial”. A su juicio, en los casos que se tramitan de relevancia mediática, la Fiscalía debiera de “reforzar la credibilidad” de la función jurisdiccional. Sin embargo, añade, el escrito de Horrach, busca “deslegitimar la función judicial”. Bosch recuerda precedentes, como cuando Horrach dijo que Castro se apoyaba en teorías conspiratorias o que procedía contra la infanta por ser quien es. Pero el recurso del fiscal presentado el jueves ante la Audiencia de Palma es “un salto cualitativo” y su escrito viene a decir, en su conjunto, que el juez Castro “casi intencionadamente, sabiendo que no hay delito y quiere que éste exista, hace una construcción para encajarlo” y proceder contra la infanta Cristina. “Estas críticas –explica Bosch– se apartan del legítimo debate jurídico para entrar en descalificaciones poco afortunadas y en insinuaciones que rozan la acusación al juez de prevaricación”. Considera el auto de Castro “bastante razonable” y acusa a al fiscal de ir “más allá de la aportación de argumentos jurídicos” y “recrearse en toda una serie de insinuaciones de que lo que el juez quiere es llevar a toda costa a la infanta al banquillo”. 

Pablo Llarena, presidente de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), destaca que la resolución de Castro responde al convencimiento que ha obtenido de las pruebas practicadas en los casi cuatro años transcurridos desde el inicio del 'caso Nóos'. “Es verdad que puede haber otros convencimientos y convicciones –añade–. Pero para ello están los recursos”, argumenta Llerena, al tiempo que reclama del fiscal el respeto al fair play procesal y que no dé a entender que las resoluciones de Castro responden a motivaciones personales y a una falta de imparcialidad, sino al convencimiento al que ha llegado como juez instructor. El presidente de la APM, asociación mayoritaria de jueces, no cree necesario que el CGPJ se pronuncie, a no ser que el propio Castro solicite el amparo. “Cuando un juez se siente perturbado en su independencia, es él el que debe solicitar el amparo. Así lo establece la ley y todos estamos lo suficientemente formados como para saber cuándo lo necesitamos”. Por otra parte, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco Victoria (AFJV) recuerda que los fiscales conforman el ministerio público y deben responder a criterios objetivos, imparciales y fundamentados, “pero los recursos no están para hacer una crítica que supone todo un ataque sus escritos, desconsiderando al juez”. El portavoz de la APM, Marcelino Sexmero, considera que “se pretende coaccionar” al juez Castro y se hace ver a la opinión pública y a los tribunales superiores que “está actuando con una falta de imparcialidad en un recurso en donde el fiscal no aporta datos de esa falta de imparcialidad”. En opinión de Sexmero, el CGPJ debiera actuar de oficio para llamar la atención ante la sociedad sobre este intento “de coacción” del fiscal y amparar de oficio al juez ante esta “falta de respeto”. También reclama del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que, de acuerdo al Estatuto orgánico del ministerio público, actúe y recuerde el respeto que los fiscales deben tener a los tribunales, al igual que los jueces deben tener a los fiscales y a las partes. “Si el fiscal Horrach hubiera sido un juez, a esta hora ya tendría abierto un expediente disciplinario”, concluye Sexmero. 

Recordemos los hechos más revelantes de este caso. El 16 febrero del 2006, el grupo parlamentario socialista exige al Govern balear aclarar el destino de 1,2 millones de euros abonados al Instituto Nóos para organizar un encuentro internacional sobre turismo y deporte, por considerarlo un derroche. El 20 de julio del 2010, el juez José Castro abre una pieza relativa a dicho Instituto, dentro del proceso por presunta corrupción conocido como caso Palma Arena. Un año más tarde, Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, declara como imputado. Y el 12 de diciembre del 2011, Urdangarin es apartado de las actividades oficiales, siendo imputado, dos semanas más tarde, por presuntos delitos en la actividad de Nóos. El 4 enero del 2012, la Audiencia Nacional rechaza su competencia para investigarle. El 25 y 26 febrero, en su primera declaración, Urdangarin se desvincula de la gestión del Instituto y exculpa a la infanta. Un mes más tarde, el juez rechaza imputar a la infanta. El 29 de junio, un testigo declara que el conde de Fontao, José Manuel Romero (asesor de la Casa Real), advirtió a Urdangarin de que no podía figurar en el gobierno de ninguna fundación. El 14 de agosto, Pedro Horrach, fiscal anticorrupción de Baleares, descarta la imputación de la infanta. Y el 21 de noviembre, Anticorrupción pide una fianza de casi 8,2 millones de euros para Urdangarin y Torres.

 Diego Torres e Iñaki Urdangarin, en un acto del Instituto Nóos, en 2004.

El 21 enero de 2013, la fiscalía imputa a Urdangarin y a Torres por un presunto fraude fiscal. Seis días más tarde, la Casa Real retira de su web las referencias a Urdangarin. El 29 de enero, el juez imputa al secretario de las infantas, Carlos García Revenga. Y, al día siguiente, el juez fija una fianza de casi 8,2 millones para Urdangarin y Torres. El 16 de febrero, Torres declara que la infanta y la Casa Real conocían las actividades del Instituto Nóos. Una semana más tarde, en su segunda declaración, Urdangarin dice al juez que la Casa Real no autorizó sus actividades. El 19 de marzo, José Manuel Romero, conde de Fontao y asesor de la Casa Real, reconoce que pidió a Urdangarin que no hiciera negocios valiéndose de su condición de miembro de la Familia Real. El 3 de abril, la infanta Cristina es imputada al considerar el juez que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera utilizado por Iñaki Urdangarin y su socio. Dos días después, Anticorrupción recurre la imputación de la infanta y el juez suspende provisionalmente su declaración ante la Justicia. El 13 de mayo, la Audiencia de Palma deja sin efecto, en un auto, la citación de la infanta como imputada en el caso Nóos. Cuatro días más tarde, la Abogacía del Estado no aprecia delito fiscal. El 24 de mayo, el juez pide a la Agencia Tributaria que investigue supuestas irregularidades por parte de la infanta. Cinco días más tarde, Castro propone al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que asuma la investigación en lo que afecta a Francisco Camps y a Rita Barberá, ambos aforados. El 24 de septiembre, el TSJV se declara no competente para instruir la pieza que afectaba a Barberá y a Camps y la devuelve al Juzgado de Palma. El 14 de noviembre, la Fiscalía se opone a la imputación de la infanta por entender que solo hay “conjeturas o sospechas”.

Alfonso Grau, vicealcalde de Valencia, llega a los juzgados para declarar como imputado en el caso Nóos.

El 7 enero del 2014, el juez Castro imputa a la infanta. Una semana más tarde, el fiscal Horrach acusa al juez Castro de apoyarse en una “teoría conspiratoria” para imputarla. El 25 de enero, los inspectores de Hacienda y la responsable policial descartan en su declaración indicios de blanqueo de capitales en la actuación de la infanta. El 8 de febrero, la  infanta Cristina declara ante el juez Castro que se desentiende de la gestión de Aizoon y dice que confía plenamente en su marido. Dos días más tarde, la Fiscalía Anticorrupción estudia solicitar entre diez y diecinueve años de prisión para Urdangarin. El 20 de febrero, el juez Castro rechaza citar como testigo al ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Seis días más tarde, declara como imputado el abogado Francisco José Carvajal, acusado de grabar a escondidas la declaración judicial de la infanta. El 29 de abril, Camps niega haberse reunido con Urdangarin. El 31 de mayo, Alfonso Grau, vicealcalde de de Valencia, declara como imputado que la Fundación Turismo Valencia contrató al Instituto Nóos porque lo presidía Urdangarin. El 18 de junio, Castro pide a la Agencia Tributaria que aclare si Urdangarin pudo cometer delito fiscal en el IRPF de 2007 y 2008. 

 Portada de La Razón del jueves, 26 de junio.

La Razón acusa al juez de imputar a la Infanta sólo “por ser quien es”, mientras ABC destaca que el auto judicial la procesa “en contra del fiscal y de Hacienda” y a base de “presunciones”. La Razón ya da pistas en portada de que algo se cuece para seguir con ese presunto plan para proteger a la Infanta: “No iría a juicio si la Audiencia de Palma tumbara el delito de blanqueo”. Marhuenda muestra en portada una imagen del juez, sobre una moto y con el casco puesto, y juega a darle un matiz cómico: “El ‘justiciero pone punto y final 63.604 folios después”. El editorial refuerza el ataque a Castro, ese “rico deporte de atizarle” que algunos practican, como ha descrito el periodista de El País José María Izquierdo en su comentario matutino en la SER. Dice La Razón: “Determinado a imputar como fuera a la Infanta Doña Cristina, el juez José Castro ha empleado casi cuatro largos años de premiosa instrucción, ha interrogado a más de 330 personas, ha librado decenas de oficios y ha radiografiado de forma exhaustiva los últimos diez ejercicios fiscales de la investigada”. Le recrimina haber “dado pábulo” al “chantaje” de Diego Torres, el socio de Urdangarin que, con sus correos, ha puesto ‘patas arriba’ a La Zarzuela, para, al final, exponer sólo “indicios de delito”. El periódico de Marhuenda muestra a la infanta como una víctima del juez, que pretende achacarle culpabilidad por “su participación accionarial” en la sociedad Aizoon, la empresa que se usó para desviar fondos públicos y a la que el matrimonio cargaba facturas personales para tributar menos a Hacienda. En un artículo que recupera el titular de portada, se afirma que el juez disfruta “con agrado del aplauso de las hordas republicanas que se manifiestan en la puerta de su juzgado”.                          

                                                       Portada de ABC. Del jueves, 26 de junio.                                                                                                                          

Por su parte, ABC reprocha en su portada a Castro que procese a la Infanta “en contra del fiscal y de Hacienda”. En el editorial, se recuerda que la hija del Rey Juan Carlos está “imputada, no condenada”. El diario monárquico pide que “el principio de igualdad ante la ley que recordó Don Juan Carlos en su mensaje de Navidad de 2011, no se convierta para la Duquesa de Palma en una presunción de culpabilidad”. El periódico de derechas critica al juez basar sus “valoraciones” en “presunciones”, “mayoritariamente” y “a partir de indicios”. En un artículo en las páginas interiores del diario, se buscan las razones del juez para ‘ir contra la Infanta en lo que ha terminado siendo, según ABC, la “historia de un empecinamiento”. Todo tendría su origen en el ‘cabreo’ del magistrado cuando la Audiencia de Palma, “en contra de lo que espera, suspendiera la imputación de Doña Cristina”. El juez “pasó de rechazar la imputación a intentar sentarla en el banquillo con el viento a favor de la opinión pública”. Isabel San Sebastián afirma que la imputación de la Infanta demuestra lo que ayer defendía como argumento único el PP, que “pese a quien pese, nadie es impune”. Y, “a partir de ahí –continúa- “hágase lo que corresponda en Justicia”, pero “evítese linchamientos y guillotinas”. El artículo, carga, en el inicio, contra ‘endemoniados’ jueces que sólo persiguen “satisfacer su apetito de notoriedad”, “ansiosos por alcanzar la gloria”. Entre estos cita a Elpidio Silva y a Garzón y deja fuera, convenientemente, al juez Castro. Muy sutil. Por su parte, Joaquín Prieto, editorialista de El País recuerda que el juez Castro “es la persona predeterminada por la ley para llevar este caso, que es un caso estupendo para demostrar que ha funcionado la justicia”. Prieto cree que habrá “consecuencias penales” porque “el posible delito fiscal y el blanqueo de capitales no son comportamientos honorables para personas de alto rango”.

El sábado 21 de junio, a las 12.51 horas (hora peninsular), según datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), nos llegó el verano con sus sofocantes calores y el preaviso de que  será una de las estaciones estivales más largas de los últimos siglos, con una duración de 93 días y 15 horas, hasta la llegada del otoño el 23 de septiembre. En los cielos matutinos podremos ver los planetas Marte y Saturno tras la puesta de Sol, dos planetas que se irán acercando el uno al otro en el cielo hasta alcanzar, el 27 de agosto, una distancia mínima de aproximadamente 4 grados. Venus se verá antes del amanecer y a mediados de la estación se le unirá Júpiter, los dos planetas alcanzarán el 18 de agosto una distancia mínima relativa de menos de 1 grado. La primera luna llena se dará el 12 de julio y posteriormente se contabilizarán dos más: 10 de agosto y 9 de septiembre. Cerca del horizonte se verán a lo largo de la noche algunas de las constelaciones zodiacales, de la Virgen a Acuario, esta última ya cerca del amanecer. Entre las estrellas más brillantes, visibles en esta época, destacan las que constituyen el “triángulo del verano”: Altair (en el Aguila), Deneb (en el Cisne) y Vega (en la Lira).

¿Qué es el BiClip y el Der C-String?

El verano 2014 será, tal vez, el último verano en el que veamos a las mujeres utilizar los clásicas bikinis o las populares tangas en las playas. Lo cierto es que el BiClip ha llegado con fuerza a las arenas europeas, a las playas latinoamericanas y a las de los Estados Unidos. Pero ¿qué es el BiClic o el Der C-String? Cuando las mujeres llegan a la playa y buscan la zona ideal para que su bronceado quede perfecto, saben que, aunque tomen todo tipo de medidas, nada será suficiente para que el bronceado sea perfecto, parejo en todo el cuerpo. Ello, porque las tiras de los bikinis o de los corpiños dejan sus marcas que luego, por la noche, lucen feas con los vestidos de fiesta. Hablamos de los corpiños strapless, los que, al evitar utilizar las tiras, permitían y permiten que el sol broncee de forma pareja los hombros y pecho de las mujeres. El Der C-String o el BiClip, como se lo conoce actualmente, no es más que una prenda muy utilizada en el teatro y en el carnaval, conocida como slip o triángulo. No cuenta con los brillos y piedras utilizadas por las vedettes argentinas o por aquellas que desfilan en los carnavales latinoamericanos, Brasil como mayor exponente. Los BiClip o Der C-String son más simples y, según sus diseñadores, más cómodos. Sin embargo, la forma de utilizarlos es exactamente la misma.

Río de Janeiro.

Se trata de prendas diminutas que, siguiendo el concepto trabajado con los corpiños strapless, evitan la necesidad de contar con tiras sujetoras. Ello, permite que las mujeres que van a la playa logren un bronceado parejo y perfecto en todo su cuerpo. Quienes lo han utilizado, afirman que resulta una prenda muy cómoda de llevar y destacan, como mayor beneficio, el privilegio de lucir un cuerpo bronceado de forma pareja, tal como siempre lo han soñado. Por ello, hay quienes afirman que estamos frente al final de los tangas y muy próximos a vivir la desaparición de los bikinis. De esta manera, el BiClip o Der C-String es presentado como la alternativa ideal a las tangas o bikinis. Y se pueden ver algunas imágenes en un programa de la televisión alemana. Las imágenes resultan más que elocuentes. Un tipo de prendas que ya ha generado controversia, no solo en aquellas playas donde las mujeres se han animado a utilizarlos, sino en el mundo entero. La discusión en Internet no se ha hecho esperar, existiendo tantos defensores como detractores de esta prenda que, por lo pronto, está ganando fama a lo largo y ancho del planeta.

La escritora Ana María Matute, premio Cervantes en 2010, académica y una de las grandes autoras españolas de la posguerra, fallecía el miércoles pasado en su domicilio de Barcelona a un mes de cumplir 89 años. Es la autora de Los Abel (1948), Pequeño teatro (1954, premio Planeta), El río (1973), Olvidado Rey Gudú (1996) y Paraíso inhabitado, su última novela. Con Primera memoria había ganado, en 1959, el prestigioso Premio Nadal. Había nacida en Barcelona, en 1925, y, a los cinco años, ya había escrito un relato. Se trataba de un niño que llevaba un vestido muy muy largo y al que un duende ayudaba a ajustar; pero entonces, ya ajustado, el niño crecía y la vestimenta quedaba corta… Matute fue la tercera mujer en recibir el Cervantes (en el 2010, tras María Zambrano y Dulce María Loynaz y este año seguida solo por Elena Poniatowska).  Entre sus frases más recordadas:

-          “Ahora os inventaréis citas mías que jamás pronuncié”

-       “Todos nos acostamos con el lobo, pero lo que no podemos hacer es confundirlo con la abuelita. Caperucita era tonta”.

-          “La infancia es el periodo más largo de la vida”.

-          “Ser vieja no está tan mal, la gente te perdona todo”.

-          “Para nada quisiera volver a mis 20 años. Ni a tenerlos entonces, ni a tenerlos ahora”.

-          “El mundo hay que fabricárselo uno mismo, hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida porque acaba siendo verdad”.

-          “En esta vida lo he podido pasar muy mal… y también lo he pasado muy bien. ¡Uf! Pero aburrirme, jamás”.           

-      “El Quijote es el primer libro con el que he llorado, con la muerte del Quijote, por todo lo que significa: El dejar que la locura desaparezca. Eso es terrible. El triunfo de la sensatez”.

-          “Escribir para mí no es una profesión, ni siquiera una vocación. Es una manera de estar en el mundo, de ser, no se puede hacer otra cosa. Se es escritor. Bueno o malo, ya es otra cuestión”.

-          “En la literatura, como en la vida, se entra con dolor y lágrimas”.

-          “Me parecería una autentica falta de cortesía que Dios no existiera”.

-        “Siempre he creído, y sigo creyendo, que la imaginación y la fantasía son muy importantes puesto que forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida”.

-          “El dolor es más llamativo que la felicidad”.

-       “¿Qué es la felicidad? Son momentos. Lo que no existe, creo, es la desgracia continuada, pero la felicidad intensa, como lo que yo he vivido. ¿Todo el rato así? No podría soportarlo”.

-          “Si no hubiese podido participar en el mundo de los cuentos y si no hubiese podido inventarme mis propios mundos, me habría muerto”.

-          “Escribir es siempre protestar, aunque sea de uno mismo”.

-          “Nunca me he desprendido de la infancia, y eso se paga caro. La inocencia es un lujo que uno no se puede permitir y del que te quieren despertar a bofetadas”.

-         “El tiempo lo cura todo, pero también lo quema todo. Lo bueno y lo malo. Te arranca de la memoria cosas que quisieras tener ahí. El tiempo se lo lleva”. 

El eurodiputado de IU, Willy Meyer, durante la rueda de prensa en la que presentó su dimisión tras conocerse que el fondo voluntario de pensiones del Parlamento Europeo que tenía estaba vinculado a una Sicav, en Luxemburgo.

“Miro a España –escribe Luis García Montero en el articulo ‘La patria desmoronada’ publicado en Público.es– y veo índices espectaculares de pobreza infantil, familias angustiadas y condenadas a la marginación, una brecha entre ricos y pobres cada vez más grave y un futuro laboral mezquino para los jóvenes. Veo también infantas imputadas, políticos corruptos, partidos con dinero negro, cuentas en Suiza, sindicalistas en la cárcel, recortes, universidades estranguladas, colegios con alumnos desnutridos, hospitales en los huesos, políticos precocinados y muchas, muchas mentiras. Resulta difícil no tener el sentimiento de sobrevivir en una nación desmoronada. Supongo que hay quien disfruta con el espectáculo. A mí no me divierten las desgracias de una infanta, ni las vergüenzas de un mal alcalde cazado, ni los ridículos de un Tribunal de Cuentas, ni las sospechas que planean sobre la Justicia. Me duele, además, la dimisión de un eurodiputado amigo como Willy Meyer, persona a la que quiero y respeto. Todo me desmorona, me desordena, me entristece. Y en este desmoronamiento la cara suele tener una cruz que profundiza el mal. Las prisas del Gobierno por aforar al Rey Padre serían una simple discusión de procedimiento si no apuntasen de lleno a la realidad oxidada de la Justicia española, algo de difícil solución y más graves que los deslices del ciudadano Juan Carlos de Borbón. El Gobierno desconfía de la independencia de un juez honrado y desvía los posibles casos al Tribunal Supremo, porque sabe que el poder judicial no es independiente en España y está al servicio de los partidos del Régimen. Esto sí envilece la vida democrática: las sospechas de un Gobierno sobre los jueces de la nación y su confianza razonable en la actitud sumisa del Poder Judicial (….) Las actitudes del Gobierno desacreditan la política, generan lodo. Pero el lodo juega a su favor. La gente desprecia la política, opina de manera suicida sobre la inutilidad de la política, olvidándose de que la política es muy eficaz a la hora de preparar las corrupciones, humillar a la Justicia y generar medidas que favorezcan la acumulación de la riqueza en pocas manos, la degradación laboral y el empobrecimiento de la mayoría. Por eso hay tristezas que dan calor. Willy Meyer, eurodiputado de Izquierda Unida, acaba de dimitir al hacerse público que participó en un plan de pensiones facilitado por el Parlamento Europeo. Dinero en una sicav y en paraísos fiscales… En el mismo plan han participado Arias Cañete, Rosa Díez, Elena Valenciano y otros muchos diputados europeos. Puede tratarse de una costumbre, un malentendido, un desconocimiento, un error, una mezquindad más de la eurozona. En cualquier caso, se trata de un asunto que no es asumible así como así en una idea ética de la democracia. Sin poner en duda la decencia de la persona, se puede reconocer la inconveniencia de la práctica. Y eso es lo que ha hecho Willy Meyer al dimitir, demostrando que no todos los políticos son iguales. No son iguales, como tampoco son iguales sus votantes. Una decisión sólida en medio del desmoronamiento”.

Tras esta fotomontaje, hoy jugamos con nuestros amigos, los perros y los gatos. Porque una vida sin perro es un error. Y la actitud, según cuentan, es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Unas flexiones que no vienen nada mal para empezar bien.

Le sigue Erlich, con su peculiar humor:

Los humoristas de la semana: Peridis, Ferrán, Miguel Benítez, Asier y Javier, El periódico digital El Huffington post, del grupo Prisa (también decidió censurar una viñeta de Atxe, una de sus colaboradoras habituales), J. R. Mora, Alberto Montt, Patt, Alfonso López…

Pep Roig nos recuerda: Eurohipócritas, Las cosas claras, Nos toman el pelo a lo bestia; ¿De qué se ríe, señor ministro, de qué se ríe?, Nos toman por tontos, tal vez porque lo somos, Estos sí que pueden. 

Terminamos con tres vídeos. En el primero, Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, declara: “El único que está en una posición de buscar la verdad procesal es el juez Castro”.

El Partido Popular sacaba adelante, el pasado jueves en el Congreso, el aforamiento de Juan Carlos de Borbón, una medida especialmente criticada por IU, Amaiur y Esquerra Republicana, y que contó con la abstención del PSOE. La chapuza deberá pasar por el Senado, que la aprobará, y entrará en vigor dentro de unas dos semanas. Dicho aforamiento implica que el abdicado rey solo podrá ser juzgado por el Tribunal Supremo, una institución dominada por los dos grandes partidos. Joan Tardá, de ERC, tuvo una de las intervenciones más duras que se han oído en el Congreso, en la que califica de “auténtica vergüenza el robo a la democracia, con la represión en las calles”.

El 2 de junio del 2014, el rey Juan Carlos abdicaba. Pero, antes, Minoría Absoluta y Dagoll Dagom ya habían explicado, en el espectáculo “La familia irreal”, lo que pasaría.